La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Marbella en la que se desestimaba la demanda de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los jueces de la Sección Sexta de lo Civil imponen a la alcaldesa la condena en costas.

En su resolución, los magistrados de la segunda instancia califican de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y dicen de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenía había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió ante la Audiencia de Málaga que ha desestimado su petición y aún puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

El periodista prestó declaración, primero como testigo, y después como imputado, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad gobernada por Muñoz. Tras esta última declaración, la jueza ha planteado un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. La magistrada ya había intentado enviar la causa a Madrid antes de tomar declaración como investigado a Águeda, pero el juzgado de la capital le devolvió el caso.

La Audiencia Provincial de Málaga, en la vía civil, falló el pasado 2 de febrero que “las noticias referidas se concentran en los hechos delictivos que se imputan a los familiares de la actora [Ángeles Muñoz], sin que en ningún caso se imputen a la misma hechos delictivos algunos, haciéndose referencia a los datos patrimoniales de la misma, hechos pasados y vinculación de sociedades, aportándose datos relativos al procedimiento penal o a las investigaciones policiales, que en modo alguno suponen la intromisión de la demandada en el honor de la actora, por lo que debe de desestimarse el recurso interpuesto”.

La sentencia de la Sección Sexta añade que es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien “interpreta de forma subjetiva los citados artículos, basando, por tanto, la demanda en deducciones e interpretaciones, que en modo alguno se corresponden con los términos escritos de los distintos artículos”.

Los magistrados recuerdan a Muñoz que “es una persona especialmente expuesta a la opinión y a la crítica pública”. “La mayoría de las informaciones aparecen sustentadas, bien en resoluciones judiciales, bien en investigaciones policiales, en concreto en investigaciones de la UDEF [Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal], que aparecen entrecomilladas en distintos artículos”, continúa el fallo. En esas noticias, remata, “no se emplean términos vejatorios ni degradantes”.

Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella han solicitado al juzgado que ordene a Ángeles Muñoz que reparta la herencia que dejó su marido, Lars Broberg, después de que hayan pasado 32 meses de su fallecimiento y sin que la regidora marbellí haya realizado trámite alguno ni atendido a los requerimientos que ha recibido en ese sentido, según avanzan a elDiario.es fuentes del contencioso. El marido de Muñoz fue procesado en noviembre de 2022 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero la acusación contra él decayó por su delicado estado de salud. Falleció el 5 de marzo de 2023.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de treinta años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite el pasado septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg. El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico del hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio pasados. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

El juzgado de Marbella admitió a trámite en septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg que hacen dos de sus hijos. Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se menciona en el auto de admisión de la demanda, al que ha tenido acceso elDiario.es. En la resolución, el juzgado ordena notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informe de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es ha intentado sin éxito recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. 

Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca. Ángeles Muñoz ha sido requerida por los hijastros en varios formatos desde el fallecimiento de Lars, en marzo de 2023, incluido un burofax. La alcaldesa de Marbella no respondió a ninguno de ellos. 

Una ostentosa vida rodeada de presuntos delitos

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), envió una carta de condolencias al hijo de Pasionaria León, la mujer que huyó siendo una niña de siete años de las tropas golpistas desde el interior de Cádiz hasta llegar a Francia, fallecida el pasado 30 de abril. En esa misiva la llama “Isabel León”, el nombre que le impuso el franquismo, en lugar de Pasionaria León, que es el que consta en su partida de nacimiento y con el que todos la conocían.

Ni ella ni su familia ni su entorno asumieron nunca su nuevo nombre “oficial”. La carta de condolencias ha sido rechazada “por conciencia” por su hijo, Fermín Benítez León, quien ha respondido indignado a la alcaldesa. Acompaña su misiva de la partida de nacimiento de su madre, donde se lee el nombre que le pusieron al nacer, Pasionaria León Díaz y, en una nota marginal, la imposición franquista del cambio de nombre, basada en un Decreto de febrero de 1939 del Gobierno golpista. Tal y como este medio ha podido comprobar, en esa anotación se lee que el nombre de Pasionaria ha sido “declarado ilegal”.

El episodio ha indignado a su hijo porque considera que no se trata de un mero despiste. La historia de Pasionaria se conoció públicamente tras ser recuperada por su paisano Ignacio Trillo en un libro, Memorialistas campogibraltareñas del convulso siglo XX y divulgada por Nieves Concostrina en su programa de Historia en la Cadena Ser.

Poco antes de que Pasionaria falleciera, el PSOE impulsó que el Ayuntamiento de Marbella la reconociera aún en vida, colocando una pequeña escultura en homenaje a ella y a quienes tuvieron que tomar la carretera de Almería para huir de las tropas franquistas. La moción presentada por los socialistas la nombraba como ella y sus amigos la conocían, Pasionaria León. Siempre refiriéndose a Pasionaria, el Pleno debatió el asunto, pero el PP y Vox le negaron el reconocimiento. El asunto tuvo eco mediático: elDiario.es y medios locales como Diario Sur o Málaga Hoy contaron su fallecimiento, siempre refiriéndose a ella como Pasionaria León.

A pesar de que su relevancia pública siempre fue bajo el nombre de Pasionaria León, la carta de condolencias firmada el 5 de mayo (cinco días después de su fallecimiento) transmite a su hijo Fermín el “pésame por el triste fallecimiento de Isabel León Díaz”.

“No puedo creerme las farisaicas condolencias”

“No debo ni puedo aceptar ni creerme que las farisaicas condolencias que me dirige, referidas a Isabel León Díaz, puedan estar dirigidas a mi madre, Pasionaria”, espeta Fermín Benítez a la alcaldesa Muñoz en su carta de respuesta, a la que elDiario.es ha tenido acceso. Además de enviarla por correo la registró en el Ayuntamiento el pasado 8 de julio, dos meses después de la muerte de la mujer.

En ella, el hijo explica a Muñoz los avatares sufridos en vida por Pasionaria, cuando “indignos militares de la felonía y el genocidio (…) le robaron la infancia, la adolescencia”. Pasionaria primero huyó de Jimena de la Frontera a Málaga (en lo que se conoce como las Huías); luego, de Málaga a Almería, formando parte de La Desbandá, la masiva huida de civiles por la carretera bajo el cañoneo de los cruceros Baleares, Canarias y Cervera: “nueve días”, parte andando y parte en burro, según contaba ella, en los que nació su hermano Liberto a la altura del Faro de Calaburras. Y finalmente a Girona y, tras la Batalla del Ebro, a Francia. Allí su padre fue recluido en el campo de concentración de Saint-Cyprien y ella y sus hermanos, enviados cerca de París.

Jamás volvieron a verlo. El hombre murió “de pena” en Francia en 1953. “Su delito para la dictadura, que le imposibilitó retornar, consistió en ser sindicalista y pacifista. Ni participó en ningún frente de guerra ni jamás dispuso de un arma”, recuerda su nieto.

Poco antes Pasionaria regresó del exilio, y al llegar a Jimena se enteró de que sus dos tías habían sido asesinadas, la casa tomada y ella y sus hermanos ya no eran Pasionaria, Servet y Liberto, sino Pedro, Alberto e Isabel. “El régimen impuesto por el fragor de las armas, basado en su furibunda concepción ideológica religiosa, llevó a que su nombre, Pasionaria, tuviera que ser sustituido de forma obligada por el de Isabel, que siempre se negó a reconocer, entre otros motivos para su rechazo argumentaba con que «ni era Reina ni Virgen» para portar tal impostura”, cuenta su hijo en la carta dirigida a la alcaldesa.

“La conocían como Pasionita”

“Por tal fundamento se podrá imaginar cómo sentí clavado en mi pecho el leer que el nombre de Isabel, jamás empleado en el trato familiar y que sigue constando solo oficialmente para recuerdo de aquella tropelía, iba asociado a los apellidos de mi madre”, señala su hijo, quien recuerda también el “disgusto” que sufrió su madre los últimos días de vida por el rechazo de Marbella a reconocerla, gracias a los votos del PP y Vox en el Pleno marbellí.

La mujer, que regresó a España a mediados de los 40 cuando fue deportada por el Gobierno de Vichy, inició en su pueblo natal una exitosa trayectoria empresarial. Antes de su llegada a San Pedro de Alcántara fundó en Gran Canaria un próspero negocio de venta de santos de escayola (una curiosa paradoja para una familia anarquista) y luego un estudio de fotografía que compartía caseta con un tiró pichón.

“A mi madre le pusieron el nombre por la flor de la Pasionaria; la llamaban Pasión”, contó su hijo a elDiario.es el mismo día en que falleció: “Firmaba documentos oficiales como Isabel, pero nadie la conocía como Isabel. En Canarias la conocían como Pasionita”.

El caso de narcotráfico y blanqueo de capitales que se juzga en la Audiencia Nacional afecta ya a tres miembros de la familia de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Málaga), del PP. Este jueves, la Fiscalía Antidroga elevó a definitiva su petición de 18 años de cárcel para Joakim Broberg, el hijastro, como cabecilla de una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca. En su intervención final, la fiscal María Dolores López Salcedo recordó el carácter preponderante del difunto marido de Muñoz, Lars Broberg, en el blanqueo de las ganancias de la droga, al tiempo que pidió el decomiso de la vivienda donde vive actualmente uno de los hijos que tuvieron la regidora y el empresario sueco.

Alexander Broberg vive en una vivienda de San Pedro de Alcántara (Málaga) que asegura que le pertenece, si bien es uno de los bienes para los que la Fiscalía solicita su decomiso al considerar que su verdadero dueño es Joakim Broberg, el hermanastro, para quien Antidroga pide una multa de 30 millones de euros, además de los 18 años de prisión.

La alcaldesa de Marbella ha querido aparentar distancia con Joakim Broberg desde que elDiario.es desveló los graves indicios que pesaban contra él como cabecilla de la Mocromafia en la provincia de Málaga. Joakim es uno de los tres hijos que Lars aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz, hace más de tres décadas. Con quien no ha querido, ni puede poner distancias, es con Alexander, uno de los dos hijos que tuvo con Lars, que ahora se arriesga a ser desahuciado.

El joven compareció como testigo en una de las sesiones del juicio a petición de la defensa de su hermanastro. La casa, situada en San Pedro de Alcántara, está a nombre de la sociedad panameña Lesley Company INC, creada por Lars Broberg en el paraíso fiscal hace décadas. La sociedad habría sido utilizada para hipotecar la finca por 230.000 euros, el equivalente a la cantidad blanqueada en beneficio de Joakim Broberg, según la Fiscalía Antidroga.

Durante su declaración como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz.

Este jueves, antes de iniciar su informe de conclusiones, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”. María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

La vivienda es el epicentro de la operación número 6 de blanqueo de capitales de las que se describen en el sumario. La fiscal López Salcedo utilizó el caso para describir el papel que Lars Broberg, el marido de Muñoz, tenía en los hechos juzgados. “La mejor prueba de que Lars estaba detrás de todas las operaciones de Joakim era precisamente expresar su última voluntad sobre un bien que en realidad, según todos los datos, estaba a disposición de Joakim”, dijo.

La Fiscalía implica a Lars Broberg en tres operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís por un valor superior a los siete millones de euros. La inspectora jefe de la UDEF aseguró en el juicio: “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijastro. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella.

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. Cuando se alzó el secreto resultó lo contrario del pronóstico de la alcaldesa. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse.

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijastro en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y presentó una demanda contra elDiario.es que un juzgado local descartó con el argumento de que la información publicada había sido “escrupulosamente contrastada”.

“Le avisa de que el teléfono está intervenido”

Para apuntalar la participación de Lars Broberg en la trama, necesaria para solicitar el decomiso, la Fiscalía trajo a la sesión del juicio un episodio desvelado en su momento por este medio. Se trata del chivatazo que, en plena investigación, Lars Broberg dio a su hijo Joakim. “Le avisa de que tiene el teléfono intervenido y Joakim le tranquiliza que este no lo van a pillar”, trasladó la fiscal.

“Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”, advirtió Lars Gunnar a Joakim Broberg el 28 de octubre de 2019, según consta en un informe de la Policía. Habían pasado seis meses desde que arrancara la causa secreta 38/2019 en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Unos meses antes, todavía en 2018, las autoridades suecas habían dirigido una Comisión Rogatoria Internacional ante la sospecha de que nacionales de su país habían asentado en la Costa del Sol una organización dedicada a importar hachís y marihuana desde Marruecos, con destino final en Suecia.

Lars Gunnar Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro se convirtió en un acontecimiento político y empresarial en la provincia de Málaga. Entre los asistentes estuvo Enrique Lamelas, máximo responsable de la Policía Nacional en Marbella hasta el año anterior y también durante la investigación al promotor inmobiliario y marido de la alcaldesa.

Menos de un mes después del chivatazo de su padre quien había reprendido a Joakim por tratar cuestiones delicadas por teléfono fue un concejal del equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz, Diego López Márquez, hoy teniente de alcalde. “Te veo, te veo... escucha… calla, calla, calla, te veo a ti y me cuentas en persona mejor, ¿vale?”, le dice el político al hijastro de la alcaldesa. Y añade: “A ver si aprendes de tu padre, a ver si aprendes de tu padre”.

Los pinchazos policiales con autorización judicial depararon mayores sorpresas a los agentes. La UDEF puso en tres informes que había indicios de corrupción en torno al poder de Ángeles Muñoz y el uso que hacía su hijastro Joakim. Los agentes solicitaron abrir una línea de investigación por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, pero ni la Fiscalía Antidroga ni el Juzgado de la Audiencia Nacional les apoyaron.

El Ayuntamiento de Marbella ha multado con 7.750 euros a la sociedad LGSB Holding Aktiebolag por acometer sin licencia obras en un inmueble. Se trata de una “infracción urbanística grave”, consistente en construir sin licencia un garaje adosado de 35 metros cuadrados y rebajar el acerado público. LGSB es una empresa constituida en Suecia por Lars Gunnar Sune Broberg (LGSB), el difunto marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que es ya la propietaria del 100% de la empresa, según su declaración de bienes en el Ayuntamiento. El inmueble, valorado en 1,1 millones de euros, es una vivienda en Nueva Andalucía en la que reside o ha residido la regidora, a quien las cámaras de La Sexta captaron saliendo de allí a primera hora de la mañana en diciembre de 2022.

En esa vivienda de la alcaldesa se cometieron dos infracciones, según recoge el documento. Ambas consisten en ejecutar obras sin tener permiso municipal hace ahora seis años y ambas son infracciones graves, pero una es legalizable y la otra no. La infractora alegó estar dispuesta a regularizarlo todo y pidió suspender la sanción, pero el recurso cayó en saco roto, al menos en relación con las obras del garaje: debe demolerlo y, además, pagar la multa por haberlo construido al margen de la legalidad.

El Decreto de sanción, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, tiene fecha de 4 de abril y está firmado por el Director General Adjunto a la Asesoría Jurídica. Aunque puede ser recurrido ante los tribunales es ya ejecutivo, por lo que Asesoría Jurídica lo ha trasladado a Tesorería para que proceda con el cobro. La alcaldesa no ha respondido a las preguntas de este medio.

“Reforma total” y nuevo garaje

Las obras se ejecutaron en una vivienda unifamiliar con 1.163 metros cuadrados de parcela y 741 de superficie construida. Se trata de una edificación levantada en 1980 en una de las mejores zonas de Marbella, con instalación deportiva y 526 metros cuadrados de vivienda en dos plantas.

El inmueble fue objeto de una ambiciosa reforma que comenzó en 2018. Una “reforma total”, según el catastro, que afectó a la vivienda, al porche y al resto de zonas de la edificación. En 2023, cuatro años después de que terminaran las obras y tras varias inspecciones, el departamento de licencias urbanísticas de Marbella abrió un procedimiento sancionador por dos infracciones: la primera, la reforma interior y la demolición del garaje. Estas obras constituyen una primera infracción grave, aunque son “aparentemente legalizables”, según el informe de la arquitecta municipal. La sanción propuesta, de 3.749,75 euros, está suspendida hasta que se legalicen las obras.

Por otro lado, los propietarios construyeron un garaje de 35 metros cuadrados adosado al lindero público y privado, y también rebajaron el acerado. Esto no es legalizable porque contraviene la normativa urbanística y es otra infracción grave. La infractora alegó que el rebaje no lo hizo ella, sino que fue una obra municipal de acondicionamiento y prometió ajustar el garaje a la norma. Pero da igual: hizo las obras sin licencia y es suficiente para ordenar la demolición e imponer la multa, si bien atenuada: 7.750 euros.

Cuando fue cuestionada por las obras ilegales en su casa la alcaldesa negó la mayor. “No existe absolutamente ninguna obra”, declaró a La Sexta en diciembre de 2022.

LGSB ha obtenido hace apenas dos meses la licencia para demoler el garaje y construir en su lugar una pérgola.

Una sociedad creada por su difunto marido, que se la traspasó

La sanción a LGSB es, en realidad, una sanción a la propia alcaldesa. En 2019 Muñoz recibió 500 acciones de esta sociedad procedentes de su marido, Lars Gunnar Broberg, según desveló en su día La Sexta a partir de la declaración de la alcaldesa a Hacienda. Muñoz no había informado de este patrimonio en su declaración de bienes ante el Senado.

En el momento de la transacción su marido ya estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía Antidroga concluyó que ayudó a su hijo a blanquear siete millones de euros procedentes del narcotráfico. Salió de la investigación debido a su delicado estado de salud. El juicio contra su hijo Joakim, entre otros, ha comenzado esta semana en la Audiencia Nacional.  

LGSB fue fundada en Suecia el 29 de septiembre de 2017 por su difunto marido, Lars Gunnar Sune Broberg. Se trata de una sociedad familiar, en la que los dos asientos del consejo de administración se reservaron para Lars y Christian Erik Broberg, el hijo apasionado por los coches del empresario y la alcaldesa.

El objetivo de esta empresa siempre fue el de disponer de una entidad legal en la que recoger parte del notable patrimonio inmobiliario que había amasado Lars, del que disfrutaba la familia y parte del cual fue trasladando a la alcaldesa. Documentos del registro sueco que este medio ha podido consultar recogen que el objeto social de la empresa es “poseer y administrar propiedades principalmente en el extranjero”, principalmente en España. En su día, registró su voluntad de emitir bonos convertibles canjeables por un préstamo, una operación que nuevamente difuminaría el rastro de la titularidad. Sus activos iniciales superaban por poco el millón de euros; es decir, la vivienda por la que ahora se le sanciona.

Sus movimientos también demuestran que se trata de una mera sociedad instrumental inmobiliaria. Su única actividad queda reflejada en las cuentas de 2018, cuando computa unas pérdidas de 73.905 euros. Es el probable reflejo del coste de las obras ilegales. Por aquel entonces, Muñoz acababa de recuperar la alcaldía tras un breve mandato de dos años de PSOE y Opción Sampedreña, que en 2017 dejó de prestar apoyo a los socialistas para entregar de nuevo la alcaldía a la regidora, quien siempre ha negado cualquier vinculación con las presuntas actividades delictivas de su marido o su hijo.

La Audiencia Nacional reservará a partir del lunes una de las grandes salas de su sede en San Fernando de Henares para celebrar, durante 35 sesiones, el juicio contra una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Como principal acusado se sentará en el banquillo Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella para el que la Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel por liderar una organización criminal de tráfico de hachís desde Marruecos y con destino final en Suecia. 

El procesamiento en la causa contra Broberg y de su padre ya fallecido, Lars, el marido de Ángeles Muñoz, fue el punto de arranque para una investigación de elDiario.es que afloró los indicios de corrupción en el entorno de la regidora marbellí. El trabajo periodístico también sirvió para conocer cómo la Audiencia Nacional ignoró la petición de la Policía para abrir una línea de investigación por tráfico de influencias. El juez Manuel García Castellón había mantenido en secreto la investigación hasta que dictó el final de la misma. 

La investigación partió de una colaboración solicitada por la Policía sueca, que seguía a integrantes de la Mocromafia de su país, importadores de hachís de Marruecos para distribuirlo en el norte de Europa. El hilo condujo hasta Joakim Broberg, a quien se le atribuye las tareas de “jefe” y conectar “productores” en Marruecos y “clientes” en Suecia. También habría puesto al servicio del blanqueo de capitales de la organización su red de sociedades con sede en la Costa del Sol, principalmente en Marbella. 

Por todo ello, Joakim Broberg está acusado de organización criminal, en grado de jefe, blanqueo de capitales y un tercer delito que abre la puerta al ecosistema político del postgilisimo, el cohecho. Broberg habría tenido a sueldo en el Ayuntamiento de Marbella a un policía municipal, antiguo miembro de la escolta de su madrastra, para obtener información sacada de bases de datos de acceso restringido. 

La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó numerosas sorpresas a los agentes de la UDEF que le investigaban. Tres días después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, Broberg habla con uno de sus socios, también procesado, y celebra el triunfo del Partido Popular: “Ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”.

Las revelaciones de los pinchazos telefónicos no se quedan ahí. Muestran a la alcaldesa organizando reuniones entre miembros de su equipo de Gobierno y su hijastro, o al propio Broberg presumiendo de tener acceso al plan urbanístico de la ciudad antes de que se presentara. 

Pero también dibujan la figura de Lars Broberg, su padre. Casado durante más de tres décadas con Ángeles Muñoz, el constructor advierte en una conversación mantenida en sueco a su hijo de que tiene el teléfono intervenido. La evidencia del chivatazo tampoco quiso ser investigada por la Policía antidroga ni por los jueces del caso. Antes de archivar las diligencias contra Lars Broberg, el juez le había impuesto una fianza de 25 millones de euros para satisfacer posibles responsabilidades penales una vez se dicte sentencia.

Los agentes de la UDEF propusieron hasta en tres informes la apertura de una línea de investigación, distinta a la del narcotráfico, por posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación administrativa. Ni la fiscal Antidroga, ni la Fiscalía Anticorrupción ni tampoco los jueces del caso, Alejandro Abascal y Manuel García Castellón, abrieron la pieza separada que pedían los investigadores. Los posibles delitos de la transición postgilista se limitarían a los indicios que presentaran los pocos medios de comunicación interesados en el caso. 

Lars Broberg fue procesado por García Castellón, pero de inmediato decayó la causa contra él debido al grave estado de salud que tenía entonces, cuando cumplía 79 años. El auto de procesamiento y el escrito de la Fiscalía Antidroga recogen, sin embargo, los indicios contra él en dos operaciones para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su esposa siempre atribuyó su alto nivel de vida a los ingresos de su marido. 

La investigación de este periódico puso de manifiesto el inmenso patrimonio de Ángeles Muñoz pese a haber pasado treinta años desde que dejó su trabajo como médico de familia para dedicarse por entero a la política. Más de 12 millones de euros en propiedades –en un cálculo conservador–, cuentas en Luxemburgo y negocios pasados en Gibraltar. El afloramiento del patrimonio de Muñoz evidenció que no había informado como debía al Senado y a las pocas horas de la noticia de elDiario.es, Ángeles Muñoz actualizó la declaración de bienes a la que está obligada. 

Junto a Joakim Broberg se sentarán en el banquillo de los acusados otras 25 personas. Un reducido número, no vinculado directamente a Broberg, negocia acuerdos de conformidad con la Fiscalía Antidroga. El juicio en la Audiencia Nacional se prolongará hasta el 17 de julio. 

Cuando Policía y Guardia Civil explotaron sus pesquisas, el 9 febrero de 2021, Joakim Peter no se encontraba en España, aunque posteriormente fue detenido en Brasil. Su padre fue arrestado en Marbella y puesto en libertad después sin medidas cautelares. Muñoz reaccionó asegurando que el levantamiento del secreto del sumario pondría “negro sobre blanco” la inocencia de su marido. Fue al contrario. 

En cuanto a su hijastro, la alcaldesa de Marbella quiso evidenciar una relación distante, algo que los pinchazos telefónicos desmienten. Además, en uno de sus intentos de librarse la prisión provisional, Joakim Broberg exponía que iría a vivir con la pareja para cuidar de su padre enfermo. 

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ha absuelto a elDiario.es de la demanda interpuesta por la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, quien reclamaba 50.000 euros a este medio por una supuesta vulneración de su derecho al honor cometida a través de la publicación de once artículos. Muñoz deberá abonar las costas del procedimiento. 

La magistrada Luna González Pinto ha resuelto que las informaciones a las que aludía la alcaldesa en su demanda tienen “interés público”, tal y como defendió la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado 10 de septiembre. La jueza asegura que, a través de la prueba documental, así como de la declaración durante la vista del periodista que firma la mayoría de las informaciones, ha quedado acreditado que todas ellas fueron “escrupulosamente contrastadas”.

elDiario.es desveló el 23 de octubre de 2022 que un hijastro de la alcaldesa y el marido de ésta habían sido procesados por la Audiencia Nacional en el marco de una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales. A partir de esa noticia, basada en el auto de procesamiento al que tuvo acceso este periódico, elDiario.es emprendió una investigación sobre la causa judicial en la Audiencia Nacional, que se fue ampliando hacia otros extremos de la acción de Gobierno de Ángeles Muñoz, a las presuntas interferencias en la misma de sus familiares procesados por narcotráfico y blanqueo de capitales, y también a su enorme capital tras 30 años dedicada en exclusiva a la política.

Una de las informaciones que Muñoz consideraba habían vulnerado su derecho al honor fue publicada el 24 de octubre de 2022 bajo el títular 'El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”'. La información recogía las intervenciones telefónicas que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía había practicado con autorización judicial a Joakim Broberg, pendiente todavía de ser juzgado y bajo el que pesa una acusación de la Fiscalía de 25 años de cárcel. 

Posteriormente, elDiario.es publicó que la Fiscalía Antidroga y el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional habían ignorado tres informes en los que la UDEF solicitaba que se abriera una nueva línea de investigación que tuviera por objeto investigar la posible corrupción alrededor de Ángeles Muñoz. 

Según la demanda presentada por la alcaldesa Muñoz contra este medio, sus periodistas habían “atentado gravemente contra el honor, la dignidad personal y la imagen” de la regidora marbellí atribuyéndole “hechos con apariencia delictiva y comportamientos que son tenidos como gravemente deshonestos por la sociedad, todo ello con manifiesto desprecio a la verdad y el ánimo indisimulado de perjudicarla tanto personal como políticamente”.

Nada de eso ocurrió, de acuerdo a la resolución del Juzgado cursó la demanda de Muñoz. “Ha quedado acreditada la veracidad de la información contenida en las publicaciones impugnadas, ya que se constata que los familiares de la hoy demandante estaban inmersos en una investigación judicial”, resuelve la magistrada González Pinto. “Según ha acreditado la práctica de la prueba, también a través de la testifical de Pedro Águeda Moreno, la información había sido escrupulosamente contrastada. En consecuencia, no procede acordar rectificación alguna, desestimando la demanda íntegramente”, añade la jueza. 

Citación de un periodista

Los intentos de Ángeles Muñoz por amedrentar a elDiario.es se extienden ahora a la vía penal, una vez fracasada la demanda civil. El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, a petición de la alcaldesa de la localidad, ha citado a declarar en calidad de investigado al periodista de este medio Pedro Águeda por un presunto delito de revelación de secretos. 

Alude la querella de Muñoz a dos informaciones firmadas por el citado periodista. Una de ellas versa sobre la participación del marido de la alcaldesa, ya fallecido, en la adjudicación de unas obras a un amigo suyo, otro empresario sueco también procesado en la causa de narcotráfico y blanqueo de la Audiencia Nacional. La segunda información retrata el sistema de clientelismo mediático y posible desvío de fondos desarrollado durante el mandato de Muñoz. 

Las dos informaciones se basan en correos electrónicos de una dirección que perteneció a la alcaldesa y que fueron adjuntados a una denuncia por varios delitos de corrupción presentada en 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal de Marbella que abrió unas diligencias de investigación cita esos dos correos en su decreto de archivo. El fiscal concluyó que los hechos podían producir “incomodidad” pero, o no eran constitutivos de delito o este había prescrito. 

El Juzgado de Instrucción de Marbella que ha citado como investigado al periodista de elDiario.es le había tomado antes declaración como testigo. En esa primera declaración, el periodista explicó que nunca tuvo acceso al conjunto de los correos electrónicos de Muñoz y que solo citó en su información aquellos que recogían los documentos judiciales, referentes a hechos que nada tienen que ver con la vida de Muñoz y que eran de total relevancia pública.

Julián Muñoz (El Arenal, 1947 – Marbella, 2024) solo fue alcalde de Marbella durante 15 meses. Fue ungido en mayo de 2003 por Jesús Gil y descabalgado por orden de su mentor en agosto de 2004, tras ganar las municipales celebradas tres meses antes con más del 50% de los votos. Es el tiempo en que firmaba convenios urbanísticos a lo loco, como un autómata. “Hasta en el capó de los coches”, dijo años más tarde.

Son esos convenios y licencias, expedidos pese a ilegalidades manifiestas y tantas veces con dinero bajo cuerda, los que aún purga la ciudad en forma de edificios en el limbo, litigios y deuda, además de una imagen grabada a fuego en el imaginario colectivo. Unos 500 millones de euros tiene reconocidos el Ayuntamiento a su favor en sentencias firmes por corrupción, según aseguró en abril la concejala de Asesoría Jurídica, Francisca Caracuel. En 15 años apenas ha podido recuperar un 10% y hace apenas unos meses convocó un concurso público abierto a abogados y detectives que pudieran seguir el rastro del dinero.

La sombra de Muñoz sobre la ciudad rebasa con mucho el año y pico que fue alcalde. Hacia atrás, porque su desempeño en los gobiernos de Gil desde 1991, primero como concejal raso y luego como teniente de alcalde, extienden su papel hasta la década de los noventa. Muñoz fue la “mano derecha” de Gil, así lo calificó el magnate, hasta que quiso volar solo.

Hacia el futuro, su influencia se proyecta porque aquello lastrará a la ciudad durante décadas. También, porque la imagen de Marbella sigue penando el bochorno de aquellos años: el dinero en bolsas de basura, el apartamento de Isabel Pantoja, las acusaciones cruzadas de golferío.

Hoy, muchos siguen asociando Marbella a corrupción. Ayudan el tren de vida y los sucesivos escándalos de la familia de la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, cuyo marido e hijastro fueron procesados por la Audiencia Nacional por un caso de presunto narcotráfico internacional y blanqueo de capitales. También, que bajo su mandato en dos etapas (2007-2015 y 2017-2019) se haya seguido arrastrando la pesada losa que dejaron Jesús Gil y sus discípulos: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

Una ciudad al margen de la ley

En Marbella, más de un millar de edificios están fuera de la legalidad. La casuística es variada: pequeñas viviendas unifamiliares, grandes edificios capaces de tapar el sol, gasolineras o la mansión que compró Antonio Banderas se construyeron al margen de la ley, violentada de las más diversas formas: algunos edificios eran demasiado grandes, otros se construían sobre suelos de uso público, otros en terreno no urbanizable, algunos a pie de playa.

En aquel tiempo aquello no parecía importar demasiado. A menudo las licencias y convenios los firmaba Julián Muñoz, que en el juicio del Caso Goldfinger (la recalificación a cambio de 2,7 millones de euros de la parcela donde tenía su casa Sean Connery) aseguró que firmaba sin tener ni idea de nada, sólo porque lo decía el que mandaba, Gil, o el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Así fue posible el edificio Belmonsa, un mamotreto de 12 alturas que puso a la sombra la casa de Carmen Suárez. Con el tiempo, los tribunales dieron la razón a la mujer: no sólo declararon la nulidad de la licencia de obras, sino que Julián Muñoz, entre otros, fue condenado a un año de cárcel por prevaricación urbanística en la concesión. Pero el edificio, contra el que Suárez lleva media vida luchando, sigue ahí y probablemente nunca desaparezca. Alguno de sus pisos se vende por medio millón de euros, si bien los traspasos suelen dejarse sin escriturar para que, llegado el caso, el comprador pueda alegar que compró de buena fe, a pesar de que todo el mundo conozca el Caso Belmonsa y que el edificio es ilegal.

Distinta suerte ha corrido La Gaviota, la casa frente al mar que Antonio Banderas compró a la locutora Encarna Sánchez en 1997. La vivienda fue construida parcialmente sobre dominio público gracias a una licencia ilegal concedida en 1995. El actor batalló contra los vecinos en los tribunales, que confirmaron la ilegalidad, y acabó derribando la casa el pasado verano.

Qué hacer con las licencias ilegales

En estos años del post-gilismo, la actuación del Ayuntamiento liderado por Ángeles Muñoz ha oscilado entre el intento de regularizar los desmanes y la deliberada voluntad de ignorarlos. En 2010, la alcaldesa aprobó un nuevo Plan General que, en la práctica, hacía tabla rasa. Cuantificaba 1009 licencias concedidas entre 1991 y 2006 “no ajustadas a planeamiento”, la mayoría anuladas a partir de 2004 tras la impugnación de la Junta de Andalucía, y proponía una amnistía a la carta basada en un sistema compensatorio para el municipio. Duró cinco años: en 2015 el Tribunal Supremo concluyó que un PGOU no es el mecanismo para sanar ilegalidades pasadas, y devolvió la situación a la casilla de salida.  

Desde entonces, el Consistorio ha arrastrado los pies para no afrontar las consecuencias de aquel urbanismo a la carta. Con la mayoría de las edificaciones no tiene problema en hacer la vista gorda, porque nadie exige que se restituya la legalidad. Pero hay otro puñado de ellas, más de una decena, cuyos vecinos sí piden algo, la demolición o una compensación, y los tribunales están obligados a dárselo.

El supuesto que ha llegado más lejos es el de una vivienda en Artola, que este medio contó el pasado abril: en ese caso, los magistrados del Tribunal Superior de Andalucía se cansaron de las argucias legales del Consistorio para demorar el cumplimiento de una orden de demolición, pusieron una multa de 1.000 euros a la alcaldesa y pidieron a la Fiscalía que la investigase por desobediencia, como desveló este medio.

Tras un año de idas y venidas desde el Tribunal Supremo (por ser aforada la alcaldesa), el fiscal de Marbella dio carpetazo al asunto corrigiendo su criterio inicial y contrariando a los magistrados, que llegaron a escribir en un auto: “Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.

El Ayuntamiento suele oponer un argumento: el volumen y la importancia de las edificaciones en el limbo es tal que, de cumplir solamente con la decena que tienen sentencia en contra del TSJA, tendría que hacer un desembolso de 246 millones de euros en indemnizaciones. Sería la bancarrota de Marbella, la vuelta a la gestora, el desastre.

“Supone un impacto, en términos presupuestarios y de liquidez, de imposible estructuración a efectos de cumplimiento”, subrayaba el área de Hacienda en un informe de finales de 2021, al sumar a esa cifra el importante volumen de deuda que se arrastra desde Malaya, cifrada en 284 millones de euros al empezar el año. Así que lo que hace el Ayuntamiento es comunicar a los jueces que, simplemente, no puede pagar.

A la búsqueda del dinero

Mientras, busca recursos en otros sitios. El más fácil es reactivar la construcción, pero hay un problema: Marbella es una ciudad con el suelo urbanizable ya colmatado. La solución: incorporar al suelo rústico a la ecuación, aprovechando la vía abierta por la nueva ley de suelo andaluza (LISTA) que permite construir en suelo rústico hoteles y alojamientos turísticos, así como equipamientos industriales, de ocio o comerciales. 32 millones de suelo rústico común que se añadirán a los 54 de suelo urbano. Será el primer municipio de Andalucía que se agarre a esta posibilidad.

La otra vía es buscar el dinero saqueado. En abril recibió una buena noticia del Tribunal Supremo, que le dio la razón en el litigio que mantenía con Hacienda. La Agencia Tributaria pretendía que 12 millones de euros procedentes de la venta de bienes de Juan Antonio Roca se destinaran a minorar la deuda fiscal del municipio, que se abona en unos pagos fraccionados que se extenderán hasta 2052.

En estos años se han recuperado para el municipio 55,7 millones de euros (unos seis millones, en concepto de multas, todavía están pendientes de convenio para transferir a las arcas municipales) y bienes valorados en cerca de 8,5 millones de euros, según fuentes municipales. Pero queda mucho más escondido.

De ahí que cada poco reflote la web de venta de bienes incautados. O que el Ayuntamiento licitara la pasada primavera la contratación de un equipo de abogados y detectives que rastreen la pista del dinero de la corrupción. “La Asesoría Jurídica ha intentado impulsar de diversas maneras la ejecución de estas sentencias; pero lo conseguido hasta ahora ha sido más bien exiguo”, se lee en la memoria justificativa del contrato.

El Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar 450.000 euros a quien buscara el dinero robado durante cinco años, hasta 2029, pero nadie quiso asumir la tarea. Borrar la sombra de la corrupción en Marbella es tarea demasiado difícil. El propio Julián Muñoz murió debiendo 46 millones y con el dinero de sus últimas apariciones televisivas embargado.

Marbella se prepara para ser municipio pionero en la ordenación del territorio. Por primera vez desde que Andalucía aprobara su nueva ley de suelo (LISTA), impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno en 2021 con el objetivo declarado de dar agilidad a los farragosos trámites de ordenación urbana, un gran municipio va a echar mano de uno de sus artículos más discutidos: aquel que permite construir en suelo rústico hoteles y alojamientos turísticos, así como equipamientos industriales, de ocio o comerciales.

La posibilidad ha sido introducida por sorpresa en el nuevo Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) en el que el consistorio marbellí trabaja desde antes del final del pasado mandato, con el fin de aprobarlo antes de que termine 2025. Lo introduce ahora ya que hasta hace poco se cuestionaba la constitucionalidad del precepto de la LISTA, hasta que fue validado por el Tribunal Constitucional el pasado febrero.

“Lo que pretende el PGOM es continuar con la tarea de simplificar y flexibilizar los usos que se permiten dentro de lo que es incluso el suelo rústico”, señaló la alcaldesa, en una rueda de prensa convocada, a priori, para informar de la resolución a las alegaciones al avance del PGOM. Sin anuncio previo, Muñoz dedicó casi toda su intervención a explicar una medida que pondrá en uso terreno para grandes infraestructuras.

“La principal novedad es que se flexibilizan mucho los usos para que ese suelo pueda utilizarse por parte de propietarios, desarrolladores y el propio ayuntamiento”, dijo. Marbella será “uno de los primeros, si no el primero” de los municipios andaluces que se acoja a esta posibilidad.

Actuaciones de “gran envergadura” en el ámbito turístico

El artículo 22 de la Ley de Sostenibilidad del Territorio (LISTA) permite implantar “con carácter extraordinario” y siempre que no lo prohíba otra ley, usos “industriales, terciarios o turísticos” en suelo rústico. Deben cumplirse algunas condiciones: los proyectos deben ser de “interés público o social”, que “contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural”, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar “incompatible con su localización en suelo urbano”. Además, deberá ser suelo rústico común, no monte público o espacio natural, por ejemplo.

Muñoz pareció hacer una invitación general a que cualquiera explore la vía, presuntamente “extraordinaria”, y presente un proyecto. El objetivo, dijo, es que la “flexibilización” permita que actuaciones “de gran envergadura” que se presentan al ayuntamiento, vinculadas “fundamentalmente” al ámbito turístico, tengan la “oportunidad de implantarse en suelo rústico”. Y citó ejemplos: universidades, grandes equipamientos (como una ciudad deportiva), centros educativos, sociales e incluso industriales.

Así Marbella podrá “compensar déficits que tienen difícil encaje en suelo urbano”, explicó. Es decir, se usará el suelo rústico porque en la malla urbana marbellí no caben o no encajan más hoteles o determinadas infraestructuras.

Marbella es la séptima ciudad de Andalucía, con 156.295 habitantes, según el INE (el 3,6% más que hace un año), aunque el consistorio estima que la cifra real supera los 233.000. Arrastra una deuda de unos 284 millones de euros, en su mayor parte contraída con otras administraciones en tiempos de Jesús Gil. Durante seis años, ha litigado con la Agencia Tributaria para seguir fraccionando el pago de la deuda heredada (a 40 años) y que esta no retuviese el dinero recuperado de la Operación Malaya. El Tribunal Supremo le dio la razón hace apenas dos meses.

Una vía de financiación para paliar esta difícil situación económica son los convenios urbanísticos, pero hay poco suelo para esos desarrollos. Cuenta con unos 53 millones de metros cuadrados de suelo urbano, a los que el nuevo PGOM va a añadir otro millón. Ahora incorporará a la ecuación más de 32 millones de suelo rústico común (más de la mitad del total del suelo urbano), según las cifras de la memoria del PGOM. En total, Marbella tiene una superficie de 117 millones de metros cuadrados.

Aval del Tribunal Constitucional a la norma que usa Marbella

A priori, que se levanten hoteles, equipamientos deportivos o universidades en suelo rústico es legal. El pasado febrero, el Tribunal Constitucional dio validez al artículo 22 de la LISTA después examinar el recurso de inconstitucionalidad de 51 diputados de Unidas Podemos y el Grupo Mixto. Declaró inconstitucional (y anuló) el inciso que permitía autorizar edificaciones destinadas a uso residencial en suelo rústico, pero avaló el resto.

Antes de aprobarla, la Junta negoció con el Estado el contenido de la norma, evitando así que el Gobierno de Sánchez la recurriera. También negoció con el PSOE andaluz, que finalmente se abstuvo en la votación, y tampoco recurrió, a diferencia de lo que ha ocurrido con el Decreto de simplificación que cambia de golpe 176 leyes. De esta forma, la LISTA salió del tribunal casi inmaculada, y apenas embridada por el reglamento de desarrollo.

“La LISTA da mucha manga ancha: no todo vale, aunque realmente la intención es que todo valga”, advierte Manuel Aguilar, antiguo secretario de ayuntamiento y autor del recurso de inconstitucionalidad contra la ley. En su opinión, la clave del anuncio de la alcaldesa está en el subtexto, del que se extraería la intención de desarrollar el suelo rústico bajo el subterfugio de que se tratará de “usos extraordinarios” para “proyectos de interés estratégico”. Cada proyecto deberá pasar el examen previo de “excepcionalidad”, “pero lo extraordinario lo usará de manera ordinaria y todo lo que le interese a alguien será estratégico”, vaticina Aguilar.

“El ayuntamiento actúa como promotor”

El paso anunciado por el consistorio vuelve a trasladar la idea de que este es suelo fértil para el pelotazo inmobiliario. La ciudad, símbolo de los excesos, lleva mucho tiempo lastrada por los desmadres del gilismo y el post-gilismo. Hay más de 1.000 edificaciones con licencias nulas y expuestas, teóricamente, a que algún afectado solicite judicialmente que se ejecute tal nulidad. Así ocurre con algunos edificios emblemáticos, como el de Belmonsa, que dejó a la sombra la casa de Carmen Suárez.

En 2010, el ayuntamiento quiso amnistiar estas edificaciones mediante un nuevo Plan General, pero el Tribunal Supremo echó abajo la pretensión en 2015, razonando que un PGOU no está para eso. Desde entonces, vuelve a regir el plan de 1986, al que el consistorio quiere al fin sustituir con los nuevos PGOM y Plan de Ordenación Urbana (que detalla el ordenamiento), ya adaptados a la LISTA.

“El ayuntamiento actúa más como promotor que como gestor del urbanismo para todos los vecinos. Son muchos metros cuadrados que van nuevamente para la ciudad privada en detrimento de la ciudad pública”, observa Javier de Luis, portavoz de Ecologistas en Acción: “No hay compensación: no se hacen VPO, no se mejoran los viarios de acceso o las comunicaciones entre urbanizaciones, las conexiones con Istán u Ojén siguen igual de mal, seguimos con la precariedad de que como no llueva no hay agua, las playas no se regeneran…”

De Luis, que durante años fue concejal y se opuso desde el Pleno y los tribunales a los disparates del gilismo, recuerda que ya en 1993 Jesús Gil recalificó de un plumazo 17 millones de metros cuadrados de superficie forestal rústica, gran parte de ella suelo quemado. Cree que, igual que antes, cuando Muñoz hace el anuncio es porque ya hay cola para sacar tajada. Y apunta a los terrenos al norte de la autovía, donde hay grandes bolsas de suelo, en contraste con la escasez de la costa. “La alcaldesa ya debe tener los convenios hablados para firmar los desarrollos, y está invitando a los demás que quieran a que se apunten”.

“Me preocupa cómo lo ha vendido”

De momento, la oposición pide tiempo para observar cómo se desarrolla el anuncio. “No es tan sencillo”, observa Adrián Jiménez, concejal socialista especializado en materia urbanística: “Deberá hacerse vía instrumento de planeamiento, como los planes especiales, y eso va sometido a múltiples informes sectoriales”.

Jiménez recuerda que la posibilidad excepcional de construir hoteles en suelo rústico ya la contempla la LOUA, y que se ha usado en municipios de interior. La novedad es que un municipio costero, con antecedentes de uso intensivo (e irregular) del suelo y sometido a una fuerte presión urbanística, anuncie que se acoge a la nueva flexibilidad de la LISTA, y lo haga con una especie de llamada a inversores.

“A mí me preocupa cómo lo ha vendido”, resume Jiménez. Su previsión es que cuando se complete la aprobación inicial del PGOM, a final de año, ya aparezcan algunas bolsas de suelo rústico pintadas para infraestructuras hoteleras. Será entonces cuando se pueda comprobar qué senda urbanística quiere abrir Marbella. 

El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Ángeles Muñoz (PP), ha dado un paso para regularizar la situación urbanística de los intereses inmobiliarios que tiene su alcaldesa en Vega del Jaque, una urbanización situada en un paraje del término municipal de Marbella colindante con Benahavís. La actuación consiste en recalificar –sobre el papel– los terrenos donde se ubica el palacete de la regidora, lo que tendría el efecto de aumentar su valor de mercado en una posible venta.

El nuevo plan urbanístico de Marbella califica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.

Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constan como terrenos urbanizables para el consistorio de Marbella. Hasta ahora.

Dentro de Vega del Jaque está la llamada Casa Rosada, un palacete construido en mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. Muñoz y su difunto marido, Lars Broberg, han sido dueños de esta mansión a través de la entidad Crasel Panorámica, S.L., de matriz gibraltareña. Además, a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), Broberg era dueño de una parte relevante de los terrenos de Vega del Jaque, y aspiraba a desarrollarlos.

La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Broberg (fallecido en marzo de 2023) y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. No hay constancia de que esa venta se haya materializado.

Una regularización de la situación urbanística, de tal forma que los terrenos pasasen a ser urbanos para Marbella, incrementaría su valor en el mercado inmobiliario, y ese es el motivo que la oposición siempre vislumbró en los reiterados intentos de “mover” Vega del Jaque de Marbella a Benahavís, donde sí serían urbanos.

Estos intentos empiezan en 2008, con una propuesta de acuerdo entre Benahavís y Marbella para cambiar las lindes, previo Pleno en el que la alcaldesa evitó votar, según recuerdan fuentes presentes. En 2016, llegó a constituirse una plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes (“Ni un metro de Marbella para otra población”) y la Fiscalía denunció a Muñoz por la presunta alteración subrepticia de los planos en un Pleno municipal de aprobación del PGOU.

La denuncia penal fue finalmente archivada, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acabó zanjando el debate: no se puede cambiar en un Pleno ni por un acuerdo entre municipios un deslinde que tiene su origen en 1873, de modo que Vega del Jaque sigue estando en el término municipal de Marbella.

“Tejido urbano discontinuo” y “ordenación conjunta” con Benahavís

Ahora, el ayuntamiento está enfrascado en aprobar una nueva ordenación urbanística, que tantos quebraderos de cabeza ha dado desde los tiempos del GIL, partido del ya fallecido Jesús Gil. Marbella se rige por el PGOU de 1986 desde que el Tribunal Supremo anuló (en 2015) el PGOU de 2010, pensado para hacer borrón y cuenta nueva de los desmanes de la época de Gil.

El objetivo del consistorio es que la nueva ordenación esté en vigor a finales de 2025. Para ello, ha presentado dos documentos de avance: el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), ya aprobados en Junta de Gobierno Local. Este último estuvo abierto al trámite de información pública hasta primeros de marzo.

En ambos documentos se retoca la situación urbanística de Vega del Jaque (y, por tanto, del palacete de la alcaldesa), que aparece expresamente reseñada como una de las cuatro categorías del suelo urbano de Marbella. Según la memoria de Ordenación del nuevo PGOM, es suelo urbano lo que califica como “terrenos que forman parte de desarrollos urbanísticos realizados por los municipios colindantes” (Benahavís y Mijas), “pero que, debido al replanteamiento de las lindes del municipio, han quedado situados dentro del término municipal de Marbella”.

Ese sería el caso de Vega del Jaque, que forma una pequeña cuña desconectada de la trama urbana al norte de la A-7. En la práctica, la autovía hace de barrera con Marbella y “acerca” Vega del Jaque a Benahavís, en cuyo Registro de la Propiedad están inscritas las fincas. El municipio vecino ha llegado, incluso, a expedir licencias en esta zona, a pesar de que los terrenos están en el término municipal de Marbella.

Ahora, el ayuntamiento de Marbella propone para ellos una nueva categoría: un área de “ordenación conjunta” con Benahavís, lo que permitiría declarar los terrenos como “tejido urbano discontinuo”, alegando que se conectan con la trama urbana de Marbella a través de Benahavís. En la práctica, significa integrar ese espacio en la ordenación urbana marbellí. Estos terrenos se incluyen en el suelo urbano porque, “aunque no están integrados en la malla urbana de Marbella, sí lo están en la trama urbana” de Benahavís, dice el avance del PGOM.

El documento advierte de que Marbella por sí sola no podría plantear nuevos desarrollos en estos terrenos “por no estar integrado en la trama urbana de Marbella”, pero a continuación parece abrir la puerta a un desarrollo conjunto con Benahavís: “Cualquier actuación de ampliación de estos suelos tiene carácter supralocal por depender de las redes y servicios de los municipios colindantes”.

Los socialistas piden que pague impuestos en Marbella

La “ordenación conjunta” es un concepto nuevo introducido por la Ley de Suelo andaluza, en vigor desde diciembre de 2021. La ley recoge la posibilidad de aprobar un Plan Intermunicipal para ordenar áreas integradas por terrenos situados en municipios colindantes que necesiten una actuación urbanística conjunta. Nunca se ha usado hasta ahora. En cambio, el concepto “tejido urbano discontinuo” no aparece en la ley andaluza. Es un concepto metodológico que los urbanistas suelen usar para referirse a áreas en las que los edificios, carreteras y áreas de superficie artificial ocupan entre un 50% y un 80% de la superficie total.

Para el PSOE, se trata de un nuevo subterfugio orientado a recalificar los terrenos. “Resulta incongruente, inusitado e inverosímil aducir que dichos terrenos se encuentran dentro de la trama urbana (…) ya que para incorporarse a la misma debe discurrirse por otro municipio”, se subraya en las alegaciones al plan de los socialistas, que recuerdan que se calificaron rústicos en 1986 precisamente porque estaban aislados, “cuestión que a la fecha no ha cambiado”.

Los socialistas recuerdan que las lindes no han sido “replanteadas”, como repite el gobierno marbellí, sino que siguen siendo las mismas que en 1873 porque así lo sentenció el TSJA, en una sentencia luego confirmada por el Tribunal Supremo.

Los socialistas sugieren que los terrenos se queden como están, y que sus titulares obtengan del ayuntamiento una declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), figura menos “artificiosa”, según el PSOE. Si fueran declarados AFO podrían mantener y conservar lo existente, pero no aspirar a nuevos desarrollos. Además, quedarían obligados al pago de impuesto y la tasa local, que sería del 4,7% por analogía con el Impuesto de Obra Nueva.

Un edificio denunciado desde 1998, declarado ilegal por sentencia firme en 2009, con auto judicial ordenando la ejecución de sentencia en 2017 y con orden de demolición desde 2020, es protagonista de un inusitado cruce de pareceres: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide que se cumpla la demolición que dictó, el ayuntamiento dice que no puede, y la Fiscalía ha acabado dando carpetazo a una investigación a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) por desobediencia, porque no cree que esté ignorando deliberadamente las resoluciones judiciales.

Fue el propio TSJA el que pidió a la Fiscalía que hiciera algo, tal y como contó este medio hace un año. Tras años de insistencia, los magistrados habían comprobado que la colaboración del Ayuntamiento para cumplir su orden de demolición era “sencillamente nula”, por lo que multaron a Muñoz con 1.000 euros y dieron traslado a la Fiscalía al entender que la alcaldesa podría estar incurriendo en un delito.

El Ministerio Público abrió diligencias, y desde entonces el asunto ha ido y vuelto a Madrid, ya que Muñoz era aforada ante el Tribunal Supremo y dejó de serlo tras las elecciones generales de julio de 2023. Ahora recibe carpetazo definitivo en Marbella: según el decreto de archivo, dictado el pasado 7 de marzo y al que ha tenido acceso este medio, aunque la conducta del Ayuntamiento “pudiera considerarse obstaculizadora o dilatoria, algo que debe haber llevado al agotamiento, asfixio y hastío” de los particulares afectados, el consistorio lo hizo utilizando los recursos previstos en la ley.

De esta forma, la Fiscalía, que en marzo de 2023 sí apreció indicios objetivos de delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y resistencia a la autoridad (556) en la actuación de Muñoz concluye ahora que en su comportamiento no hay un “menosprecio al principio de autoridad”, por lo que faltaría el elemento subjetivo del tipo penal.

El TSJA afea los incumplimientos del Ayuntamiento

Para apuntalar el archivo, el fiscal argumenta que el propio TSJA, que impulsó la investigación a la alcaldesa, acabó abriéndose a declarar la “imposibilidad material” de que el Ayuntamiento de Marbella cumpla su sentencia de demolición.

Sin embargo, lo cierto es que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA descartó esa opción el pasado 14 de febrero, tres semanas antes del archivo del fiscal, en una resolución en la que volvió a afear los incumplimientos del consistorio con estas palabras: “Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.

En ese auto, los magistrados insistían en hacer valer su potestad de hacer ejecutar lo juzgado rechazando el incidente de imposibilidad material de ejecución de la sentencia. Ese mismo día, el TSJA volvió a requerir al ayuntamiento para que cumpla sentencia y demuela el edificio.

La abogada de la comunidad de propietarios perjudicada pidió a la Fiscalía que no obvie esta última resolución del TSJA, pero el fiscal acaba de reafirmarse en un nuevo escrito: cree que el mero hecho de que el TSJA valorara la “imposibilidad material” de ejecutar su sentencia ya “hizo desvanecerse” el elemento subjetivo del delito de desobediencia (la presunta voluntad de Muñoz de ignorar las resoluciones judiciales).

Qué hacer con un millar de licencias ilegales de la época del GIL

La investigación a la alcaldesa Muñoz tiene su origen en los tiempos de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento. Eran los años del urbanismo a la carta y desaforado, en los que las licencias de obra se entregaban sin que importara mucho lo que dijera el planeamiento urbanístico o los intereses de vecinos afectados. Hay casos emblemáticos, como el Carmen Suárez, cuya vieja casa quedo oscurecida para siempre por las 12 plantas del edificio Belmonsa, o el del hotel Guadalpín, en plena playa.

Con los años, aquella fiebre constructora dio paso a una resaca que todavía se arrastra. Más de mil licencias fueron anuladas por ignorar la legalidad urbanística dejando a los edificios en situación ilegal, de modo que los sucesivos gobiernos municipales se encontraron con un problema explosivo en las manos: ¿debían devolver la situación material a la legalidad –demoliendo cientos de edificaciones– o legalizar lo ilegal? Ángeles Muñoz optó por lo segundo, y aprobó un PGOU que en la práctica amnistiaba las construcciones ilegales. Pero en 2015 el Tribunal Supremo anuló ese PGOU, razonando que no podía tener la función de legalizar lo ilegal.

De esta forma, todo volvió al punto de partida: cientos de edificaciones de los años 90 y 2000 son ilegales (por ser su licencia nula), pero hay pocos interesados en que se restituya la legalidad echándolos abajo. El ayuntamiento dispone un informe interno del área de Hacienda en el que se cuantifica que demoler ocho edificios ilegales (solo aquellos en los que alguien lo está pidiendo en los tribunales) e indemnizar a sus propietarios (unos 600) le costaría 246 millones de euros, dejándolo en la ruina. Marbella tiene un presupuesto de 361 millones para 2024 y una deuda aproximada de 271.

Por eso, cuando alguien acude a la justicia para pedir que se cumpla alguna sentencia, el consistorio esgrime que hay una “imposibilidad material” de hacerlo, y pide que se tengan en cuenta alternativas como la expropiación, los acuerdos con los afectados o la legalización.

Resoluciones judiciales reiteradas

En la práctica, la mayoría de estas edificaciones no corren riesgo alguno, porque no hay vecinos que pidan su demolición y, menos aún, el ayuntamiento. Pero hay un puñado de ellas en las que chocan con otros intereses, de modo que comunidades de propietarios o terceros interesados impulsan el cumplimiento forzoso de las sentencias, en muchos casos para conseguir una compensación económica.

Uno de esos casos afecta a un chalet de 416 metros cuadrados distribuidos en una edificación de tres plantas, sita sobre una parcela de 854 metros cuadrados con piscina y jardín, construida sobre una parcela en la urbanización Artola que a priori debía estar dedicada a equipamiento público. El último titular conocido es la mercantil Brisas e Ventos Investimentos, S.L.

La construcción tiene ya un largo recorrido judicial. En 2007, un juzgado penal 8 condenó a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricar al otorgar la licencia; en 2009, el TSJA la declaró ilegal; y en 2017, los vecinos consiguieron que se dictara auto de ejecución forzosa y que el Registro de la Propiedad lo inscribiera.

En los años siguientes, la comunidad de propietarios de Artola ha pedido en reiteradas ocasiones que se ordene al Ayuntamiento derribar la edificación. En noviembre de 2020, los magistrados le exigieron que procediera a “la reposición a su estado originario de la realidad física alterada mediante la demolición”; en junio de 2021 apuntaron a Muñoz, requiriendo al consistorio “en la persona de su Alcaldesa-Presidenta” para cumplir en tres meses, advirtiéndole de que la multarían si no cumplía; y el 8 de junio de 2022, acabaron por “constatar” que la colaboración del Ayuntamiento “es, sencillamente, nula”, de modo que multaron a Muñoz con 1.000 euros (que pagó) y remitieron el asunto a Fiscalía. 

El Ayuntamiento mantiene que demoler sería no solo muy costoso, sino también desproporcionado, puesto que en el chalet vivirían dos menores de edad.

El fiscal no ve el “menosprecio”

Inicialmente, la Fiscalía Provincial de Málaga apreció indicios de delito en la resistencia a cumplir, y envió al expediente a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cuando Muñoz dejó de ser aforada el asunto recayó en la Fiscalía de Marbella, no en la Fiscalía Provincial, y es el fiscal delegado Julio Martínez Carazo quien ha acabado por cerrar el asunto, en un Decreto de archivo inusualmente extenso.

Allí, se justifica el carpetazo por los vaivenes del caso, que implicaría que no se puede achacar a la alcaldesa una palmaria voluntad de ignorar las resoluciones judiciales. Así, el fiscal recuerda que, mientras el viejo PGOU estuvo vigente (de 2010 a 2015) la legalidad “sobrevenida” del edificio estuvo a un paso.

Es en 2017 cuando el TSJA empieza a requerir al ayuntamiento para que ejecute su sentencia de 2009, pero a partir de entonces el ayuntamiento recurre por todas las vías posibles. Algo que puede desesperar a los afectados, pero que la legislación permite, subraya el fiscal.

En el último año, el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios han negociado una posible indemnización de 850.000 euros por los costes legales y daños morales, la recuperación de zonas verdes y el mantenimiento de viales para compensar la pérdida de equipamiento público.

Esto sirvió al TSJA para abrir un incidente de imposibilidad material de cumplimiento de sentencia, que es al que se agarra el fiscal para archivar la investigación a la alcaldesa, aunque finalmente el TSJA haya acabado concluyendo no hay imposibilidad alguna y que ese acuerdo, de producirse, no puede afectar a la legalidad urbanística.

De ahí, que los magistrados hayan vuelto a exigir al ayuntamiento que cumpla con sus resoluciones, mientras el fiscal, por otro lado, archiva su investigación penal a la alcaldesa.

En abril de 2019, el ayuntamiento de Marbella imputó 721 horas extra a un trabajador del servicio de limpieza. Esto sería un exceso de carga laboral si no fuera porque, además, es imposible: abril tiene en total 720 horas, y difícilmente nadie puede trabajar más horas que las que hay en un día.

El caso, aunque extremo, no era excepcional: varios listados, a los que que tuvo acceso en exclusiva este periódico en aquellas fechas, revelaban que varios empleados municipales superaban las 300 horas extra en un mes, que uno había cobrado 2.600 horas extra ese año o que, en total, en marzo de 2019 se computaron casi 50.000. En los ocho primeros meses de 2019 se cargaron 188.849 horas extra en el servicio de limpieza (27.000 jornadas de trabajo), con especial acumulación en marzo y abril.

Cinco años después, la Oficina Andaluza Antifraude acaba de confirmar que el ayuntamiento computó y pagó horas extra por encima de sus posibilidades; tantas, que suponen una “imposibilidad física”, por lo que le pide que abra una investigación interna y depure responsabilidades, llevándolo al Tribunal de Cuentas si es necesario.

Antifraude constata la “imposibilidad física” de prestar esas horas extra

“La realización de las horas extraordinarias que reconoce el Ayuntamiento (por encima de las mil en los casos transcritos, aunque hay un gran número de empleados con cifras muy cercanas) implican prácticamente el doble de la jornada máxima legalmente establecida. Es una imposibilidad física que un trabajador a jornada completa desarrolle de forma extraordinaria otra jornada completa en el mismo periodo de tiempo”, señala la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Antifraude apunta a la falta de control del Departamento de Recursos Humanos de Marbella (a pesar de los avisos lanzados por el Interventor) y sospecha que estos pagos no tenían que ver con los servicios laborales: “El alto número de gratificaciones extraordinarias por conceptos como festivos, trabajos nocturnos… inducen a pensar en la posibilidad de que se estén usando para retribuir otros conceptos que no responden a esas causas”.

En su día, los sindicatos CGT y SEPMA deslizaron la posibilidad de que el consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) estuviese “inyectando” dinero a algunos trabajadores en la órbita del partido justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2019.

Por todo esto, Antifraude pide al consistorio que abra una investigación interna para “depurar responsabilidades”, que haga una “revisión pormenorizada” de los abonos de horas extra para pedir el “reintegro/recuperación de haberes indebidamente percibidos”, y que “evalúe” si todo esto no le obliga a pedir “responsabilidad contable” ante el Tribunal de Cuentas. También le pide que analice su estructura salarial “para determinar si los conceptos extraordinarios que se abonan de forma recurrente” son legales.

El consistorio no ha respondido al cuestionario en el que este medio le preguntaba por el cumplimiento de las medidas exigidas en esta resolución de Antifraude.

Un coste millonario

El pago de estas cantidades desorbitadas de horas extra ha supuesto al ayuntamiento un notable desembolso de dinero público. Si cada hora extra se pagan a un 50% más, las 188.849 generadas de enero a agosto de 2019 tuvieron un coste aproximado de 4,8 millones de euros.

La práctica se habría prolongado desde 2019 al menos hasta 2023. Diego López es el edil responsable desde 2017. Este edil, que comenzó como chófer de Ángeles Muñoz, es aquel que fue grabado por los investigadores de la UDEF aconsejando por teléfono a Joakim Broberg (hijastro de la alcaldesa y procesado por narcotráfico y blanqueo) que aprendiera de su padre a no tratar ciertos asuntos por teléfono. En junio de 2023 López sumó a las responsabilidades de Medio Ambiente y Playas a las de Limpieza y Obras, que ya tenía.

Tras una denuncia de Fiscalía, en 2020 ya tuvo que declarar ante un juzgado de Instrucción por un caso de presunto enchufismo: el servicio de Limpieza había contratado cerca de un centenar de trabajadores, ignorando las bolsas previamente constituidas, y entre ellos había una decena de familiares de López, de los miembros del tribunal o de capataces. Tal y como informó este medio en su día, muchos trabajadores lograron luego retener de forma indefinida su empleo (inicialmente temporal), demostrando que desempeñaban trabajo “ordinario y habitual”. Es decir, lograron una plaza para siempre evitando unas oposiciones y mediante una bolsa que el fiscal consideraba fraudulenta. El caso fue archivado contra el criterio del fiscal.

Seis trabajadores con más de mil horas extra en ocho meses

La resolución de la Oficina Antifraude culmina por ahora una denuncia formulada por el sindicato CGT, que apreciaba indicios de fraude, corrupción, conflicto de intereses y malversación de fondos públicos. La Oficina abrió una investigación y ha acabado concluyendo que todo lo que rodea a las horas extra del servicio de limpieza marbellí apunta a irregularidades.

La resolución analiza los listados de horas extra cargadas entre enero y agosto de 2019, cuando seis empleados cargaron entre 1.000 y 1.317 horas cada uno, lo que supone entre 125 y 165 jornadas añadidas (en cada uno de los casos) en un periodo que tiene unas 200 jornadas laborales. Es decir, cada uno de esos trabajadores habría realizado, además de sus jornadas laborales comunes, al menos otro tanto en horas extra en el plazo de ocho meses. No hay días para tantas jornadas de trabajo.

Antifraude constata un descenso en las horas extraordinarias por trabajador en 2020 y años siguientes, pero aún así hay una decena de empleados a los que se les paga entre 200 y 1000 horas extra por año. La cifra podría ser incluso mayor porque hay conceptos “análogos” que el ayuntamiento también pagaba, pero no aparecen computados como horas extra en los listados. Algunos tienen reconocidas gratificaciones por trabajos extraordinarios en días festivos, de fiesta mayor, nocturnos… “en cantidades equivalentes a horas difícilmente justificables en el periodo de tiempo referenciado”, dice la resolución.

Lógicamente, todos estos ejemplos desbordan ampliamente los límites legales para el cómputo de horas extraordinarias, que el Estatuto de los Trabajadores limita a 80 por año a no ser que haya “razones de prevención o reparación de siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, o a que no se computaran las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización”.

“Ninguna de estas dos razones es expuesta en el informe de la Delegación de Limpieza de 14 de junio de 2023, donde sólo se argumenta el carácter voluntario que posee la realización de las horas extraordinarias para el trabajador”, observa la Oficina Antifraude, que recuerda que la Intervención municipal ha emitido diversos reparos y una “multitud de informes” en los que alerta sobre el “imposible control” de estas horas y se insta a corregir las anomalías.

Sanción de Trabajo y denuncia por enchufismo archivada

“De la exposición que hace la intervención, se deduce que el Departamento de Recursos Humanos no efectúa ningún control sobre la realidad del contenido de los informes que le llegan de los servicios cuyos empleados realizan horas extraordinarias”, concluye Antifraude, que insta al consistorio a poner fin al descontrol.

El ayuntamiento siempre ha sido consciente de esta situación. En su día, CGT llevó el asunto a Fiscalía, que lo archivó, y SEPMA presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, que a finales de 2021 sancionó al consistorio. Un año después, la Inspección constató la “existencia de persistencia continuada en la comisión de una infracción”, y propuso elevar la sanción al máximo posible, 7.500 euros, ante la falta de respuesta del ayuntamiento.

ElDiario.es preguntó por este asunto en reiteradas ocasiones en agosto de 2020, porque resultaba inverosímil que el consistorio pagase a un trabajador en un mes más horas extra que horas tiene un mes. Entonces, el consistorio dio hasta tres explicaciones diferentes, y acabó despachándolo como un “error”, una explicación insuficiente porque este medio disponía de diversa documentación que demostraba que los pagos eran una práctica sistemática y consciente del propio consistorio, a pesar de las advertencias.

No había error, y sí una práctica habitual e irregular en el servicio de limpieza que ahora corrobora la Oficina Antifraude. 

La Fiscalía Antidroga solicita que se imponga a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, una pena de 22 años de cárcel por distintos delitos relacionados con el narcotráfico. Broberg está acusado de integrar una delegación de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol participando activamente en el tráfico de hachís y poniendo sus sociedades al servicio del blanqueo de las ganancias obtenidas.

El Ministerio Público pretende que el tribunal condene a Broberg a 11 años de cárcel por un delito contra la salud pública “relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud [cannabis]” que habría sido cometido “en el seno de una organización” en la que Joakim Broberg desempeñaría las funciones de “jefatura”. Broberg, dice Antidroga en su escrito de acusación, hizo entregas de droga de España a Francia.

Antidroga también le imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita una condena de 7 años y otro de cohecho, por el que le pide cuatro. El delito de cohecho responde a los datos que habría obtenido de las bases del Ayuntamiento de Marbella, siendo regidora su madrastra, Ángeles Muñoz. Antidroga solicita la misma pena para el policía municipal que le facilitó los datos, antiguo miembro de la escolta de la alcaldesa del Partido Popular.

La investigación de una organización criminal dedicada a trasladar cannabis desde Andalucía a los países nórdicos condujo a las policías sueca y española hasta Joakim Broberg, hijo del empresario de la construcción en la Costa del Sol Lars Gunnar Broberg, casado desde hace décadas con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó en 2019 una sorpresa a los agentes españoles cuando éste celebró con un socio el poder que había revalidado el Partido Popular en Marbella, donde gobierna su madrastra, y el triunfo meses antes de Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas: “Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”.

El nombre de Ángeles Muñoz, su cargo, alcaldesa de Marbella, o el apelativo con el que la conoce su entorno, Titi, aparecen mencionados en repetidas ocasiones en el sumario de la causa en la que fueron procesados por narcotráfico y blanqueo su hijastro y su marido. No eran menciones circunstanciales. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación. Nunca ocurrió. Ni la Fiscalía Antidroga, ni el Juzgado de la Audiencia Nacional apreciaron indicios suficientes.

La causa contra el marido de la alcaldesa, Lars Broberg, decayó debido a su delicado estado de salud. Lars Broberg falleció después, en marzo de 2023. En otra grabación, que su hijo Joakim creía a salvo de la Policía, Lars le dice que no hable por teléfono porque sabe que lo tiene pinchado, evidencia de que el marido de la alcaldesa recibió un chivatazo acerca de que les estaban investigando.

El policía municipal al que Antidroga solicita cuatro años por cohecho declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que obtuvo información de las bases de datos del Ayuntamiento y se las entregó al presunto narcotraficante Joakim Broberg, “bajo las órdenes” de Ángeles Muñoz.

Los audios de Marbella

Cuando elDiario.es reveló el procesamiento de Joakim, la alcaldesa de Marbella quiso exhibir distancia con su hijastro. Los audios incorporados al sumario judicial demuestran el trato familiar y habitual entre ambos. Hasta tal punto que la alcaldesa organizó reuniones entre el acusado de narcotráfico y concejales de su equipo de Gobierno.

El caso de los familiares de Ángeles Muñoz evidenció la existencia de un postgilismo en la política marbellí. La regidora aún no ha dado explicaciones de la petición de un millón de euros a depositar en un banco de Luxemburgo que hizo a un aspirante a comprar la casa de lujo familiar, por la que iba a cobrar finalmente nueve millones. elDiario.es desveló otros episodios opacos en la vida política de Muñoz, como que acumulara 12 millones de euros de patrimonio tras tres décadas dedicada exclusivamente a la política. La reacción de Muñoz fue querellarse contra elDiario.es y sus periodistas.

El juzgado de instrucción 3 de Marbella, que investigaba la licencia concedida por el ayuntamiento a la discoteca Opium, ha decidido archivar las pesquisas tras cerca de un año. El juez Gonzalo Dívar considera que no existe “indicio alguno” de los delitos denunciados por varios vecinos, que llevan años reclamando al consistorio que tome medidas contra el ruido en la zona. El local, que patrocinaba el coche de carreras de uno de los hijos de la alcaldesa, se hizo especialmente famoso cuando el 18 de julio de 2022 se produjo un tiroteo en presencia de Froilán de Marichalar.

Dívar ha tomado declaración como investigados al concejal Félix Romero y los propietarios del establecimiento, pero no a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), contra quien también se interpuso la querella. Según el juez, “ni siquiera tuvo la más mínima intervención” en la concesión de la licencia de apertura provisional y la autorización de música pregrabada, si bien ambas acabaron siendo revocadas por el ayuntamiento ante las protestas de los vecinos.

El juzgado archiva así una investigación que apuntó inicialmente a Muñoz en un momento en el que ésta ya estaba en el foco por la investigación de la Audiencia Nacional a su marido (ya fallecido) Lars Broberg y su hijastro Joakim Broberg, por su presunta participación en una organización internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

El juez Dívar ha investigado penalmente en cuatro ocasiones a la alcaldesa, archivando todas ellas. Lo hizo en el caso deslindes, en el que se investigaba la modificación de las lindes entre Marbella y Benahavís, afectando a terrenos propiedad de la familia de la alcaldesa; en el caso PGOU, sobre la presunta falsedad de un acta que permitió la aprobación del PGOU con unas lindes diferentes; y en el “caso altos cargos”, en el que se investigaba una decena de contratos de alta dirección de personas vinculadas al PP. En el caso PGOU, la Audiencia Provincial de Málaga obligó a Dívar a reabrir la investigación, a la que volvió a dar carpetazo meses después.

Ahora, los querellantes están estudiando la resolución con vistas a un posible recurso contra el archivo del caso.

Sin delito de prevaricación

El juzgado debía investigar si se concedió irregularmente una licencia para música al aire libre (ampliando la que Opium tenía para restaurante), si el ayuntamiento evitó investigar las denuncias por el ruido que generaba, y si eso provocó lesiones a los vecinos. En el auto, fechado el pasado 30 de enero, el juez detalla por qué considera que no hay indicios de prevaricación, delito contra el medio ambiente y lesiones.

Respecto a la prevaricación, Dívar recurre al principio de intervención mínima del derecho penal, una doctrina habitualmente aplicada por los juzgados de instrucción para archivar investigaciones por actuaciones administrativas que, aunque puedan ser irregulares, no reviste la suficiente gravedad. En este caso, concluye que “en modo alguno” puede decirse que la concesión de licencia de música al aire libre supone “una contradicción patente y grosera” del ordenamiento, “desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante o clamoroso”.

El juez considera que los técnicos han justificado por qué concedieron la licencia por un periodo superior a cuatro meses y con horarios distintos a los recogidos por el Decreto a priori aplicable, y recuerda que también se admitió en las licencias a otros clubes. En todos estos casos, la concesión de las licencias también generó unas diligencias previas que fueron igualmente archivadas. Sin embargo, el propio juez admite en el auto que el ayuntamiento acabó corrigiendo su criterio, después de que el propio querellante consultara con la Junta de Andalucía cuál era la interpretación correcta de la norma. El juez tampoco admite que haya indicios de que el ayuntamiento fuera pasivo en la tramitación de las denuncias vecinales.

“Ha podido existir una distinta interpretación de criterio respecto a la concesión del tiempo de las autorizaciones para música pregrabada, criterio que con carácter general se seguía en todo el municipio, si bien el mismo fue consultado al competente (la Junta de Andalucía), cambiando de criterio cuando así lo acordó la Junta, siendo rectificado por el Ayuntamiento el criterio inicial”, concluye el juez.

Tampoco habría delito contra el medio ambiente ni lesiones por el ruido

Los vecinos, que durante semanas padecían un calvario en forma de ruido que les impedía dormir y desarrollar su vida con normalidad, denunciaron también a la discoteca por un delito contra el medio ambiente y de lesiones. Opium se encuentra al pie de la nacional 340 (una autovía de dos carriles en cada sentido) del lado de la playa; las casas afectadas están al otro lado de la vía.

El auto utiliza esa situación para poner en duda que el ruido de la discoteca pueda suponer trastorno añadido al que ya supone el ruido del tráfico. Un informe pericial subraya que esa mezcla de ruidos impide obtener un “contraste claro” que permita aislar el emisor. Los informes realizados por los técnicos municipales, que los vecinos siempre pusieron en duda, descartaban que el ruido del local superara el máximo legal.

En cambio, los vecinos habían encargado otro que sí encontró incumplimiento, lo que motivó, según relata el juez, la revocación de la licencia de apertura provisional que se había concedido a Opium. La conclusión del magistrado es que los informes municipales no constataron nunca incumplimiento de la legislación de ruido, y que cuando esto ocurrió el ayuntamiento revocó las licencias, de modo que no habría delito.

Por último, el juez archiva también la investigación por un presunto delito de lesiones, subrayando que sólo “parece haberse producido” “en un solo vecino”, que denuncia que sufre “ansiedad/depresión”. Según el auto, como hay indicio contaminación acústica (una afirmación que parece chocar con el hecho de que el ayuntamiento revocara la autorización), no cabe imputar tampoco que las presuntas lesiones que sufre el querellante se deban al ruido de la discoteca. 

Una jueza de Málaga ha rechazado condenar al ayuntamiento de Marbella por tardar casi un año en entregar a la oposición los contratos de obra adjudicados a una empresa de la trama de narcotráfico y blanqueo integrada, presuntamente, por el hijastro de la alcaldesa. La jueza ha aceptado la explicación del consistorio, que alegaba que la dilación se debió a la dificultad de encontrar los expedientes, que datan del periodo 2011-2015, y solo existían en formato papel.

Después de pedir la documentación por escrito en noviembre de 2022 y no recibirla, el PSOE denunció al ayuntamiento de Marbella por entender que estaba obstaculizando deliberadamente su derecho a recabar información municipal y a la participación política. La Fiscalía se había sumado a la petición de condena, al entender que se estaba vulnerando un derecho fundamental de los concejales amparado por el artículo 23.2 de la Constitución. El ayuntamiento acabó entregando los contratos a mediados de septiembre de 2023, más de diez meses después de recibir la primera solicitud.

Ahora, la jueza señala que no termina de ver que el retraso haya perjudicado a la oposición. Los socialistas denuncian que el ayuntamiento de Marbella ha evitado entregarles los contratos antes de las elecciones. Según su interpretación, el PP manejó los tiempos y esperó a que amainara el temporal político en torno a la alcaldesa, con vínculos familiares con personas procesadas por narcotráfico y blanqueo de capitales, cuyas empresas precisamente se beneficiaron de contrataciones municipales a dedo. 

Del cotejo de los documentos que finalmente se han entregado se deduce que el ayuntamiento de Marbella adjudicó muchas más obras de las que se suponía a Construcciones y Demoliciones Costa del Sol (Codecosol), una empresa constituida en febrero de 2010 por Nils Fischer. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atribuye a Fischer, Codecosol y otras empresas suyas un relevante papel en el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En total, el consistorio le adjudicó 1.383.945 euros, la mayoría (840.000 euros) en 17 contratos menores desconocidos hasta ahora.

La sentencia data del pasado 31 de octubre, no es firme, y fuentes del PSOE en Marbella anuncian que la recurrirán.

Diez meses para buscar entre 4.000 expedientes

El juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga debía dilucidar si la tardanza vulneró los derechos de los concejales de la oposición (con rango de derecho fundamental) o si, por el contrario, estaba justificada. La jueza señala que la información debe entregarse a la oposición “con premura y sin tardanza”, en un tiempo “razonable sin incurrir en una tardanza injustificada”. Pero a continuación advierte de que hay que tener en cuenta el contenido o los medios que tiene la administración para determinar qué plazo de entrega es razonable.

En su día, el ayuntamiento contestó por escrito a los socialistas que la búsqueda estaba siendo “más compleja de lo esperado”, ya que desde 2007 se había tramitado un “número ingente” de expedientes, y la mayoría estaban sin informatizar y en “diferentes archivos municipales”. En esa respuesta, fechada el 22 de noviembre de 2022, la jefa del servicio solicitaba un “plazo oportuno” para “realizar la búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno” y “evitar aportar documentación incompleta y sesgada” al PSOE.

La jueza acepta las explicaciones del consistorio, recordando que la solicitud no estaba vinculada a un plazo y se refería a hechos que ya estaba investigando la Audiencia Nacional. De esta forma, concluye que el plazo de entrega (diez meses) no es “excesivo y desproporcionado”, teniendo en cuenta que los expedientes solicitados abarcaban 15 años (de 2007 en adelante) en un “Ayuntamiento de gran volumen de actividad y que no se encontraba digitalizado”.

Según alegó el ayuntamiento de Marbella, había más de 4.000 expedientes de contratos menores sin digitalizar en diversas dependencias. Sólo tras este caso, el ayuntamiento habría contratado la mudanza de los archivos y la digitalización de los expedientes. Unas 3.800 personas trabajan para el ayuntamiento de Marbella.

Contratos por 1,38 millones, más del doble de lo que se suponía

“Se puede concluir que no ha existido una dilación imputable a la Administración con relevancia capaz de vulnerar el derecho fundamental”, dice la jueza, que tampoco cree que la demora haya lesionado de forma efectiva el derecho de participación política de los socialistas.

Cuando solicitaron los contratos de Codecosol, la situación política de Ángeles Muñoz era extremadamente delicada. Juan Manuel Moreno evitaba la foto con ella y el PP llegó a encargar una encuesta para medir su “desgaste”. Hasta mediados de diciembre no se confirmó que repetiría como candidata, y en mayo repitió victoria, con los mismos concejales: 14.

Tres meses después, el ayuntamiento acabó entregando todos los contratos con Codecosol, de donde se concluye que no eran cinco contratos por 642.000 euros (como se conocía desde que elDiario.es lo desvelase), sino 1.380.000 en veinte contratos, la mayoría menores. 

La veintena de contratos adjudicados en cuatro años por el Ayuntamiento de Marbella a Construcciones y Demoliciones de la Costa del Sol (Codecosol), una empresa usada presuntamente como tapadera de la trama de narcotráfico liderada por el hijastro de la alcaldesa de Marbella, suman 1.383.945 euros, más del doble de lo que se conocía hasta hace apenas una semana.

Todos los contratos corresponden a obras municipales, fueron suscritos durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella (2011 a 2015), y la inmensa mayoría son menores: es decir, tienen una cuantía inferior a 60.000 euros (IVA incluido) y por eso pudieron adjudicarse de forma directa sin mediar concurso público. En total, son 17 contratos adjudicados de esta forma por un total de 840.000 euros, según ha podido acreditar este medio.

Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que era un “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La primera adjudicación, menos de un año después de crearse

La relación comercial entre el consistorio marbellí y Codecosol arranca poco después del nacimiento de la empresa. Codecosol se inscribió como sociedad limitada unipersonal (con Nils Fischer como socio único) el 16 de febrero de 2010, y apenas necesitó 11 meses para lograr la primera de sus adjudicaciones públicas, por un importe de 250.000 euros.

Ese primer contrato se suscribió en enero de 2011 para la rehabilitación de los pavimentos dañados por la “climatología adversa”, por un importe de 250.000 euros procedentes del Plan Proteja de la Junta de Andalucía. La rehabilitación del Auditorio Municipal, en 2013, costó 135.000 euros inicialmente, más 15.000 euros en mejoras. Y la adecuación de un local de la Policía para la expedición del DNI, otros 143.000 euros. Estas tres obras se adjudicaron en procedimientos negociados con publicidad.

Apenas un mes después de lograr la adjudicación del Plan Proteja, Codecosol logró sus dos primeros contratos menores, ya por designación directa: la instalación de unas pistas deportivas en la avenida José Manuel Vallés y la sustitución del acerado de la calle Istán. Sumaban 58.700 euros. Ambas contrataciones fueron aprobadas por decreto de la propia alcaldesa.

A partir de ahí, el consistorio adjudicó a Codecosol una docena larga de contratos menores hasta 2015, casi siempre englobados en los “Planes de Barrios”, con los que se pretendía “revitalizar” los barrios. Las obras contratadas con Codecosol tenían la finalidad de reparar y mejorar el acerado, la accesibilidad a determinadas vías del municipio o la reforma de algunas ubicaciones.

Los expedientes, que el PSOE ha reclamado al Ayuntamiento durante diez meses, son en total 17 contratos menores y tres mayores. Sobre cinco de ellos ya informó hace un año elDiario.es. Sumaban una cifra de negocio total de 642.000 euros. Ahora, con la nueva documentación en la mano, la cifra se duplica con creces.

Una decena larga de contratos bordean la cuantía límite

Aunque la mayoría de los contratos menores se sufragaban con recursos propios del Ayuntamiento, algunos contaron también con subvenciones de la Junta de Andalucía o de la Diputación Provincial de Málaga.

Es el caso de la obra en Avenida de Los Girasoles, que recibió de urgencia una subvención del ente supramunicipal malagueño. Para justificar la urgencia y evitar concurrir a una convocatoria pública de subvenciones, el consistorio alegó “razones de interés público”, como que la acera tenía “mala accesibilidad” y barreras arquitectónicas que habían provocado ya “graves accidentes”. En este caso, la urgencia motivó que el acuerdo de gasto no fuera examinado por el secretario, el interventor ni la asesoría jurídica, según consta en el expediente.

Casi todos los contratos menores fueron suscritos por el entonces concejal delegado de Obras, Francisco Javier García. Y en casi todos los casos no llegaban a superar los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra. 

El último de los expedientes es de 2015. Tras las elecciones de mayo de ese año comenzaron a gobernar los socialistas, y la contratación con Codecosol se corta y aparentemente no se reanuda con la vuelta del PP al equipo de gobierno, tras la moción de censura articulada por Muñoz y Opción Sanpedreña en agosto de 2017.

De hecho, a finales de 2017 el fiscal Julio Martínez Carazo abrió una investigación sobre algunos de estos contratos, pero las diligencias fueron archivadas. La adjudicación de obras a Codecosol volvió a aflorar cuando elDiario.es desveló que la Audiencia Nacional investigaba a Lars Broberg (marido de la alcaldesa, ya fallecido), Joakim Broberg (hijastro) y Nils Fischer, entre otros, por integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales. Los socialistas reclamaron entonces todos los expedientes municipales con Codecosol, pero el Ayuntamiento alegó que era muy difícil encontrarlos.

El PSOE pidió amparo a los tribunales, y el consistorio acabó entregándoselos a finales del pasado mes de septiembre, diez meses después de registrar la primera solicitud. Por este retraso, el fiscal ha pedido que se condene al Ayuntamiento de Marbella por vulnerar el derecho fundamental de la oposición a acceder a la información municipal.

La Fiscalía de Marbella ha asumido la investigación para aclarar si la alcaldesa Ángeles Muñoz cometió un delito de desobediencia al negarse a demoler una edificación sobre la que pesa orden de demolición judicial firme desde noviembre de 2020.

Desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado en múltiples ocasiones al consistorio la obligatoriedad de cumplir con la orden, que tiene su origen en una sentencia de 2009 que declara la nulidad de la licencia de obras. Finalmente, el TSJA constató que la voluntad de colaboración del ayuntamiento era “sencillamente nula”. Tal y como informó en exclusiva elDiario.es Andalucía el pasado abril, los magistrados multaron con 1.000 euros a la propia Ángeles Muñoz, como máxima responsable del municipio, y pidieron a la Fiscalía que estudiase si su actitud podía constituir un delito de desobediencia.

Hasta ahora, la investigación había recaído en la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto que hasta mayo Ángeles Muñoz era senadora y, por tanto, aforada. Pero una vez que Muñoz ha dejado de ser senadora, las diligencias recaen de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Marbella, donde el fiscal Julio Martínez Carazo ha incoado diligencias de investigación preprocesal, según consta en un escrito fechado el pasado 3 de octubre, adelantado por Marbella Confidencial, al que ha tenido acceso este medio.

Con los indicios ya existentes, más otros que pueda recabar, el fiscal debe decidir si presenta una querella contra Ángeles Muñoz o archiva las diligencias. En el expediente que tiene ya debería constar toda la documentación judicial del caso, pues el propio TSJA dio orden para que se remitiera. De hecho, antes de enviar el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el propio fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo-Rubio, firmó un decreto el 20 de marzo de 2023 en el que, “tras el estudio de la numerosa documentación remitida”, señalaba que “ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP”, “al parecer” cometidos por la alcaldesa.

Penas de inhabilitación

De prosperar esta investigación, Muñoz podría afrontar una inhabilitación para ejercer como cargo público. El Código Penal castiga a los funcionarios o autoridades que se nieguen “abiertamente” a cumplir las resoluciones judiciales con multas de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Para quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad, la pena de prisión va de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

Esta investigación se suma a otras que podrían afectar a la alcaldesa, como la derivada de una querella de vecinos afectados durante años por el ruido de la discoteca Opium, por presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones. El juzgado de instrucción 3 de Marbella investiga la concesión de la licencia, y ha llamado a declarar como investigados a tres de los cuatro querellados, incluyendo el concejal Félix Romero. Todos, menos Muñoz.

Otro juzgado, en este caso del orden contencioso-administrativo, debe determinar si, tal y como cree el fiscal, el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental de los concejales de la oposición al no entregarles en diez meses los expedientes de contratación pública con Codecosol, una empresa que habría sido una tapadera de la trama de narcotráfico y blanqueo liderada por el hijastro de la alcaldesa, según cree el juez Manuel García Castellón.

Una licencia de la época de Gil declarada nula en 2009

El caso de presunta desobediencia que ahora investiga el fiscal tiene origen en una licencia de obras concedida en 1998 (bajo gobierno de Jesús Gil) para construir una vivienda, en la urbanización de Artola, en una superficie destinada a equipamiento comunitario. Un juzgado declaró nula la licencia en 2009, y otro juez de lo penal llegó a condenar a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricación. Sin embargo, la edificación no se ha demolido, igual que al menos 600 que siguen en situación irregular.

El Ayuntamiento alega que se trata de una situación “compleja” y “heredada”, a la que debe aplicarse la “mediación judicial” y medidas alternativas que sustituyan la demolición. Por ejemplo, legalizando o incorporando los inmuebles al dominio público. Sin embargo, en este caso, el TSJA ya ha denegado expresamente esa posibilidad. En marzo, el Ayuntamiento aseguró a este medio que ha planteado un “incidente de imposibilidad material de ejecución” de la demolición.

El consistorio argumenta que el coste social y económico de restituir la legalidad de cientos de edificios es “inasumible”. En un informe de septiembre de 2021, la asesoría jurídica cifraba en 246 millones de euros los costes de demolición asociados a ocho procedimientos judiciales que instan a la demolición de diversos edificios ilegales.

Cientos de construcciones irregulares

Desde que llegó al Consistorio, Muñoz hizo bandera de la legalización de estas construcciones, algunas tan emblemáticas como las cuatro gasolineras en zonas verdes o de equipamiento público, el Hotel Guadalpín, el Edificio Belmonsa o La Gaviota, la casa marbellí de Antonio Banderas. De hecho, hubo una legalización transitoria operada por el PGOU, hasta que este fue declarado nulo en 2015 por el Tribunal Supremo, precisamente por sanar las irregularidades urbanísticas a través del planeamiento municipal.

En cientos de casos, nadie se preocupa por el restablecimiento de la legalidad. Pero en otros, particulares afectados por las edificaciones ilegales han seguido reclamando a los tribunales el cumplimiento de las sentencias. Es el caso de Artola. El propio TSJA ordenó la demolición en noviembre de 2020, volvió a dar un plazo de tres meses en junio de 2021 (personalizando en la alcaldesa) y, un año después (junio de 2022) comprobó que el consistorio no había hecho nada.

De ahí que los magistrados concluyeran que “la colaboración de la Administración municipal para dar cumplimiento a la orden de demolición” es, “sencillamente, nula”, y pidieran a la Fiscalía que investigase el posible delito de desobediencia. Más de un año después, esa investigación vuelve a Marbella. 

El Ayuntamiento de Marbella se enfrenta en las próximas semanas a una sentencia que debe determinar si vulneró los derechos fundamentales de los concejales socialistas. Así lo cree la Fiscalía, que ha pedido al juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga que condene al consistorio por tardar más de diez meses en entregar a la oposición municipal los expedientes y contratos suscritos con Codecosol, presunta tapadera de la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales investigada por la Audiencia Nacional, en la que está procesado el hijo de la alcaldesa Ángeles Muñoz.

El pasado 12 de septiembre el equipo de gobierno entregó al PSOE en formato papel los expedientes de una veintena de contratos menores y tres contratos de obra con Construcciones y Demoliciones Costa del Sol (Codecosol). El PSOE los había pedido por primera vez por escrito el 7 de noviembre de 2022, y cansado de esperar, acudió a los tribunales a denunciar que el gobierno de Ángeles Muñoz vulneraba el derecho de sus concejales a obtener información municipal.

La Fiscalía cree que con su pasividad el ayuntamiento de Marbella vulneró el artículo 23.2 de la Constitución, que consagra el derecho a la participación política y pide que se le condene por ello en un escrito fechado el pasado 3 de octubre al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

El fiscal advierte de que el hecho de que finalmente se hayan entregado los documentos, más de diez meses después desde que lo solicitó el PSOE, no debería impedir condenar al ayuntamiento dirigido por Muñoz, que habría vulnerado los derechos de la oposición durante todo este tiempo.

Contratos por más de un millón de euros, según el PSOE

Tal y como ha informado este medio, los socialistas aseguran que los expedientes que ya tienen elevan el negocio de Codecosol con el ayuntamiento marbellí a más de un millón de euros, distribuidos en una veintena de contratos menores y tres mayores, todos ellos suscritos entre 2010 y 2015. Hasta ahora, se conocían cinco contratos por valor de 642.000 euros, tal y como desveló elDiario.es hace un año.

Codecosol estaba administrada por Nils Fischer, investigado por la Audiencia Nacional junto al marido de la alcaldesa (Lars Gunnar Broberg, fallecido el pasado marzo) y su hijastro Joakim Broberg. La UDEF cree que Fischer usaba Codecosol para blanquear dinero procedente del narcotráfico. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón calificó a Fischer como “testaferro” y “hombre de confianza” de Broberg en su auto de procesamiento.

Según las explicaciones que ha dado durante todos estos meses, el consistorio no entregaba estos contratos porque estaban sin digitalizar y no los encontraba. La búsqueda “está siendo más compleja de lo esperado”, respondió por escrito Lourdes Martín-Lomeña, jefa del servicio de contratación, el 22 de noviembre de 2022. En paralelo, amagó con otra explicación: rastrear en los archivos en busca de todos los contratos con una empresa excedería del derecho a la información y haría la tarea imposible en la práctica, alegó en su momento el consistorio, que cuenta con unos 3.800 empleados públicos. El juzgado llegó a exigir al ayuntamiento que al menos demostrara que estaba haciendo algo por buscarlos, entregando el expediente abierto para su localización.

Finalmente, lo consiguieron, pero diez meses después. En este tiempo, Ángeles Muñoz capeó a duras penas el temporal político que supuso su vinculación familiar a dos investigados en una presunta trama de narcotráfico y blanqueo de capitales (su marido Lars, fallecido en marzo, y su hijastro Joakim). En diciembre logró el respaldo público de Juan Manuel Moreno, y en mayo revalidó su mayoría de 14 concejales al frente del ayuntamiento de Marbella. 

Revestida de una mayoría absoluta pese al escándalo de su patrimonio, la ocultación de parte de él al Senado y la presunta pertenencia de su marido, ya fallecido, y su hijastro a una organización de narcotraficantes, Ángeles Muñoz ha decidido que los dos miembros de su equipo de Gobierno que aparecen señalados en el sumario de la Audiencia Nacional amplíen sus competencias en el nuevo Gobierno de Marbella. 

José Eduardo Díaz y Diego López tienen en común pertenecer al círculo más próximo a Muñoz desde hace años. Díaz (49 años) era delegado de Seguridad y, por tanto, responsable de la policía municipal de Marbella. Conservará en el nuevo mandato esta competencia y sumará Urbanismo, probablemente la más relevante de las áreas municipales debido a los intereses inmobiliarios y especulativos que se dan en la séptima ciudad de Andalucía por número de habitantes. 

El concejal Díaz, que llegó a trabajar con Muñoz procedente del equipo de Javier Arenas, es a quien recurre Joakim Broberg en una llamada intervenida por la Policía con autorización judicial y en la que el miembro del equipo de Muñoz promete cuidarle. Joakim, hijastro de la alcaldesa, está procesado por liderar una organización criminal dedicada tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. 

En diciembre de 2019, Joakim Broberg llama a José Eduardo Díaz porque quiere ofrecerle un aspirante a una adjudicación de un local propiedad del Ayuntamiento. El delegado de Seguridad le corrige y explica que “en esta legislatura” él se dedica a la Policía Municipal, “Seguridad” y “ Personal”. Broberg aprovecha para pedir protección al jefe de la Policía Municipal de Marbella, estrecho colaborador de su madrastra. “¿Me cuidas, eh?” “Eso siempre”, responde él. 

José Eduardo Díaz Molina apareció mencionado, junto a la concejala de Alcaldía, Chela Figueira, en un correo electrónico de un exdirector de un medio de comunicación enviado a Ángeles Muñoz. En el mensaje, de 2015, el periodista narra que ambos colaboradores de Muñoz le habían pagado publicidad en su medio con facturas falsas. El periodista hace referencia a las elecciones de 2011, en las que Díaz y Figueira ejercieron de jefes de campaña de Ángeles Muñoz. 

Martín Hidalgo escribe a Muñoz una amarga queja por haber perdido el favor de la alcaldesa: “También en esta campaña [2011] Chela [Figueira] incumplió sus acuerdos conmigo. Nos prometió 30.000 euros en publicidad que el periódico insertó adecuadamente pero que no hubo forma de cobrar aun estando presentadas las facturas en el registro de entrada. Entonces la culpa era del interventor. Después de mucha insistencia, la empresa pudo cobrar, cinco meses después, 20.000 euros con dos facturas falsas giradas contra El Corte Inglés por servicios no realizados. José Eduardo [Díaz] nos entregó los cheques”.

“A ver si aprendes de tu padre”

Por su parte, Diego López (42 años) entró en política e hizo carrera al servicio más directo de Ángeles Muñoz. A las carteras de Obras y Limpieza suma en el nuevo Gobierno las competencias de Medio Ambiente y Playas. Tan conocedor de la familia Broberg-Muñoz es que en otra llamada intervenida cortó abruptamente a Joakim y le recomendó que no hablara de asuntos delicados por teléfono. 

“¡A ver si aprendes de tu padre!”, dice el concejal a Joakim, en referencia a su progenitor, Lars Broberg. El marido de Muñoz, fallecido en marzo, llegó a estar procesado por organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero su delicado estado de salud hizo que el juez dejara de dirigir la causa contra él. 

López comenzó como chófer de ‘Titi', luego pasó a cargo de confianza en el Ayuntamiento y en 2019 se convirtió en concejal de Limpieza Pública, Obras e Infraestructuras, Parques y Jardines, y por tanto, responsable de una de las mayores partidas presupuestarias del municipio. Hay quien ve en Diego López el llamado a suceder en el futuro a Ángeles Muñoz al frente del PP en Marbella. A Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa procesado por narcotráfico, el concejal López le llama “hermano”.

Por alguna razón, Diego López Márquez sabía que a Lars Broberg, el marido de Muñoz, al que constaban antecedentes por infracción de la Ley de Extranjería y falsificación de matrículas en los años ochenta, y que fue procesado en septiembre de 2021 por blanqueo del narcotráfico, nunca hablaba de negocios por teléfono. Al menos, en español. Como consta en la causa, Lars Broberg sabía que le investigaban a él y a su hijo y así se lo comunicó en una conversación telefónica mantenida en sueco y que también fue interceptada por la Policía.

El pasado 28 de mayo, Muñoz revalidó su mayoría absoluta en Marbella obteniendo, de nuevo, 14 concejales. La regidora seguirá gobernando el municipio con comodidad si bien su faceta de política nacional está en el aire. La plaza que el PP le había reservado hasta ahora en el Senado depende de la designación autonómica, ya que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo no la ha incluido en la lista a la Cámara Alta para el 23J.

La publicación por elDiario.es de los audios de los pinchazos telefónicos en los que el hijastro de la alcaldesa de Marbella alardea de los beneficios que para él y sus socios, procesados por narcotráfico, acarreó en 2019 la victoria de Ángeles Muñoz son la última evidencia de cómo todos los indicios de corrupción existentes en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional quedaron enterrados por motivos no aclarados. 

“La causa de los suecos”, como se la conoce en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional siempre fue abordada por la Fiscalía Antidroga y los dos magistrados que ha tenido el caso como un asunto de drogas y de cooperación internacional con Suecia. 

Y eso ocurrió incluso después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alertara en tres informes de los indicios de que el poder político y el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico podrían haberse cruzado a través de la figura de Lars y Joakim Broberg, marido e hijastro de la alcaldesa de Muñoz, respectivamente, el primero fallecido en marzo pasado. 

El sumario del caso estuvo secreto hasta que hubo auto de procesamiento en septiembre de 2022 y fue a partir de entonces cuando este medio comenzó a desvelar su contenido. Del Juzgado no hubo una explicación y la Fiscalía Antidroga señaló que la fiscal Dolores López Salcedo había rastreado las cuentas de Broberg y que no halló en ellas indicios de que se hubiera beneficiado del poder político de Muñoz. 

“Ahora hemos ganado nosotros también. Ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”. Esta es una de las frases intervenidas a Joakim Broberg con orden judicial. La pronuncia tres días después de las elecciones municipales de 2019 y, como otras con indicios de corrupción, se convirtió en un episodio irrelevante a la postre para el juez y la fiscal.

En la misma conversación, Broberg dice que está en un bar de Marbella y que tiene sentado al lado al “calvo” de Benahavís que les dio tres licencias. La UDEF se esforzó por identificarle. Efectivamente, Juan Carlos C.R es calvo, desempeña un puesto relevante en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Benahavís y había plasmado su firma en unas licencias de las que se benefició Broberg. “Está sentado con los tres técnicos, con todos, también han ganado, mayoría absoluta”, apostilla Broberg. 

Al menos hay tres llamadas más sospechosas de las influencias políticas que mueve Joakim Broberg [consultar aquí]. En su atestado de julio de 2019, la UDEF señala: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”.

En agosto de 2019, un escrito de la Fiscalía Antidroga despacha brevemente las solicitudes de la Policía, apoyándolas ante el juez. Pero la firma es del otro fiscal Antidroga asignado al Juzgado de Instrucción número 6. A su regreso de las vacaciones, la fiscal Salcedo ignoraría tal petición y el entonces juez del caso, Alejandro Abascal, no llegaría a pronunciarse en un auto. 

Pero la Policía no cejó en su empeño. Tres meses después de su primer atestado, un segundo informe de la UDEF, de octubre de 2019, trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Todavía habría un tercer informe, fechado en agosto de 2020, un año después del primero, en el que la UDEF titulaba un epígrafe sobre Joakim Broberg: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribían los agentes. Joakim Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

Tres años en secreto

Con un secreto de sumario tan prolongado, entre la irrelevancia mediática de las causas por narcotráfico frente a otras donde se investiga a políticos, solo la publicación del sumario por elDiario.es permitió conocer tres años después el procesamiento de su marido y su hijastro y los indicios alrededor de Muñoz. Pero para entonces, el juez Manuel García Castellón ya había dictado el auto de procesamiento y daba la investigación por concluida. 

Las informaciones se sucedían y Juan Manuel Moreno Bonilla ordenaba una encuesta local para conocer las posibilidades de Muñoz de revalidar el triunfo en Marbella. Finalmente, el presidente andaluz jugó la carta del posible triunfo de Muñoz y avaló su candidatura. Este mismo sábado, 'Titi' –como llaman cariñosamente a Muñoz– volvió a estar arropada por el PP nacional, ese cuyos miembros la tenían como anfitriona de lujo en sus veranos marbellíes. Esta vez fue el expresidente Mariano Rajoy quien acompañó a la candidata a revalidar la Alcaldía de Marbella. “La conozco bien y creo en ella”, dijo en un mitin en Málaga el ex presidente del Gobierno. “Es una candidata de postín”, añadió Rajoy en su reaparición pública.

La confesión del escolta

Después de las primeras revelaciones periodísticas, hubo un acontecimiento que igualmente ha sido ignorado por el juez y la Fiscalía Antidroga. El 21 de noviembre, un policía municipal, acusado de cohecho, debía comparecer ante el juez como el resto de los investigados para el trámite de comunicación de su situación procesal. Y en esa comparecencia, su abogado solicitó realizarle algunas preguntas. El policía municipal había sido durante años escolta de Muñoz y está acusado de vender al hijastro información que sacaba de las bases de datos del Ayuntamiento. Según él, con autorización de la alcaldesa. 

En un momento de su breve declaración de noviembre, el policía dice: “Realmente, eso es lo más escabroso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa. Lo que pasa es que el chico este [Joakim] tenía una cara muy dura y era exagerado las cosas que pedía. Pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, y siempre se ha puesto en conocimiento y siempre he tenido permiso. Siempre me han dicho que sí, que lo hiciera”.

La afirmación no provocó reacción alguna de la fiscal Antidroga y es muy probable que vuelva a ser ignorada durante la vista oral, cuando ésta se celebre. El Ministerio Público lleva siete meses de retraso en la presentación de su escrito de acusación respecto de su propia previsión. Si las previsiones electorales se cumplen, Muñoz habrá revalidado ya su mandato para cuando la Fiscalía pida elevadas penas de prisión para su hijastro.

El chivatazo que dio igual

Precisamente, la relación del hijastro de la alcaldesa con distintos miembros del equipo de Gobierno, gracias a la intermediación de su madrastra, se pone de manifiesto en los audios publicados por elDiario.es en los últimos días. Uno de los concejales con los que trata es el máximo responsable de la Policía Municipal en el momento de la grabación, octubre de 2019, y a día de hoy, José Eduardo Díaz, quien promete “cuidarle”.

Las diligencias 38/2019 recogen también otro hecho, con claros indicios de delito de revelación de secretos, que sin justificación aparente quedó igualmente sin investigar. Se trata del chivatazo que recibió Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, de la investigación que se seguía contra su hijo, en secreto, en un juzgado de la Audiencia Nacional. 

Por entonces, el propio Lars no era investigado, lo que ocurrió más adelante, pero esa fuga de información, que puso en alerta al presunto cabecilla de una delegación de la Mocro Mafia sueca en la Costa del Sol, no fue perseguida. La explicación de Antidroga es que son habituales en causas con tantos investigados y tantas unidades policiales implicadas y, más aún si, como ocurre en este caso, se trata de una investigación internacional, procedente de Suecia. En el pinchazo incorporado a la causa, Lars le dice a su hijo en sueco: “El que estás sujetando [el teléfono] está intervenido”.

El patrimonio, abultado y parte sin declarar

Mientras informaba del sumario, elDiario.es indagó en la fortuna de Ángeles Muñoz, que ella atribuía históricamente a haberse casado con un hombre rico –Lars Broberg era promotor inmobiliario– que la Audiencia Nacional había pasado a considerar sospechoso de integrar una organización criminal y blanquear dinero del narcotráfico. 

Un estudio patrimonial de Muñoz, casada en régimen de separación de bienes, eleva a más de 12 millones de euros sus propiedades, siempre en un cálculo conservador realizado por expertos del sector. Esa investigación reveló además que Muñoz ocultaba al Senado el incremento de más de 1,2 millones de euros de su patrimonio, debido a una donación de acciones que le había hecho su marido cuando ya estaba siendo investigado. A las pocas horas de que elDiario.es revelara este hecho, Muñoz actualizó su declaración en la Cámara Alta con dos años de retraso.

La joya de ese patrimonio es una mansión en Benahavís cuyos detalles publicó este medio al tener conocimiento de las negociaciones con un rico jubilado de Bahréin para su venta, una operación que se desconoce si culminó y de que, como con el resto de asuntos consultados través del Ayuntamiento, elDiario.es no ha recibido respuesta de Muñoz, que sin embargo ha demandado a este medio y tres de sus periodistas.

El borrador del contrato de compra incluía que el millonario árabe adelantara un millón de euros por la casa y lo depositara en un banco de Luxemburgo, el país europeo que utilizan fortunas de todo el mundo para escapar de las obligaciones fiscales de sus lugares de procedencia. 

Los otros frentes judiciales de ‘Titi’: una casa y una discoteca

Más allá de la causa de la Audiencia Nacional, donde nunca ha estado imputada, Ángeles Muñoz llega a las elecciones del 28 de mayo con dos frentes judiciales abiertos y de los que igualmente ha informado en exclusiva este periódico. La Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforada, la investiga por negarse a derribar un edificio ilegal. Las diligencias se han abierto a petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ya ha impuesto una multa de 1.000 euros a la regidora. 

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente. La querella describe las irregularidades cometidas en la concesión y explotación del club Opium, una discoteca al aire libre conocida por albergar el tiroteo ocurrido la madrugada 18 de julio pasado mientras Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón celebraba su cumpleaños en el interior del local.

El caso ha recaído en el juzgado de Gonzalo Dívar, el magistrado que se opuso a investigar reiteradamente a Muñoz en el denominado ‘caso Lindes’, que llegó al Tribunal Supremo, y en el que aparecía mezclado su marido, y del que la alcaldesa fue finalmente exonerada. A Dívar se le puede ver fotografiado en actos sociales con la alcaldesa, según ella misma publicita en su cuenta de Twitter. Tras admitir la querella el pasado marzo, el juez se ha limitado a comunicar la condición de querellados a los dueños de la discoteca. Si encontrara indicios contra Muñoz debería elevar la causa al Supremo. 

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