Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

Nuevo embrollo a la vista provocado por el inminente Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. El PSOE ha presentado una denuncia ante la Agencia de Actividades, organismo de control de licencias dependiente del área de Urbanismo del Ayuntamiento, ante la aparición de “numerosas viviendas de uso turístico [VUT] que resaltan el motivo de su proximidad al trazado del circuito como un reclamo único durante los días de duración” del evento en el trazado de Madring. En el escrito, rubricado por el concejal Antonio Giraldo, indican que se trata de alojamientos “ilegales”.

“Comprobando los datos públicos disponibles en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid y en Datos en Abierto, ninguna de estas viviendas de uso turístico disponen de licencia urbanística para estar funcionando como tales; pues no están incluidas en el listado de VUT con licencia urbanística que el propio Consistorio actualiza periódicamente”, recoge la solicitud consultada por Somos Madrid. Y añade Giraldo: “No existe actualmente ni una sola vivienda de uso turístico con licencia para funcionar en todo el entorno del circuito de Madring, por lo que todas ellas, no solamente las incluidas en los ejemplos adjuntos a esta denuncia, son ilegales”.

Los precios en dichos anuncios para los tres días de competición, del 11 al 13 de septiembre, superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el PSOE define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio de Fórmula 1”.

Se trata de publicaciones en el portal Airbnb con títulos como “F1 Madrid 2026 chalet VIP a un minuto del circuito”, “chalet privado F1 Madrid con vistas directas al circuito”, “chalet piscina privada F1 Ifema Valdebebas” o “villa de lujo con vistas a la pista de F1 a 50 m del circuito”. Los textos hacen referencia a la cercanía con “la curva La Monumental —una de las más icónicas del calendario F1 2026—” o al “fácil acceso al circuito y toda la comodidad de una casa totalmente equipada para disfrutar de una estancia inolvidable durante el Gran Premio”.

La oposición pide una sanción “proporcional a los ingresos”

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen que “con la máxima celeridad y diligencia se proceda a inspeccionar, clausurar y ejercitar las correspondientes sanciones contra todas las viviendas que ahora mismo se están anunciando en el entorno”. Piden asimismo que “el importe de las sanciones sea proporcional a la cuantía de ingresos que van a estar, o estaría obteniendo, por el arriendo turístico ilegal durante los días de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 y no se opte por la horquilla más baja disponible en la normativa”.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida comparte desde 2024 un mapa con las VUT que cuentan con licencia en la capital, ante la presión de vecinos y oposición para tomar medidas ante la proliferación de este tipo de alojamientos. Ya de entrada, el 92,6% de las detectadas no contaban con los permisos oportunos.

“La ilegalidad que campa a sus anchas en los pisos turísticos de Madrid ha ido un paso más allá”, lamenta Giraldo en declaraciones a los medios. “Los precios están muy por encima de lo habitual sin tener licencia urbanística, ni una sola en todo el entorno lo tiene. Por desgracia es el Madrid que conocemos, donde la ilegalidad se lucra”, apostilla. “Pedimos clausurar todas las VUT ilegales, pero más concretamente estas que se van a lucar del evento. Es una vergüenza que suceda en los ojos del Ayuntamiento sin que nadie haga nada”, concluye el edil.

“Una ciudad con ambición y vocación de conseguir el mejor futuro para todos”. Con esas palabras presentaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el Plan de Industria de la ciudad de Madrid 2025-2027, aprobado por su Junta de Gobierno en septiembre del pasado año. El documento, consensuado con distintos agentes sociales y económicos (desde la patronal madrileña hasta los sindicatos UGT y CCOO), compromete casi 200 millones de euros para proteger y recuperar el tejido productivo madrileño con 44 medidas de toda índole. Pero este ambicioso programa se enfrenta a un difícil equilibrio con otras políticas de Cibeles, en concreto en materia de Urbanismo.

La iniciativa del área de Economía, Innovación y Hacienda describe la amenaza que supone para la reindustrialización la presión de determinados usos del suelo. Un factor que estaría generando la transformación y expulsión de la industria en áreas de actividad económica de la ciudad. En su línea 2, como parte de su cronograma de actuaciones, establece la creación de una comisión junto al área de Urbanismo para definir una “estrategia de suelo de largo recorrido” y una “diversificación de usos por implantar”. El Plan de Industria defiende así la hibridación de usos, pero enfocada en dar cabida a la “nueva industria que integra tecnologías emergentes”.

Esta apuesta por una industria urbana limpia, perfilada hacia centros de energías renovables o I+D+I, contrasta con la reducción en la protección de suelos que promueve otro gran proyecto aprobado el pasado mayo por el Ejecutivo de Almeida. Se trata del Plan Especial relativo a la modificación del uso terciario hospedaje en la norma zonal 9 grado 3º y en las parcelas de uso cualificado industrial incluidas en ámbitos de uso global no industrial. Esta medida persigue facilitar la implantación de usos terciaros con la categoría de hospedaje, habitualmente dirigido a hoteles o apartahoteles, pero en cuyo paraguas comienza a proliferar la figura del flex living, en entornos donde se habían venido desarrollando otras actividades económicas. Con ello, según el Ayuntamiento, se descongestionará la actividad turística y no quedará concentrada en el centro.

En pos de esta “descentralización”, uno de los aspectos en los que más incide la memoria del expediente, el Consistorio aprovecha suelos con el grado 3º según la Norma Zonal 9. Se trata de una categoría destinada a actividades económicas e industriales, así como servicios avanzados, en zonas específicas de la ciudad. No obstante, según la documentación con la que el Ayuntamiento sustenta el plan especial, su “vocación industrial” no es tan definitoria ni característica.

El Ayuntamiento alude a la “pérdida de carácter industrial” para “suprimir cautelas”

Una resolución de la directora general de planeamiento, consultada por Somos Madrid al analizar la tramitación del Plan Especial, lo explica en estos términos: “Mientras que los grados 4º [polígonos industriales] y 5º [parcelas singulares] de la Norma Zonal 9 y los ámbitos de planeamiento de uso cualificado industrial de normativa particular se caracterizan por su clara vocación industrial, los ámbitos regulados por el grado 3º de la NZ 9, con uso cualificado mixto —industrial en coexistencia con el terciario oficinas—, han mostrado un claro proceso de terciarización con la consecuente pérdida de su carácter industrial”. Concluye que esta circunstancia, justo la que persigue solventar el Plan de Industria, “posibilita suprimir en ellos las cautelas y limitaciones introducidas sobre el uso terciario hospedaje”.

Para Más Madrid, en cambio, existe una “incoherencia aguda” y una “contradicción directa” entre las políticas del Ayuntamiento. De hecho, centran en este argumento gran parte de sus alegaciones al Plan Especial de Urbanismo que permitirá la proliferación de suelos terciarios para hospedaje. Aluden a su “incompatibilidad con los objetivos municipales de preservación y fortalecimiento del tejido productivo”. Recalcan que el propio diagnóstico del Plan Industrial advierte de la existencia de “competidores en el consumo del suelo” y cita expresamente usos que desplazan la actividad económica para empujar fuera de la ciudad actividades productivas consolidadas. La norma señala igualmente que los cambios en la organización de la producción dificultan medir adecuadamente la evolución real de la actividad industrial, sobre todo en aquellos ámbitos donde se desarrollan servicios asociados a la industria.

El principal partido de la oposición cree que Plan Especial debe incorporar algún análisis específico sobre la hipotética pérdida de capacidad productiva de los ámbitos afectados, el impacto en el empleo asociado a las actividades económicas existentes, la compatibilidad expresa con los objetivos del Plan Industrial, las posibilidades de modernización o transformación de las actividades productivas implantadas por otras vías y el mantenimiento de actividades servindustriales o tecnológicas vinculadas a la economía del conocimiento.

Las alegaciones presentadas por la portavoz municipal, Rita Maestre, y por José Luis Nieto (su homólogo en la Comisión de Urbanismo) observan otra discordancia en lo relativo al “impacto especulativo” que introduce el Plan Especial al habilitar normativamente que las parcelas industriales aisladas se conviertan en apartamentos turísticos u hoteles. La disponibilidad de espacio idóneo para albergar estos nuevos “contenedores productivos” o hubs tecnológicos dentro de la ciudad consolidada “disminuye drásticamente”, afirman. Esto hace “inviable económicamente” la atracción de nuevas PYMES tecnológicas, debido al encarecimiento del suelo urbano.

Más Madrid alerta además de discrepancias en el modelo de ciudad que dibujan ambas normativas. Las alegaciones recogen que el Plan Especial “choca frontalmente” con los objetivos de Sostenibilidad y Economía Circular que marca el Plan de Industria en su línea 3, donde enfoca el futuro de los espacios productivos madrileños en la transición ecológica y energética o la medición de la huella de carbono. También en la manera de afrontar la Movilidad Sostenible de Mercancías versus el Tránsito Turístico. El Plan de Industria está ideado para el movimiento de personas y mercancías en las áreas productivas y de servindustria. El Plan Especial, al introducir hospedaje turístico masivo en un entorno donde se busca potenciar y transformar la logística urbana, genera “incompatibilidades de uso insalvables” ante el tráfico “constante” de maletas, taxis, autobuses turísticos y peatones.

Fuentes del área de Economía, Innovación y Hacienda consideran, por contra, que ambas normativas son “instrumentos distintos y compatibles”. Sostienen que el Consistorio “no está transformando suelo industrial en residencial ni liberalizando el hospedaje en los polígonos”, ya que “el hospedaje ya era un uso alternativo en estas parcelas, limitado a hoteles”. Eso sí, “la modificación amplía sus modalidades, aunque únicamente en ámbitos del grado 3º, cuya evolución ya es terciaria”. Apostillan asimismo que “el Ayuntamiento, a través de su Plan de Industria, destina 196,2 millones a modernizar, hacer más sostenibles y reforzar los espacios con verdadera capacidad productiva”. Desde el área de Urbanismo no responden hasta el momento las preguntas trasladadas por este periódico.

Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid con un plan especial desde Urbanismo que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del grupo en la Comisión municipal de Economía y Hacienda

A Sara Ladra, edil de Más Madrid, no le convencen ni el propio Plan de Industria ni su coexistencia con los cambios en los usos del suelo: “Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid. Después de seis años sin estrategia en la materia, presentó un plan estratégico que es puro humo y que acaba de dilapidar con un plan especial desde Urbanismo, que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico”.

“¿Para qué dice el PP que va a recuperar naves y polígonos si al mismo tiempo cambia las reglas del juego para que sea más rentable convertirlas en hoteles que en proyectos industriales o centros tecnológicos?”, se pregunta en declaraciones a este diario. “Almeida ha apostado todo el modelo económico de nuestra ciudad al sector servicios, al turismo, la hostelería y, por supuesto, al sector inmobiliario, que es su gallina de los huevos de oro. La especulación y la venta de Madrid, al mejor postor. El peso de los servicios alcanza ya el 84% en Madrid, 10 puntos más que en el conjunto de España”, incide la concejala.

Modelo entre el hospedaje y la vivienda reforzado con políticas municipales

Más allá de la coherencia y cohesión con este marco de acción, las alegaciones de Más Madrid al Plan Especial aluden a otras cuestiones para solicitar su retirada y no aprobación, o al menos una revisión específica de cualquier cambio de uso a hospedaje. Denuncian la ausencia de una evaluación de la carga turística que supondrá la nueva oferta turística, tachan de “insuficiente” el estudio económico-financiero y la justificación de la prevalencia del hospedaje sobre otros usos urbanos y critican “déficits” en la delimitación de los ámbitos afectados o la accesibilidad de la información pública.

La normativa en ciernes supone un nuevo impulso del equipo de Almeida al hospedaje turístico, en particular a una figura ambigua y desregularizada como el flex living. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking.

Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados. Así, se asientan sobre suelos terciarios, pero en la práctica el uso es prácticamente residencial (una diferencia fundamental con modelos similares como el coliving). Esto permite alquileres de media estancia, de días a meses, sin las restricciones legislativas de la vivienda convencional y ni siquiera las de la turística. Todo ello sin que los barrios se adecúen a nivel de movilidad o servicios públicos como lo harían si esas dotaciones se considerasen viviendas.

Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales. Una acción contestada con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.

Además de estas campañas y del nuevo Plan Especial, el Gobierno de Almeida ha contribuido al formato en escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la Ley de Arrendamientos urbanos (LAU). Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo”, como lo definen los vecinos que lo han llevado a la Justicia.

La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros. Se espera que este formato residencial tenga también presencia en los terrenos recalificados por la corporación municipal en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Sara Ladra teme que el modelo continúe expandiéndose pese a los escasos beneficios que depara para la ciudadanía: “Almeida tiene muy claro su modelo de ciudad y su último invento para seguir robándonos Madrid es una estratagema perversa para especular con las viviendas. El plan especial abre el abanico del suelo industrial al sector turístico y aquí es donde entra el flex living, otro truco para permitir que se siga construyendo vivienda turística en terreno público, gracias a un agujero negro en la legislación del suelo. No es una actividad económica que tenga un retorno para la ciudad, para mejorar la vida de la gente, es una actividad para favorecer el turismo”.

“El Gobierno de Almeida argumenta que sus políticas buscan redistribuir a los turistas fuera del centro, pero el flex living es un truco para evitar la LAU. Es lo mismo que ha hecho en el centro de Madrid con el Plan Reside: permitir que inversores privados hagan más y más vivienda turística en nuestra ciudad”, dice Ladra. La concejala opina que estos alojamientos de flex living “van a ser las nuevas viviendas de uso turístico [VUT]”. Esto es, “apartamentos para estancias de semanas o meses en zonas como Vallecas, Usera, Retiro o Puerta del Ángel o pegado a la gran curva del circuito de Fórmula 1”. Considera “irónico” que, mientras “las ciudades europeas legislan a toda velocidad para acabar con el alquiler turístico o de temporada”s, Almeida hace “justo lo contrario”. Con ello, zanja, el Ayuntamiento “favorece a los turistas y a los especuladores en vez de a los vecinos y vecinas de Madrid”.

La compañía de servicios inmobiliarios JLL estima en un informe de finales de 2025 en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.

Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles no calificados como viviendas, aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”. Una nueva y distante forma de habitar la ciudad que se deja notar cada vez en más barrios de Madrid.

El 25 de marzo de 2026, decenas de personas se dieron cita en Salou, en la Costa Daurada de Tarragona, para la presentación de la asociación Trabajadores por el Alquiler Turístico, un grupo que quiere “proteger” a los empleados del sector. El lugar escogido no era baladí, puesto que esta ciudad es la segunda con más apartamentos turísticos de Catalunya y suponen cerca del 23% del total de viviendas del municipio.

La asociación nació con un objetivo claro: plantar batalla ante el Decreto Ley 3/2023, que limita las VUT (Vivienda de Uso Turístico) en zonas tensionadas. Esta medida, aprobada por el Parlament, pretende mitigar la crisis habitacional y es la base que ha encontrado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para prometer acabar con estos alojamientos de cara a 2028.

A pesar de que diversos estudios han demostrado que las viviendas turísticas son una de las causas que explican el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación de los barrios, para esta asociación el Decreto Ley es una mala noticia. Aseguran, por un lado, que si “los pequeños propietarios” que explotan las viviendas turísticas tienen que dejar ese negocio, sus pisos acabarán “en manos de grandes tenedores”. Además, consideran que supondrá “el ERE más grande de Catalunya y pone en riesgo 200.000 empleos directos e indirectos”.

Por eso, han decidido agruparse. Según aseguran en su web, Trabajadores por el Alquiler Turístico está formada por empleados que se dedican a la limpieza, mantenimiento o atención al viajero, así como integrantes de negocios indirectos como lavanderías, transporte, ocio y restauración. Dicen tener 2.292 “trabajadores asociados”.

Pero esa definición no ha sido siempre la misma. La asociación, en realidad, nació en octubre de 2025 bajo el nombre de Movimiento para el Alquiler Turístico y entonces decía estar formada por “familias trabajadoras” que, explicaban, se ganaban un sobresueldo con los apartamentos turísticos.

No fue hasta el 31 de enero de 2026 —el día antes de inscribirse en el registro de entidades de la Generalitat— cuando la entidad pasa a llamarse Trabajadores por el Alquiler Turístico y decir que representan, ya no a familias, sino a empleados.

Cuando se echa un vistazo a los nombres de la junta directiva que figuran en el registro de entidades de la Generalitat, la realidad es muy distinta: aparecen empresarios, abogados especializados en la defensa de propietarios de fincas turísticas, trabajadores de inmobiliarias y de fondos de inversión.

La cara más visible de la asociación es la de su presidente y portavoz, Guillem Laporta, cuya carrera profesional nada tiene que ver con el sector turístico. Es empleado con título de partner en Ysios, una gestora de capital de riesgo especializada en biotecnología. Su único vínculo con el sector turístico es que “administra” una propiedad individual, según reconoció en una entrevista.

Laporta es el único miembro de la junta cuyo nombre ha trascendido, es el portavoz de la entidad con los medios y es el miembro de la cúpula con un trabajo habitual no directamente relacionado con el turismo, como sí sucede con el resto de los integrantes del órgano directivo de la entidad.

Uno de los nombres más destacados es el de Dylan Tarín, que ejerce como secretario. Es abogado especializado en vivienda fue el letrado de la asociación Acaba, formada por personas que fueron sancionadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021 por ofertar sus apartamentos en Airbnb sin licencia. Cuatro años antes, el consistorio ya había multado a la plataforma con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales y después fue a buscar a los usuarios que se lucraban sin haber formalizado dicha actividad económica.

En la web de Acaba se explica que sus miembros “no son especuladores”, sino “vecinos sin recursos que se vieron obligados a buscar ingresos adicionales para subsistir”. Aunque aseguran querer luchar contra “la especulación inmobiliaria asociada al turismo”, todos decidieron convertir viviendas en pisos turísticos ilegales, en lugar de ponerlas en el mercado regular. Llegaron a ser más de 300 miembros condenados por infracciones que se multan desde los 60.000 euros.

A preguntas realizadas por este medio, desde la Asociación han querido destacar que Tarín no sólo ha ejercido como abogado en defensa de propietarios e inquilinos sancionados y insisten en que es “relevante” mencionar que también ha defendido a inquilinos, incluyendo a personas en procesos de desahucio.

También está en la junta, como tesorera, María Tutusaus Besante, CEO y fundadora de BCN Apartment Rentals, un portal que anuncia pisos turísticos de lujo y alquileres de temporada. Una noche en uno de esos apartamentos oscila van desde los 158 para pisos de una habitación hasta los 800 euros para apartamentos de cinco estancias (a los que hay que sumar tarifas de entre 100 y 200 euros en concepto de “servicio”); mientras que la renta de temporada va de los 2.500 a los 7.300 euros al mes, en función del número de habitaciones.

Tutusaus es igualmente fundadora de Bedloop, un software para gestionar “diversos” alquileres vacacionales. Se trata de una herramienta para empresas y particulares que tengan pisos o fincas turísticas. Quien también tiene vínculos con el sector turístico es Eduardo Suárez Mejuto, administrador de Black Swang, un albergue con sedes en Barcelona, Sevilla y Granada.

La otra persona que en el registro de la Generalitat figura como vocal es Pau Bosch Domínguez, arquitecto, paisajista y expresidente de Amics de la Rambla, una entidad que se dedica a representar a las empresas y negocios de uno de los enclaves más turísticos de Barcelona. Ejercer su presidencia garantiza una silla, a su vez, en la junta de Barcelona Oberta, un lobby de empresas y ejes comerciales que representan “el turismo de compras” y que se ha posicionado abiertamente y en diversas ocasiones contra las normativas que regulan las VUT, así como contra el aumento de la tasa turística.

Cabe destacar que, una vez publicado este reportaje, la entidad ha contactado a este medio para explicar que ni Bosch, ni Tarín ni Suárez forman ya parte de la junta directiva desde hace algún tiempo. Ahora bien, se trata de una decisión que todavía no se ha ratificado en asamblea general ni, por tanto, se ha comunicado al registro de entidades de la Generalitat.

¿200.000 personas a la calle?

“Hablamos de personas que solo tienen un piso para alquiler turístico, muchas veces gente mayor que necesita complementar sus pensiones”. Esta afirmación —que no contempla el mercado residencial como una opción— aparece en el tráiler de un documental, Al carrer per decret, que la asociación de Trabajadores por el Alquiler Turístico está financiando con un crowdfounding que ha recaudado 50.000 euros.

En él aparecen diversos testimonios de propietarios y personas que se dedican al sector, como limpiadoras o administradores de apartamentos. Forman parte de las 200.000 personas que, según la entidad, podrían verse afectadas por el “ERE más grande de Catalunya”.

Esta es una afirmación sin base, puesto que la norma no obliga, en ningún caso, a prohibir ni clausurar todos los apartamentos turísticos. Lo que establece es que las licencias tendrán un máximo de 5 años y que solo se renovarán si el consistorio así lo decide. De momento, Barcelona es el único municipio que ha apostado por la extinción total de este modelo. También afecta a los municipios tensionados, en los que se establece que no se pueden otorgar más de 10 licencias turísticas por cada 100 habitantes.

Según ha explicado la entidad, los 200.000 despidos son “estimaciones propias” que incluyen a cualquier persona que tenga el mínimo contacto profesional con un piso turístico, lo que también implica a trabajadores de la hostelería y la restauración. Por ello, la misma entidad matiza que su estimación de empleo directo es de 35.000 personas en Catalunya. Una cifra que, en la ciudad de Barcelona, se sitúa en las 16.300, según cálculos del Ayuntamiento.

Entre estas personas están trabajadoras de piso como Las Kellys, colectivo al que la asociación ha hecho referencia en varias ocasiones. Las han apoyado públicamente en sus reivindicaciones y las han contemplado como parte de esas personas que perderían el empleo en caso de prohibirse los VUT. Pero ellas mismas han corrido a desvincularse de esas ideas e, incluso, consideran que el fin de este modelo de alojamiento como una oportunidad para “repensar el modelo”. Insisten en que el crecimiento del turismo “no ha ido ligado a una mejora de las condiciones laborales”.

Al contrario, aseguran que “la expansión de los apartamentos turísticos ha generado una precarización mayor” de sus trabajadores. Las Kellys asumen la tesis del Ayuntamiento, que quiere que la prohibición de los apartamentos comporte la redirección de los turistas hacia los hoteles.

“La infraestructura hotelera puede reabsorber a gran parte de estas trabajadoras”, sostienen las camareras de piso; algo que consideran una mejoría, ya que supondría un traslado a un sector con más regulación y más amparada por “convenios colectivos y representación sindical”.

Las viviendas de uso turístico (VUT) en Castilla-La Mancha no podrán anunciarse en las plataformas digitales como Airbnb o Booking si sus propietarios u operadores no han presentado una declaración responsable o no las han inscrito en el Registro de Turismo de la comunidad autónoma. Además, se prohibirán los alquileres turísticos de habitaciones, por lo que los pisos deberán alquilarse por completo para estas estancias.

Así lo establece el borrador del anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, la norma con la que el Gobierno regional quiere sustituir a la vigente Ley 8/1999, aprobada hace más de un cuarto de siglo, cuando ni las viviendas de uso turístico ni las plataformas digitales que hoy las comercializan formaban parte del paisaje. El texto, de 92 artículos, continúa su elaboración tras concluir el 13 de agosto el trámite de información pública y participación ciudadana, y llega en un momento en el que la presión del alquiler turístico sobre el mercado de la vivienda se ha instalado en el debate político dentro y fuera de la región.

El foco más sensible del anteproyecto está, precisamente, en las viviendas de uso turístico, que hasta ahora estaban reguladas únicamente por un decreto de 2018. Según establece este borrador, para poder anunciarse en plataformas digitales, que actúan como intermediarias para la reserva de este tipo de alojamientos, sus propietarios u operadores deberán haber presentado una declaración responsable o haberlas inscrito en el Registro de Turismo de la Junta.

Además, estos pisos deberán cederse siempre completos y queda expresamente prohibido el alquiler por habitaciones. Es decir, se cierra la puerta al modelo de ‘habitación en piso compartido’ bajo esta figura.

No obstante, el borrador de la nueva ley poco más concreta sobre este tipo de alojamientos. El anteproyecto remite a “los límites y las características que se determinen reglamentariamente” —una regulación normativa específica posterior— por lo que las cuestiones más delicadas, como un máximo de días de comercialización al año o criterios de saturación en cascos históricos como los de Toledo o Cuenca y municipios tensionados, quedan sin regular hasta un posible desarrollo posterior.

En cambio, el texto sí introduce como novedad que los propietarios de una VUT responderán de forma subsidiaria en los casos de intrusismo cuando, requeridos por la Administración, no identifiquen a quien realmente explota la vivienda.

El anteproyecto tipifica también como infracción muy grave anunciar o explotar una actividad turística sin haber presentado la preceptiva declaración responsable, y crea infracciones específicas para las plataformas en línea de alquiler de corta duración que incumplan sus obligaciones de información, registro, recogida, conservación, suministro o intercambio de datos previstas en la normativa aplicable.

Autocaravanas, estrellas verdes y nuevas profesiones

Más allá de las VUT, el anteproyecto eleva a rango de ley figuras que ya existían por vía reglamentaria. Es lo que ocurre con las áreas para autocaravanas, reguladas en la región desde 2018 mediante el Decreto 94/2018, que ya fijaba el estacionamiento máximo en estas zonas en un máximo de 48 horas, —tiempo que la norma mantiene—, o con la clasificación del turismo rural mediante “estrellas verdes” de una a cinco, en vigor también desde 2018 en sustitución de las antiguas “espigas” y que se aplica a casas rurales, apartamentos turísticos rurales y alojamientos rurales singulares.

El texto regula, asimismo, de forma diferenciada el turismo activo y el ecoturismo, este último vinculado a la Red de Áreas Protegidas, y refuerza la figura de las Hospederías de Castilla-La Mancha, la red de establecimientos singulares ubicados en inmuebles de interés patrimonial, a los que se exige una categoría mínima de tres estrellas.

Donde sí crea figuras nuevas es en lo relativo a las profesiones turísticas: junto a la tradicional actividad de guía de turismo, el anteproyecto suma a los informadores turísticos de ámbito local, pensados para municipios de menos de 10.000 habitantes —ampliables hasta 20.000—, y los dinamizadores turísticos, orientados a impulsar el desarrollo del medio rural.

También apuesta de forma decidida por la digitalización: inteligencia turística, análisis de datos y “destinos inteligentes” aparecen como ejes transversales, junto a la consolidación de la marca única “Castilla-La Mancha” como paraguas de la promoción regional.

El anteproyecto regula además la figura de los “municipios turísticos”, que podrán obtener esa consideración —y un trato preferente en la planificación, las ayudas y la promoción— cuando cumplan varios requisitos: entre ellos, que la población turística asistida anual supere el 25% de la población residente y que el número anual de visitantes equivalga, al menos, a ese mismo porcentaje, además de contar con recursos turísticos con capacidad de atracción y un plan municipal de calidad. El texto llega incluso a modificar otras dos leyes regionales para crear los “municipios de interés turístico artesano” y regular los “comercios turísticos”.

En materia sancionadora, el anteproyecto actualiza los tipos de infracción para adaptarlos al entorno digital, pero mantiene los topes de las multas heredados de la ley vigente: hasta 600 euros las leves, de 601 a 6.010 euros las graves y de 6.011 a 60.010 euros las muy graves. Se conserva, asimismo, la posibilidad de excluir a los infractores muy graves del acceso a las ayudas de la consejería.

Este primer borrador, publicado el 8 de julio, continúa su proceso de elaboración tras concluir el pasado 13 de agosto la fase de participación pública. Actualmente, se encuentra en la fase de retorno, en la que la Consejería de Empresas, Economía y Empleo valorará las alegaciones recibidas. Está previsto que esta parte se prolongue hasta el 14 de septiembre.

Un habitatge de Santa Eulària des Riu era comercialitzat com a allotjament turístic sense autorització ha acabat precintat i amb una sanció de 275.001 euros. L'actuació ha estat duta a terme conjuntament per la Policia Local de Santa Eulària i el servei d'inspecció turística del Consell d’Eivissa després que els agents documentessin durant 2025 que l'immoble s'oferia per a estades turístiques malgrat mancar-ne del títol habilitant necessari.

La investigació ha permès acreditar, segons l'Ajuntament de Santa Eulària, que l'immoble havia experimentat de facto un canvi d'ús de residencial a turístic mitjançant la seva comercialització a través d'una plataforma especialitzada en lloguer vacacional.

L'expedient sancionador s'ha dirigit contra diverses de les persones que, d'acord amb la documentació recaptada durant les actuacions, estaven vinculades a l'explotació turística de l'immoble. Entre elles es troba la persona encarregada de comercialitzar l'habitatge, l'amfitrió que havia publicat l'anunci a la plataforma de lloguer vacacional i els arrendataris de l'immoble que, al seu torn, participaven en la seva comercialització.

El procediment també arriba als dos propietaris de l'habitatge.

El Consell d'Eivissa, que és l'administració competent per sancionar en matèria de lloguer turístic il·legal, ha fixat finalment una multa de 275.001 euros, en considerar els fets una infracció molt greu de la normativa turística.

A més de la sanció econòmica, les administracions han acordat el precinte de l'habitatge amb l'objectiu d'impedir que pugui continuar utilitzant-se com a allotjament turístic mentre no existeixi autorització per desenvolupar aquesta activitat.

L'expedient s'emmarca en l'enduriment de la lluita contra l'intrusisme turístic a Eivissa, on les administracions han reforçat en els últims anys la inspecció d'habitatges anunciats en plataformes digitals.

Des de gener de 2025, el Consell d'Eivissa havia iniciat 262 expedients sancionadors per lloguer turístic il·legal fins a abril de 2026. De tots ells, 51 havien estat qualificats de a infraccions molt greus, mentre que s'havien executat deu precintes i quatre més es trobaven aleshores en tramitació. La recaptació per sancions va assolir els 1,07 milions d'euros el 2025, enfront dels 77.672 euros registrats el 2016.

L'estratègia insular combina les inspeccions presencials amb la vigilància de les plataformes digitals. Entre març de 2019 i març de 2026, gairebé 15.000 places turístiques irregulars -14.532, en concret- han desaparegut dels principals webs turístics a Eivissa, segons les dades del Consell Insular. La retirada d'aquesta oferta il·legal s'ha convertit en un dels principals fronts de la institució insular davant la pressió turística i, especialment, davant la greu crisi d'accés a l'habitatge que travessa l'illa.

La pressió també s'ha traduït en importants sancions per la via urbanística. L'Ajuntament d'Eivissa va imposar el juny de 2026 una multa de 793.443,74 euros després d'acreditar el canvi d'ús d'un habitatge residencial a turístic sense el títol habilitant corresponent. El novembre de 2025, altres dos expedients urbanístics per habitatges destinats il·legalment al lloguer turístic a la capital insular van sumar més de 740.000 euros en sancions.

La normativa balear, a més, ha reforçat la responsabilitat sobre els qui intervenen en la comercialització d'allotjaments turístics sense autorització. El Decret Llei 4/2025 contra l'oferta il·legal preveu expressament com a infraccions la publicitat, contractació o comercialització d'estades turístiques que incompleixin els requisits establerts per la normativa. També estableix regles de responsabilitat per a les persones que intervinguin en una infracció.

Una vivienda de Santa Eulària des Riu que estaba siendo comercializada como alojamiento turístico sin autorización ha acabado precintada y con una sanción de 275.001 euros. La actuación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Policía Local de Santa Eulària y el servicio de inspección turística del Consell d’Eivissa después de que los agentes documentaran durante 2025 que el inmueble se ofertaba para estancias turísticas pese a carecer del título habilitante necesario.

La investigación ha permitido acreditar, según el Ayuntamiento de Santa Eulària, que el inmueble había experimentado de facto un cambio de uso de residencial a turístico mediante su comercialización a través de una plataforma especializada en alquiler vacacional.

El expediente sancionador se ha dirigido contra varias de las personas que, de acuerdo con la documentación recabada durante las actuaciones, estaban vinculadas a la explotación turística del inmueble. Entre ellas se encuentra la persona encargada de comercializar la vivienda, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma de alquiler vacacional y los arrendatarios del inmueble que, a su vez, participaban en su comercialización.

El procedimiento también alcanza a los dos propietarios de la vivienda.

El Consell d'Eivissa, que es la administración competente para sancionar en materia de alquiler turístico ilegal, ha fijado finalmente una multa de 275.001 euros, al considerar los hechos una infracción muy grave de la normativa turística.

Además de la sanción económica, las administraciones han acordado el precinto de la vivienda con el objetivo de impedir que pueda continuar utilizándose como alojamiento turístico mientras no exista autorización para desarrollar esta actividad.

El expediente se enmarca en el endurecimiento de la lucha contra el intrusismo turístico en Eivissa, donde las administraciones han reforzado en los últimos años la inspección de viviendas anunciadas en plataformas digitales.

Desde enero de 2025, el Consell d'Eivissa había iniciado 262 expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal hasta abril de 2026. De todos ellos, 51 habían sido calificados como infracciones muy graves, mientras que se habían ejecutado diez precintos y otros cuatro se encontraban entonces en tramitación. La recaudación por sanciones alcanzó los 1,07 millones de euros en 2025, frente a los 77.672 euros registrados en 2016.

La estrategia insular combina las inspecciones presenciales con la vigilancia de las plataformas digitales. Entre marzo de 2019 y marzo de 2026, casi 15.000 plazas turísticas irregulares -14.532, en concreto- han desaparecido de las principales webs turísticas en Eivissa, según los datos del ConsellInsular. La retirada de esta oferta ilegal se ha convertido en uno de los principales frentes de la institución insular ante la presión turística y, especialmente, ante la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la isla.

La presión también se ha traducido en importantes sanciones por la vía urbanística. El Ayuntamiento de Eivissa impuso en junio de 2026 una multa de 793.443,74 euros después de acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a turístico sin el título habilitante correspondiente. En noviembre de 2025, otros dos expedientes urbanísticos por viviendas destinadas ilegalmente al alquiler turístico en la capital insular sumaron más de 740.000 euros en sanciones.

La normativa balear, además, ha reforzado la responsabilidad sobre quienes intervienen en la comercialización de alojamientos turísticos sin autorización. El Decreto-ley 4/2025 contra la oferta ilegal contempla expresamente como infracciones la publicidad, contratación o comercialización de estancias turísticas que incumplan los requisitos establecidos por la normativa. También establece reglas de responsabilidad para las personas que intervengan en una infracción.

“Una mansió històrica on el luxe es viu sense límits”. Amb aquest reclam s'anuncia una exclusiva propietat de Palma que ofereix vuit suites, piscina, spa, xef privat i una experiència concebuda per a clients internacionals d'alt poder adquisitiu. El preu: tarifes que arriben als quatre dígits per nit, més de 18.000 euros per setmana. La imatge idíl·lica, tanmateix, ha acabat topant amb la Justícia. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha confirmat una sanció de 30.601 euros en considerar acreditat que l'habitatge es comercialitzava durant tot l'any malgrat estar autoritzat únicament per a lloguar-lo dos mesos.

El cas de DUX Mansion no és una excepció. Mentre milers de persones tornaran a sortir aquest diumenge als carrers per denunciar els efectes de la turistificació, els tribunals han anat resolent una successió de procediments que mostren una cara menys visible del principal motor econòmic de l'arxipèlag. Vil·les de luxe sancionades per funcionar de facto com a hotels, habitatges d'ús turístic que han perdut la seva llicència per incomplir requisits bàsics, projectes urbanístics frustrats o sofisticades estructures empresarials dissenyades per obtenir avantatges fiscals formen part del catàleg de conflictes sotmesos a l'escrutini dels tribunals.

Vil·la de luxe promocionada com a hotel

Un dels casos més recents és el de DUX Mansion. L'habitatge, la web del qual continua activa, es promociona com una “vil·la d'estil colonial” antany residència “del cèlebre general Jaime Garau de Montaner”. Com assenyala l'establiment, després de la seva finalització el 1922, l'edifici “va ser dissenyat a l'estil Art Déco cubà, amb una torre central i un balcó senyorial”. Compost per amplis jardins i “piscina climatitzada amb música subaquàtica”, la propietat ofereix serveis premium propis d'un “hotel boutique”, com esmorzars continentals i la possibilitat de contractar un xef privat.

L'explotació turística de la vil·la, tanmateix, va acabar sent objecte el 2022 d'una sanció de 30.601 euros per part del Govern balear que, el passat mes de maig, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va confirmar íntegrament. La Sala contenciosa administrativa assenyala que la vil·la s'anunciava i comercialitzava durant tot l'any, malgrat que la declaració responsable presentada per la titular únicament autoritzava el lloguer turístic durant els mesos d'octubre i desembre. A això se sumaven dos incompliments més: la prestació de serveis de restauració impropis d'aquest tipus d'habitatges i l'absència del número d'inscripció al Registre Turístic en la publicitat de l'allotjament.

Durant el procediment, la propietària va sostenir que l'esmorzar i el xef privat no formaven part de l'activitat turística pròpiament dita, sinó que eren serveis externs que cada client podia contractar lliurement. També va defensar que el fet que l'habitatge aparegués disponible durant tot l'any en diferents pàgines web no significava que realment pogués reservar-se fora dels mesos autoritzats, ja que posteriorment era necessari formalitzar cada reserva. Cap d'aquests arguments no ha convençut els magistrats, que consideren acreditades les tres infraccions i donen suport íntegrament a l'actuació de l'Administració autonòmica.

Més enllà d'aquest cas concret, la sentència llança un avís al creixent mercat del lloguer de luxe: comercialitzar un habitatge turístic amb serveis propis d'un hotel boutique o ampliar de facto l'activitat autoritzada pot acabar derivant en sancions econòmiques, fins i tot quan els propietaris sostinguin que aquests serveis són prestats per empreses externes o que la publicitat a internet no reflecteix la disponibilitat real de l'immoble.

L'agroturisme amb la cèdula d'habitabilitat caducada

A Felanitx (Mallorca), un habitatge va perdre la seva llicència turística no perquè hagués sobrepassat el nombre de places autoritzades o incomplert les condicions d'explotació, sinó perquè el document que n'acreditava l'habitabilitat feia més d'una dècada que estava caducat. El propietari va presentar la corresponent declaració responsable (DRIAT) assegurant que reunia tots els requisits per iniciar l'activitat turística. No obstant això, durant la tramitació de l'expedient, el Govern va comprovar que la cèdula d'habitabilitat havia expirat el 2012, diversos anys abans de la presentació de la declaració.

La defensa va al·legar que el defecte es podia esmenar. Va explicar que havia sol·licitat successives pròrrogues per renovar la cèdula i que l'Administració li hauria d'haver permès regularitzar la situació abans de cancel·lar la inscripció. El Tribunal Superior, però, rebutja aquest plantejament: el sistema de declaració responsable es basa en la confiança que l'interessat ja compleix tots els requisits quan comunica l'inici de l'activitat, és a dir, no és un mecanisme per començar a explotar un habitatge mentre es completen els tràmits pendents.

El TSJIB assenyala que el sistema de declaració responsable es basa en la confiança que l'interessat ja compleix tots els requisits quan comunica l'inici de l'activitat, és a dir, no és un mecanisme per començar a explotar un habitatge mentre es completen els tràmits pendents

Per a la Sala, una cèdula d'habitabilitat caducada manca de qualsevol eficàcia jurídica i equival, a efectes legals, a no disposar-ne. Aquesta circumstància bastava per cancel·lar la inscripció al Registre Turístic i impedir que l'habitatge continués llogant-se a visitants. La sentència consolida així la interpretació que els tribunals realitzen de la normativa turística balear, on la manca d'un únic requisit documental pot fer decaure per complet l'autorització.

Es tracta d'un criteri que apareix reforçat en una altra resolució dictada pel TSJIB. El protagonista en aquest cas és l'agroturisme Cas Contador, a Algaida. Tot i que l'establiment va romandre inscrit durant anys al Registre Turístic, una comprovació posterior de la Conselleria de Turisme va revelar que mai no havia reunit tots els requisits necessaris per operar. Entre ells figurava una autorització essencial: la llicència municipal de canvi d'ús a agroturisme, la sol·licitud de la qual no va arribar fins tres anys després d'iniciar-se l'explotació turística. La Sala conclou que aquesta circumstància bastava per cancel·lar la inscripció i obligar al cessament de l'activitat.

El somni frustrat de White Island Dream

Una altra resolució del mateix òrgan judicial trasllada el focus fins a Eivissa, on una empresa promotora pretenia obtenir autorització turística per a un habitatge unifamiliar, comercialitzat com White Island Dream, i incorporar-lo a l'exclusiu mercat del lloguer vacacional de l'illa, un dels més rendibles del Mediterrani durant la temporada alta. No obstant això, la inspecció urbanística va detectar un obstacle insalvable: l'habitatge presentat com a unifamiliar aïllada formava realment part d'un complex integrat per sis immobles sotmesos al règim de propietat horitzontal. Aquesta configuració urbanística impedia obtenir la inscripció turística pretesa.

A Eivissa, una empresa pretenia obtenir autorització turística per a un habitatge unifamiliar, comercialitzada com a White Island Dream. No obstant això, l'habitatge presentat com a unifamiliar aïllat formava part en realitat d'un complex integrat per sis immobles

La sentència recolza així els arguments del Consell d'Eivissa i considera ajustada a dret tant la denegació de la inscripció turística com la declaració d'ineficàcia de la declaració responsable presentada per iniciar l'activitat. La resolució posa fi al litigi en confirmar que la configuració urbanística de l'immoble impedeix la seva explotació com a habitatge vacacional conforme a la normativa vigent a les Balears.

La via judicial també ha servit per confirmar que una llicència urbanística no pot utilitzar-se per neutralitzar una sentència penal ferma. A Sóller, un propietari va intentar reactivar la tramitació d'una llicència per adaptar una finca a ús d'agroturisme, modernitzar-la i ampliar les seves instal·lacions després d'haver estat condemnat per un delicte contra l'ordenació del territori. La jurisdicció penal ja havia declarat les obres il·legalitzables i n'havia ordenat la demolició, a més de la restitució del terreny al seu estat original.

Malgrat això, el promotor va intentar mantenir viu el procediment administratiu amb l'esperança d'obtenir una legalització posterior. El jutjat va rebutjar de pla aquesta possibilitat en recordar que l'Administració no podia revisar el que ja havia estat resolt mitjançant una sentència penal ferma. La resolució suposa un nou suport judicial al principi que la disciplina urbanística no pot convertir-se en un mecanisme per deixar sense efecte decisions adoptades per la jurisdicció penal.

Grans inversions sota la lupa

Les resolucions del TSJIB també arriben a les grans operacions immobiliàries lligades al turisme. La màxima instància judicial de les illes ha donat la raó a l'Agència Tributària enfront d'ICON Mallorca SLU, controlada per la societat suïssa Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigi relacionat amb la compra, per 10,2 milions d'euros, d'una finca de més d'1,6 milions de metres quadrats a Porreres (Mallorca).

La màxima instància judicial de les illes ha donat la raó a l'Agència Tributària enfront d'ICON Mallorca SLU, controlada per la societat suïssa Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigi relacionat amb la compra, per 10,2 milions d'euros, d'una finca de més d'1,6 milions de metres quadrats a Porreres (Mallorca)

La controvèrsia girava al voltant d'un suposat préstec intragrup de fins a 25 milions d'euros concedit per la matriu suïssa. Hisenda va entendre que aquell finançament no responia a una operació econòmica real, sinó que ocultava una aportació de capital dissenyada per generar interessos fiscalment deduïbles i reduir la tributació futura a Espanya. Durant la inspecció tributària, el representant de la societat va explicar que la intenció inicial era vendre la finca. Al no trobar comprador, ICON va sol·licitar el febrer de 2016 a l'Ajuntament de Porreres llicència per desenvolupar un projecte d'agroturisme sota el nom de Sa Basstida.

Després d'analitzar l'operació, els magistrats van donar suport íntegrament la tesi de l'Agència Tributària i van confirmar tant la regularització fiscal com les sancions imposades. Entre altres elements, el tribunal destaca l'absència de garanties, la inexistència d'un calendari de devolució, l'elevada quantia -25 milions d'euros-; el fet que aquesta mai va ser elevada a escriptura pública, que les parts podien modificar lliurement el tipus d'interès i que el mateix beneficiari efectiu controlava simultàniament tant la societat prestadora com la deutora.

Mentre el debat sobre la turistificació torna a omplir els carrers de l'arxipèlag, els tribunals fa temps que escriuen una altra crònica del turisme balear. Les sentències no parlen de xifres rècord de visitants, d'ocupació hotelera ni de la capacitat de càrrega de les illes, sinó d'inspeccions, recursos administratius, expedients sancionadors, llicències urbanístiques i maniobres tributàries. Conflictes que delimiten fins a on pot arribar el negoci turístic i on comencen els límits que marca la llei.

“Una mansión histórica donde el lujo se vive sin límites”. Con este reclamo se anuncia una exclusiva propiedad de Palma que ofrece ocho suites, piscina, spa, chef privado y una experiencia concebida para clientes internacionales de alto poder adquisitivo. El precio: tarifas que alcanzan los cuatro dígitos por noche, más de 18.000 euros por semana. La imagen idílica, sin embargo, ha acabado topándose con la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado una sanción de 30.601 euros al considerar acreditado que la vivienda se comercializaba durante todo el año pese a estar autorizada únicamente para alquilarse dos meses.

El caso de DUX Mansion no es una excepción. Mientras miles de personas volverán a salir este domingo a las calles para denunciar los efectos de la turistificación, los tribunales han ido resolviendo una sucesión de procedimientos que muestran una cara menos visible del principal motor económico del archipiélago. Villas de lujo sancionadas por funcionar de facto como hoteles, viviendas vacacionales que han perdido su licencia por incumplir requisitos básicos, proyectos urbanísticos frustrados o sofisticadas estructuras empresariales diseñadas para obtener ventajas fiscales forman parte del catálogo de conflictos sometidos al escrutinio de los tribunales.

Villa de lujo promocionada como hotel

Uno de los casos más recientes es el de DUX Mansion. La vivienda, cuya web continúa activa, se promociona como una “villa de estilo colonial” antaño residencia “del célebre general Jaime Garau de Montaner”. Como señala el establecimiento, tras su finalización en 1922, el edificio “fue diseñado al estilo Art Déco cubano, con una torre central y un balcón señorial”. Compuesta por amplios jardines y “piscina climatizada con música subacuática”, la propiedad ofrece servicios premium propios de un hotel boutique, como desayunos continentales y la posibilidad de contratar un chef privado.

La explotación turística de la villa, sin embargo, acabó siendo objeto en 2022 de una sanción de 30.601 euros por parte del Govern balear que, el pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) confirmó íntegramente. La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que la villa se anunciaba y comercializaba durante todo el año, a pesar de que la declaración responsable presentada por la titular únicamente autorizaba el alquiler turístico durante los meses de octubre y diciembre. A ello se sumaban otros dos incumplimientos: la prestación de servicios de restauración impropios de este tipo de viviendas y la ausencia del número de inscripción en el Registro Turístico en la publicidad del alojamiento.

Durante el procedimiento, la propietaria sostuvo que el desayuno y el chef privado no formaban parte de la actividad turística propiamente dicha, sino que eran servicios externos que cada cliente podía contratar libremente. También defendió que el hecho de que la vivienda apareciera disponible durante todo el año en distintas páginas web no significaba que realmente pudiera reservarse fuera de los meses autorizados, ya que posteriormente era necesario formalizar cada reserva. Ninguno de esos argumentos ha convencido a los magistrados, que consideran acreditadas las tres infracciones y respaldan íntegramente la actuación de la Administración autonómica.

Más allá de este caso concreto, la sentencia lanza un aviso al creciente mercado del alquiler de lujo: comercializar una vivienda turística con servicios propios de un hotel boutique o ampliar de facto la actividad autorizada puede acabar derivando en sanciones económicas, incluso cuando los propietarios sostengan que esos servicios son prestados por empresas externas o que la publicidad en internet no refleja la disponibilidad real del inmueble.

El agroturismo con la cédula de habitabilidad caducada

En Felanitx (Mallorca), una vivienda perdió su licencia turística no porque hubiera sobrepasado el número de plazas autorizadas o incumplido las condiciones de explotación, sino porque el documento que acreditaba su habitabilidad llevaba más de una década caducado. El propietario presentó la correspondiente declaración responsable (DRIAT) asegurando que reunía todos los requisitos para iniciar la actividad turística. Sin embargo, durante la tramitación del expediente, el Govern comprobó que la cédula de habitabilidad había expirado en 2012, varios años antes de la presentación de la declaración.

La defensa alegó que el defecto podía subsanarse. Explicó que había solicitado sucesivas prórrogas para renovar la cédula y que la Administración debería haberle permitido regularizar la situación antes de cancelar la inscripción. El Tribunal Superior, sin embargo, rechaza ese planteamiento: el sistema de declaración responsable se basa en la confianza de que el interesado ya cumple todos los requisitos cuando comunica el inicio de la actividad, es decir, no es un mecanismo para comenzar a explotar una vivienda mientras se completan los trámites pendientes.

El TSJIB señala que el sistema de declaración responsable se basa en la confianza de que el interesado ya cumple todos los requisitos cuando comunica el inicio de la actividad, es decir, no es un mecanismo para comenzar a explotar una vivienda mientras se completan los trámites pendientes

Para la Sala, una cédula de habitabilidad caducada carece de cualquier eficacia jurídica y equivale, a efectos legales, a no disponer de ella. Esa circunstancia bastaba para cancelar la inscripción en el Registro Turístico e impedir que la vivienda siguiera alquilándose a visitantes. La sentencia consolida así la interpretación que los tribunales realizan de la normativa turística balear, donde la falta de un único requisito documental puede hacer decaer por completo la autorización.

Se trata de un criterio aparece reforzado en otra resolución dictada por el TSJIB. El protagonista en este caso es el agroturismo Cas Contador, en Algaida. Aunque el establecimiento permaneció inscrito durante años en el Registro Turístico, una comprobación posterior de la Conselleria de Turismo reveló que nunca había reunido todos los requisitos necesarios para operar. Entre ellos figuraba una autorización esencial: la licencia municipal de cambio de uso a agroturismo, cuya solicitud no llegó hasta tres años después de iniciarse la explotación turística. La Sala concluye que esa circunstancia bastaba para cancelar la inscripción y obligar al cese de la actividad.

El sueño frustrado de White Island Dream

Otra resolución del mismo órgano judicial traslada el foco hasta Eivissa, donde una empresa promotora pretendía obtener autorización turística para una vivienda unifamiliar, comercializada como White Island Dream, e incorporarla al exclusivo mercado del alquiler vacacional de la isla, uno de los más rentables del Mediterráneo durante la temporada alta. Sin embargo, la inspección urbanística detectó un obstáculo insalvable: la vivienda presentada como unifamiliar aislada formaba realmente parte de un complejo integrado por seis inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Esa configuración urbanística impedía obtener la inscripción turística pretendida.

En Eivissa, una empresa pretendía obtener autorización turística para una vivienda unifamiliar, comercializada como White Island Dream. Sin embargo, la vivienda presentada como unifamiliar aislada formaba parte en realidad de un complejo integrado por seis inmuebles

El fallo respalda así los argumentos del Consell de Eivissa y considera ajustada a derecho tanto la denegación de la inscripción turística como la declaración de ineficacia de la declaración responsable presentada para iniciar la actividad. La resolución pone fin al litigio al confirmar que la configuración urbanística del inmueble impide su explotación como vivienda vacacional conforme a la normativa vigente en Balears.

La vía judicial también ha servido para confirmar que una licencia urbanística no puede utilizarse para neutralizar una sentencia penal firme. En Sóller, un propietario intentó reactivar la tramitación de una licencia para adaptar una finca a uso de agroturismo, modernizarla y ampliar sus instalaciones después de haber sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio. La jurisdicción penal ya había declarado las obras ilegalizables y ordenado su demolición, además de la restitución del terreno a su estado original.

Pese a ello, el promotor trató de mantener vivo el procedimiento administrativo con la esperanza de obtener una legalización posterior. El juzgado rechazó de plano esa posibilidad al recordar que la Administración no podía revisar lo que ya había sido resuelto mediante una sentencia penal firme. La resolución supone un nuevo respaldo judicial al principio de que la disciplina urbanística no puede convertirse en un mecanismo para dejar sin efecto decisiones adoptadas por la jurisdicción penal.

Grandes inversiones bajo la lupa

Las resoluciones del TSJIB también alcanzan a las grandes operaciones inmobiliarias ligadas al turismo. La máxima instancia judicial de las islas ha dado la razón a la Agencia Tributaria frente a ICON Mallorca SLU, controlada por la sociedad suiza Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigio relacionado con la compra, por 10,2 millones de euros, de una finca de más de 1,6 millones de metros cuadrados en Porreres (Mallorca).

La máxima instancia judicial de las islas ha dado la razón a la Agencia Tributaria frente a ICON Mallorca SLU, controlada por la sociedad suiza Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigio relacionado con la compra, por 10,2 millones de euros, de una finca de más de 1,6 millones de metros cuadrados en Porreres (Mallorca)

La controversia giraba en torno a un supuesto préstamo intragrupo de hasta 25 millones de euros concedido por la matriz suiza. Hacienda entendió que aquella financiación no respondía a una operación económica real, sino que ocultaba una aportación de capital diseñada para generar intereses fiscalmente deducibles y reducir la tributación futura en España. Durante la inspección tributaria, el representante de la sociedad explicó que la intención inicial era vender la finca. Al no encontrar comprador, ICON solicitó en febrero de 2016 al Ayuntamiento de Porreres licencia para desarrollar un proyecto de agroturismo bajo el nombre de Sa Basstida.

Tras analizar la operación, los magistrados respaldaron íntegramente la tesis de la Agencia Tributaria y confirmaron tanto la regularización fiscal como las sanciones impuestas. Entre otros elementos, el tribunal destaca la ausencia de garantías, la inexistencia de un calendario de devolución, la elevada cuantía -25 millones de euros-; el hecho de que ésta nunca fue elevada a escritura pública, que las partes podían modificar libremente el tipo de interés y que el mismo beneficiario efectivo controlaba simultáneamente tanto la sociedad prestamista como la prestataria.

Mientras el debate sobre la turistificación vuelve a llenar las calles del archipiélago, los tribunales llevan tiempo escribiendo otra crónica del turismo balear. Las sentencias no hablan de cifras récord de visitantes, de ocupación hotelera ni de la capacidad de carga de las islas, sino de inspecciones, recursos administrativos, expedientes sancionadores, licencias urbanísticas y maniobras tributarias. Conflictos que delimitan hasta dónde puede llegar el negocio turístico y dónde empiezan los límites que marca la ley.

L'Audiència Provincial de les Balears ha rebutjat l'intent d'una empresa immobiliària de desnonar una inquilina a Eivissa a la qual acusava de subarrendar l'habitatge per a ús turístic basant-se, fonamentalment, en una fotografia d'una persona amb maletes a les zones comunes i en diversos missatges de WhatsApp remesos per una veïna. El tribunal conclou que les proves aportades per la societat no són suficients per acreditar que l'arrendatària explotés l'immoble com a allotjament vacacional.

La sentència confirma íntegrament la resolució del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Eivissa, que ja havia desestimat la demanda interposada per Lowestolf Norm SL, una societat constituïda el 2015 els administradors de la qual figuren al capdavant de nombroses societats vinculades al sector immobiliari i turístic a l'illa. Encara que la inquilina ja havia abandonat l'habitatge durant la tramitació del procediment i va lliurar les claus l'octubre del 2023, l'empresa va mantenir la seva reclamació econòmica i exigia el pagament de 50.000 euros, és a dir, 500 euros per cada dia que, segons la immobiliària, havia transcorregut des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble.

El litigi es va iniciar després que la immobiliària demandés l'arrendatària en considerar que aquesta havia vulnerat el contracte en cedir o subarrendar l'habitatge a tercers per a ús turístic, una conducta expressament prohibida tant pel contracte com per l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que impedeix a l'inquilí subarrendar o cedir l'habitatge sense el consentiment escrit del propietari.

Segons l'empresa, la sospita va sorgir després de les queixes d'una veïna de la comunitat, a les quals s'afegia una fotografia presa a les zones comunes de l'edifici en les quals apareixia una dona amb maletes i bosses de gran mida. La immobiliària entenia que aquests indicis demostraven que l'habitatge estava sent utilitzat per a lloguer vacacional i va decidir resoldre el contracte d'arrendament mitjançant un burofax abans d'acudir als tribunals per reclamar el desnonament i una indemnització.

No obstant això, el tribunal considera que l'empresa no va aconseguir demostrar aquests fets, asseverant que l'única prova consistia en missatges de WhatsApp remesos per una veïna i en diverses fotografies d'una dona amb maletes, elements que, per si sols, no permeten acreditar l'existència d'un subarrendament o d'una activitat de lloguer turístic.

La sentència dictada en primera instància ja indicava que, juntament amb la demanda, “no es va aportar prova alguna d'aquests subarrendaments, aportant-se posteriorment una sèrie de wasaps i fotografies que no permeten tenir per acreditats els subarrendaments ni l'activitat de lloguer turístic al·legada”. “Estem davant de missatges d'una veïna i una fotografia d'una persona amb maletes per les zones comunes que no ens permeten tenir per acreditats els fets constitutius de la pretensió actora, per la qual cosa la demanda ha de ser desestimada”, afegia la resolució, confirmada íntegrament per l'Audiència.

El tribunal afegeix que l'empresa ni tan sols va proposar declarar com a testimoni la veïna que va alertar dels fets ni el president de la comunitat de propietaris, malgrat que ambdós podien haver aportat informació rellevant. Tampoc va incorporar els estatuts o acords comunitaris que, segons sostenia, prohibien expressament el lloguer turístic a l'edifici.

La sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també posa en dubte un altre dels pilars de la demanda. Lowestolf Norm SL assegurava haver comunicat a l'arrendatària la resolució del contracte mitjançant un burofax. No obstant això, l'Audiència observa que la comunicació es va remetre a una adreça diferent de la que figurava en el contracte d'arrendament, per la qual cosa tampoc va quedar demostrat que la demandada tingués coneixement efectiu d'aquesta resolució contractual.

Una penalització de 500 euros diaris

L'empresa no només pretenia recuperar l'habitatge. El contracte incloïa una clàusula que imposava una penalització de 500 euros per cada dia que transcorregués des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble, a més d'una altra indemnització equivalent a una anualitat de renda. Amb base en aquesta clàusula, la immobiliària va arribar a reclamar 50.000 euros malgrat que l'arrendatària ja havia abandonat el pis durant la tramitació del procediment.

Encara que l'Audiència no entra a valorar la legalitat d'aquesta penalització, sí que recorda que el jutjat de primera instància havia advertit que podria tractar-se d'una condició abusiva en tractar-se d'un contracte signat entre una empresa i una consumidora. En qualsevol cas, considera innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la demanda havia de desestimar-se prèviament per falta de prova del suposat lloguer turístic.

La Audiencia Provincial de Balears ha rechazado el intento de una empresa inmobiliaria de desahuciar a una inquilina en Eivissa a la que acusaba de subarrendar la vivienda para uso turístico basándose, fundamentalmente, en una fotografía de una persona con maletas en las zonas comunes y en varios mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina. El tribunal concluye que las pruebas aportadas por la sociedad no son suficientes para acreditar que la arrendataria explotara el inmueble como alojamiento vacacional.

La sentencia confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que ya había desestimado la demanda interpuesta por Lowestolf Norm SL, una sociedad constituida en 2015 cuyos administradores figuran al frente de numerosas sociedades vinculadas al sector inmobiliario y turístico en la isla. Aunque la inquilina ya había abandonado la vivienda durante la tramitación del procedimiento y entregó las llaves en octubre de 2023, la empresa mantuvo su reclamación económica y exigía el pago de 50.000 euros, es decir, 500 euros por cada día que, según la inmobiliaria, había transcurrido desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble.

El litigio se inició después de que la inmobiliaria demandase a la arrendataria al considerar que ésta había vulnerado el contrato al ceder o subarrendar la vivienda a terceros para uso turístico, una conducta expresamente prohibida tanto por el contrato como por el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide al inquilino subarrendar o ceder la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario.

Según la empresa, la sospecha surgió tras las quejas de una vecina de la comunidad, a las que se añadía una fotografía tomada en las zonas comunes del edificio en las que aparecía una mujer con maletas y bolsas de gran tamaño. La inmobiliaria entendía que esos indicios demostraban que la vivienda estaba siendo utilizada para alquiler vacacional y decidió resolver el contrato de arrendamiento mediante un burofax antes de acudir a los tribunales para reclamar el desahucio y una indemnización.

Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró demostrar esos hechos, aseverando que la única prueba consistía en mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina y en varias fotografías de una mujer con maletas, elementos que, por sí solos, no permiten acreditar la existencia de un subarriendo o de una actividad de alquiler turístico.

La sentencia dictada en primera instancia ya indicaba que, junto a la demanda, “no se aportó prueba alguna de dichos subarrendamientos, aportándose posteriormente una serie de wasaps y fotografías que no permiten tener por acreditados los subarriendos ni la actividad de alquiler turístico alegada”. “Estamos ante mensajes de una vecina y una fotografía de una persona con maletas por las zonas comunes que no nos permiten tener por acreditados los hechos constitutivos de la pretensión actora, por lo que la demanda debe ser desestimada”, añadía la resolución, confirmada íntegramente por la Audiencia.

El tribunal añade que la empresa ni siquiera propuso declarar como testigo a la vecina que alertó de los hechos ni al presidente de la comunidad de propietarios, pese a que ambos podían haber aportado información relevante. Tampoco incorporó los estatutos o acuerdos comunitarios que, según sostenía, prohibían expresamente el alquiler turístico en el edificio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también pone en duda otro de los pilares de la demanda. Lowestolf Norm SL aseguraba haber comunicado a la arrendataria la resolución del contrato mediante un burofax. Sin embargo, la Audiencia observa que la comunicación se remitió a una dirección distinta de la que figuraba en el contrato de arrendamiento, por lo que tampoco quedó demostrado que la demandada tuviera conocimiento efectivo de esa resolución contractual.

Una penalización de 500 euros diarios

La empresa no solo pretendía recuperar la vivienda. El contrato incluía una cláusula que imponía una penalización de 500 euros por cada día que transcurriera desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble, además de otra indemnización equivalente a una anualidad de renta. Con base en esa cláusula, la inmobiliaria llegó a reclamar 50.000 euros pese a que la arrendataria ya había abandonado el piso durante la tramitación del procedimiento.

Aunque la Audiencia no entra a valorar la legalidad de esa penalización, sí recuerda que el juzgado de primera instancia había advertido de que podría tratarse de una condición abusiva al tratarse de un contrato celebrado entre una empresa y una consumidora. En cualquier caso, considera innecesario pronunciarse sobre esa cuestión porque la demanda debía desestimarse previamente por falta de prueba del supuesto alquiler turístico.

Prop de 15.000 places turístiques irregulars —concretament, 14.532— han desaparegut de les principals plataformes digitals a Eivissa entre març de 2025 i 2026, segons dades del Consell, la màxima institució insular. L'oferta d'allotjament il·legal amb finalitats turístiques és un dels principals esculls de la pitiüsa, sobretot, des del dificilíssim accés a l'habitatge pels preus desorbitats que s'atribueixen, en part, a l'existència d'aquests recursos per a turistes i a l'intrusisme en el sector, molt regulat a les illes.

Darrere d'aquesta xifra no hi ha necessàriament un augment del frau respecte d'exercicis anteriors, sinó un canvi en l'estratègia basat a detectar i bloquejar els anuncis pràcticament en temps real per impedir que l'oferta il·legal arribi a consolidar-se a Internet. Només aquest any s'han bloquejat més de 4.000 anuncis associats a oferta il·legal a l'illa, segons dades aportades pel Consell.

La pressió del lloguer turístic il·legal sobre l'illa continua sent elevada. Per reforçar la detecció d'aquests habitatges, el Consell manté obert un formulari de denúncies confidencials adreçat tant a veïns afectats com a qualsevol ciutadà que tingui coneixement d'una activitat irregular.

«Vius en un edifici residencial on es lloguen pisos turístics de manera il·legal? Estàs fart de les molèsties dels turistes al teu edifici? Vols denunciar alguna casa on lloguen a turistes sense llicència?», formula la institució, adreçant-se a qualsevol ciutadà que pugui comunicar casos de lloguer vacacional il·legal.

El formulari anònim del Consell Insular pregunta als residents: "Vius en un edifici residencial on es lloguen pisos turístics de manera il·legal? Estàs fart de les molèsties dels turistes al teu edifici? Vols denunciar alguna casa on lloguen a turistes sense llicència?"

Al mateix apartat sobre Intrusisme del seu portal web, el Consell recull informació sobre el marc normatiu que prohibeix el lloguer turístic il·legal en edificis residencials plurifamiliars de l'illa. És a dir, la Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears, que preveu, a més, sancions que poden arribar als 400.000 euros. Tot i això, ara ja no es persegueix només l'infractor, sinó que s'intenta prevenir perquè l'anunci ni tan sols arribi a materialitzar-se rastrejant qui hi ha darrere de l'oferta

Oferta escassa i elitista

Si un dona una ullada a Airbnb en plena temporada alta a la recerca d'allotjament vacacional per a dues persones, per exemple, a finals de juliol, l'oferta és limitada: alguns allotjaments a Sant Joan —que ronden els 2.000 euros per tres nits— i en altres zones turístiques del nord de l'illa, com Cala Llenya, sa Trenca o es Canar. Un d'ells és una tenda de campanya que es lloga per gairebé 500 euros del 23 al 26 de juliol en «primera línia de mar», al conegut càmping La Playa, a prop de Cala Martina.

En Airbnb, una tenda de campanya es lloga per gairebé 500 euros del 23 al 26 de juliol en "'primera línia de mar"

També hi ha allotjaments a Vila —com es coneix la ciutat d'Eivissa— i a pobles dels voltants com Sant Jordi, on la mitjana de preu és de 1.500 euros, així com en nuclis de població d'interès turístic com Sant Antoni i Sant Josep. L'oferta comprèn un ventall que va des de petits estudis o apartaments a prop de la platja propietat de particulars fins a aparthotels, hotels i viles de luxe que en alguns casos roçen els 15.000 euros per un cap de setmana llarg a l'agost. Això sí, amb capacitat per a entre sis i vuit persones.

L'oferta comprèn un ventall que va des de petits estudis o apartaments a prop de la platja propietat de particulars fins a aparthotels, hotels i viles de luxe que en alguns casos roçen els 15.000 euros per un cap de setmana llarg a l'agost

Les dades del sistema SIT Eivissa, l'eina del Consell encarregada de gestionar la informació estadística generada al voltant del turisme a l'illa i del coneixement i la intel·ligència dels diferents mercats, mostren que l'oferta d'habitatges d'Eivissa anunciats a Airbnb s'ha reduït un 36,5% durant l'últim any, en passar de 3.171 anuncis el juny de 2025 a 2.014 el mateix mes de 2026. Tanmateix, la caiguda s'explica gairebé exclusivament per la desaparició dels allotjaments sense llicència. Fa un any, el 35,8% dels anuncis publicats a la plataforma corresponien a habitatges irregulars (1.135 en total), mentre que des del desembre Airbnb ja no registra cap oferta sense número de registre turístic vàlid.

A la pràctica, el volum d'allotjaments legals amb prou feines ha variat: els anuncis amb llicència han passat de 2.036 a 2.014 en el període d'un any. Paral·lelament, l'oferta que roman a la plataforma correspon cada vegada més a habitatges de major capacitat i preu, mentre que disminueixen especialment els anuncis d'habitacions privades i altres allotjaments de menor grandària.

Aliança amb Airbnb

La retirada dels anuncis respon principalment a la col·laboració amb les plataformes de lloguer turístic. Airbnb va anunciar el setembre de 2025 que eliminarà tots els anuncis d'habitatges que no disposin d'un número de registre vàlid, una mesura que va presentar durant la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme d'Eivissa.

L'acord que Airbnb manté amb el Consell d'Eivissa per combatre el lloguer turístic il·legal es remunta a 2020, expliquen a elDiario.es des de la plataforma. La col·laboració es va reforçar el 2025 amb la implantació del registre obligatori per als anuncis, campanyes informatives adreçades als amfitrions, un nou protocol de col·laboració amb la institució insular i la incorporació de la plataforma a la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme. Aquest reforç va donar fruits la tardor passada, quan es van retirar tots els anuncis de lloguer de curta durada que no havien incorporat un número de registre turístic vàlid.

La decisió culminava un procés de col·laboració iniciat el 2019 entre la plataforma i el Consell que es va reforçar el 2024 amb un memoràndum que va permetre agilitzar la detecció i retirada de l'oferta irregular. El juny de l'any següent [2025], la institució i la plataforma d'allotjament tornaven a consolidar el seu acord per combatre l'oferta d'allotjament turístic no reglat.

Advertien: «En virtut d'aquest acord voluntari, qualsevol allotjament catalogat com a lloguer de curta durada que s'anunciï a Eivissa a través d'Airbnb i no mostri el seu número de registre —ara, número de lloguer de curta durada— serà donat de baixa de la plataforma». Eivissa es va convertir així en un territori «pioner» —en paraules del president del Consell, Vicent Marí— en la lluita contra les activitats turístiques il·legals, en ser un dels primers territoris a instaurar aquest tipus d'iniciatives.

Les mesures, d'altra banda, responen en part a l'entrada en vigor del nou marc regulador europeu i espanyol —el reglament serveix perquè els Estats membres tinguin accés a totes les dades d'activitat que s'han realitzat en aquests immobles anunciats a les plataformes—, que reforça el control sobre els habitatges comercialitzats a través de plataformes digitals i exigeix una major traçabilitat de l'oferta turística. En el cas d'Espanya, la competència en ordenació turística correspon a les comunitats autònomes.

Xarxes organitzades

La via sancionadora per als infractors és un dels aspectes que ha canviat de manera significativa. Des del segon semestre de 2025, el Consell inicia els expedients per una sanció mitjana de 275.000 euros, juntament amb l'ordre de cessament de l'activitat i la clausura de l'immoble, en lloc de partir de la multa mínima de 40.000 euros, com passava abans de la reforma legal.

El canvi permet, a més, dirigir els expedients directament contra els propietaris dels habitatges, sense dependre de les dades facilitades per les plataformes digitals. De moment, la recaptació derivada de sancions per lloguer turístic il·legal ha passat de 77.672 euros el 2016 a 1,37 milions d'euros el 2025. Pel que fa a aquest any, a data de 17 de juliol de 2026, la recaptació acumulada ja supera els 604.000 euros, segons dades oficials.

La recaptació derivada de sancions per lloguer turístic il·legal ha passat de 77.672 euros el 2016 a 1,37 milions d'euros el 2025

La meitat de les infraccions corresponen a propietaris que comercialitzen directament els seus habitatges sense autorització i la resta es reparteix entre llogaters que relloguen els immobles —amb o sense coneixement del propietari—, intermediaris professionals i altres fórmules.

A més, s'han detectat patrons propis de xarxes organitzades, amb anuncis que reutilitzen les mateixes fotografies, descripcions o números de registre, i fins i tot comptes que arriben a publicar desenes d'anuncis en pocs minuts en diferents punts del sud d'Europa, una cosa que apunta més a una possible estafa, però que també tenia cabuda a les plataformes que s'utilitzen per al lloguer turístic.

Desaparició d'anuncis

La caiguda de l'oferta —segons mostra el SIT— no ha estat uniforme a tota l'illa: el descens més acusat s'ha registrat al terme municipal de Vila, on el nombre d'anuncis publicats a Airbnb s'ha reduït un 67% entre el juny de 2025 i el juny de 2026. La xifra ascendeix a un 78% en el cas de les cases ofertes senceres. Això deixa només 136 immobles disponibles.

Les infraccions, tanmateix, no cessen: en una de les últimes actuacions, la Policia Local d'Eivissa va detectar un immoble que, segons la investigació municipal, funcionava com un establiment hoteler encobert, amb quatre apartaments comercialitzats a través d'una plataforma digital. La intervenció va donar lloc a una nova denúncia, la desena d'aquest tipus en el que va de 2026.

Amb prou feines un mes abans, al juny, l'Ajuntament de Vila confirmava una multa de 793.443 euros per transformar un habitatge residencial en allotjament turístic sense autorització, una de les sancions més elevades imposades fins ara per aquest tipus d'infraccions urbanístiques.

Després de Vila, el descens més important es registra a Sant Josep, on el nombre d'anuncis a Airbnb s'ha reduït un 36% durant l'últim any. A Santa Eulària i Sant Joan la caiguda arriba al 32%, mentre que Sant Antoni presenta el retrocés més moderat, amb un 22%, segons dades del SIT.

Casi 15.000 plazas turísticas irregulares -concretamente, 14.532- han desaparecido de las principales plataformas digitales en Eivissa entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2026, según datos del Consell, la máxima institución insular. La oferta habitacional ilegal con fines turísticos es uno de los principales escollos de la pitiusa, sobre todo, desde el dificilísimo acceso a la vivienda por los precios desorbitados que se achacan, en parte, a la existencia de estos recursos para turistas y al intrusismo en el sector, muy regulado en las islas.

Detrás de esa cifra no hay necesariamente un aumento del fraude respecto a ejercicios anteriores, sino un cambio en la estrategia basada en detectar y bloquear los anuncios prácticamente en tiempo real para impedir que la oferta ilegal llegue a consolidarse en Internet. Solo este año se han bloqueado más de 4.000 anuncios asociados a oferta ilegal en la isla, según datos aportados por el Consell.

La presión del alquiler turístico ilegal sobre la isla continúa siendo elevada. Para reforzar la detección de estas viviendas, el Consell mantiene abierto un formulario de denuncias confidenciales dirigido tanto a vecinos afectados como a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una actividad irregular.

“¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?”, formula la institución, dirigiéndose a cualquier ciudadano que pueda comunicar casos de alquiler vacacional ilegal.

El formulario anónimo del Consell Insular pregunta a los residentes: '¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?'

En el mismo apartado sobre Intrusismo de su portal web, el Consell recoge información acerca del marco normativo que prohíbe el alquiler turístico ilegal en edificios residenciales plurifamiliares de la isla. Esto es, La Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, que prevé, además, sanciones para los que pueden alcanzar los 400.000 euros. Aunque ahora ya no se persigue solo al infractor, sino que se intenta prevenir para que el anuncio ni siquiera llegue a materializarse rastreando quién está detrás de la oferta.

Oferta escasa y elitista

Si uno ojea Airbnb en plena temporada alta en búsqueda de alojamiento vacacional para dos personas, por ejemplo, a finales de julio, la oferta es limitada: algunos hospedajes en Sant Joan -que rondan los 2.000 euros por tres noches- y en otras zonas turísticas del norte de la isla, como Cala Llenya, Sa Trenca o es Canar. Uno de ellos es una tienda de campaña que se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en “primera línea de mar”, en el reconocido camping La Playa, cerca de Cala Martina.

En Airbnb, una tienda de campaña se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en 'primera línea de mar'

También hay alojamientos en Vila -como se conoce a la ciudad de Eivissa- y en pueblos de alrededores como Sant Jordi, donde la media de precio es 1.500 euros, así como en núcleos poblacionales de interés turístico como Sant Antoni y Sant Josep. La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto. Eso sí, con capacidad para entre seis y ocho personas.

La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto

Los datos del sistema SIT Eivissa, la herramienta del Consell encargada de gestionar la información estadística generada en torno al turismo en la isla y del conocimiento y la inteligencia de los distintos mercados, muestran que la oferta de viviendas de Eivissa anunciadas en Airbnb se ha reducido un 36,5% en el último año, al pasar de 3.171 anuncios en junio de 2025 a 2.014 en el mismo mes de 2026. Sin embargo, la caída se explica casi exclusivamente por la desaparición de los alojamientos sin licencia. Hace un año, el 35,8% de los anuncios publicados en la plataforma correspondían a viviendas irregulares (1.135 en total), mientras que desde diciembre Airbnb ya no registra ninguna oferta sin número de registro turístico válido.

En la práctica, el volumen de alojamientos legales apenas ha variado: los anuncios con licencia han pasado de 2.036 a 2.014 en el periodo de un año. Paralelamente, la oferta que permanece en la plataforma corresponde cada vez más a viviendas de mayor capacidad y precio, mientras que disminuyen especialmente los anuncios de habitaciones privadas y otros alojamientos de menor tamaño.

Alianza con Airbnb

La retirada de los anuncios responde primordialmente a la colaboración con las plataformas de alquiler turístico. Airbnb anunció en septiembre de 2025 que eliminará todos los anuncios de viviendas que no dispongan de un número de registro válido, una medida que presentó durante la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Eivissa.

El acuerdo que Airbnb mantiene con el Consell de Ibiza para combatir el alquiler turístico ilegal se remonta a 2020, explican a elDiario.es desde la plataforma. La colaboración se reforzó en 2025 con la implantación del registro obligatorio para los anuncios, campañas informativas dirigidas a los anfitriones, un nuevo protocolo de colaboración con la institución insular y la incorporación de la plataforma a la Mesa de Lucha contra el Intrusismo. Ese refuerzo fructificó, el otoño pasado, cuando se retiraron todos los anuncios de alquiler de corta duración que no habían incorporado un número de registro turístico válido.

La decisión culminaba un proceso de colaboración iniciado en 2019 entre la plataforma y el Consell que se reforzó en 2024 con un memorándum que permitió agilizar la detección y retirada de la oferta irregular. En junio del año siguiente [2025], la institución y la plataforma habitacional volvían a consolidar su acuerdo para combatir la oferta de alojamiento turístico no reglado.

Avisaban: “En virtud de este acuerdo voluntario, cualquier alojamiento catalogado como alquiler de corta duración que se anuncie en Eivissa a través de Airbnb y no muestre su número de registro -ahora, número de alquiler de corta duración- será dado de baja de la plataforma”. Eivissa se convirtió así en un territorio “pionero” -en palabras del presidente del Consell, Vicent Marí- en la lucha contra las actividades turísticas ilegales, al ser uno de los primeros territorios en instaurar este tipo de iniciativas.

Las medidas, por otro lado, responden en parte a la entrada en vigor del nuevo marco regulador europeo y español -el reglamento sirve para que los Estados miembros tengan acceso a todos los datos de actividad que se han realizado en estos inmuebles anunciados en las plataformas-, que refuerza el control sobre las viviendas comercializadas a través de plataformas digitales y exige una mayor trazabilidad de la oferta turística. En el caso de España, la competencia en ordenación turística corresponde a las comunidades autónomas.

Redes organizadas

La vía sancionadora para los infractores es uno de los aspectos que ha cambiado de forma significativa. Desde el segundo semestre de 2025, el Consell inicia los expedientes por una sanción media de 275.000 euros, junto con la orden de cese de la actividad y la clausura del inmueble, en lugar de partir de la multa mínima de 40.000 euros, como ocurría antes de la reforma legal.

El cambio permite además dirigir los expedientes directamente contra los propietarios de las viviendas, sin depender de los datos facilitados por las plataformas digitales. De momento, la recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025. En cuanto a este año, a fecha de 17 de julio de 2026, la recaudación acumulada supera ya los 604.000 euros, según datos oficiales.

La recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025

La mitad de las infracciones corresponden a propietarios que comercializan directamente sus viviendas sin autorización y el resto se reparte entre inquilinos que subarriendan los inmuebles —con o sin conocimiento del propietario—, intermediarios profesionales y otras fórmulas.

Además, se han detectado patrones propios de redes organizadas, con anuncios que reutilizan las mismas fotografías, descripciones o números de registro, e incluso cuentas que llegan a publicar decenas de anuncios en pocos minutos en distintos puntos del sur de Europa, algo que apunta más a una posible estafa, pero que también se daba cabida en las plataformas que se utilizan para el alquiler turístico.

Desaparición de anuncios

La caída de la oferta -según muestra el SIT- no ha sido uniforme en toda la isla: el descenso más acusado se ha registrado en el término municipal de Vila, donde el número de anuncios publicados en Airbnb se ha reducido un 67% entre junio de 2025 y junio de 2026. La cifra asciende a un 78% en el caso de las casas ofertadas enteras. Esto deja solo 136 inmuebles disponibles.

Las infracciones, sin embargo, no cesan: en una de las últimas actuaciones, la Policía Local de Eivissa detectó un inmueble que, según la investigación municipal, funcionaba como un establecimiento hotelero encubierto, con cuatro apartamentos comercializados a través de una plataforma digital. La intervención dio lugar a una nueva denuncia, la décima de este tipo en lo que va de 2026.

Apenas un mes antes, en junio, el Ayuntamiento de Vila confirmaba una multa de 793.443 euros por transformar una vivienda residencial en alojamiento turístico sin autorización, una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora por este tipo de infracciones urbanísticas.

Después de Vila, el mayor descenso se registra en Sant Josep, donde el número de anuncios en Airbnb se ha reducido un 36% en el último año. En Santa Eulària y Sant Joan la caída alcanza el 32%, mientras que Sant Antoni presenta el retroceso más moderado, con un 22%, en datos del SIT.

El que va començar amb unes pintades, diversos danys materials i panys inutilitzats en cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) en protesta per la turistificació i l'encariment de l'habitatge a les Balears ha acabat convertint-se en una investigació per presumpta pertinença a grup criminal. L'operació policial, saldada amb la detenció de dues joves presumptament vinculades als fets, ha desencadenat un intens debat polític i social sobre la resposta de les forces de seguretat i els límits de la protesta: mentre els investigadors consideren que va existir una actuació “coordinada i premeditada”, col·lectius com 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncien una “criminalització” de l'activisme pel dret a l'habitatge.

Els investigadors situen els fets la nit del 31 de maig. No obstant això, no va ser fins al passat dimecres quan els agents van arrestar les dues joves. Una circumstància que ha generat un profund malestar entre els col·lectius que integren el moviment contra la turistificació, que consideren significatiu que els arrestos es produïssin tot just una setmana després que 'Menys Turisme, Més Vida' difongués un manual d'acció contra la turistificació. El document, que va despertar les crítiques immediates per part del sector polític i empresarial, proposa actuacions com la realització de pintades, el bloqueig de panys dels habitatges de lloguer turístic o el llançament de pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic, pràctiques que els seus promotors emmarquen en l' acció directa no violenta i en la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Civil per conèixer la seva valoració sobre les crítiques suscitades per la investigació i per l'actuació desenvolupada durant l'operatiu. No obstant això, fonts de l'Institut Armat han declinat fer declaracions al respecte i s'han limitat a assenyalar que els fets s'han tractat “com una denúncia més”.

Per la seva banda, el portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', assenyala, en declaracions a aquest mitjà, que l'operació policial no pot entendre's al marge del clima polític i mediàtic generat en les setmanes prèvies arran de la difusió del seu manual d'acció. Al seu entendre, la campanya de crítiques impulsada, segons afirma, per determinats partits polítics, mitjans i denunciants particulars ha facilitat a la Guàrdia Civil dur a terme una operació policial de tal envergadura. “Primer hi ha una criminalització pública i, després, això dona peu a una ofensiva que, des del meu punt de vista, es pot considerar repressió”, incideix.

Les detencions s'han produït, a més, en un dels moments de tensió més alta entre els qui denuncien els efectes de la turistificació i les administracions públiques. No en va, el pròxim 26 de juliol una manifestació a Palma sota el lema “No tenim por” (“No tenim por”), que pretén denunciar l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de qualitat de vida de la població resident.

L'atestat de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés aquest diari, sosté al llarg de les seves 116 pàgines que els atacs contra les cinc immobiliàries no van ser fets aïllats ni espontanis, sinó una actuació “coordinada i premeditada”. Sobre aquesta base, els investigadors atribueixen a les dues detingudes i a un tercer investigat no només un delicte continuat de danys i danys contra el patrimoni històric -una de les empreses està integrada en, sinó també pertinença a grup criminal, una qualificació que eleva considerablement la gravetat de la causa.

Una pancarta privada com a indici

L'informe policial es basa principalment en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, un fet que ha generat la crítica de les entitats socials davant els dubtes sobre si diverses d'elles, instal·lades a la façana d'una de les immobiliàries, gravava més espai públic del permès per la normativa de protecció de dades. A partir de l'anàlisi de les gravacions, la Benemèrita reconstrueix els desplaçaments de les persones investigades, identifica vehicles, roba i motxilles i, posteriorment, recorre a perfils públics a xarxes socials per intentar confirmar les seves identitats i les relacions existents entre elles.

Els agents també incorporen referències a la vida privada de les investigades, com el fet que en l'habitatge d'una d'elles pengés una pancarta amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir d'aquest element, l'atestat arriba a afirmar que aquest fet “confirmaria sense cap mena de dubtes l'activitat delictiva d'aquesta persona”.

L'Institut Armat dedica a més part del seu informe al manual d'acció directa difós per 'Menys Turisme, Més Vida'. Malgrat que el document va ser difós públicament més d'un mes després dels atacs, els agents consideren “com a mínim cridaner” que les recomanacions que conté -com ocultar el rostre, emprar pintura o inutilitzar panys amb silicona- coincideixin amb el modus operandi observat durant la investigació dels fets. Per a la Guàrdia Civil, aquesta similitud constitueix un indici rellevant dins la investigació.

'Menys Turisme, Més Vida': “Volen criminalitzar el moviment”

L'operació ha generat una intensa reacció entre organitzacions socials i col·lectius pel dret a l'habitatge. El portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol qüestiona la utilització de les imatges de videovigilància incorporades a la investigació i assenyala que, d'acord amb la informació jurídica de què disposa la plataforma, un particular només pot gravar la via pública en supòsits molt excepcionals. Si finalment s'acredités que alguna de les càmeres no complia la normativa, considera que resultaria “molt fort” que aquestes imatges haguessin servit com a prova. A parer seu, la difusió pública dels vídeos de les detencions perseguia “criminalitzar i posar la gent en contra” del moviment i constitueix un exemple del que qualifica d'una operació “política”.

Respecte al manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma, nega que aquest suposi una incitació a cometre actes vandàlics. Defensa que el document recull formes de protesta que “ja s'estan duent a terme” tant a Mallorca com en altres territoris i sosté que el moviment pretén legitimar una forma d'acció directa no violenta que, assevera, ha format part històricament de les lluites ecologistes i socials. “No ens hem inventat res ni estem agitant la societat per fer bogeries, sinó recollint accions que ja es fan”, argumenta.

Per la seva banda, Alerta Solidària i el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncien que les detencions busquen “desmobilitzar” el moviment i sostenen que s'utilitza el dret penal per reprimir la protesta contra la turistificació. L'entitat sindical acusa a més els “poders fàctics del capital”, en referència al sector immobiliari i turístic, d'actuar al costat dels aparells coercitius de l'Estat per mirar de diluir les protestes. El col·lectiu sosté que la resposta policial pretén generar por entre els qui denuncien la crisi d'accés a l'habitatge i assegura que continuarà donant suport a les mobilitzacions convocades contra la turistificació, l'encari ment de l'habitatge, l'expansió del lloguer vacacional i l'augment de la pressió turística, que han situat l'accés a un habitatge assequible en el centre del debat polític i social.

Mentrestant, la plataforma SOS Residents ha impulsat una campanya per distribuir i penjar a balcons i finestres pancartes amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” arran de la seva inclusió en l'atestat com un dels indicis contra una de les detingudes. El col·lectiu anima la ciutadania a “omplir balcons, finestres i carrers de pancartes per demostrar que defensar el dret a l'habitatge i denunciar les polítiques del Govern no és cap delicte”.

Compareixença de Grande-Marlaska

A les crítiques també s'ha sumat Més per Mallorca, que ha qüestionat l'operatiu policial i ha advertit del risc de convertir la protesta social en un problema d'ordre públic. La formació ecosobiranista considera que la resposta institucional està desplaçant el focus del debat sobre l'emergència habitacional i la massificació turística cap a la persecució de qui denuncia les seves conseqüències. El diputat de Sumar-Més al Congrés Vicenç Vidal ha reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIB a la presidència del Govern, Rosario Sánchez, perquè donin explicacions sobre l'actuació de la Guàrdia Civil. En un missatge publicat a X, Vidal es pregunta: “Per què defensen les empreses que destrossen la vida dels nostres ciutadans?”.

La formació ecosobiranista vol conèixer què va motivar l'operatiu policial, quins protocols es van seguir i si es van respectar els drets de les detingudes. A més, sosté que el debat transcendeix l'actuació policial i es qüestiona “per què l'Estat acaba protegint els interessos del capital especulatiu que alimenta la turistificació i destrossa la vida de la gent, mentre posa el focus sobre les persones que denuncien aquesta situació”.

El Govern balear, mentrestant, ha evitat aquest divendres pronunciar-se sobre l'actuació de la Guàrdia Civil i la detenció de les dues activistes al·legant que desconeix els detalls de la investigació, encara que ha expressat el seu “màxim respecte” per la tasca dels agents. La vicepresidenta segona de l'Executiu, Antònia Maria Estarellas (PP), sí que ha condemnat la “vandalització” de comerços i ha reclamat que la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol es desenvolupi de forma “pacífica”, alhora que ha advertit que “no es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”.

El xoc amb el negoci immobiliari

Es dona la circumstància que una de les immobiliàries que va denunciar la vandalització de la seva façana es Engel & Völkers, una firma que, recentment, va presentar un informe en què defineix les Balears com un dels principals “refugis” immobiliaris d'Europa. “Les Illes Balears continuen consolidant-se com una de les destinacions més segures i atractives d'Europa tant per viure-hi com per invertir-hi”, sosté la companyia en aquest document, en què destaca l'atractiu de l'arxipèlag per a la inversió internacional. Un discurs que xoca frontalment amb el dels col·lectius contra la turistificació, que consideren precisament la creixent pressió del mercat immobiliari un dels principals factors que alimenten la crisi d'accés a l'habitatge.

La publicació de l'informe va arribar fins i tot a un dels plens del Parlament. Interpel·lada per l'oposició sobre si compartia el diagnòstic d'Engel & Völkers -empresa participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira- com a “refugi” per a la inversió immobiliària, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), va evitar pronunciar-s'hi i va centrar la seva resposta en la defensa de la propietat privada. “La majoria dels propietaris no són senyors amb corbata, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, va afirmar, alhora que va tornar a carregar contra l'ocupació il·legal i a reivindicar la necessitat de protegir els propietaris.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Engel & Völkers per recollir la seva versió sobre les crítiques formulades pels col·lectius que qüestionen la legalitat de les càmeres de videovigilància instal·lades a la façana de la seva oficina de Santa Maria, la seva utilització en la investigació dels actes vandàlics, si aquests dispositius disposen de la corresponent autorització municipal i si compleixen la normativa de protecció de dades i de videovigilància. Tanmateix, no havia obtingut cap resposta en el moment de la publicació d'aquest article.

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.

El choque con el negocio inmobiliario

Se da la circunstancia de que una de las inmobiliarias que denunció la vandalización de su fachada fue Engel & Völkers, una firma que, apenas unas semanas antes de los hechos, había presentado un informe en el que definía a Baleares como uno de los principales “refugios” inmobiliarios de Europa. “Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”, sostiene la compañía en ese documento, en el que destaca el atractivo del archipiélago para la inversión internacional. Un discurso que choca frontalmente con el de los colectivos antituristificación, que consideran precisamente la creciente presión del mercado inmobiliario uno de los principales factores que alimentan la crisis de acceso a la vivienda.

La publicación del informe llegó incluso a uno de los plenos del Parlament. Interpelada por la oposición sobre si compartía el diagnóstico de Engel & Völkers -empresa participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira- como un “refugio” para la inversión inmobiliaria, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), evitó pronunciarse al respecto y centró su respuesta en la defensa de la propiedad privada. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, afirmó, al tiempo que volvió a cargar contra la ocupación ilegal y a reivindicar la necesidad de proteger a los propietarios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Engel & Völkers para recabar su versión sobre las críticas formuladas por los colectivos que cuestionan la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su oficina de Santa Maria, su utilización en la investigación de los actos vandálicos, si los dispositivos cuentan con la correspondiente autorización municipal y si cumplen con la normativa de protección de datos y videovigilancia, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este artículo.

Llogar un habitatge al costat del mar costa avui fins al doble que fa cinc anys. L'escalada de preus ha situat les Balears com el principal exponent de la tensió del mercat residencial a la costa espanyola: Sant Josep de sa Talaia, Calvià i Santa Eulària des Riu ocupen els tres primers llocs del rànquing nacional de municipis amb el lloguer de platja més car, segons l'Índex Immobiliari de Fotocasa corresponent el juny de 2026.

El municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia encapçala la classificació amb un preu mitjà de 25,56 euros per metre quadrat al mes, seguit de Calvià (24,64 euros) i Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Després d'ells figuren Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) i Badalona (19,32 euros).

Segons el portal immobiliari, quatre de cada deu municipis costaners analitzats ja superen el preu mitjà del lloguer a Espanya, que al juny es va situar en 14,79 euros per metre quadrat al mes. L'informe atribueix aquesta evolució al creixent atractiu de les zones litorals no només com a destinació vacacional, sinó també com a lloc de residència permanent, en un context marcat per una oferta insuficient per absorbir l'augment de la demanda.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, sosté que el mercat del lloguer a la costa travessa “una de les majors tensions de la seva història”. Al parer seu, la combinació entre l'auge del turisme residencial, el creixent interès per viure al costat del mar durant tot l'any i l'escassetat d'habitatge disponible ha convertit aquests municipis en alguns dels mercats més tensionats del país.

“Aquest augment del preu no només encareix les estades vacacionals, sinó que també dificulta l'accés a l'habitatge per a la població resident”, assenyala Matos.

Les dades reforcen la pressió que des de fa anys suporta el mercat residencial balear, on l'increment dels lloguers s'ha convertit en un dels principals factors que dificulten l'accés a l'habitatge per a treballadors i residents, especialment en els municipis amb un atractiu turístic més elevat.

Alquilar una vivienda junto al mar cuesta hoy hasta el doble que hace cinco años. La escalada de precios ha situado a Baleares como el principal exponente de la tensión del mercado residencial en la costa española: Sant Josep de sa Talaia, Calvià y Santa Eulària des Riu ocupan los tres primeros puestos del ranking nacional de municipios con el alquiler de playa más caro, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondiente a junio de 2026.

El municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Calvià (24,64 euros) y Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Tras ellos figuran Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) y Badalona (19,32 euros).

Según el portal inmobiliario, cuatro de cada diez municipios costeros analizados ya superan el precio medio del alquiler en España, que en junio se situó en 14,79 euros por metro cuadrado al mes. El informe atribuye esta evolución al creciente atractivo de las zonas litorales no solo como destino vacacional, sino también como lugar de residencia permanente, en un contexto marcado por una oferta insuficiente para absorber el aumento de la demanda.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, sostiene que el mercado del alquiler en la costa atraviesa “una de las mayores tensiones de su historia”. A su juicio, la combinación entre el auge del turismo residencial, el creciente interés por vivir junto al mar durante todo el año y la escasez de vivienda disponible ha convertido estos municipios en algunos de los mercados más tensionados del país.

“Este aumento del precio no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente”, señala Matos.

Los datos refuerzan la presión que desde hace años soporta el mercado residencial balear, donde el incremento de los alquileres se ha convertido en uno de los principales factores que dificultan el acceso a la vivienda para trabajadores y residentes, especialmente en los municipios con mayor atractivo turístico.

La paradoja se repite. El turismo enfrenta una vez más dos realidades que conviven en Canarias. Por un lado, una demanda que no deja de crecer y mantiene al archipiélago entre los destinos más demandados de Europa. Por otro, un debate cada vez más intenso sobre el impacto que ese éxito tiene en el acceso a la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y el territorio.

Según los últimos datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, a través del infome elaborado por la Eurostar sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, Canarias se sitúa como la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Este auge tiene uno de sus principales epicentros en Tenerife. La isla concentra el mayor número de pernoctaciones del archipiélago y, entre 2018 y 2025, las noches de estancia prácticamente se duplicaron, pasando de 5,4 a 12,5 millones, un incremento del 132,9% que coloca a la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre las que más actividad registran en España. El fenómeno se percibe con especial intensidad en Puerto de la Cruz, la séptima ciudad del país con mayor presión de este tipo de alojamientos, después de que las noches de estancia por cada 1.000 habitantes crecieran un 106,9% en esos siete años.

Un crecimiento que coincide con el aumento del debate sobre la saturación turística y sus efectos sobre la calidad de vida de la población local. El malestar social se ha hecho visible en las numerosas manifestaciones celebradas durante los últimos años, donde miles de personas reclamaron acabar con el turismo masivo y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Y aunque el 60% de las reservas en viviendas turísticas correspondieron a visitantes internacionales, el turismo nacional también ha ganado peso en los últimos años. Desde 2018, el número de españoles que optan por este tipo de alojamiento dentro del territorio nacional se ha duplicado, aumentando la demanda de viviendas turísticas en el archipiélago.

A ello se suma el incremento de las pernoctaciones. Como ya contábamos, Tenerife es la isla donde más han aumentado, aunque el crecimiento se aprecia en todo el archipiélago. En el caso de los turistas extranjeros, la estancia media ha pasado de 11,2 noches en 2018 a más de 23 en 2025. Esto implica que las viviendas permanecen ocupadas durante más tiempo y, por tanto, se reduce la disponibilidad de inmuebles para uso residencial en un territorio con un espacio limitado como Canarias.

Este fenómeno trae consecuencias tanto para el sector turístico como para el mercado residencial. Por un lado, consolida el peso de las viviendas vacacionales como alternativa a la oferta hotelera tradicional, pero inevitablemente reduce la disponibilidad de vivienda para la población residente y contribuye al encarecimiento de los precios del alquiler con mayor actividad turística. La transformación en los hábitos de alojamiento de los turistas obliga a replantear cómo compatibilizar el crecimiento del sector con el acceso a la vivienda y la protección de un suelo finito.

El antropólogo e investigador en turismo Claudio Milano asegura que aunque “existe una descentralización” de la vivienda turística, no implica una reducción en las zonas más turísticas, es decir, que “no hay una relajación, sino al contrario”. Se le suma además el fenómeno de “estudiantes internacionales, nómadas digitales y residentes temporales, flotantes, que pasan unos meses en una ciudad” y pueden tensionar aún más el mercado de la vivienda. Asimismo, alerta que las regulaciones municipales o autonómicas tienen poco impacto porque “se enfrentan a multinacionales que no tienen sede fiscal en España” y “es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales”, además de que existe “una falta de fiscalización real de su cumplimiento. Y hay formas de saltárselas como empadronarse en una vivienda y después alquilar”.

Canarias, destino de invierno para los extranjeros

Volviendo al turista extranjero este sigue manteniendo su preferencia por los meses de invierno para visitar las islas. Diciembre y enero son los de mayor pernoctación en viviendas turísticas por habitante foráneo.

En el caso del turismo nacional, la ruleta cambia. Los españoles prefieren los meses de julio y agosto para pasar sus vacaciones en Canarias, aunque incluso en esa temporada siguen pernoctando más extranjeros que españoles, con 189 más por cada 1.000 habitantes.

Esta marcada estacionalidad, unida al crecimiento de las estancias de larga duración y al aumento de la demanda de viviendas turísticas, ha intensificado el debate sobre los efectos de este modelo de alojamiento en el mercado residencial canario. Diversos especialistas señalan que la expansión de las viviendas vacacionales está contribuyendo a transformar el uso del parque de viviendas y a incrementar la presión sobre el acceso a la vivienda.

Es por ello que el Gobierno de Canarias echó el freno de mano al alquiler vacacional el pasado año tras las masivas protestas sociales en la isla y optó por aprobar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de atajar la crisis de la vivienda y evitar que los residentes se vayan de sus barrios. La normativa prohíbe dar de alta a nuevos pisos turísticos durante cinco años (salvo que los ayuntamientos demuestren que tienen espacio para ellos) y veta por completo el uso vacacional en las viviendas protegidas (VPO). Con un tope general del 10% por municipio, el control del territorio vuelve a las comunidades de vecinos y a los alcaldes, quienes ahora tienen el poder de decidir dónde y cuántos turistas pueden alojarse en suelo residencial para evitar el colapso del archipiélago.

Sin embargo, aunque la medida ha conseguido paralizar el ascenso de los pisos turísticos, no ha logrado rebajar la presión de la crisis de la vivienda. El geógrafo Agustín Cocola, miembro del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios Turísticos de la Universitat Rovira i Virgili, en Catalunya, asegura que “el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto. Por tanto, hablaría más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia con efectos claros sobre el acceso a la vivienda”.

Por su parte, el economista especialista en vivienda de la consultora Ksnet, Pablo Tucat, sostiene que medidas como las limitaciones municipales o el registro único estatal, tumbado recientemente por el Supremo, deberían tener algún efecto y alerta de e “limitaciones de recursos públicos a la hora de fiscalizar”. “Las multas a las viviendas turísticas han sido elevadas, por lo que también deberían disuadir”, añade.

El investigador Claudio Milano también se refiere a una “turistificación de la vida cotidiana” y sostiene que existen “evidencias científicas de sobra” sobre el impacto de este fenómeno en los precios de la vivienda. Según explica, “a partir de las plataformas, el turismo se mete en nuestras fincas”, al favorecer la incorporación de viviendas residenciales al mercado turístico. En su opinión, “nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años”, ya que una parte creciente del parque residencial se ha orientado al alojamiento turístico y al alquiler temporal, modalidades que ofrecen una rentabilidad superior al alquiler residencial tradicional.

Cuando Frédéric Chopin y George Sand llegaron a Mallorca en 1838 lo hicieron buscando clima y salud en una estancia temporal alejada del invierno parisino. Primero se alojaron en Palma y después en Valldemossa. Aquella experiencia, inmortalizada por George Sand en Un invierno en Mallorca, refleja una práctica antigua: residir temporalmente en una vivienda ajena por motivos diversos (personales, vacacionales, estacionales).

Casi dos siglos después, el fenómeno ha cambiado de escala, de lógica y de consecuencias. Lo que antes era una forma ocasional de alojamiento se ha convertido en una industria global articulada a través de plataformas digitales capaces de comercializar millones de viviendas en tiempo real. El alquiler turístico de corta duración ha transformado barrios enteros, especialmente en ciudades y territorios como Mallorca, Málaga, Barcelona o Ibiza, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.

La tardía respuesta jurídica de la Unión Europea es un paso importante, pero insuficiente. El Reglamento (UE) 2024/1028 de alquiler de corta duración obliga a las plataformas a colaborar con las administraciones mediante sistemas de registro, verificación (desafortunadamente solo aleatoria) y transmisión de datos sobre anuncios y arrendadores (anfitriones, en la terminología de Airbnb, curiosamente seguida por las autoridades de la Unión). España, por su parte, ha respondido con el denominado Registro Único de Arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 y destinado a centralizar a nivel estatal la identificación de inmuebles ofertados en plataformas digitales. La idea, en principio, parece sencilla: si cada vivienda tiene un número de registro (concedido, conforme al Real Decreto español, por el Colegio de Registradores de la Propiedad) y las plataformas lo verifican y, además, comparten información, será más fácil detectar la oferta ilegal. Pero la realidad es bastante más compleja.

De entrada, el principal problema de fondo que plantea el nuevo modelo es que se confunde transparencia con control efectivo. Registrar viviendas no equivale necesariamente a supervisarlas, controlarlas y detectarlas. Una administración puede disponer de miles de datos y seguir careciendo, como así sucede, de medios suficientes para inspeccionar inmuebles, o verificar si una vivienda turística incumple normas urbanísticas, fiscales o de convivencia.

Y, en última instancia, a este problema inicial se añade un problema de distribución y fragmentación competencial. En el estado español, las comunidades autónomas regulan el turismo; los ayuntamientos controlan el urbanismo y los usos del suelo; y el Estado impulsa ahora mecanismos centralizados de registro. El resultado es un sistema, una verdadera maraña legal, donde los datos circulan mejor que las competencias; y que, de forma particular, ha provocado enfrentamientos entre Estado y Comunidades Autónomas por la creación del registro único estatal que se superpone a los preexistentes registros autonómicos. Precisamente estos enfrentamientos han dado lugar a la anulación del registro único estatal por la reciente Sentencia nº 620/2026, de 19 de mayo, del Tribunal Supremo, lo que obliga a un replanteamiento del sistema con coordinación con las Comunidades Autónomas. Lo que demuestra, una vez más, que el fin (loable de lucha contra la oferta ilegal) no justifica los medios (la creación de un registro único no exigido por la normativa de la Unión Europea).

Las plataformas digitales tampoco salen especialmente perjudicadas del nuevo esquema regulador. Aunque aumentan sus obligaciones de colaboración, siguen actuando esencialmente como intermediarios tecnológicos y no como verdaderos corresponsables del cumplimiento de la legalidad material de los anuncios que publican. Plenamente inmersos en la denominada economía de plataformas, les es exigible algo más que una simple comprobación aleatoria del número de registro, más si cabe si tecnológicamente es posible una comprobación exhaustiva de forma prácticamente automatizada.

Y, mientras tanto, el mercado, legal e ilegal, se adapta. Parte de la oferta ilegal se desplaza, por una parte, hacia fórmulas contractuales aparentemente distintas, especialmente el llamado alquiler de temporada. Se trata de una figura plenamente válida en el derecho civil español, pensada para necesidades temporales reales (trabajo, estudios, tratamientos médicos), pero cuya utilización fraudulenta como cobertura de alquileres turísticos encubiertos resulta cada vez más difícil de distinguir. Y, por otra parte, la oferta ilegal se desplaza también hacia canales de comercialización no cubiertos por estas recientes normativas, que limitan su ámbito de aplicación a las plataformas digitales comercializadoras especializadas en alquiler turístico, por lo que surgen iniciativas en otros canales alternativos (como TikTok, o Instagram, como ha detectado el Consell de Mallorca).

Mallorca vuelve a funcionar como un espejo adelantado de Europa. Un territorio cuya economía depende del turismo, pero que al mismo tiempo experimenta de forma intensa los efectos de la presión inmobiliaria sobre la población residente.

La pregunta ya no es si debe regularse el alquiler turístico. Eso parece, finalmente, asumido. La cuestión es si las nuevas regulaciones bastarán para afrontar un fenómeno que cambia más rápido que las normas diseñadas para contenerlo. Porque el problema no es únicamente tecnológico ni administrativo. Es, sobre todo, político, urbano y social: decidir qué tipo de ciudades y territorios quieren seguir siendo habitables para quienes viven en ellos.

Mallorca resume mejor que ningún otro territorio esta contradicción contemporánea. La misma isla que históricamente vivió de acoger visitantes se enfrenta ahora al riesgo de expulsar silenciosamente a parte de su población residente. En suma, el debate sobre el alquiler turístico ya no trata únicamente sobre turismo. Trata sobre el modelo de ciudad y, en última instancia, sobre el derecho a habitarla.

“Denunciam la violència de la destrucció del territori, de l'expulsió dels veïns, de no poder accedir a un habitatge, de veure com s'esgoten l'aigua i el sòl en benefici de les indústries turística i immobiliària, que viuen de fer negoci amb un patrimoni que és de tothom”. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha respost d'aquesta manera a la polèmica suscitada per la difusió d'un manual d'acció contra la turistificació que proposa actuacions com fer pintades, bloquejar panys d'habitatges de lloguer turístic amb silicona o llançar pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic.

En un comunicat, l'organització emmarca aquestes accions en una llarga tradició de mobilitzacions ecologistes i recorda com a precedents l'ocupació de sa Dragonera o les protestes contra projectes urbanístics a la costa mallorquina. “No ens hem inventat res”, subratllen, reivindicant l'acció directa i la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

Després de les crítiques rebudes per part del sector polític i empresarial -la Delegació del Govern espanyol adverteix que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte, mentre que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violència”-, l'entitat afirma que “la violència és executada des de dalt” i assegura que mai no ha defensat la violència física.

“No advocam per la violència; al contrari, la denunciam”, sosté, abans d'enumerar com a formes de violència la destrucció del territori, l'expulsió de veïns per l'augment del preu de l'habitatge, la impossibilitat d'accedir a un habitatge o la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest context, Menys Turisme defensa expressament una de les accions recollides en el manual en afirmar que “fer pintades o posar silicona als panys d'habitatges de lloguer turístic il·legal que incompleixen la llei no és violència”.

La plataforma considera que la controvèrsia generada respon a una voluntat de “tergiversar” el contingut del document i de “deslegitimar i dividir” el moviment contra la massificació turística. Segons explica, la publicació del manual pretén orientar accions de protesta que, sosté, ja s'estaven produint, fent-ho des dels paràmetres de “l'acció directa no violenta”, tal com consta expressament en el manual.

Els impulsors del text insisteixen, a més, que el document no està vinculat a la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma contra la massificació turística, tot i que sí que fan una crida a participar en aquesta mobilització, que arribarà després de la cadena humana celebrada el cap de setmana passat a Es Trenc i d'altres protestes desenvolupades durant els darrers mesos.

Menys Turisme sosté que la publicació del manual respon a la “nul·la actuació institucional” davant les conseqüències de la turistificació i assegura que, malgrat haver presentat propostes i haver reclamat diàleg, cap institució s'ha posat en contacte amb la plataforma després de fer públic el seu llistat de demandes.

La resposta arriba un dia després que la Delegació del Govern a les Balears advertís que les crides a causar danys en béns públics o privats “no poden compartir-se ni justificar-se”, tot i que va reconèixer la legitimitat del debat social sobre l'impacte del turisme en l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de l'arxipèlag.

La difusió del manual ha reobert el debat sobre els límits de la protesta en un moment de creixent contestació social al model turístic a les Balears. Els col·lectius convocants sostenen que l'augment continuat del preu de l'habitatge, l'expulsió de residents de nombrosos barris i la pressió sobre el territori justifiquen intensificar les mobilitzacions, mentre que les administracions insisteixen que qualsevol reivindicació s'ha de desenvolupar dins el marc legal i sense causar danys a persones o béns.

Denúncia per suposada pertinença a grup criminal

Per part seva, un bufet balear ha presentat una denúncia penal en un jutjat de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' i Arran, a les quals atribueix presumptes delictes de pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys arran de la difusió del manual.

El despatx sol·licita a més la intervenció de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional per a investigar les recomanacions contingudes en el document sobre tècniques de contravigilancia, ocultació del rostre i ús de disfresses durant les accions de protesta. Segons el parer de la signatura, aquestes indicacions evidencien una planificació d'actuacions dirigides a intimidar a empresaris, immobiliàries i propietaris.

En l'escrit, recollit per Europa Press, el bufet sosté que les actuacions promogudes pel manual excedeixen l'exercici legítim del dret de manifestació i les equipés a “tàctiques coercitives típiques de la kale borroka de carrer”, en considerar que busquen acoquinar a empreses i particulars que desenvolupen una activitat econòmica lícita.

El despatx rebutja així mateix l'argument que l'emergència residencial tingui el seu origen en l'activitat turística. En el seu lloc, atribueix la reducció de l'oferta de lloguer residencial a la “extrema inseguretat jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesi que ja va defensar setmanes enrere amb la presentació en el Parlament d'una proposició legislativa per a endurir la resposta enfront d'aquest fenomen.