Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha afirmado que declaró, al inicio de la investigación del 'caso Taula', ante la Unidad Central Operativa (UCO) “muy fumado” y, “muchas veces, perjudicado”. El acusado ha aludido específicamente al consumo de marihuana.

Su intención, en su primera etapa de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, era “perjudicar al PP”, según ha afirmado. Por otro lado, también ha asegurado que fue contratado en la Fundación Jaume II El Just por el entonces conseller de Cultura, Esteban González Pons, actualmente eurodiputado y dirigente del PP de Alberto Núñez Feijóo.

El 'yonqui del dinero' ha negado que obtuviera comisiones del empresario Carlos Turró, antiguo presidente del Consejo de Administración de la constructora Cleop. Igualmente, ha negado comisiones del empresario Enrique Aleixandre o de la mercantil EMR para repartírselo con la entonces concejal de Cultura, María José Alcón (fallecida).

Se trata del cuarto juicio para el 'yonqui del dinero', esta vez por la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las presuntas mordidas en contratos municipales del Ayuntamiento de València en la etapa de Rita Barberá, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Marcos Benavent ha declarado que María José Alcón, entonces esposa de Vicente Burgos (también acusado), “no estaba en buena situación psíquica y emocional” y, además, “la situación familiar y marital no era muy buena”. Burgos, según el 'yonqui del dinero', le pidió que controlara a Alcón.

Benavent: “Yo contaba muchas mentiras”

El acusado también ha afirmado: “Yo contaba muchas mentiras, manipulaba muchas grabaciones por intereses personales, muchas cosas no quería que se supiera”. Se trata de la prueba clave de la causa (avalada por anteriores sentencias condenatorias del 'caso Taula'), que entregaron a la Fiscalía Anticorrupción en 2014 la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, y el exsuegro del 'yonqui del dinero', el empresario Mariano López.

Benavent ha manifestado que “usaba bastante” el programa Audacity —“de fácil manejo”— para “cortar y pegar” los audios. “Había cosas que no tenían sentido y otras no me interesaba que estuvieran allí”, ha apostillado.

Ante las evidentes contradicciones respecto a sus afirmaciones al inicio de la instrucción, el fiscal Fernando Maldonado ha pedido que se reproduzcan en la sala las declaraciones ante la UCO.

El tribunal ha considerado que “no procede” la reproducción de las declaraciones.

En la vista de este martes del juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', relativo a las presuntas mordidas en contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, se escucharon una decena de audios seleccionados por el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado. Se trata de las grabaciones que registró subrepticiamente Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', con algunos de sus correligionarios del PP y que retratan la esencia de toda una época de hegemonía de los populares en las principales instituciones valencianas y su traducción en ciertas adjudicaciones públicas. En las grabaciones, reproducidas en la sala ante las miradas neutras de los abogados de las defensas, el 'yonqui del dinero' resume a su interlocutora, la concejal de Cultura María José Alcón (fallecida), sus trapicheos en el cobro de presuntas comisiones a la constructora Cleop, que obtuvo uno de los contratos bajo sospecha. “En concreto, Cleop ha ayudado mucho al partido”, afirma Benavent en una de las grabaciones.

No fue la única a la que pasaron el cazo, según se desprende de los audios. A otra de las mercantiles (Thematica Events), el 'yonqui del dinero' la catalogaba ante Alcón como una “empresa vinculada al PP”. “Acaban de hacer un bolo en Madrid con Ana Botella que te cagas”, le recuerda a la edil, exmujer de Vicente Burgos, un antiguo alto cargo del PP que también se sienta en el banquillo de los acusados.

Los diálogos retratan los procesos de adjudicación entre bambalinas, según expresaba Benavent: “Vas a tener movida política porque vas a adjudicar a una empresa que está vinculada al PP, te van a pegar fijo”. O: “El argumento de peso es que ha llamado la jefa y tiene que ser para Quique, ese es el argumento”, afirmaba el 'yonqui del dinero' en uno de los audios, presuntamente en referencia a la entonces alcaldesa Rita Barberá y a su sobrino.

En las grabaciones, Alcón informaba a Benavent de datos sobre la mesa de adjudicación días antes de que se hicieran públicos, para que fuese tratando con los empresarios con los que planeaban el presunto cobro de comisiones.

9.000 euros para “dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”

El audio más famoso resulta el más delicado para la defensa de Marcos Benavent:

—M. Benavent: Bueno, aquí te traigo...

—M. J. Alcón: Oye, estos reyes magos han (no se entiende).

—M. Benavent: Mira, no me hables. Llevo siete meses detrás. No me han dado lo que yo quería. Aquí sólo hay un dos por cien, 9.000 euros, millón y medio. No sé si te parecerá poco o bastante.

—M. J. Alcón: (no se entiende).

—M. Benavent: De los 500.000, hay que descontar el lVA y luego los problemas que han tenido (no se entiende) venta de la empresa, lo que han hecho que no han tenido que hacer. Alguien les dijo, “oye, Marcos en su momento hizo el esfuerzo”. Yo, mira no podemos más y...

—M. J. Alcón: (no se entiende).

—M. Benavent: 9.000 euros.

—M. J. Alcón: Ah, 9.000 euros.

—M. Benavent: Un millón y medio, eh.

—M. J. Alcón: 9.000 euros que es ...

—M. Benavent: Un millón y medio de pesetas. Para por lo menos comprarte ...

—M. J. Alcón: Nos daremos una ...

—M. Benavent: ...dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas.

“Los IVAs y los putas madres”

En otro de los diálogos, María José Alcón expresa sus lamentos por las bajas mordidas que obtuvo la pareja.

—M. Benavent: De un millón doscientos, hay que quitarle, el lVA y se queda un millón y al hacer un 20%, solo nos pueden dar un dos. 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el Partido. Porque Alfonso viene así y yo me he quedado 5.000. 10.000 tienes ahí.

—M. J. Alcón: Bueno.

—M. Benavent: No se puede más. Por eso te he preguntado si has reformado.

—M. J. Alcón: Podrías haber ... entre que los IVAs y los putas madres...

—M. Benavent: El IVA son 200.000 euros. Ten en cuenta que es de un millón de euros... pues de un millón doscientos. Quítale 200. De un millón, lo que quede, que es el dos. No pueden más. Ellos me han dicho que si hubiera reformado, si que pueden aumentar los porcentajes. Ahora eso sí. A los tres días de estar adjudicado, el dinero por medio. Y eso siempre es bueno.

El “clonado” de los audios por la UCO

En la misma sesión del juicio declararon dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron varios informes relativos a la pieza separada E del 'caso Taula'.

Ambos detallaron, por enésima vez (al tratarse del séptimo juicio de la macrocausa), la “secuencia” de la entrega del lápiz de memoria y del ordenador que previamente había obtenido la Fiscalía Anticorrupción de manos del exsuegro del 'yonqui del dinero', el empresario Mariano López, y de la diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo.

Precintaron el material informático y lo llevaron a las instalaciones de la UCO de la Guardia Civil en Madrid para custodiarlo. Los investigadores copiaron los dispositivos e iniciaron sus pesquisas “sobre el clonado resultante”, según explicaron.

Posteriormente, cuando las diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 18 de València tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, entregaron allí las bolsas de precinto.

Tres días de declaración de Benavent ante la UCO

Los dos agentes de la UCO destacaron, a preguntas del fiscal anticorrupción, que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) demuestra que “sobre lo que se está trabajando es copia del original”.

La transcripción de los audios, algunos con conversaciones en valenciano, completaron las pesquisas de la UCO, aderezadas con los expedientes de contratación a los que se refieren en las grabaciones Benavent y Alcón. También con fuentes abiertas como las bases de datos del Registro Mercantil.

Además, los agentes del Instituto Armado contaban con la ayuda del 'yonqui del dinero', quien durante la primera fase de colaboración con la justicia, aportó datos relevantes sobre la presunta trama. Los agentes de la UCO indicaron que Benavent ni fue presionado ni se quejó durante sus primeras declaraciones policiales. Se le tomaron “largas” declaraciones “en cinco ocasiones, en tres días”.

Al convertirse en una macrocausa, constan más de una quincena de informes de la UCO en el sumario del 'caso Taula'. Uno de los dos agentes explicó la “línea de actuación clara” que se desprende de los audios: el objeto de las conversaciones se materializaba en los expedientes de contratación, con las empresas a las que aludían como adjudicatarias de los contratos municipales.

Registro en Cleop de “12 horas”

El letrado de Carlos Turró, expresidente del consejo de administración de la constructora Cleop, interrogó a los investigadores sobre la ingente documentación que intervinieron en la sede de la empresa. “De Cleop se llevaron muchísima documentación de todos los años, toda la contabilidad, me acuerdo porque me llamaron y estuve allí presente, estuve 12 horas…”, rememoró el abogado de la defensa.

El agente de la UCO que hizo de instructor del informe explicó que Cleop “no solo aparecía” en la pieza separada E del 'caso Taula', también en “otros contratos”. “Ese registro se ejecuta con esa intención, afectaba a la totalidad de la causa, que se llevaba como un todo”, afirmó el guardia civil.

Para el tratamiento de la documentación, “se utilizan herramientas que facilitan ese análisis” y “si existe algo que se ve de interés, pues se consigna”. “Todo lo que se recaba se pone a disposición del equipo de trabajo”, agregó el agente de la UCO. 

El jurado ha declarado culpable a Miguel Tomás V. N. de la muerte del canónigo de la Catedral de València, Alfonso López Benito, de 79 años. Por otro lado, el jurado también lo ha declarado culpable de los delitos de robo con violencia y estafa.

Por mayoría de siete a dos de sus componentes, el jurado ha establecido que Miguel Tomás es culpable del hecho delictivo de la muerte del canónigo, “de acuerdo con otra persona” que no ha sido identificada.

El jurado también concluye que hubo un “plan preestablecido” entre ambos para dirigirse al domicilio de la víctima la noche del 21 de enero de 2024 y “apoderarse” del dinero del religioso.

También sostienen que se produjo una “muerte por asfixia”, que “no fue accidental”, y sitúan al acusado en la zona de la vivienda del canónigo, tal como estableció la investigación con el posicionamiento de los teléfonos móviles.

Alfonso López Benito, “debido a su edad, no tenía posibilidades” de defenderse. Además, Miguel Tomás V. N. “conocía su condición física así como su avanzada edad”.

Y, por unanimidad, el jurado considera que se apoderaron de la tarjeta bancaria y la del Corte Inglés del canónigo, así como de su móvil, para “obtener beneficio económico”.

Los miembros del jurado han pedido que no se proponga un indulto por parte del Gobierno y que no se le reconozcan posibles beneficios penitenciarios.

Por su parte, el fiscal Antonio Gastaldi ha solicitado 20 años de prisión y cinco de libertad vigilada por el delito de asesinato; cinco años por el delito de robo con violencia, y tres años por el de estafa continuada.

Por su parte, la defensa del acusado, que ejerce Jorge Carbó, ha pedido que se dicte una “pena moderada dentro del margen que la ley permite”.

Tras la lectura del veredicto, Miguel Tomás ha sido engrilletado por dos agentes de la Policía Nacional y conducido a la prisión de Picassent.

El acusado, de nacionalidad peruana y sin antecedentes penales, se declaró inocente del delito de asesinato en su declaración en la vista oral del pasado 30 de enero, aunque reconoció el robo del teléfono móvil, el DNI y las tarjetas del religioso. La Policía Científica no halló restos de ADN ni huellas del único acusado en la vivienda del canónigo.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha seleccionado una hora de las 12 que componen en total la fonoteca de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', para reproducirla en la fase de práctica de la prueba del juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', relativo a las supuestas mordidas en contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València.

El representante del Ministerio Público ha minutado los audios que inmortalizaron el reparto de presuntas comisiones entre Benavent y la concejal de Cultura, María José Alcón (fallecida), exmujer de otro antiguo alto cargo del PP que se sienta en el banquillo de los acusados, Vicente Burgos.

Se trata de las grabaciones que el 'yonqui del dinero' registró en secreto durante años y que fueron entregadas por la exdiputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, y por el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario Mariano López, a la Fiscalía Anticorrupción, a partir de las cuales nació la investigación de la trama del 'caso Taula'.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reservado los ratos libres de alguna de las sesiones de esta semana para la reproducción de los audios.

Por otro lado, el concejal de contratación, Félix Crespo, declaró este lunes a petición de la defensa del empresario Carlos Turró, que se sienta en el banquillo de los acusados. Crespo sostuvo que conoció la figura de Marcos Benavent el día que reapareció ante los medios al estallar el 'caso Taula', rebautizado como el 'yonqui del dinero' y con melena estilo espiritualista.

El testigo se presentó, a preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, como un profesor de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, con un “perfil jurídico”, al que se le “pidió que participara en el proyecto [del PP] un tiempo concreto”, entre 2003 y 2019 (la última legislatura, en la oposición).

“Rotundamente le digo que no”

Crespo hizo “poca vida de partido”, según afirmó. También explicó que los componentes de una mesa de contratación “vienen determinados por ley” y afirmó que nadie le comunicó ninguna irregularidad ni favoritismo por parte de Alcón hacia una empresa en concreto: “Sería del género absurdo que intentara intervenir, el concejal se convierte en un testigo mudo”.

El testigo —que estuvo imputado en la pieza separada A del 'caso Taula' (relativa al presunto pitufeo en la campaña electoral del PP en 2015) hasta el polémico sobreseimiento dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia— dijo que “técnicamente” son los funcionarios los que valoran las ofertas.

Preguntado sobre si hubo “quejas” o “presiones para beneficiar a alguna empresa”, Félix Crespo contestó: “Rotundamente le digo que no, de haber sido así lo hubiera puesto en conocimiento de la mesa de contratación”.

Por otro lado, el testigo detalló que el contrato de las Torres de Quart estaba vinculado a un bien de especial protección: “Esa actuación es de lo más temido en las obras, porque se sabe que conlleva una demora de tiempo”.

Un directivo dice que Turró “jamás” intervenía en una licitación

Alejandro D. A., ingeniero de caminos y directivo de la constructora Cleop, de la que el acusado Carlos Turró fue presidente del consejo de administración, declaró que la adjudicación de aquel contrato siguió “cauces normales” y que se trata de contratos con una “componente técnica muy importante” que cuentan con las aportaciones de “empresas especialistas”, en este caso en restauración del patrimonio.

El testigo afirmó que Turró “coordinaba el día a día de la empresa”, aunque “nunca jamás” intervenía en una licitación pública. La constructora manejaba en aquella época un volumen de negocio de entre 90 y 95 millones de euros anuales.

El directivo de Cleop dijo que “nunca jamás” conoció a Marcos Benavent ni lo vio en la sede de la empresa. Tampoco recordaba que la edil María José Alcón pasara de visita por las obras, aunque no lo descartaba al ser común la presencia de políticos municipales: “En estos momentos, estamos restaurando el Mercado de Abastos y vino la alcaldesa”, explicó en referencia a María José Catalá.

En el séptimo juicio oral del 'caso Taula' la denunciante inicial, la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, volvió a relatar, durante la tercera vista de este jueves, las peripecias del inicio de la investigación de la presunta trama—allá por 2014— y, singularmente, cómo llegaron a sus manos las más de diez horas de comprometedores audios que Marcos Benavent grabó subrepticiamente a sus compañeros del PP durante años. La testigo refrendó que un intermediario le hizo llegar el mensaje de que una garganta profunda quería ventilar material sensible sobre los presuntos tejemanejes del PP en la Diputación de Valencia. Se trataba de Agustí Cerdà, exsecretario general de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), formación creada a modo de filial de ERC al sur de Catalunya que nunca llegó a despegar. Cerdà “tenía balas, pero no tenía pistola”, relató Pérez Garijo, con cierto tono de western, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que enjuicia la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a los contratos municipales del área de cultura en la etapa de Rita Barberá.

El dirigente de ERPV, a quien la testigo conocía del “ámbito de la izquierda” valenciana (habían formado parte, aunque en épocas distintas, del sindicato estudiantil Bloc d'Estudiants Agermanats), le llamó para decirle que un “empresario modélico” tenía material potente sobre la corrupción del PP provincial.

Rosa Pérez Garijo denunciaba numerosas irregularidades en el seno de la Diputación de Valencia y acabó quedando con un tal Mariano López en el bar Kiosko del barrio del Carmen, a tiro de piedra de la Lonja y del Mercado Central y conocido en aquel momento por sus notables bocadillos de calamares. Para su labor en la oposición, en algunos casos, los soplos y las pistas venían de un gerente de la empresa pública de la Diputación (Imelsa) llamado Marcos Benavent, un tipo simpático y crítico con sus propios correligionarios del PP al que consideraba como “el más honrado” entre los populares.

Su interlocutor empezó a contarle “corruptelas”, según rememoró la testigo, que en esa primera toma de contacto desconocía que Mariano López era el exsuegro de Benavent: “Tardé un tiempo en saberlo”. El empresario decía que “tenía pruebas muy graves” y ella dudaba porque, de vez en cuando, le susurraban al oído denunciantes de supuestas tramas corruptelas sin aportar datos fiables: “La gente te cuenta tantas cosas...”.

Pérez Garijo animó a Mariano López a enseñar sus cartas de una vez. En otra quedada posterior, esta vez en la sede de EUPV en Catarroja (localidad de la comarca de l'Horta Sud de la que es oriunda la testigo), el informador le “pasó” los archivos. “Había que escucharlos mucho e intentar hilar lo que se decía en los audios con la realidad”, explicó.

La entonces diputada provincial tuvo que averiguar a qué presunta mordida se refería cada diálogo grabado en secreto por el 'yonqui del dinero'. Los presuntos trapicheos en el Ayuntamiento de València grabados con la fallecida edil María José Alcón fueron documentados con los expedientes de contratación municipal.

Mientras Rosa Pérez Garijo y su asesor, Josema Sanz, ataban el material de que disponían, se pusieron en contacto con el entonces fiscal anticorrupción, Vicente Torres, para avisarle de la que se avecinaba.

La testigo era “consciente” de que tenía entre manos una “bomba de relojería”. Se dirigió al fiscal antes de interponer la denuncia negro sobre blanco por un “motivo de seguridad”, según dijo. “Si me atropellaba un coche, que supiera la Fiscalía que yo tenía unas grabaciones con un montón de gente del PP contando dinero”, apostilló, con cierto tono de thriller cinematográfico.

“Conversaciones muy graves” de la “cúpula del PP”

Pérez Garijo confirmó que los audios estaban almacenados en un ordenador propiedad de Mariano López. En algunos de los audios aparecían personajes muy conocidos en la época, como el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y otros de segunda fila del PP. “Había voces que nos costaba identificar”, manifestó la testigo, en referencia a “David Serra” o “María José Massip”. “Había gente que conocíamos menos”, apostilló.

“El que más nos impactó fue el famoso de mil, dos mil, tres mil…”, dijo en referencia a uno de los más conocidos registros sonoros de la causa, que pasó a la historia oral de la corrupción en España, junto a otros 'hits' como el “te quiero un huevo” de Francisco Camps en las escuchas del 'caso Gürtel'. Las grabaciones inmortalizaron “conversaciones muy graves” de la “cúpula del PP”, según afirmó Pérez Garijo.

Los audios, siempre en el punto de mira de las defensas, han sido avalados en varias sentencias anteriores del 'caso Taula', todas pendientes de recursos ante el Tribunal Supremo. Los explosivos diálogos se erigieron en la prueba clave del procedimiento. El 'yonqui del dinero' fue condenado en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y absuelto en la D.

Benavent se sentó esta semana en el banquillo de los acusados, durante las primeras sesiones del cuarto juicio de la causa para él (el procedimiento ya lleva siete juicios en total). Todo empezó hace 12 años con la venganza de su exsuegro, que no calibró demasiado las consecuencias de sus actos y acabó, a la postre, condenado a tres años de cárcel en la pieza separada K.

Marcos Benavent y su exsuegro, el empresario Mariano López, volvieron a verse las caras en un tribunal. Esta vez, con el primero como acusado y el segundo como testigo, compareciendo por videoconferencia. El autodenominado 'yonqui del dinero' se sentaba este miércoles al lado de su abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, en vez de en el banquillo de los acusados, que permanecía vacío en la segunda sesión del juicio por la pieza separada E del 'caso Taula', en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

“Creo que es la cuarta o quinta vez que le tomamos declaración sobre esto”, ironizó el letrado de la defensa. Mariano López consideró que el trámite era “reiterativo”. Se trata del interrogatorio de siempre: ¿por qué entregó a una diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y, luego, a la Fiscalía Anticorrupción diez horas de comprometedoras grabaciones de su exyerno a políticos del PP en plena faena corrupta? La jugada incluso le costó al exsuegro sentarse en el banquillo por la pieza D, en el que fue absuelto. En otro juicio anterior, explicó que lo hizo por venganza.

Marcos Benavent y Mariano López mantienen una peculiar relación como exyerno y exsuegro, respectivamente. Se ven las caras cada vez que se celebra un juicio del 'caso Taula'. En el séptimo juicio oral de la macrocausa, celebrado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, López describió su relación: no mantienen “ninguna” amistad, aunque tampoco enemistad. “No nos hablamos”, dijo a modo de resumen. Se vieron al principio del caso, pero no cruzaron “ni palabra”.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, el exsuegro rememoró el hallazgo de las grabaciones, almacenadas en un disco duro externo de un ordenador en un chalet de su propiedad, situado en el término municipal de Xàtiva. “El ordenador era mío”, aclaró el testigo. Sin embargo, lo usaban tanto su hija como su yerno.

El disco duro (“un armatoste grande”) empezó a fallar y decidió “sacar” el contenido a lápices de memoria (pendrives “más chiquititos”, según el fiscal).

—Ví que había unas grabaciones, sin saber lo que era, empecé a escucharlas. Por cierto, no las escuché todas en su momento, me pareció una cosa tan grave y desagradable que no las escuché todas.

Los audios inmortalizaron conversaciones del 'yonqui del dinero' sobre presuntas comisiones como las de los contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá que se enjuician en la pieza E.

Mariano López no recordaba el año en que descubrió los audios, aunque en todo caso fue después de la separación de su hija de Marcos Benavent, acaecida en 2009.

“Se lo llevaron al fiscal”

Andando el tiempo, en 2014, López se los entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces portavoz de EUPV en la Diputación de Valencia. El hombre se acercó a Catarroja, localidad de la que es oriunda Pérez Garijo, y le habló de los audios. Como ella “dudaba”, Mariano López se llevó el lápiz de memoria y la diputada y un asesor, José Manuel Sanz, lo pincharon en un ordenador portátil para escuchar las grabaciones “parcialmente”.

El interrogatorio del fiscal, en la línea con los anteriores juicios, fue prácticamente de rutina:

—¿Qué hicieron?

—Grabaron en el ordenador portátil todo el disco duro. Yo me di cuenta. Les pregunté si lo habían copiado y me dijeron que es para ver si es algo constitutivo de delito.

—¿Qué hicieron?

—Se lo llevaron al fiscal. 

El testigo aseguró que no manipuló los audios. Las grabaciones fueron entregadas por López en mano a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2014, en un pendrive de color rojo denominado “Intenso” objeto de innumerables sesiones de juicios anteriores de la causa y de peritajes informáticos, al haberse erigido en la prueba clave del procedimiento.

El exsuegro del 'yonqui del dinero' también entregó a Anticorrupción el ordenador, aunque nunca facilitó el disco duro externo original en el que se almacenaban los audios.

Se trata de uno de los caballos de batalla de la defensa, que detecta contradicciones en las sucesivas versiones del testigo sobre el disco duro. La defensa de Benavent no se explica por qué ni Anticorrupción ni la UCO obtuvieron el dispositivo.

—Eso es un motivo de reflexión, ya me lo preguntaron en otra causa. Es muy sencillo: he llegado a la conclusión de que ya lo había tirado, fallaba hasta que dejó de funcionar.

Por su parte, la diputada que denunció inicialmente la presunta trama, no compareció este miércoles ante el tribunal, al haberse hecho un lío con la citación del juzgado. La magistrada que preside el tribunal anunció una sanción de 200 euros para la testigo ausente y requirió a la Guardia Civil para que la citaran para la siguiente vista, este jueves.

El código HASH de los audios

En la misma sesión del juicio, declaró uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de los audios. El entonces sargento (actualmente brigada) explicó que los investigadores del Instituto Armado hicieron una “copia” para sus pesquisas y que “no tocan el original”.

El agente de la UCO destacó que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) “no se puede variar”. El código de los audios ya fue objeto hace tres años de un largo careo de peritos informáticos en el juicio de la pieza separada B, relativa a los trabajadores zombis en la empresa pública de la Diputación de Valencia.

El investigador de la UCO dijo que suponía que el volcado de los audios “se haría en Madrid”, en dependencias de la Guardia Civil. “Debe de haber una cadena de custodia donde venga quién hace los traslados y quién hace los volcados”, apostilló.

Otra agente de la UCO poco pudo aportar al esclarecimiento de los hechos: su número de tarjeta de identificación profesional simplemente aparecía en un oficio sobre documentación incautada en el Ayuntamiento de València, aunque no fue ella quien hizo la “recogida” de los papeles.

La primera sesión del juicio del 'caso Taula' por la pieza separada E, el séptimo de la macrocausa y el cuarto para Marcos Benavent, conllevó la reaparición de Vicente Burgos, un veterano del PP de la quinta de Francisco Camps retirado de la política desde su ingreso en prisión en 2014 por el impago de una multa, tras haber sido liquidador de la televisión autonómica. Burgos se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación. Se sienta en el banquillo de los acusados por la contratación de Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la Fundación Jaume II El Just, de la que Vicente Burgos era gerente. Sin embargo, el acusado ha apuntado al conseller de Cultura que firmó el contrato en 2003: Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP y miembro de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Burgos se prestó a contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, en la primera sesión del juicio, y se definió como “gerente sin atribuciones”. El 'yonqui del dinero' aterrizó como contratado en la fundación pública, aunque era un “eventual del gabinete” de González Pons, según dijo el acusado. Benavent cobró de la Jaume II El Just un total de 164.676 euros, según Anticorrupción.

Los tres sucesivos consellers de Cultura (Alejandro Font de Mora y Trinidad Miró, además de González Pons) ostentaban la condición “indubitada” de presidentes de la fundación, según recordó el acusado.

El cargo de Marcos Benavent como director de actos institucionales de la fundación no fue una “designación” sino una “etiqueta”, explicó Vicente Burgos, en una declaración repleta de larguísimas explicaciones, en algunos casos enrevesadas y poco comprensibles. Hasta el punto de que la presidenta del tribunal, de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, le pidió en varias ocasiones concreción. El acusado se fue sistemáticamente por las ramas.

Burgos se escudó en que se trataba de una “entidad de derecho privado”. Ante la sorpresa del fiscal —la fundación se nutría de un presupuesto público— el acusado alegó que se financiaba con “patrocinios, esponsorizaciones y créditos bancarios, de los cuales ninguno fue avalado por la Generalidad [sic]”.

El exgerente de la Fundación Jaume II El Just dijo que el proyecto de repatriar desde Madrid el claustro alto del Palacio del Abad al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, era un “objetivo” prioritario del Consell presidido por Francisco Camps, que pretendía convertir el monasterio de Simat de la Valldigna en una suerte de centro espiritual para los valencianos. El vestigio permanecía fuera del territorio valenciano desde la desamortización de Mendizábal, explicó Burgos.

Para recuperarlo, el conseller González Pons situó a Marcos Benavent en la fundación como “enlace”, aunque Vicente Burgos reconoció que el 'yonqui del dinero' no tenía ni mesa ni silla en las instalaciones de la entidad pública. “Había una motivación política y de objetivos por parte de la propia conselleria”, manifestó.

—¿Hizo algo Marcos Benavent en la fundación?

—Por ejemplo, venir conmigo a hacer sendas visitas en viajes al Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid, a tramitar todo lo que era el expediente de la licencia de obra de desmontaje y traslado. El señor conseller tenía mucho interés, es público y notorio, lo anunciaba el propio presidente de la Generalitat.

El “momento procesal oportuno” para desdecirse

Vicente Burgos afirmó en la fase de instrucción del 'caso Taula' que Marcos Benavent no iba a trabajar a la fundación. En el juicio, por el contrario, sostuvo que se le “perseguía por otro tipo de cosas”, en referencia a las presuntas mordidas que también son objeto del juicio. “Dije lo que dije como argumento de defensa”, explicó en el juicio oral, el “momento procesal oportuno” para sus matizaciones.

El acusado respondió a las preguntas, tanto del fiscal como de los abogados, con larguísimas peroratas que la presidenta del tribunal trató de frenar, sin demasiado éxito. Al sufrir problemas de oído, se excusó por su alto tono de voz, amplificado además por el micrófono de la sala.

Hacia el final de la declaración, Burgos estalló. “Se me señalaba como instigador del cobro de mordidas y no salgo en ninguna declaración o grabación. Todo lo que se dice de mí es por terceros”, argumentó subiendo aún más el tono.

La instrucción del 'caso Taula', que arrancó hace más de una década, “ha causado mucho dolor”, exclamó el acusado. “Mi hijo se queda huérfano porque su madre se suicida en esta causa”, dijo en referencia a la muerte de su exmujer, la exconcejal popular en el Ayuntamiento de València, María José Alcón, que fue investigada en el procedimiento por el presunto cobro de mordidas de contratos municipales, presuntamente repartidas con el 'yonqui del dinero'.

El tribunal: “Cálmese y no pierda la compostura”

“Ya está bien, tengo 61 años, tenía 38 en aquel momento”, apostilló en referencia a la época de los hechos enjuiciados. Ante los gritos y los gestos de Vicente Burgos, que incluso lanzó algún papel a la mesa en la que se apoyaba, la presidenta del tribunal le imploró: “Cálmese, por favor, y no pierda la compostura”.

La misma magistrada formuló al acusado un par de preguntas finales: quién llevaba en la fundación la contratación de personal (la presidenta ejecutiva, respondió Burgos) y quién daba las órdenes para ejecutar los contratos (el acusado no tenía “ni firma”, según alegó). “La única firma solidaria que tenía la fundación era la del señor conseller”, apostilló.

A Burgos, en definitiva, le “daba igual contrato de alta dirección, de baja dirección o de indirrección [sic]”. Él fue destinado a la fundación “a servir a la Generalitat” y para, con sus “idóneas” capacidades, “cumplir un objetivo que no se había cumplido en los últimos cien años”.

Ya más tranquilo, Burgos cerró su llamativa declaración aludiendo a sus problemas de oído: “Disculpen si el tono en algún momento no ha sido el adecuado, sobre todo mi volumen de voz, estoy bastante sordo y eso hace que alce la voz casi que sin darme cuenta”. La magistrada respondió que el tribunal se hacía “cargo de la tensión” que sufría el acusado.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres años de prisión por los delitos de fraude a la Administración Pública, prevaricación y malversación de caudales públicos, en concurso medial, e inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas durante tres años, a Mariano López Sancho, exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y expresidente de la patronal de Xàtiva. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el empresario se concertó con los alcaldes de Requena y Enguera, Javier Berasaluce y Santiago Arévalo, ambos del PP, para lograr adjudicaciones con una contratación negociada sin publicidad “totalmente simulada”. Los dos exalcaldes han sido condenados a un año y un día de prisión por un delito de fraude a la Administración pública y prevaricación, además de inhabilitación especial para cargo público durante seis años. Por su parte, la sentencia también condena al socialista Óscar Martínez, sucesor de Santiago Arévalo al frente del Ayuntamiento de Enguera, a dos años y un día de prisión por los delitos de fraude, prevaricación y malversación, además del mismo periodo de inhabilitación. Ricardo de Ángel Marí, funcionario de la Diputación de Valencia, ha sido condenado a tres años de prisión y multa como autor de un delito de falsificación de documento público. Se trata de la pieza separada K del 'caso Taula', que versaba sobre la contratación con los dos ayuntamientos por parte de Mariano López Sancho, quien entregó en 2014 a la Fiscalía Anticorrupción los audios grabados subrepticiamente durante años por su exyerno, Marcos Benavent, y que propiciaron la macrocausa, en cuya pieza D el empresario fue absuelto hace casi dos años. 

La sentencia, que no es firme, considera probado que Marinao López, mediante la empresa Servimun SL, a la que representaba ofreciendo servicios a los consistorios —la firma era propiedad de Fernando Palomares, a quien se le sobreseyó la causa por motivos de salud— logró “simular” entre 2012 y 2013 una contratación negociada sin publicidad con el alcalde popular de Requena, con la que la mercantil logró cobrar 178.300 euros. Aunque no consta que no se realizaran los trabajos, tal como destaca el fallo, la Audiencia de Valencia recuerda que las empresas a las que se invitó a participar al procedimiento fueron “facilitadas” por Mariano López o por Servimun, “con conocimiento previo de todos los acusados de que no iban a presentar ninguna oferta”.

Por otro lado, en 2013, el exsuegro del 'yonqui del dinero' llegó a un “acuerdo” en nombre de Servimun con el entonces alcalde popular de Enguera, Santiago Arévalo, para una contratación negociada sin publicidad “totalmente simulada”, con un presupuesto de 60.000 euros (aunque solo se cobró una factura de 3.595 euros) y con invitaciones a las mismas empresas que en el caso de Requena. Todos los contratos bajo sospecha estaban vinculados a servicios de recaudación fiscal para los consistorios.

“La actuación desarrollada por los respectivos alcaldes obedece al cumplimiento de un acuerdo gestado entre 2012 y 2013 con Mariano López Sancho para que dicha contratación revirtiera en beneficios de Servimun SL, burlando las exigencias legalmente establecidas para la tramitación y evitar que pudiera concurrir otra empresa distinta”, concluye la sentencia.

Una “mera ficción” para adjudicar a la empresa “elegida”

“Formalmente”, sostiene el tribunal, se siguieron los trámites legales de contratación, “pero como mera ficción para dar forma” a la adjudicación a la empresa. El exsuegro del 'yonqui del dinero', agrega el fallo, “contribuyó en el artificio de dar apariencia de legitimidad” al proceso de contratación aportando los nombres de las otras dos empresas y permitiendo la posterior adjudicación a “la elegida desde un inicio”.

Meses después, ya con su empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, Mariano López “logró” que el Ayuntamiento de Requena le adjudicara dos contratos menores. Ante las dificultades para cobrar, a principios de 2015, López y el administrador de Servimun, con la “anuencia” del alcalde Santiago Arévalo, “acordaron” presentar una factura por un importe de 21.780 euros, que “no respondía a contrato de ninguna naturaleza adjudicado previamente a la citada mercantil”, indica la sentencia.

Para ello, se usó un borrador de un contrato menor relacionado con la regulación de la situación catastral de un camping de la localidad. Tras las elecciones del 24 de mayo de 2015, ya con el socialista Óscar Martínez como primer edil en sustitución de Arévalo, se presentó por parte de los empresarios la factura relacionada con el camping, que “no respondía a servicio alguno prestado bajo ese concepto” y, además, sin contrato previo.

“Simulación” de un contrato menor

Tanto la Secretaría como la Intervención municipal rechazaron la factura. Sin embargo, tras la “insistencia” de Marinao López, “se pactó” con el alcalde Óscar Martínez la “simulación” de un contrato menor“ de 21.780 euros para cobrar.

Se hizo, con “total ausencia” de documentación acreditativa“, para simular la factura a nombre de la empresa de López con un documento de la Diputación de Valencia que ”previamente se manipuló“. Para ello, según la sentencia, el empresario contó con la ”colaboración“ del funcionario provincial Ricardo de Ángel. Aun en la hipótesis de que Servimun actuara en relación con el camping de Enguera, argumenta la Audiencia de Valencia, ”tal actuación carece de justificación legal alguna, sin adjudicación contractual previa para hacerlo“.

La sentencia asegura que “no hay duda” de que Marinao López “acordó” con el alcalde Óscar Martínez que la suma adeudada de 21.780 euros se entregara a Servimun “mediante la simulación de un contrato menor”.

Por otro lado, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia descarta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en beneficio de los condenados. La causa se inició como una pieza separada del 'caso Taula' en 2021. “En consecuencia, no se observan paralizaciones relevantes que permitan la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas”, afirma.

La secció tercera de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a tres anys de presó pels delictes de frau a l'Administració Pública, prevaricació i malversació de cabals públics, en concurs medial, i inhabilitació per obtenir ajudes o subvencions públiques durant tres anys, a Mariano López Sancho, exsogre de Marcos Benavent, autodenominat de 'ionqui dels diners', . expresident de la patronal de Xàtiva La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, considera que l'empresari es va concertar amb els alcaldes de Requena i Enguera, Javier Berasaluce i Santiago Arévalo, tots dos del PP, per aconseguir adjudicacions amb una contractació negociada sense publicitat “totalment simulada”. Els dos exalcaldes han estat condemnats a un any i un dia de presó per un delicte de frau a l'Administració pública i prevaricació, a més d'inhabilitació especial per a càrrec públic durant sis anys. Per part seua, la sentència també condemna el socialista Óscar Martínez, successor de Santiago Arévalo al capdavant de l'Ajuntament d'Enguera, a dos anys i un dia de presó pels delictes de frau, prevaricació i malversació, a més del mateix període d'inhabilitació. Ricardo de Ángel Marí, funcionari de la Diputació de València, ha estat condemnat a tres anys de presó i multa com a autor d'un delicte de falsificació de document públic. Es tracta de la peça separada K del 'cas Taula', que versava sobre la contractació amb els dos ajuntaments per part de Mariano López Sancho, que va entregar el 2014 a la Fiscalia Anticorrupció els àudios gravats subreptíciament durant anys pel seu exgendre, Marcos Benavent, i que van propiciar la macrocausa, en la peça D de la qual l'empresari va ser absolt fa quasi dos anys.

La sentència, que no és ferma, considera provat que Marinao López, mitjançant l'empresa Servimun SL, a la qual representava oferint serveis als consistoris —la firma era propietat de Fernando Palomares, a qui se li va sobreseure la causa per motius de salut— va aconseguir “simular” entre 2012 i 2013 una contractació negociada sense publicitat amb l'alcalde popular de Requena, amb la qual la mercantil va aconseguir cobrar 178.300 euros. Tot i que no consta que no es realitzaren els treballs, tal com destaca la sentència, l'Audiència de València recorda que les empreses a les quals es va convidar a participar al procediment van ser “facilitades” per Mariano López o per Servimun, “amb coneixement previ de tots els acusats que no presentarien cap oferta”.

D'altra banda, el 2013, l'exsogre del 'yonqui dels diners' va arribar a un “acord” en nom de Servimun amb el llavors alcalde popular d'Enguera, Santiago Arévalo, per a una contractació negociada sense publicitat “totalment simulada”, amb un pressupost de 60.000 euros (encara que només es va cobrar una factura de 3.595 euros) i les mateixes empreses que en el cas de Requena. Tots els contractes sota sospita estaven vinculats a serveis de recaptació fiscal per als consistoris.

“L'actuació desenvolupada pels respectius alcaldes obeeix al compliment d'un acord gestat entre el 2012 i el 2013 amb Mariano López Sancho perquè aquesta contractació revertira en beneficis de Servimun SL, burlant les exigències legalment establertes per a la tramitació i evitar que poguera concórrer una altra empresa diferent”, conclou.

Una “mera ficció” per adjudicar a l'empresa “elegida”

“Formalment”, sosté el tribunal, es van seguir els tràmits legals de contractació, “però com a mera ficció per donar forma” a l'adjudicació a l'empresa. L'exsogre del 'ionqui dels diners', afegeix la sentència, “va contribuir a l'artifici de donar aparença de legitimitat” al procés de contractació aportant els noms de les altres dues empreses i permetent la posterior adjudicació a “l'elegida des d'un inici”.

Mesos després, ja amb la seua empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, Mariano López “va aconseguir” que l'Ajuntament de Requena li adjudicara dos contractes menors. Davant les dificultats per a cobrar, a principis del 2015, López i l'administrador de Servimun, amb l'“anuència” de l'alcalde Santiago Arévalo, “van acordar” presentar una factura per un import de 21.780 euros, que “no responia a contracte de cap naturalesa adjudicat prèviament a l'esmentada mercantil”, indica la sentència.

Per fer-ho, es va fer servir un esborrany d'un contracte menor relacionat amb la regulació de la situació cadastral d'un càmping de la localitat. Després de les eleccions del 24 de maig del 2015, ja amb el socialista Óscar Martínez com a primer edil en substitució d'Arévalo, es va presentar per part dels empresaris la factura relacionada amb el càmping, que “no responia a cap servei prestat sota aquest concepte” i, a més, sense contracte previ.

“Simulació” d'un contracte menor

Tant la Secretaria com la Intervenció municipal van rebutjar la factura. Tot i això, després de la “insistència” de Marinao López, “es va pactar” amb l'alcalde Óscar Martínez la “simulació” d'un contracte menor“ de 21.780 euros per cobrar.

Es va fer, amb “total absència” de documentació acreditativa“, per simular la factura a nom de l'empresa de López amb un document de la Diputació de València que ”prèviament es va manipular“. Per això, segons la sentència, l'empresari va comptar amb la ”col·laboració“ del funcionari provincial Ricardo de Ángel. Fins i tot en la hipòtesi que Servimun actués en relació amb el càmping d'Enguera, argumenta l'Audiència de València, ”aquesta actuació no té cap justificació legal, sense adjudicació contractual prèvia per fer-ho“.

La sentència assegura que “no hi ha dubte” que Marinao López “va acordar” amb l'alcalde Óscar Martínez que la suma deguda de 21.780 euros es lliurés a Servimun “mitjançant la simulació d'un contracte menor”.

D'altra banda, la secció tercera de l'Audiència Provincial de València descarta la circumstància atenuant de dilacions indegudes en benefici dels condemnats. La causa es va iniciar com una peça separada del 'cas Taula' el 2021. “En conseqüència, no s'observen paralitzacions rellevants que permeten l'aplicació de l'atenuant de dilacions indegudes”, afirma.

El fiscal del 'caso Taula' ha asegurado que dos exalcaldes adjudicaron contratos “exclusivamente en beneficio” del empresario Marinao López (exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'), uno de los principales acusados de la pieza separada K de la causa, en la que tambien se sientan en el banquillos los antiguos primeros ediles de Requena, Javier Berasaluce, y de Enguera, Santiago Arévalo, ambos del PP, además de Óscar Martínez, del PSPV-PSOE que sucedió a Arévalo.

En la fase de conclusiones del juicio, celebrado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal Fernando Maldonado ha repasado las irregularidades detecatadas en los cinco contratos analizados con la empresa Servimun, de Fernando Palomares (para quien se archivó la causa por enfermedad) y a Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López. “Todos estaban de acuerdo en beneficiar a TLA”, ha afirmado el representante de Anticorrupción, quien también ha pedido “especial cuidado” con los caudales públicos.

El Ministerio Público concibe su acusación con la “idea” de que los cinco contratos adjudicados eran un “conjunto” del que se deduce un “acuerdo” de los alcaldes de Requena y Enguera con los dos empresarios para adjudicarles “de forma preconcebida”.

El fiscal ha argumentado que el órgano de contratación era directamente cada alcalde y ha repasado cada factura. Dos de las facturas mantienen el “mismo objeto”. En uno de los contratos —por el procedimiento negociado sin publicidad— una de las empresas que fue invitada tenía sede en Canarias y en el caso de otra ni siquiera “consta la recepción de la invitación”.

En un tercer contrato, no se cumplió ninguna de las mejoras previstas y la Intervención se opuso al abono de la factura. Hubo, en el caso de Enguera, un “empeño especial” del alcalde en otorgar el contrato a Servimun. El sucesor del alcalde Santiago Arévalo en Enguera, el socialista Óscar Martínez, acabó pagando durante su mandato una factura a Servimun por un concepto diferente al inicial del contrato, según la acusación pública.

El fiscal, por otro lado, ha suprimido de su escrito de conclusiones definitivas el delito de falsedad documental imputado a Marinao López y el de negociaciones prohibidas a funcionarios a Ricardo de Ángel Marí.

Las defensas esgrimen una absolución anterior

Las defensas, por su parte, cuestionan que la pieza separada K del 'caso Taula' nace de la D, cuya sentencia absolutoria (dictada en 2023 por la sección quinta de la Audiencia de Valencia) avaló el papel de la empresa TLA, de Mariano López, como una suerte de asesora de Servimun en contratos adjudicados por administraciones publicas.

Tras varias suspensiones de la vista oral, las defensas han pedido la absolución de los exalcaldes y del empresario. El letrado del exalcalde Javier Berasaluce ha asegurado que si su cliente adjudicó mediante un contrato menor fue porque “le ley se lo permite” y ha dicho que no contrató directamente sino que existía una mesa de contratación.

El abogado también ha cuestionado que la causa encaje en la jurisdicción penal (sostiene que corresponde más bien al terreno contencioso administrativo). “El plan preconcebido no existe”, ha manifestado la defensa, que también ha recordado que los trabajos adjudicados permitieron aflorar deuda oculta en materia de impuestos y que las facturas fueron revisadas por técnicos municipales.

La defensa del exalcade de Enguera, Santiago Arévalo, ha considerado que la práctica de la prueba en la vista oral ha desbaratado, a su juicio, la acusación pública. El letrado ha asegurado que no hay prueba del supuesto amaño o del concierto para defraudar. Por el contrario, ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción cae en una “presunción de culpabilidad”. Se trata, según el letrado, de un servicio que se paga en función de la deuda aflorada y, por tanto,“ beneficioso” para las arcas municipales.

Los móviles intervenidos por la UCO

Por otro lado, el letrado del exalcalde Óscar Martínez ha cuestionado que su cliente se conchabara con su antecesor, el anterior primer edil del PP. “No se dirigen ni la palabra”, ha afirmado el abogado. La defensa del exalcalde socialista ha cuestionado la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la ha tildado de unidad policial “subcontratada” por Anticorrupción.

También ha asegurado que el “material de trabajo” de la UCO son los teléfonos móviles que interviene en las operaciones de corrupción. “Gracias al 'caso Taula', la UCO tiene hoy los teléfonos de un centenar de personas, saben qué compran en Amazon, con quién ligan en Tinder o qué compras hacen”, ha dicho letrado.

Por el contrario, ha remachado, si la UCO “no hubiera investigado [la pieza K], Enguera hubiera recaudado un millón de euros”, ha concluido el abogado.

El penalista Ramiro Blasco, primer advocat de Marcos Benavent, autoanomenat 'ionqui dels diners', ha revelat en la seua compareixença en el judici del 'cas Erial' que el seu antic client li va enviar “fa tres setmanes” a “la seua pobre germana” per dir-li que si afirmava que el registre del seu despatx va ser il·legal, “es reconciliaria”. Es tracta del registre el 2015 efectuat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil on es va trobar la documentació que va propiciar l'inici de la investigació sobre la presumpta fortuna a l'estranger de l'exministre del PP Eduardo Zaplana.

L'advocat, la compareixença del qual va ser sol·licitada per la Fiscalia Anticorrupció, ha confirmat que el registre del seu despatx va ser legal. Tot just dues hores després de la declaració de Marcos Benavent d'aquest dijous, el seu advocat anterior ha declarat exactament el contrari. Si bé el 'ionqui dels diners' ha qüestionat de ple el registre, el lletrat ha avalat la intervenció al seu despatx.

Ramiro Blasco ha recordat que Benavent mantenia una “absoluta i total col·laboració” amb la Fiscalia Anticorrupció i l'UCO. “Sempre he seguit les instruccions del client, qualsevol altra cosa seria faltar al deure”, ha aclarit. El lliurament de la documentació, incloent-hi els papers de l'empresari sirià sobre la presumpta trama de Zaplana, “era la voluntat manifestada del client”.

El registre, a més, no es va fer al despatx principal que té a Xàtiva sinó en un habitatge que fa servir a València de despatx secundari. Ramiro Blasco ha conclòs que al registre no hi va haver “cap defecte ni vulneració de cap tipus quan es va produir el registre”. També ha recordat que Marcos Benavent “tenia molt bona relació amb els agents de l'UCO”. “No em va comunicar mai que tingués cap problema, que algú el maltractés en aquest assumpte”, ha afegit.

El penalista també ha explicat que el seu client no li va donar “cap explicació” quan va canviar de lletrat per defensar-lo, en un abrupte moviment que va acabar amb l'estratègia de col·laboració del 'ionqui dels diners' amb Anticorrupció i l'UCO.

El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, li ha preguntat explícitament si Benavent es va posar en contacte amb posterioritat a la ruptura. “Em va dir que volia parlar amb mi dels papals del sirià i de la il·legalitat dels papers del sirià”, ha dit. A més, Ramiro Blasco ha revelat que una germana de Marcos Benavent va entrar en contacte amb ell “fa tres setmanes” per plantejar-li, suposadament, que canviés de versió. La família del 'ionqui dels diners', ha afegit, són “molt bones persones i molt bona gent”.

El penalista Ramiro Blasco, primer abogado de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha desvelado en su comparecencia en el juicio del 'caso Erial' que su antiguo cliente le envió “hace tres semanas” a “su pobre hermana” para decirle que si afirmaba que el registro de su despacho fue ilegal, “se reconciliaría”. Se trata del registro en 2015 efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se halló la documentación que propició el inicio de la investigación sobre la presunta fortuna en el extranjero del exministro del PP Eduardo Zaplana. 

El abogado, cuya comparecencia fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, ha confirmado que el registro de su despacho fue legal. Apenas dos horas después de la declaración de Marcos Benavent de este jueves, su anterior abogado ha declarado exactamente lo contrario. Si bien el 'yonqui del dinero' ha cuestionado de plano el registro, el letrado ha avalado la intervención en su despacho.

Ramiro Blasco ha recordado que Benavent mantenía una “absoluta y total colaboración” con la Fiscalía Anticorrupción y la UCO. “Siempre he seguido las instrucciones del cliente, cualquier otra cosa sería faltar al deber”, ha aclarado. La entrega de la documentación, incluyendo los papeles del empresario sirio sobre la presunta trama de Zaplana, “era la voluntad manifestada del cliente”.

El registro, además, no se hizo en el despacho principal que tiene en Xàtiva sino en una vivienda que usa en València de despacho secundario. Ramiro Blasco ha concluido que en el registro no hubo “ningún defecto ni vulneración de ningún tipo cuando se produjo el registro”. También ha recordado que Marcos Benavent “tenía muy buena relación con los agentes de la UCO”. “Nunca me comunicó nada de que tuviera ningún problema, que alguien lo maltratara en este asunto”, ha agregado.

El penalista también ha explicado que su cliente no le dio “ninguna explicación” cuando cambio de letrado para su defensa, en un abrupto movimiento que acabó con la estrategia de colaboración del 'yonqui del dinero' con Anticorrupción y la UCO.

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le ha preguntado explícitamente si Benavent se puso en contacto con posterioridad a la ruptura. “Me habló de que quería hablar conmigo de los papales del sirio y de la ilegalidad de los papeles del sirio”, ha dicho. Además, Ramiro Blasco ha desvelado que una hermana de eMarcos Benavent entró en contacto con él “hace tres semanas” para plantearle, supuestamente, que cambiara de versión. La familia del 'yonqui del dinero', ha agregado, son “muy buenas personas y muy buena gente”.

El juez instructor del 'caso Taula' ha abierto juicio oral a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', a Vicente Burgos, el gerente de la fundación pública que lo enchufó, y a tres empresarios que pagaron supuestas comisiones a la trama. En un auto del pasado 8 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València envía al banquillo a los cinco procesados en el marco de la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las mordidas repartidas por los contratos adjudicados por el área de Cultura del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá al frente del consistorio.

La resolución requiere a Marcos Benavent y a Vicente Burgos una fianza, por importe de 219.000 euros, a prestar en un plazo de 24 horas. Se trata del cuarto juicio de la marcocausa al que se enfrenta el 'yonqui del dinero' tras su condena en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y su absolución en la D.

En la pieza E, el Ayuntamiento de València figura como acusación particular. El fiscal anticorrupción, tal como ha informado elDiario.es, solicita seis años de prisión para Benavent por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. A Burgos le pide cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación. Para los empresarios Carlos Vicent Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre, el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

El fiscal Pablo Ponce considera que Benavent se dedicaba “a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos”, a cambio de un “porcentaje variable” que se repartía en metálico con María José Alcón, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de València durante los mandatos de Rita Barberá y ex esposa de Vicente Burgos.

Benavent, 'zombi' y recaudador de mordidas

La pieza separada E del 'caso Taula' engloba las presuntas comisiones de los contratos adjudicados fraudulentamente por el Ayuntamiento de València y la contratación, a modo de 'zombi', de Marcos Benavent, en la Fundación Jaume II El Just, cuyo gerente era Vicente Burgos. De la fundación pública, que cerró con un agujero de más de 13 millones de euros, el 'yonqui del dinero' cobró 164.676 euros, a pesar de que en realidad trabajaba para el PP.

Anticorrupción concluye que los contratos municipales estaban amañados. El empresario Carlos Turró entregó 20.000 euros en metálico a Benavent, Carlos Vicent Gil 9.000 euros, y Enrique Aleixandre una “cantidad no determinada”, además de un vehículo. El 'yonqui del dinero', según la acusación pública, ejerció una labor de “mediación y recaudación” de las mordidas abonadas por los empresarios adjudicatarios.

El fiscal anticorrupción ha pedido seis años de prisión para Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en el marco de la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a los contratos supuestamente amañados y adjudicados por la fallecida María José Alcón, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de València durante los mandatos de Rita Barberá. El Ministerio Público considera que Benavent es autor o cooperador necesario de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Para Vicente Burgos, exmarido de Alcón que enchufó a Benavent en una fundación pública, el fiscal Pablo Ponce pide una pena de cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos. En materia de responsabilidad civil, el escrito de conclusiones provisionales solicita para Benavent y Burgos una responsabilidad civil de 164.626 euros por el presunto desvío de dinero público usado para pagar el puesto de 'zombi' del 'yonqui del dinero' en la Fundación Jaume II El Just mientras se dedicaba a recaudar presuntas comisiones entre empresas adjudicatarias. A los empresarios Enrique Aleixandre y Carlos Turró les pide tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

Además de presuntas comisiones, Benavent habría recibido del empresario Enrique Aleixandre, propietario de Universo Selección SL, un vehículo por la adjudicación de contratos en el marco de la Mostra de València. El fiscal considera que se trataba de adjudicaciones tramitadas “de forma fraudulenta”.

La fallecida exconcejal de Cultura “era la encargada de influir y dirigir a las empresas que previamente seleccionaba Marcos Benavent”, afirma el escrito de Anticorrupción.

Sobre la adjudicación de las obras de limpieza de las Torres de Quart a la empresa Cleop, de Carlos Turró, el fiscal considera que “estaba amañada desde el inicio”, al haber nombrado la propia Alcón a los integrantes de la mesa de contratación, presidida por el exconcejal popular Félix Crespo.

El acusado Carlos Turró entregó 20.000 euros en metálico al 'yonqui del dinero' , quien se los repartió con María José Alcón. Ésta última “intervino personalmente” y “fue determinante” para que la empresa obtuviera el contrato, según el Ministerio Fiscal.

El otro empresario acusado, Carlos Vicent Gil, entregó 9.000 euros a Benavent —dinero de nuevo repartido con Alcón— por la adjudicación de las obras de limpieza y mantenimiento de las fachadas de La Lonja de València.

Reparto de comisiones entre Benavent y Alcón

En paralelo a los contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València, Benavent “se encontraba colocado por el Partido Popular” en la Fundación Jaume II El Just, de la que Vicente Burgos, entonces pareja sentimental de Alcón, era gerente. Sin embargo, el 'yonqui del dinero', a pesar de cobrar un sueldo público, “en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el Partido Popular”, tal como reconocieron los acusados en sus declaraciones durante la fase de instrucción.

La fundación pública, extinguida con unas pérdidas de 13,5 millones de euros, se gastó 164.676 euros en sueldos para Benavent. El acusado se dedicaba en realidad “a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos”, a cambio de un “porcentaje variable” (la presunta comisión) que se embolsaba y repartía en metálico con Alcón.

“En algunas ocasiones suponía un incremento en los costes de la obra para que el dinero ilícitamente obtenido supusiera una mayor cantidad”, indica el fiscal anticorrupción.

Novedades en la pieza separada E del 'caso Taula'. El juez instructor ha sumado a Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II El Just, a la lista de procesados por supuestamente enchufar a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la entidad pública. Se trata de un veterano amigo de Francisco Camps desde que empezaron a militar en las juventudes del PP y exmarido de la edil popular en el Ayuntamiento de València María José Alcón (investigada en el 'caso Taula' hasta su fallecimiento en 2018).

Burgos es un histórico del PP valenciano con un currículum con más sombras que luces. Tras la llegada al poder de Camps, en 2003, fue nombrado secretario autonómico de Administración Pública. Después de su etapa al frente de la fundación, en la que dejó en herencia un agujero de más de nueve millones de euros, fue nombrado liquidador de Canal 9, la televisión pública cerrada por el Gobierno del popular Alberto Fabra, quien también lo colocó de jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu.

Tuvo que renunciar al puesto en 2014 para ingresar en la prisión de Picassent para cumplir una pena por el impago de una multa por conducir sin carnet, una de las muchas que acumuló por delitos vinculados a la conducción. Lejos de distanciarse de su amigo, Burgos se dejó ver en un acto protagonizado por Camps una semana antes del inicio del juicio del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, en el que arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción.

Vicente Burgos se libró, durante un tiempo, de su procesamiento en el 'caso Taula', tras haber estado investigado desde su detención en 2016. Sin embargo, en un auto del pasado 18 de diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, incluyó de nuevo a Burgos como procesado en la pieza separada E, relativa a los contratos de la Concejalía de Cultura (cuando estaba en manos de María José Alcón).

En 2021, el instructor dictó el sobreseimiento provisional respecto a Vicente Burgos, una decisión recurrida por el fiscal anticorrupción. La Audiencia Provincial de València estimó el recurso de Anticorrupción, en un auto del pasado 5 de junio, obligando así al juez a incluir en el procedimiento el papel de Burgos en la contratación del 'yonqui del dinero', que podría constituir un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El instructor cifra en 164.676,08 euros la cantidad cobrada por Marcos Benavent de la entidad pública, sin que su contratación “obedeciera a la prestación de servicios laborales de ningún tipo” para la fundación. De hecho, según apunta el auto, Benavent ni siquiera contaba con un “puesto de trabajo físico” en la fundación sino que desempeñaba “funciones propias de asesor en la Conselleria de Cultura” del Gobierno de Francisco Camps.

Benavent facturó 1,8 millones a la fundación pública

El 'yonqui del dinero' fue una suerte de trabajador 'zombi' de la entidad pública entre 2003 y 2007, año en que solicitó la excedencia forzosa para incorporarse a la gerencia de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de València erigida en epicentro de la presunta trama del 'caso Taula'.

La primera sentencia que condenó a Benavent a casi ocho años de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad en documento público, en el marco de la pieza separada J, hace referencia a la etapa del 'yonqui del dinero' en la Fundación Jaume II El Just, una entidad pública a la que facturó 1,8 millones de euros en apenas tres años a través de un entramado de empresas pantalla, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En 2016, en los inicios de la macrocausa, Vicente Burgos declaró ante el juez que Benavent era un 'zombi' que cobraba el salario público de la fundación a pesar de que ni siquiera tenía una mesa de trabajo asignada ni aparecía por la sede de Simat de la Valldigna. También negó haber cobrado comisiones y responsabilizó al entonces conseller de Cultura y actual vicesecretario del PP, Esteban González Pons, de haber colocado a Benavent. Burgos mantuvo la misma tesis durante su comparecencia en una comisión de investigación en las Corts Valencianes.

Por su parte, el 'yonqui del dinero' señaló a Burgos, durante su fase inicial de colaboración con la UCO y Anticorrupción, como una suerte de 'seleccionador' de empresarios para los presuntos trapicheos de la trama, en relación a los contratos públicos que adjudicaba su entonces esposa, la edil María José Alcón.

El juez instructor sostiene que en la 'subtrama' de la pieza E del 'caso taula' se movieron supuestas comisiones del 2% por parte de constructoras leales “al partido [Popular]”.

La trama del 'caso Taula' propició la contratación de trabajadores 'zombis' con fondos públicos durante la etapa de Alfonso Rus al frente del PP de València. Rus, Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y Máximo Caturla contrataron a varios 'zombis' en empresas publica valencianas “en consideración a su relación con el Partido Popular”, para prestar favores políticos o por amistad. Así lo establece la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, que ha condenado en el marco de la pieza separada B del 'caso Taula' a los tres excargos del PP a cinco años de prisión, además de 14 de inhabilitación y multa, por el delito continuado de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental. 

El caso más llamativo fue la contratación en Imelsa, antigua empresa pública de la Diputación de València cuyo gerente era Benavent, de Miguel Mullor Doménech, jugador del Olímpic de Xàtiva, el club que presidía Rus. Su contrato de asesor de un consejero del PP, que costó a las arcas 57.325 euros, “se hizo como un favor de Marcos Benavent a Alfonso Rus y a petición de éste” para camuflar una retribución que realmente pagaba su papel como jugador del equipo. El deportista, que reconoció los hechos, ha sido condenado a siete meses de prisión.

El empresario José Adolfo Vedri, amigo del 'yonqui del dinero', también consiguió colocar a dos de sus trabajadores en la empresa pública, por lo que cobraron 36.849 euros (ya devueltos) a pesar de que continuaban prestando sus servicios a la firma privada del condenado, cuya reparación del daño y confesión le han valido una condena de siete meses de prisión.

“Por petición de Alfonso Rus” y como un “favor personal”, fue colocada en Imelsa Eva Luis Sarrión, una “contratación ficticia” que supuso un coste de 89.243 euros. También fue contratado José Estarlich, el testaferro de Marcos Benavent, “exclusivamente por la amistad que les unía” y a modo de “favor personal” debido a su difícil situación económica.

Estarlich confesó los hechos, al igual que en la pieza J del 'caso Taula' en la que el 'yonqui del dinero' fue condenado por blanqueo de capitales, y ha devuelto parte de los 14.340 euros que percibió como remuneración. Raúl Mateo Ángel también fue contratado por Benavent (con un coste de 109.441 euros) “como un favor personal y por su relación con el Partido Popular”.

El 'virus 'zombi' también se contagió en Ciegsa, la firma pública dedicada a la construcción de colegios en la que el popular Máximo Caturla fichó a cuatro trabajadores “sin que estas contrataciones respondieran a ninguna necesidad de la empresa”. Todo ello, tras una reunión de la empresa pública en 2003, “siendo consejero delegado Esteban González Pons [actual vicesecretario institucional de la dirección del PP nacional]”, que acordó otorgar un poder especial a Caturla para designar a trabajadores.

Antonio Gil Monteagudo (con un coste para la empresa de 298.576 euros), Juan Sanchís Torres (273.929 euros) y Manuel Gómez Pérez (82.624 euros), todos ellos condenados a una pena de seis meses de prisión por los atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas, fueron contratados en Ciegsa “en consideración a su relación con el Partido Popular, al que Máximo Caturla pertenecía”, a su amistad y con “la necesaria aprobación de Alfonso Rus”. Gómez se dedicó a tareas “bajo la dirección” del PP.

Por su parte, la periodista Clara Sáez Alepuz obtuvo un puesto de jefatura en la empresa “sin cumplir los requisitos legales” que le permitió seguir trabajando en el gabinete de prensa de la Conselleria de Educación, de donde provenía. La profesional, condenada también a siete meses y medio de prisión, no tenía físicamente un puesto de trabajo en Ciegsa ni realizó funciones de alta dirección, a pesar de haber cobrado 65.438 euros.

En un bloque aparte, cinco trabajadores de Imelsa han sido absueltos ya que no consta que sus contratos, suscritos por Benavent, “tuvieran por finalidad obtener un lucro en perjuicio de la empresa”. Se trata de Ángel Ramón Sanchis, Juan Antonio Sanz, Francisco José Antequera, todos ellos vinculados al PP. Carolina de Miguel y Teresa Gimeno, asesoras socialistas, también han sido absueltas al demostrar que acudían regularmente a la Diputación de València y prestaban servicios técnicos, según acreditaron dos testigos.

A su vez, Rafael Rubio, consejero del PSPV-PSOE en Imelsa que propuso la contratación de ambas asesoras, ha sido absuelto. “No consta probado que la contratación tuviera causa en ninguna especie de favor político o de otra clase, con independencia de que el propio consejero Rafael Rubio, sin sujeción a ningún proceso de selección, procediera a la libre designación” de las dos asesoras, indica el fallo.

Raúl Pardos, del PSPV, firmó certificados “falaces” sobre la jornada laboral en Imelsa de Francisco Cañizares, su supuesto asesor. Pardos ha sido condenado por un delito de falsedad a cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público. Por el mismo delito ha sido condenado, a un año de suspensión de empleo o cargo público, el consejero de Imelsa por el PP Salvador Enguix, quien firmó el certificado que acreditaba que Eva Luisa Sarrión trabajaba, a pesar de que admitió que “ni siquiera conocía” a la supuesta asesora, que era ama de casa de Xàtiva con dificultades económicas. “La mendacidad del documento no ofrece dudas”, afirma la sentencia.

“Algo similar” ocurrió con Emilio Llopis, jefe de gabinete de Alfonso Rus condenado a un año de suspensión para empleo o cargo público, cuyas explicaciones durante el juicio “no son plausibles”, según el fallo.

Cobro de productividad sin justificación

Por otro lado, la sentencia también condena a María Gracia Escrihuela y a José Enrique Montblanch, por los delitos de malversación y prevaricación, a cuatro años y cuatro meses de prisión. Ambos se beneficiaron del cobro de percepciones por productividad y dietas que “no tenían justificación en ninguna evaluación del rendimiento ni se ajustaba al procedimiento previsto en el convenio colectivo”.

A Gracia Escrihuela la sentencia le impone el abono de una responsabilidad civil de 97.125 euros por las retribuciones variables indebidamente cobradas y de 18.284 euros por las dietas. En el caso de Montblanch la cantidad asciende a 82.162 euros por el plus de productividad y a 28.087 por las dietas.

Por su parte, al 'yonqui del dinero', exgerente de Imelsa, le imponen el pago, en concepto de responsabilidad civil, de 56.648 euros por las retribuciones variables y de 21.002 euros por las dietas, ambas “indebidamente cobradas”.

Dilaciones indebidas de la instrucción

Los principales acusados se han librado de la condena por el delito de organización criminal. La sentencia considera que “no está probado el acuerdo de voluntades de los acusados para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo, de una forma estable y por un tiempo indefinido”. “No hay indicio de que con estos nombramientos los acusados obtuvieran dinero”, apostilla.

La sentencia, por otro lado, aplica a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas. La pieza B del 'caso Taula' sobre los 'zombis' engulló a la F (relativa, originalmente, a la contratación en Ciegsa). Si la pieza B sufrió una “paralización de casi dos años” durante la fase de instrucción, en el caso de la F el retraso fue “mayor”: tres años de “inactividad total” en los que “no se resuelve nada”. “En ambos casos, las dilaciones exceden manifiestamente de los parámetros normales de funcionamiento de la Administración de Justicia”, concluye la sección segunda de la Audiencia de València.

Primera condena a Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de València, en el marco del 'caso Taula'.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de València ha condenado al expolítico del PP a cinco años de prisión, además de 14 de inhabilitación y multa, por el delito continuado de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental. El fallo, eso sí, absuelve a los acusados del delito de pertenencia a organización criminal.

La pieza por la que han sido condenados los excargos populares incluía las irregularidades en la contratación de trabajadores 'zombies' en la antigua empresa pública de la Diputación de València. El tribunal ha impuesto también cinco años de prisión para Máximo Caturla, exconsejero delegado de la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios, y a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'.

Entre los absueltos, figura el expolítico socialista Rafael Rubio.

La sentencia condena a 19 de los 25 acusados en la causa, con penas que van desde los cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público hasta los cuatro años y cuatro meses de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

La sentencia, susceptible de ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, también reconoce a todos los condenados el atenuante de dilaciones indebidas.

Rus y Benavent fueron absueltos recientemente en la pieza D del 'caso Taula', relativa a la contratación de un 'call center' en Imelsa, antigua empresa pública de la Diputación de València.

“No hay una sola prueba, ni próxima ni remota, que pueda dar curso a la hipótesis que la Fiscalía vierte”. La sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València, que absuelve al expresidente popular de la Diputación de València Alfonso Rus y a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', supone un severo revés para la Fiscalía Anticorrupción y para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas del 'caso Taula'.

La primera absolución del 'yonqui del dinero', tras su condena a ocho años de prisión por blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada J de la macrocausa, deja caer varias claves muy relevantes de cara al juicio del 'caso Erial' que arranca el próximo mes de enero y que tiene como protagonista estrella en el banquillo de los acusados a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Gobierno de José María Aznar.

La causa del 'caso Erial' nace de un registro secreto en 2015 al despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, el penalista Ramiro Blasco, en el que la UCO localizó un esquema de empresas de la trama en el extranjero de cobro de comisiones millonarias supuestamente liderada por Zaplana. El fallo de la pieza D del 'caso Taula', de la que ha sido ponente la magistrada Sonia Alicia Chirinos, avala de plano el registro y sentencia: “No hay nada que objetar a las resoluciones dictadas por el instructor acordando la entrada y registro”.

El auto del titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez, tuvo en cuenta que la entrada y registro fue en un despacho de abogados, un lugar especialmente sensible, por lo que limitó su alcance, evitando así “cualquier inspección extensiva de su objeto”, que en todo caso hubiera quedado excluida.

La sentencia defiende que el instructor, al contrario de lo que adujeron las defensas de Rus y Benavent en el juicio, indicaba en su auto el “origen de la necesidad de la medida” tras una petición de la UCO, cuyos agente preveían que en el despacho del penalista de Xàtiva podían hallar nuevas pruebas. En aquel registro, los investigadores del Instituto Armado se incautaron de la documentación clave que sirvió para estirar del hilo de la presunta fortuna de Zaplana en paraísos fiscales (20,6 millones de euros en “dinero delictivo”, según Anticorrupción).

La ponente de la sentencia considera que el auto que justificaba el registro incluía indicios “consistentes”, al haber detectado la UCO, a partir de seguimientos a Benavent, un sospechoso “trasiego de papeles”. Así, “no se estaba ante una investigación prospectiva ni mucho menos”, afirma la magistrada. La medida —en cierta manera extraordinaria al tratarse del despacho de un abogado— fue “proporcionada, necesaria e idónea” ya que “difícilmente esa documentación podía extraerse u obtenerse de otro modo o lugar”. El juez instructor “cuidó muy mucho de especificar la finalidad de su objeto”, agrega la sentencia.

Sobre las grabaciones que apuntalan la causa, el fallo proclama “de forma contundente” que no afectan a la pieza D sobre el presunto amaño del contrato del 'call center'. Sin embargo, la sentencia de la pieza J, la primera que condenó a Marcos Benavent, ya avaló la otra prueba fundamental de la acusación que apuntala el conjunto del 'caso Taula': los comprometedores audios que entregó en 2014 el exsuegro del 'yonqui del dinero' a la Fiscalía Anticorrupción con la mediación de la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. Unas grabaciones que han estado sistemáticamente en el punto de mira de la defensa de Benavent y de otros acusados.

En definitiva, “no se detecta conculcación alguna de los derechos constitucionalmente protegidos, en especial el del domicilio que suponga violación de derechos fundamentales”. Es más, “no hay razones” para excluir las pruebas claves. Malas noticias para el expresidente Zaplana de cara al juicio del 'caso Erial'.

Sin embargo, ahí acaban las buenas noticias para la acusación pública. La sentencia sobre la pieza D supone un revés considerable, especialmente para la UCO. Sobre el supuesto delito de prevaricación administrativa que se imputaba a Rus, en concepto de autor, y a Benavent, su exsuegro y dos funcionarios de la Diputación de València, todos ellos en concepto de cooperadores necesarios, no hay prueba alguna, según el fallo.

Ni “una sola prueba” en la pieza D

El escrito de acusación de Anticorrupción contiene “afirmaciones francamente duras”, asegura la sentencia. Por el contrario, el nombre de Alfonso Rus apenas aparece en el relato de hechos probados, destaca la ponente, porque “difícilmente pudo ser él el autor, ni intelectual ni material” del presunto delito de prevaricación administrativa. El autor de la idea de encargar una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa para contratar un servicio de 'call center' partió de José Manuel Haro, diputado provincial responsable del área de Hacienda durante el mandato de Rus, tal como explicó en su declaración como testigo.

La idea “no arrancó de Alfonso Rus”. El expolítico popular no aprobó la propuesta (“porque no le competía”) sino que, en todo caso, “dio luz verde para que se sometiera al Pleno” de la institución provincial, en el que resultó aprobada por mayoría (incluyendo los votos del PSPV-PSOE y Compromís, además del PP, y con el único voto en contra de Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida).

La sentencia reitera que no hay “una sola prueba” ni “un solo correo electrónico” que apunte a “instrucciones” o “indicaciones” de Rus para que se amañara el contrato del 'call center' a favor del exsuegro de Benavent. Por su parte, el acusado Salvador Deusa, funcionario de la Diputación de València, “tuvo una intervención simple, llana y exclusivamente burocrática en el expediente” de contratación. 

Además, el fallo destaca que no había afinidad política entre Rus y Deusa ni ha quedado probada la amistad con el empresario Mariano López, exsuegro de Benavent. “Es más, parece dudoso” que el 'yonqui del dinero' hubiera intentado beneficiar a su exsuegro, con quien estaba seriamente “enfrentado”. Por otro lado, los peritos designados por el juez instructor no detectaron arbitrariedad alguna en el pliego de prescripciones técnicas, tan solo “algunas incoherencias” que calificaron de “irrelevantes”. 

En definitiva, la documentación y las declaraciones de los testigos han acreditado que el “detonante” de la contratación fue una “decisión política cuasi unánime”.

La sentencia también cuestiona a la UCO, que habría incurrido en un “apriorismo” que “de alguna forma ha viciado su posterior análisis”. Los investigadores partieron de la tesis de que hubo un amaño en la adjudicación del contrato porque así —con esa expresión concreta— lo afirmó Marcos Benavent en su primera declaración. “Luego hizo otras, Incluso se desdijo”, agrega la ponente de la sección quinta de la Audiencia de València.

“Su (errático) testimonio vertido en distintos momentos y con distintos cometidos y contenidos, ha sido en paridad la única prueba con la que contaba la UCO”, agrega. También reprocha a la UCO transcribir correos electrónicos e interpretarlos “en base a no se sabe qué criterios”.

El fallo recuerda que las afirmaciones de Benavent, al menos en el marco de la pieza D, “nunca han sido probadas”. “Y, lo que es peor, ni siquiera las ratificó en el acto del juicio”, apostilla.

No hubo blanqueo, sólo una “sociedad instrumental”

Sobre el presunto delito de malversación, “nada” está probado. La sentencia, sobre el presunto tráfico de influencias, recuerda que “no ha habido prueba alguna” que permita concluir que Rus ejerciera alguna clase de presión para favorecer al empresario Mariano López.

El fallo tampoco ve prueba, “ni próxima ni remota”, de que López, su mujer y su cuñada, cometieran un presunto delito de blanqueo de capitales y aclara que no usaron una empresa “pantalla” sino una “sociedad instrumental” para canalizar los fondos que cobraron de la empresa adjudicataria del contrato del 'call center', según entienden los magistrados, para labores de asesoría.

Además, destaca que “no hay origen ilícito en esos ingresos” (198.835,48 euros), que se embolsaron a través de transferencias bancarias “de forma totalmente transparente y controlable”. La sentencia tampoco acepta que Mariano López disfrutara de un incremento patrimonial “inusual o desproporcionado”.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha absuelto a todos los acusados en el juicio por la pieza separada D del 'caso Taula', relativa a la contratación de un 'call center' por parte de una empresa pública cuyo gerente era el 'yonqui del dinero'. La sentencia absuelve de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia, y a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', al que se acusaba únicamente de prevaricación y malversación.

También se libra de la condena el empresario Mariano López, exsuegro de Benavent y acusado de los mismos delitos, además de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. López, en plena disputa familiar, aportó a la Fiscalía Anticorrupción los comprometedores audios que sostienen toda la instrucción de las distintas piezas separadas del 'caso Taula'.

La Audiencia Provincial de València también absuelve a la esposa de Mariano López y a su cuñada —Vicenta y María Concepción Torregrosa— de los delitos de blanqueo de capitales. Idéntica decisión ha tomado respecto a los funcionarios Salvador Deuda y Ricardo de Ángel Marí y al empresario Fernando Palomares.

La empresa Servimun, adjudicataria del contrato del 'call center', se libra asimismo de la responsabilidad civil subsidiaria. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El fiscal anticorrupción pedía ocho años de cárcel para Alfonso Rus, siete años y tres meses de prisión para Mariano López y tres años para las hermanas Torregrosa. El Ministerio Público sostenía la tesis de que la contratación del 'call center' estuvo amañada desde el primer momento. Anticorrupción también mantenía la tesis de que una empresa pantalla de Mariano López, a nombre de su mujer y su cuñada, cobró de la firma adjudicataria del contrato el 15% del precio, es decir un monto total de 158.833 euros.

Se trata de la primera absolución del 'yonqui del dinero' en el 'caso Taula' tras su condena a casi ocho años de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad en documento público en la pieza separada J.

La Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil mantiene que Marcos Benavent, exgerente de la extinta empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', desvió fondos procedentes de obras de campos de césped y cobró 79.963 euros en mordidas.

Así se desprende del informe que ha remitido la UCO al Juzgado de Instrucción número 18 de València, en el marco de la pieza principal del conocido como caso Imelsa. Se trata de un informe ampliatorio de las actuaciones relativas al Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial.

La Guardia Civil apunta en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que tras estudiar los hechos se deduce que en una fecha muy temprana al desarrollo del Plan de Instalaciones Deportivas, por parte de una sociedad se mantuvo una serie de contactos y reuniones con diferentes miembros de la administración pública que, directa o indirectamente, participaban en la tramitación de los expedientes.

Fruto de estos contactos, se ha constatado cómo las especificaciones técnicas aportadas por esta sociedad fueron trasladadas a las bases técnicas que posteriormente rigieron las diferentes licitaciones, algo que, a juicio policial, podría haber supuesto una limitación a la concurrencia por parte de las empresas que podían servir a los licitadores el césped artificial a instalar.

Con respecto a la confección de los pliegos, se ha evidenciado por parte de la Guardia Civil ciertos paralelismos o similitudes con los que rigieron los procedimientos seguidos en la empresa pública Ciegsa, cuyo gerente en aquel momento era Máximo Caturla. Entre esas similitudes se encuentra la agrupación de las distintas obras en lotes, la limitación de las bajas económicas o el uso de criterios de adjudicación que constituyen criterios de solvencia.

En concreto, en el marco del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas, promovido por la Diputación de Valencia y gestionado y ejecutado por Imelsa, se produjeron licitaciones en varias fases, en cada una de las cuales se licitaron, además, diferentes lotes. Estos lotes agrupaban, a su vez, un conjunto de obras a ejecutar en diferentes localidades, tratándose de campos de fútbol 11, fútbol 7 o pistas de pádel.

Tres de estos expedientes fueron adjudicados a dos empresas señaladas por Benavent como aquellas que le habrían entregado comisiones con motivo de las adjudicaciones enmarcadas en el Plan.

Además de la construcción y, en algunos casos, la redacción de los diferentes proyectos enmarcados en el Plan, por parte de Imelsa también se licitó la dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud de las mismas.

Precisamente en relación a estas contrataciones, el análisis de la Guardia Civil ha evidenciado la aparente existencia de una serie de servicios que habrían sido facturados y abonados doblemente por Imelsa: concretamente los relacionados con la dirección técnica de las obras de la pista de pádel de Beniarjó, los campos de fútbol 11 de Miramar y Benirredrá y, finalmente, las piscinas cubiertas de Canals y Enguera.

La dirección técnica de las obras habría sido desarrollada de forma efectiva por una empresa pero facturada por otras dos sociedades aparentemente sin haber prestado estos servicios. El importe de las facturas analizadas en este sentido ascienden a 108.785,97 euros.

Coetáneamente, estas dos últimas sociedades efectuaron pagos a la empresa de Benavent, Berceo Mantenimientos, por importe de 79.963,88 euros en el marco de una serie de negocios jurídicos vinculados con su expansión comercial en Polonia y Argelia que se presumen ficticios.