El Ayuntamiento de Palma ha reconocido que existieron indicaciones políticas en la decisión de no reforzar el personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en pleno proceso de regularización de personas migrantes, un hecho que varios funcionarios del área de Servicios Sociales denunciaron la semana pasada en un comunicado. Desde el Consistorio, gobernado por PP y Vox, justifica su planteamieno en la intención de que el resto de servicios que ofrece la corporación municipal no vieran mermada su capacidad de acción y funcionaran con normalidad.

Durante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves en el Consistorio, la coordinadora de Servicios Sociales de Cort, Patricia Pizà, quien compareció a petición de Unidas Podemos, señaló que se dieron instrucciones desde la dirección política para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no aclaró quién las dio, tal como informa Diario de Mallorca. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Ayuntamiento precisan, sin desmentir esta información, que el servicio cuenta con cinco trabajadores y que se han ajustado los horarios para atender la demanda, si bien se ha descartado reforzarlo al considerar que implicaría desatender otras áreas.

La decisión habría respondido así, según la corporación municipal, a un criterio de organización interna para evitar descompensar otros servicios considerados igualmente prioritarios y equilibrar las distintas necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Según explicó a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, quien estuvo presente en la comisión, Pizà no respondió a “prácticamente nada” durante su primera intervención. Después de que los grupos municipales de la izquierda le reformularan las preguntas, la coordinadora de Servicios Sociales admitió que se dieron -en palabras del ecosoberanista-, “instrucciones o directrices políticas” para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no precisó quién las dio.

En este sentido, el Ayuntamiento insiste en que continúa prestando el servicio y tramitando las solicitudes dentro de sus capacidades actuales, al tiempo que señala que el proceso de regularización depende en gran medida de la planificación estatal.

Desde la oposición de izquierdas, sin embargo, cuestionan la decisión de no reforzar el servicio en este contexto y da por acreditadas las órdenes políticas de no reforzar las oficinas ante el aumento de la demanda derivado de la expedición de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El pasado martes, el Gobierno central acusó además al PP de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo realicen las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo aseguró que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó el miércoles de la pasada semana después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales.

La nota de los funcionarios aseguraba que, ante las colas que comenzaban a formarse, “el equipo directivo” de la OAC activó “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continuaba el texto, esa misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Poco después de que los medios recibieran el escrito de los funcionarios, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sin hacer mención a la nota, aseveró que “no se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”. Según los datos aportados en la comisión, y que recoge Última Hora, las oficinas municipales han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes para la emisión de certificados de vulnerabilidad, un requisito esencial en algunos casos del proceso de regularización. Sin embargo, muchas de ellas aún no han comenzado a tramitarse debido a la falta de recursos humanos .

El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.

“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.

Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.

Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.

“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.

“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.

Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.

La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.

El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamado este jueves la activación de una contingencia migratoria preventiva para frenar la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, al tiempo que ha pedido acelerar las repatriaciones de aquellos que mantienen contacto con sus familias.

La petición se ha producido tras la reunión mantenida en el Consolat con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en un encuentro en el que también han participado los consells insulares. La líder balear ha trasladado a la ministra la “situación límite” que atraviesa el sistema de protección de menores en Balears, tensionado por el incremento de llegadas en los últimos años.

Frente a las reclamaciones de Prohens, la ministra ha aseverado que “no hay contingencia a la carta”, defendiendo que el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas es una “historia de éxito”. Tal como ha subrayado, el real decreto ha permitido tramitar sin incidencias unos 1.500 expedientes, aseverando que el sistema prioriza la coordinación entre territorios y la adaptación a su capacidad de acogida.

La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.

Durante la reunión, la presidenta autonómica ha explicado que las islas tutelan a 733 menores migrantes no acompañados, lo que supone cerca de dos tercios del total de menores bajo protección. Aunque esta cifra excede en 327 plazas la capacidad ordinaria, lo que supone una sobreocupación superior al 80%, no llega a triplicarla, requisito exigido por el decreto para activar el mecanismo.

Con todo, el Ejecutivo autonómico y los Consells Insulars han reclamado no solo frenar los traslados desde otros territorios, sino también más financiación estatal para sostener el sistema. Según Prohens, los 7,8 millones transferidos por el Gobierno resultan “claramente insuficientes” ante el incremento de la presión asistencial. En paralelo, han solicitado poder recurrir a remanentes para afrontar gastos extraordinarios y la retirada del último decreto estatal que eleva la capacidad teórica de acogida en Balears hasta las 434 plazas, lo que, a su juicio, dificulta la activación de mecanismos de contingencia.

La respuesta de Rego ha sido tajante. “No hay una contingencia a la carta”. La ministra ha defendido el real decreto aprobado por el Gobierno -concebido para distribuir a los menores entre comunidades en función de indicadores objetivos- como “una historia de éxito” y ha apuntado que el texto tiene en cuenta la situación de cada territorio para evitar una mayor sobrecarga.

En esta línea, ha considerado “curioso” que Balears critique el decreto y, al mismo tiempo, quiera acogerse a él para frenar el reparto. La ministra ha insistido en que no es razonable que cada comunidad determine unilateralmente si está saturada, incidiendo en que el modelo ya contempla no derivar menores a aquellos territorios con los servicios más tensionados.

En relación con la petición de acelerar repatriaciones, la ministra ha recordado que cualquier actuación debe regirse por el derecho internacional y el interés superior del menor, y ha deslizado que este tipo de propuestas se enmarcan en acuerdos con la extrema derecha.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno central ya denegó la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal como anunció la propia Prohens durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que aseguró que su gabinete recurriría “a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas.

Un mes después, el Tribunal Supremo desestimó la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados presentada por el Govern. Según informaba el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiera una suspensión cautelarísima y ordenaba la tramitación del incidente por el procedimiento ordinario.

Prohens ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia con el objetivo de ampliar los delitos que recoge el artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete sobre menores para excluir a las personas condenadas por estos hechos del acceso a profesiones que implican contacto con menores .

El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.

Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.

Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.

En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.

Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.

Reconocimiento de las asociaciones de víctimas

Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.

El Parlament balear ha vivido un nuevo rifirrafe a cuenta de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma que PP y Vox quieren enmendar con decenas de correcciones que, de incorporarse, permitirán reformar de forma encubierta más de 50 leyes autonómicas, alterando con ello el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Durante el pleno de este martes, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de ser “la pequeña Trump” de las islas por “menospreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas” y utilizar “la puerta falsa” para colar modificaciones legislativas que, según ha recordado, los letrados de la Cámara habían cuestionado inicialmente.

El enfrentamiento se enmarca en la tramitación de un proyecto de ley, el de proyectos estratégicos, que inicialmente fue impulsado como decreto ley para agilizar inversiones, pero que durante su paso por el Parlament se ha convertido en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Entre los ámbitos afectados figuran cambios en la legislación sobre medio ambiente, la lengua catalana, la función pública, la educación, las políticas sociales o la protección de Menorca como Reserva de la Biosfera.

Según ha denunciado Castells, el PP ha registrado 87 enmiendas que afectan a 47 leyes, mientras que Vox ha presentado otras tantas que modifican al menos nueve normas más. Para Castells, este procedimiento supone un “maremágnum” que permite introducir cambios de gran calado “de forma encubierta” y sin el debido control parlamentario.

“Usted es una imitadora de Trump y pueden pensar que a los ciudadanos esto no les afecta, pero les afecta mucho, porque cuando ustedes desprecian las capacidades que los diputados tenemos de controlar sus políticas, lo que hacen es despreciar el papel político de la gente que nos vota, que son muchas decenas de miles de ciudadanos”, ha enfatizado el diputado ecosoberanista, quien a instado a Prohens, “por la salud democrática de nuestras islas”, a que “deje de despreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas y que deje de decir unas cosas para hacer exactamente las contrarias”.

Por su parte, Prohens ha rechazado de forma tajante estas acusaciones y ha defendido la legalidad del procedimiento. Ha recordado que el decreto fue convalidado por el pleno y que su tramitación como ley permite precisamente la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos.

“¿Me está diciendo que el registro del Parlament es una puerta de atrás?”, ha replicado la presidenta, insistiendo en que todas las iniciativas se han presentado “de forma pública y accesible”.

Lejos de rebajar el tono, el debate ha derivado en reproches mutuos. Castells ha acusado al Ejecutivo del PP de “cinismo” por criticar prácticas del Gobierno central que, a su juicio, replica en Baleares “corregidas y aumentadas”. Prohens ha contraatacado señalando contradicciones del propio diputado menorquinista, recordando enmiendas presentadas por él en anteriores legislaturas para modificar leyes ajenas a los textos en tramitación.

La ley de proyectos estratégicos ha sido severamente cuestionada por la oposición de izquierdas por diluir el debate parlamentario mediante unas enmiendas que nada tienen que ver con la norma. No en vano, el reglamento de la Cámara balear, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Mallorca por tratar de sobornar a la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer.

El hombre fue arrestado y acusado de cohecho después de acudir al despacho de la alto cargo para abordar una problemática relacionada con unos permisos vinculados a sus negocios, según ha publicado este viernes el diario Última Hora.

La directora general denunció ante la Policía Nacional al hombre después de que éste acudiera a su despacho para solucionar problemas relacionados con unos permisos con una caja de bombones y 20.000 euros. Un juzgado de Palma se ha hecho cargo del caso y ha declarado la causa secreta.

Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han subrayado la correcta actuación de la directora general y la inmediata comunicación de los hechos a la Policía.

Ante las colas larguísimas que desde las siete de la mañana se han formado a las puertas de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), atendían los mismos funcionarios de siempre “debido a instrucciones políticas”. Es la denuncia que refleja un comunicado de prensa redactado por varios empleados del área de Serveis Socials de la capital balear. Según su testimonio, el equipo de gobierno de la capital balear ha vetado que se destine más personal a las ventanillas donde se pueden gestionar en persona trámites administrativos o, simplemente, obtener información para realizarlos. El Ajuntament de Palma está en manos del PP, con Vox como muleta en los plenos para sacar adelante presupuestos, ordenanzas y mociones.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó este miércoles después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales. Un “hito del Plan de Convivencia e Integración Intercultural”, para Moncloa. Un caballo de batalla, en cambio, para el PP. En todo el país y, con especial fuerza, en las Illes Balears, donde gobierna en coalición o con apoyo externo de Vox en las principales instituciones de las islas con la única excepción del Consell de Eivissa. “No se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”, ha dicho esta tarde Jaime Martínez Llabrés: el alcalde de Palma ha comparecido ante los periodistas poco después de que los medios hayan recibido el escrito de los funcionarios.

La nota asegura que, ante las colas que ya se formaron ayer, “el equipo directivo” de la OAC activó para este jueves “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continúa el texto, esta misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Sin embargo, sí se intensificó “la seguridad” en las oficinas ciudadanas. Así lo ha explicado el alcalde Martínez en su intervención, donde ha expuesto un argumentario que no ha mencionado las quejas de los funcionarios. El político del PP ha preferido cargar contra el presidente del Gobierno, a quien ha nombrado varias veces en menos de cinco minutos: “Genera falsas expectativas y ha provocado un efecto llamada clarísimo. (...) Ayer los servicios públicos ya comenzaron a tener presión, tuvimos a 300 personas que fueron a las instalaciones municipales para hacer trámites. (...) Pedro Sánchez ha decidido cómo se hace [la regularización] y quién lo hace sin consenso. (...) [Los migrantes] tienen colapsado un servicio al que tienen que acceder los ciudadanos. (...). ¿Cómo se integrará a todas estas personas en nuestra ciudad?”.

“Instrucciones políticas” a primera hora de la mañana

elDiario.es ha contactado con uno de los funcionarios que han remitido el comunicado. “Ayer ya se atendió de forma diferente, en grupos, pero se pudo hablar con mucha gente, aunque de una forma un poco improvisada. Desde dirección se pidió en diferentes departamentos quién podía reorganizar su agenda para reforzar a la OAC Social [la oficina que está soportando más peticiones de información]. Nos apuntamos varias personas al grupo de refuerzo”, relata este funcionario. Esta mañana, según este testimonio, los empleados públicos que se encontraban en las oficinas centrales de servicios sociales del Ajuntament de Palma se han llevado una sorpresa: “Mientras nos explicaban qué teníamos que contar a los diferentes tipos de demandantes –porque, por ejemplo, si tienen menores a su cargo, no necesitan el certificado de vulnerabilidad– y cómo ir cribando la cola, justo cuando íbamos a salir, el director técnico nos ha comunicado que había una instrucción de parte de la dirección política para que no se hicieran extras”. 

Traducida en cifras, la orden implicaba que “fueran las dos personas que atienden normalmente en las oficinas de la OAC Social quienes se encargaran de todo”. “No sé si a nivel estatal se podría haber hecho mejor el proceso de regularización”, prosigue el funcionario, “pero sé que los medios municipales se podrían haber utilizado mejor. Es flagrante utilizar a personas para una batalla política. Hemos escrito rápido el comunicado, entre los seis empleados que estábamos en las oficinas centrales y, después, casi todo el centenar de trabajadores del área de servicios sociales se han ido adhiriendo”.

La oposición acusa al PP de “racismo institucional”

La respuesta de los grupos municipales que se oponen al gobierno sin mayoría absoluta –y con apoyo externo de Vox– del PP no se ha hecho esperar. “La falta de previsión del Ayuntamiento es inadmisible. Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el ayuntamiento es indigno. Son personas que están solicitando información y una documentación que les puede servir para regularizarse en este país. Exigimos al alcalde que refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven y trabajan en esta ciudad, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo”, ha dicho Iago Negueruela, secretario general de los socialistas en Palma y el político mejor situado para encabezar la próxima lista del PSIB en las Municipales de 2027. 

Miquel Àngel Contreras, concejal de Més, ha ido más allá calificando de xenofobia el presunto bloqueo de los populares a la decisión técnica de destinar más personal en las oficinas de atención ciudadana. “Es una decisión política”, ha afirmado Contreras, “que pretende dejar fuera del sistema a miles de personas. El PP utiliza la administración para negar derechos a la ciudadanía de Palma. Estamos hablando de personas que trabajan y viven en nuestra ciudad y las están dejando al margen. Esto es racismo institucional”. Los ecosoberanistas mallorquines consideran que se trata de “un boicot consciente” contra las personas que quieren acogerse a este proceso de regularización.

Lucía Muñoz, de Podemos, ha exclamado un “basta ya” en un vídeo publicado en Twitter. Lo ha grabado frente a las colas que se formaban hacia las diez y media de la mañana en la misma puerta de la OAC que se encuentra en la sede del Consistorio, en pleno centro histórico de la ciudad: “Le pedimos al equipo de gobierno que ponga todos los recursos humanos para poder tramitar la regularización extraordinaria”. “Parece que el PP quiere esclavos para sostener el turismo”, ha continuado la única concejala que conserva Unides Podem en la capital balear: “Le pedimos al alcalde que cese con su guerra contra los pobres. Parece que las trabas burocráticas siempre son para los mismos: para las personas migrantes, para las personas que viven en caravanas (como hemos visto con los empadronamientos), para las personas sin hogar”.

El silencio de Vox y los “seres de luz” de Prohens

Vox, por su parte, guarda silencio. “Quizás mañana sopesemos una respuesta”, comentan fuentes de la formación. En sus perfiles en redes sociales, la tercera fuerza de Cort –seis concejales, un 20% de voto en los últimos comicios y encuestas internas que los sitúan por delante del PSIB en las siguientes– no publica nada desde el martes. Aquel día, Fulgencio Coll Bucher –portavoz municipal de los ultraderechistas y ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra– se fotografió frente al monumento de Sa Feixina para defender que la Ley de Memoria Democrática no destruya este monolito erigido en honor a los caídos del bando golpista en la Guerra Civil. Más tarde, recibió en la sede de su partido a representantes de Solidaridad, donde calificó como “independiente” a un sindicato promovido por Vox para buscar el voto de la clase obrera. 

En los perfiles autonómicos de Vox han aparecido este jueves algunos retuits de los mítines de Santiago Abascal en Andalucía y una única referencia al colapso de las oficinas de atención ciudadana en Palma: el retuit de una foto publicada en la cuenta personal de Sergio Rodríguez Farré. Este diputado, conocido por sus intervenciones de corte islamófobo y franquista en los plenos del Parlament, ha acompañado la imagen de una frase descriptiva y otra llena de intención política: “Cola ahora mismo en las oficinas municipales de Cort para trámites de regularización de inmigrantes. Todavía habrá algún lumbreras que diga que el efecto llamada de Sánchez no colapsa los servicios públicos”. La misma fórmula que defendió ayer la presidenta Marga Prohens, que ha llegado a decir que “no todo el” extranjero “que llega” a las Illes Balears “es un ser de luz”.

De hecho, mientras Rodríguez escribía en la red social, la cámara balear volvía a posicionarse contra la regularización de migrantes gracias los votos de PP y Vox en la comisión económica que se celebra los jueves. El mismo rumbo que llevó a los conservadores a dar luz verde a una proposición no de ley presentada en el Parlament a mediados de febrero por los ultraderechistas. En aquel texto se utilizaba la palabra “remigración”, una propuesta que esgrimen formaciones de corte neonazi como Alternativa por Alemania. En otras palabras, una expulsión a sus países de origen de decenas de miles de personas no nacidas en España.

El concepto choca contra los testimonios recogidos en las calles de Palma que se han podido escuchar hoy en los informativos de la Cadena SER. “[Con la regularización] Nos van a dejar de explotar: hay personas que trabajan por menos de 8 euros la hora, o incluso menos. Hablo por mis compatriotas colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Somos muy trabajadores, igual que los migrantes de otras nacionalidades. No venimos a quitarle el trabajo a nadie”, ha dicho esperanzada una mujer. Igual de reivindicativa era otra vez, también femenina y también latinoamericana: “Quien piense que venimos a quitarles el trabajo que sepa que es gente que ya existe, está acá y tiene un puesto de trabajo. Yo llevo tres años trabajando en negro, cuidando una señora, subiéndola, bajándola, alisándola, cambiándole pañales. ¿A cambio de qué? Sin vacaciones, pagas extras, con un sueldo mediocre. Para tener esos derechos necesitamos tener papeles para que podamos darnos de alta en la Seguridad Social”.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha advertido este miércoles de un supuesto deterioro de los servicios públicos y de un aumento de la presión sobre la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central. Asimismo, ha cuestionado los requisitos previstos en el proceso de regularización y ha aseverado que, a su juicio, no debería bastar con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales: “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha incidido.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos. Para Prohens, se trata de una regularización “indiscriminada” que “ignora la emergencia habitacional y la presión asistencial”, a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible.

Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. Según el documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Sin embargo, para la líder balear el resultado de la regulación serán “peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears”, recriminando que la medida no va acompañada por el “compromiso de más financiación” y aprovechando para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico. En esta línea, ha recriminado que el coste recae sobre las comunidades autónomas, evitando, no obstante, mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

No en vano, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indican que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado. Por otro lado, informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad.

Respecto a la vivienda, Pohens ha reprochado que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática que atraviesan las islas en esta materia, obviando el impacto que están teniendo en el encarecimiento del alquiler factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa. Además, distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en el mercado inmobiliario.

Con todo, y pese a que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, la presidenta balear ha señalado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y tratará de lograr la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

Alineamiento con Vox en materia migratoria

En los últimos meses, el PP ha afianzado su alianza en materia migratoria con Vox, su socio de investidura en Balears. Entre otras medidas, los conservadores facilitaron que el partido de extrema derecha sacase adelante una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Aunque el PP se abstuvo en los puntos más extremos -como la expulsión automática de todos los migrantes en situación irregular o la supresión del arraigo-, sí avaló el núcleo de la PNL, que, entre otros puntos, incluye “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado miles de personas a jugarse la vida, y a perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor a Europa”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, además de promover una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.

Endurecimiento de las condiciones de acceso a ayudas

Asimismo, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo por el que exigirán un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga). Además, los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Durante el Debate de Política General celebrado el pasado mes de octubre, Prohens ya anunció el endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas a los migrantes: “No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada”, espetó.

Tres meses antes, el Govern nombró como nuevo director general de Inmigración y Cooperación a Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien en una entrevista vinculó la “subida de la violencia” en las islas con “la migración ilegal”, una visión que se alinea con las posiciones más duras del PP así como con los discursos de Vox -socio de investidura de los conservadores en las islas- y otros grupos ultras.

El Govern balear del PP ha defendido este martes haber logrado contener el número de turistas en las islas, aseverando que el archipiélago avanza hacia un escenario de “crecimiento cero” en los meses de verano. Lo ha afirmado, sin embargo, en un contexto de cifras que siguen marcando máximos históricos: el año pasado, Balears superó por primera vez los 19 millones de visitantes -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia.

En respuesta a una moción sobre diversificación económica defendida por Més per Mallorca, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha señalado que la contención turística en Balears es “una realidad incontestable”, subrayando que el incremento de turistas se ha desplazado a temporada media y baja y que, en paralelo, “se está produciendo un crecimiento en valor”, con un aumento del gasto turístico superior al del número de turistas.

En esta línea, el vicepresidente primero del Govern ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo, con el apoyo de Vox, no es reducir el turismo, sino “contener su crecimiento” mientras se aboga por la diversificación de la economía balear. “No queremos que el turismo decrezca, queremos que contenga su crecimiento y que crezcan más otros sectores”, ha defendido. El conseller ha vinculado esta estrategia a la captación de inversiones mediante la unidad de aceleración de proyectos estratégicos, lo que ha aprovechado para recriminar al anterior gobierno de izquierdas que dejase “desierta” la política en materia de innovación.

Frente a este discurso, el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha cuestionado de forma directa la idea de contención del Govern del PP, calificándola de “desbordada”. “Si su contención tiene como resultado que crecemos prácticamente en dos millones de turistas y que cada año incorporamos a 16.000 trabajadores nuevos que básicamente van a trabajar en el sector turístico, la contención está poco contenida”, ha recriminado.

El diputado ecosoberanista ha advertido de que el modelo económico de las Islas continúa funcionando como un “monocultivo turístico” que no cambiará si no se aplican políticas activas para reducir el peso del sector servicios, que ronda el 85% de la economía, en unas islas que, ha aseverado, están en la actualidad “mucho más tensionadas por un hiper crecimiento”. “Hay que volver a poner los límites y las medidas de decrecimiento que ustedes han eliminado”, ha incidido, en alusión, entre otras, a la amortización de las plazas adquiridas en bolsa -lo que evitaba crear nuevas plazas“.

En su lugar, el Ejecutivo de Marga Prohens, ha criticado Apesteguia, ha consolidado el crecimiento que ya se había producido a partir de la Ley Delgado, en alusión a la política expansionista promovida por el exconseller del PP Carlos Delgado que, entre otros aspectos, permitió extender los alojamientos turísticos a edificaciones existentes en suelo rústico sin necesidad de contar con una declaración de interés general ni con informes de evaluación de impacto ambiental, además de dar vía libre a los proyectos de campos de golf y puertos deportivos bajo el pretexto de la desestacionalización.

El ecosoberanista también ha puesto el foco en el destino de la riqueza generada por el propio sector: “La acumulación de capital en Balears sigue destinándose básicamente al ladrillo”, ha señalado, vinculando esta dinámica al encarecimiento de la vivienda y a la falta de diversificación real de la economía. En este sentido, ha alertado de que, sin un cambio en esa orientación, la simplificación administrativa que impulsa el Govern puede acabar favoreciendo de nuevo al sector inmobiliario y reforzando el mismo modelo.

Cabe recordar que, a finales de marzo, PP y Vox tumbaron una propuesta impulsada por el PSIB-PSOE dirigida a recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas en Balears hasta que los Consells de Mallorca, Menora, Eivissa y Formentera aprobasen sus estudios de capacidad de carga, una herramienta clave para fijar los límites de visitantes que puede soportar cada isla.

La caída del primer ministro húngaro Viktor Orbán ha servido de munición política en el Parlament balear no solo por sus implicaciones europeas, sino también por el reciente viaje del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne (Vox), para arropar al dirigente ultra en Hungría. Sobre ello, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha aprovechado para ironizar y lanzar “un saludo” a la segunda autoridad de Balears: “Se ve que su viaje a Hungría fue provechoso”. El sarcasmo ha sido ampliado por el socialista Iago Negueruela, quien ha aludido al “gran impacto” generado por la visita de Le Senne en el resultado final de las elecciones.

Más allá de las bromas, la izquierda ha celebrado abiertamente el cambio político en Hungría. Negueruela ha calificado el resultado como una “buena noticia a nivel mundial y europeo”: “Tenemos un fascista menos y eso es una buena noticia a nivel mundial y europeo. Hay un ultra menos al frente de un gobierno que Vox apoyaba, y ellos a su vez apoyan al PP”, ha deslizado. En esta línea, ha reclamado a los populares que “tomen nota de cómo se tiene que reaccionar ante los ultras” y ha instado a la presidenta balear, Marga Prohens, a que se aleje de posiciones “reaccionarias”.

En el otro extremo, Vox ha lamentado la derrota de Orbán en boca de su portavoz, Manuela Cañadas, quien ha considerado el resultado “negativo para todos los ciudadanos” húngaros, defendiendo las políticas del hasta ahora primer ministro frente a la Agenda 2030 -marco estratégico de la Unión Europea para mitigar los efectos del cambio climático y cuyo enfoque rechaza la extrema derecha- o las políticas migratorias europeas. Aun así, ha celebrado que el nuevo Parlamento húngaro no contará con representación de la izquierda.

El PP, por su parte, ha tratado de situarse en una posición intermedia, aunque no exenta de crítica hacia la izquierda. Su portavoz, Sebastià Sagreras, ha censurado las “burlas” dirigidas a Le Senne, mostrándose sorprendido de que la izquierda celebre unos resultados que dejan a sus homólogos “sin ningún diputado”. “Ha ganado la opción del PP europeo, de las ideas liberales, la constructiva, de centro derecha, la europeista. La opción que es afín al PP de Balears”, ha reivindicado.

Sagreras también ha atribuido la victoria del opositor Péter Magyar, con mayoría reforzada, al voto táctico de sectores progresistas, y ha confiado en que algo similar pueda suceder en el archipiélago.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el diputado no adscrito y ex de Vox Agustín Buades, quien ha advertido que “el populismo siempre pierde”. “Perdió con Rivera, perdió con Iglesias y perderá con Abascal”, ha aventurado.

Cabe recordar que Le Senne se ausentó del pleno del pasado 24 de marzo al encontrarse en Budapest para asistir a un encuentro del grupo ultra europeo Patriots -integrado por más de 80 eurodiputados ultranacionalistas y de extrema derecha- en apoyo a Orbán. Junto a él, tampoco estuvo presente en esa sesión Prohens (PP), quien se encontraba de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico.

El Govern de Marga Prohens (PP) mantiene sin difundir una quincena de trabajos sobre memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en Balears. Se trata de investigaciones de gran alcance –con miles de páginas en conjunto– y de carácter multidisciplinar –a nivel histórico, psicológico, jurídico...– que fueron promovidas por el anterior Ejecutivo de izquierdas en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo –más conocida como 'ley de fosas'–. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos debían revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

Lejos de ese objetivo, los informes permanecen hoy fuera del alcance de la ciudadanía. Las investigaciones, que reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, fueron concebidas como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargadas, sino también ejecutadas y remuneradas: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de las mismas sin que su trabajo haya visto todavía la luz.

El conjunto de estudios traza un ambicioso y complejo mapa de la memoria histórica en Balears: desde la relación entre el archipiélago y el Valle de los Caídos, donde al menos un centenar de isleños fueron enterrados tras ser trasladados durante el franquismo, en muchos casos sin conocimiento de sus familias, hasta un análisis en profundidad de los bombardeos provenientes de Mallorca, pasando por estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo -la gran ofensiva que llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los sublevados-, los mecanismos de represión desplegados por el franquismo, la actualización del censo de personas asesinadas por la represión franquista o informes sobre las propias políticas de 'memoria' impulsadas durante la dictadura y cómo ésta construyó su propio relato sobre la guerra y la represión mediante la exaltación de los vencedores y el silenciamiento de las víctimas republicanas.

Asimismo, las investigaciones abordan dimensiones menos visibles de la represión, como el impacto del trauma psicológico derivado de la violencia y su transmisión generacional desde 1936, ampliando así el foco más allá de los hechos estrictamente bélicos para incorporar sus consecuencias sociales y emocionales a largo plazo.

Las investigaciones abordan desde el traslado de isleños al Valle de los Caídos a estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen la ausencia de difusión al hecho de que aún se encuentra pendiente recibir la versión definitiva de uno de ellos, relativo al “censo de víctimas”, que ha tenido que ser “enmendado por discrepancias entre los miembros con la categoría de causas de muerte”. Fuentes implicadas en el desarrollo de los trabajos apuntan, sin embargo, que la mayoría de los estudios llevan entregados desde hace más de un año y que estos podrían haberse hecho públicos de forma independiente, dado que su publicación -al menos en formato digital- no depende necesariamente de la finalización de los trabajos que pudieran estar pendientes.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas consultadas por elDiario.es aseguran que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, “tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño”. Una vez completados, precisan, los estudios deberán pasar por un proceso de unificación formal antes de su difusión. “El Servicio de memoria democrática tendrá que maquetar todos los estudios uno por uno, ya que no tienen el mismo formato y se necesita unificar el diseño para poder publicarlos todos en las mismas condiciones”, apuntan, incidiendo en que su voluntad es publicarlos “todos a la vez”.

El Govern asegura que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, "tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño"

Para su elaboración, los trabajos se integraron en un conjunto de varios lotes que incluían desde exhumaciones hasta estudios históricos relativos a varias fosas comunes, pasando por la elaboración del mapa de fosas de Menorca con el objetivo de sumarlo a los ya existentes de Mallorca, Eivissa y Formentera y completar así el mapa de fosas de Balears. La adjudicación recayó en la unión temporal de empresas formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la consultora Àtics. El objetivo era no solo avanzar en el conocimiento académico, sino también trasladar esos resultados al conjunto de la sociedad en línea con los principios de verdad, justicia y reparación.

“Había todo un lote, muy potente, dedicado a estudios de investigación”, explica el que fuera secretario autonómico de Memoria Democrática durante la pasada legislatura, Jesús Jurado, en alusión a los quince trabajos 'desaparecidos'. Lejos de tratarse de informes homogéneos, cada uno de ellos fue encomendado a especialistas concretos en función de su ámbito de conocimiento. En este sentido, el exsecretario autonómico subraya que uno de los objetivos era precisamente ampliar el foco más allá del enfoque tradicional centrado exclusivamente en las fosas. “Creo que es importante que la memoria democrática salga un poco del ámbito de los cementerios y que nos centrásemos en otros muchos aspectos”, incide en declaraciones a este periódico.

El trauma 'heredado' desde 1936

Entre las investigaciones figura la llevada a cabo por la psicóloga clínica Anna Miñarro, autora del estudio Evolución del trauma entre generaciones desde 1936, en el que analiza cómo la represión política, la tortura o las desapariciones que padecieron las víctimas del franquismo en Balears no solo marcaron a sus familiares más cercanos, sino que las secuelas de aquel horror alcanzaron a generaciones posteriores, manifestándose aún hoy, principalmente, en forma de depresión, demencia y trastornos psicoafectivos. Son las principales conclusiones de un informe inédito en las islas que desarrolló acompañando a las víctimas y sus familiares en los procesos de exhumación y que arroja luz acerca de los traumas que cargan a sus espaldas los descendientes de los asesinados, desaparecidos y represaliados, cuyas vidas quedaron marcadas por la brutalidad de los sublevados.

Otro de los trabajos incluidos profundiza en un aspecto hasta ahora poco documentado: el papel de la aviación en la guerra en Menorca y, en particular, los ataques sistemáticos lanzados desde Mallorca. El estudio, elaborado por los historiadores Carlos de Salort Giménez y Miquel López Gual, aporta nuevas evidencias a partir de fuentes militares inéditas que permiten reconstruir con precisión la dimensión real de la guerra aérea sobre la isla. La principal novedad del trabajo radica en el análisis de centenares de documentos originales -comunicados, telegramas e historiales de vuelo- conservados en archivos militares españoles a partir de los cuales los autores tejen un mapa mucho más detallado de las operaciones aéreas sobre Menorca, ampliando y corrigiendo las fuentes tradicionales basadas en testimonios o registros incompletos.

Uno de los estudios inéditos es sobre los ataques sistemáticos lanzados sobre Menorca; otro aborda las consecuencias psicológicas de la represión política, la tortura y las desapariciones

Bombardeos sistemáticos

En un estudio publicado el año pasado bajo el título La Guerra Civil en Menorca desde el cielo: nuevas aportaciones al papel de la aviación en la contienda ambos autores desmontan además la idea de que los alzados efectuaran ataques aislados y revelan, a partir de más de 270 comunicaciones directas entre unidades aéreas y el mando franquista, una estrategia más amplia de control del Mediterráneo por parte del bando sublevado, donde la aviación desempeñó un papel clave en el bloqueo, la presión sobre la población civil y la consolidación del dominio militar desde Mallorca mediante la vigilancia, intimidación y bombardeo sobre Menorca, especialmente a partir del aislamiento de ésta tras el fracaso del desembarco republicano. Desde entonces, la isla quedó sometida durante cerca de treinta meses a operaciones aéreas constantes dirigidas desde la base franquista mallorquina, con la participación clave de la aviación italiana.

El trabajo también aporta datos inéditos sobre la intensidad de la violencia aérea: solo entre 1936 y 1937 se contabilizan decenas de ataques y centenares de bombas lanzadas sobre la isla, con una evolución clara hacia operaciones más sistemáticas y tecnificadas. Esta escalada obligó a la población civil a adaptarse progresivamente al peligro, pasando de la curiosidad inicial ante los aviones a la construcción de refugios y la normalización del bombardeo como parte de la vida cotidiana.

También participó en los trabajos Manel Suárez Salvà, autor de numerosas investigaciones sobre la segunda república y el movimiento obrero de Mallorca -especialmente en el núcleo municipal de Calvià- así como sobre las cárceles franquistas que se implantaron en la isla, entre ellas la de Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la represión franquista en la isla. Tras el golpe fascista de 1936, este almacén situado en las Avenidas de Palma se transformó en un centro penitenciario que confinó, entre miseria y torturas, a más de 2.000 presos durante cinco años. Una de las prácticas habituales eran las 'sacas': los presos, mediante engaños, eran 'liberados' y, posteriormente, asesinados por los falangistas.

Mallorca como “laboratorio fascista”

Por otro lado, el doctor en Historia Manuel Aguilera -autor, entre otros, del libro El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo y uno de los principales investigadores en torno al papel de la Aviación Itmanosaliana en la guerra civil-, hizo entrega de un estudio que retoma esta línea de investigación, enfocándose en la ocupación italiana de Mallorca y el intento de convertirla “en un laboratorio fascista”, como señala el propio investigador en declaraciones a elDiario.es. La instalación del contingente italiano transformó la isla en un gran portaaviones dedicado a bombardear sin descanso el litoral republicano del Mediterráneo y bloquear las rutas marítimas de suministro de la URSS.

Tal como sostiene el historiador, los italianos comenzaron a adquirir centenares de hectáreas y propiedades para construir en la isla 'casas coloniales', trasladar una importante cantidad de trabajadores del país transalpino y crear allí mismo un “centro de italianidad”. Debido a que la legislación local impedía a los extranjeros adquirir terrenos costeros sin autorización militar, Mussolini utilizó testaferros mallorquines y empresas tapaderas, como Celulosa Hispánica S.A., empleada para comprar la emblemática finca de L'Albufera.

En el trabajo que Aguilera entregó al Govern también aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini. La efigie, envuelta en un halo de misterio desde entonces, yacería enterrada en esa misma zona, aguardando que alguien la saque algún día a la luz, lo que a juicio del historiador constituiría una de las principales pruebas materiales sobre la dimensión simbólica y propagandística que alcanzó la presencia italiana en Mallorca durante la contienda y del papel de la isla como espacio estratégico para el fascismo europeo.

En concreto, el monumento fue diseñado por el legionario Italiano Heros Giusti y construido en 1939 en un solar situado a unos 100 metros de lo que hoy es el poblado chabolista de Son Banya. Tres años antes, en ese mismo punto, había sido levantado el cuartel de la Aviazione Legionaria. Las instalaciones sirvieron además para albergar las baterías antiaéreas del aeródromo de Son Sant Joan, cuyas pistas adaptaron los italianos como base aérea próxima a la capital balear. Al abrigo de la carismatización y el culto a los líderes fascistas de la época, la efigie no tardó en hacerse realidad.

Una de las obras aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini

El cementerio de Palma cuenta, además, con un mausoleo que las autoridades italianas hicieron construir en 1942 para conservar “los restos mortales de los camaradas que dieron su vida en la lucha contra el marxismo”, por el derrocamiento de la Segunda República y por la implantación de un régimen fascista en España. Para garantizar su mantenimiento, el Gobierno italiano abona cada año 449,11 euros a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), de acuerdo a la documentación consultada en su día por elDiario.es.

“La memoria debe darse a conocer”

El diseño original del IV Plan de Fosas contemplaba diferentes vías de difusión. Más allá de su posible publicación digital, se planteaba la difusión de ediciones en papel y la realización de exposiciones vinculadas a los resultados, todo ello a iniciativa del Govern, un escenario que Jurado percibe lejano. No en vano, cree que los estudios podrían haberse hecho públicos hace más de un año, pero hasta el momento no han sido difundidos ni incorporados a la web institucional de memoria democrática, donde, asevera, podrían haberse consultado al menos en formato digital.

Por su parte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subraya que los estudios se concibieron precisamente para sacar a la luz una parte de la historia que aún permanece en gran medida oculta. “Esto se hizo con la intención de recuperar esta parte de la memoria”, explica, en referencia a unos trabajos que califica de “muy novedosos” e “imprescindibles”. Oliver denuncia que ese proceso no haya tenido continuidad en forma de difusión pública: “No tenemos noticias de los estudios ni de las exposiciones que debían hacerse”. La responsable de la entidad memorialista insiste en que el objetivo de estos trabajos iba mucho más allá del ámbito académico: “La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos”.

Oliver rechaza de plano posibles argumentos para justificar la paralización. “No tienen excusa”, asevera, recordando que los estudios se enmarcan en una ley vigente, la de fosas, y que su aprobación se produjo dentro de los cauces establecidos. En su opinión, el bloqueo no solo afecta a la difusión del conocimiento, sino también al trabajo de los propios investigadores: “Es terrible que hayan hecho un trabajo y no puedan hacer nada con él”.

Los trabajos son muy novedoso e imprescindibles. No tenemos noticias de ellos ni de las exposiciones que debían hacerse. La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mientras tanto, el Govern insiste en su intención de publicar todos los estudios una vez cumplan los criterios de contenido y diseño y señala, en lo referente a las exposiciones, que tiene previsto ceder un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la próxima celebración de una jornada sobre la ley de fosas. Desde la Conselleria de Presidencia subrayan que su pretensión pasa por cederlo “siempre que sea entregado en tiempo y forma, antes de dicha jornada, por la empresa adjudicataria”.

En materia de divulgación, recuerdan que el Govern ha llevado a cabo durante esta legislatura, a pesar de no formar parte de las muestras vinculadas al IV Plan de Fosas, todos los trámites administrativos correspondientes a la cesión de la exposición Sense Oblit a Can Óleo (expuesta desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de 2025), al Ayuntamiento de Lloseta (cedida del 10 al 13 de octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de marzo de 2026) y al IES CTEIB (desde el pasado 31 de marzo hasta el 4 de mayo). La exposición también ha sido solicitada por el IES Josep Sureda i Blanes de cara a mayo.

En paralelo, explican que desde el Ejecutivo han encargado a Manuel Aguilera un estudio sobre los bombardeos sufridos en Balears durante la guerra civil del que, según señalan, existía un informe previo que “estaba incompleto porque no incluía la identificación de las personas víctimas de los bombardeos, que nunca han sido reconocidas”. Añaden que, con este nuevo estudio, “más exhaustivo y que determina el nombre real de las víctimas, se permitirá avanzar en su identificación”, permitiendo así conmemorarlas en un acto de homenaje previsto para este verano. Las mismas fuentes aseveran que en la página web de Memoria Democrática del Govern se puede encontrar “todo tipo de información sobre los temas relacionados con la guerra civil y la dictadura” con la recomendación de libros, cómics y documentales, entre otros, así como documentación sobre el censo de víctimas en Balears o el mapa de fosas de Mallorca, Eivissa y Formentera.

PP y Vox han reactivado decenas de enmiendas con las que pretenden reformar de forma encubierta más de 70 normas de Balears y alterar el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Si no hay cambios -ambas formaciones cuentan con mayoría parlamentaria para sacarlas adelante-, las correcciones serán incorporadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma cuyo contenido nada tiene que ver con los cambios que quieren realizar y que tanto conservadores como extrema derecha han convertido en instrumento para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Se trata de un movimiento que permitirá tramitar de forma conjunta modificaciones de gran calado sin el debate específico que requeriría cada una de ellas por separado.

Lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda del Parlament balear, Mercedes Garrido, tras la Junta de Portavoces de la Cámara, donde ha detallado el giro producido en la tramitación de la norma y el alcance de las enmiendas en conflicto. En su intervención ante los medios, la diputada socialista ha aseverado que el paquete impulsado por PP y Vox introduce importantes cambios en múltiples áreas sin que ninguno de los dos partidos haya justificado su conexión con la ley enmendada. No en vano, el reglamento del Parlament, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

Si bien las correcciones habían sido inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, tanto populares como extrema derecha han acabado recuperándolas, rechazando a su vez buena parte de las presentadas por los grupos de izquierdas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, anunció en su momento que estudiará llevar las correcciones al Tribunal Constitucional al considerar que se estaría utilizando una ley de carácter económico para introducir cambios estructurales ajenos a su objeto y, potencialmente, vulnerando garantías del procedimiento legislativo.

Según las estimaciones de la formación ecosoberanista, un 70% de las enmiendas no guarda relación alguna con la ley de aceleración de proyectos estratégicos y, de hecho, una de ellas se traduciría en el impulso “por la puerta de atrás” de “una nueva ley” a la que los grupos no podrán realizar aportaciones. Desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ya advirtió de que las enmiendas plantean la modificación, sin informe previo, de hasta 74 leyes, decretos y órdenes.

PP y Vox defienden, sin embargo, que las modificaciones introducidas responden a la necesidad de agilizar la Administración y eliminar trabas burocráticas, negando que se trate de una maniobra irregular. Los populares presentan sus medidas como parte de una estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir plazos y facilitar la actividad económica y la prestación de servicios públicos, mientras que su socio de investidura apela a un discurso de endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas públicas y refuerzo del orden público. En esencia, ambas formaciones sostienen que el uso de enmiendas es un instrumento legítimo dentro del procedimiento parlamentario.

Política lingüística

Uno de los bloques más relevantes de enmiendas incide directamente en la política lingüística. Por un lado, se introducen cambios en educación y función pública para flexibilizar la exigencia del catalán. La incorporación de estas medidas permitirían eximir del requisito lingüístico en plazas de difícil cobertura, eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración y abrir la puerta a excepciones cuando no haya suficientes aspirantes con el nivel requerido, una modificación con impacto directo en el modelo de acceso al empleo público y en el estatus de la lengua propia balear.

Asimismo, se pretende modificar la Ley de normalización lingüística -la norma que establece el marco para asegurar el conocimiento de la lengua catalana- para establecer que los topónimos de Balears tengan forma oficial en castellano y catalán sin preferencia entre ambas, eliminando la prevalencia de la lengua propia en la denominación oficial de lugares, rompiendo con ello el modelo lingüístico consolidado en la comunidad.

El paquete incluye también medidas en materia de seguridad que refuerzan el papel de los cuerpos policiales. Entre ellas, los de Santiago Abascal proponen modificar la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial. También buscan introducir un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales, al abrir las puertas a una vía específica para perfiles procedentes del ámbito militar.

En el ámbito social, Vox plantea una reforma profunda de la renta social garantizada (Resoga). La enmienda introduce un requisito de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears, además de endurecer las condiciones de mantenimiento de la ayuda: los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. El PP, por su parte, propone vincular la actualización del Resoga al IPC para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo. También se refuerzan los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas. Esta modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Creación de una oficina antiocupación

En paralelo, en materia de vivienda, se propone la creación de una Oficina Antiocupación, un organismo administrativo orientado a asesorar, acompañar y coordinar la respuesta institucional frente a la ocupación ilegal. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiocupación dentro de la política autonómica.

El PP también ha presentado enmiendas con las que pretende apuntalar otra de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las correcciones, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Externalización de controles y agilización de licencias

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Las enmiendas se extienden a otros ámbitos. En sanidad, se busca crear la categoría de psicólogo general sanitario en Atención Primaria con el objetivo de intervenir en prevención y atención básica en salud mental. En comercio, prevén modificarse procedimientos de autorización de grandes establecimientos, reforzando el peso de informes municipales y certificados urbanísticos en la tramitación.

“Es el proyecto de mayor magnitud de la legislatura”. El 24 de noviembre de 2004, un exultante Jaume Matas, expresidente balear hoy multicondenado, anunciaba por sorpresa la puesta en marcha de la primera línea de metro de Palma. Hasta entonces, la capital balear carecía de una infraestructura que ya había sido planteada por el primer pacto de izquierdas que, entre 1999 y 2003, gobernó en Balears. “Las ciudades modernas de España, Europa y el mundo tienen metro”, proclamaba entonces el líder autonómico del PP, que tomó el testigo de una obra cuyo desarrollo activó en tiempo récord. Sin embargo, lo que se presentó como símbolo de modernidad acabaría convirtiéndose en uno de los proyectos más controvertidos de su mandato: la construcción del metro acabó marcada por el calendario electoral, atravesada por los sobrecostes y lastrada por una ejecución técnica cuestionada sobre la que nunca dejó de planear la sospecha de la corrupción.

Casi dos décadas después, el Govern balear ha anunciado que reforzará la conectividad ferroviaria y ampliará la infraestructura, hoy utilizada por miles de usuarios, con el objetivo de llevarla hasta el hospital de referencia de Balears, el de Son Espases, a las afueras de Palma. Un anuncio que ha devuelto al centro del debate una pregunta que emergió en su momento: hasta qué punto el metro impulsado por el equipo de gobierno de Matas respondió a una necesidad real de movilidad o fue, en esencia, una decisión diseñada para materializarse con un horizonte político concreto.

La línea M1, que a lo largo de 7,5 kilómetros buscaba conectar Palma con la Universitat de les Illes Balears (UIB), fue concebida y ejecutada en poco más de dos años, un plazo inusualmente breve para una infraestructura subterránea de estas características, cuyo desarrollo suele prolongarse durante varios ejercicios y requiere fases previas de estudio, proyecto y ejecución más dilatadas. En abril de 2005, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la licitación de las obras y el 25 de abril de 2007 -33 días antes de las elecciones autonómicas de ese año-, el metro se ponía en marcha. El objetivo de llegar a los comicios con el proyecto en funcionamiento se cumplió con creces. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco. Tras las primeras lluvias intensas que cayeron sobre Palma después de su inauguración, el metro colapsó: varias estaciones y tramos quedaron completamente inundados y el servicio tuvo que suspenderse durante diez meses.

El 25 de abril de 2007, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas, el metro se ponía en marcha. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco: la infraestructura se vio inundada por las primeras lluvias que cayeron tras su inauguración y el servicio quedó suspendido durante diez meses

Las imágenes -andenes anegados, túneles convertidos en canales- no solo ocuparon titulares, sino que sacaron a la luz las deficiencias estructurales del proyecto, que obligaron a intervenir de urgencia y a replantear partes esenciales de la infraestructura. A las deficiencias se sumó el contexto en el que se habían desarrollado los trabajos: una etapa (la legislatura 2003-2007, con Matas fuera ya del Gobierno de José María Aznar) marcada por la construcción de proyectos colosales en los que grandes constructoras se hicieron con contratos millonarios. En el caso del metro, la Fiscalía Anticorrupción llegó a investigar un supuesto fraude de hasta 3,8 millones de euros por pagos de trabajos no ejecutados y facturas sin contrato, pero las diligencias no tuvieron recorrido y acabaron diluyéndose sin consecuencias penales.

Sobrecostes y decisiones aceleradas

La ejecución del metro de Palma se articuló a través de una red de concesionarias integradas en varias Uniones Temporales de Empresas (UTE), un modelo habitual en la obra pública que permite a varias empresas concurrir de forma conjunta pero que también dificulta el seguimiento del proceso y la atribución de responsabilidades. Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en aquel proceso apuntaron a que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras. La prioridad política de llegar a tiempo a la inauguración terminó imponiéndose sobre la prudencia técnica, como en otras obras de la época.

Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en la ejecución del metro señalaron que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras

Tanto fue así que, si el metro contaba con un presupuesto inicial de 235 millones de euros -una cifra similar a la que se contempla con la ampliación recién anunciada-, el coste final de construcción acabó elevándose a los 343 millones, a los que hubo que añadir cerca de 28 millones en obras de reparación tras las inundaciones. Con el impacto de la financiación y los intereses, la factura total llegó a superar los 500 millones de euros -de acuerdo a los cálculos efectuados por el equipo de gobierno que sustituyó a Matas-, más del doble de lo previsto inicialmente en un proyecto marcado por las decisiones aceleradas y una planificación técnica que acabó revelándose insuficiente. La falta de tiempo también afectó a la evaluación de riesgos geotécnicos, especialmente en una ciudad con zonas inundables y una compleja relación con el nivel freático.

Los trabajos de ejecución se articularon en varias fases. Una de ellas, correspondiente al soterramiento de las vías y a la construcción de la estación intermodal, nodo central de la red, recayó, por 29 millones de euros, en la UTE conformada por FCC, Sampol y Brues, ésta última propiedad del constructor Antonio Pinal. Además de desfilar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su rol en los 'papeles de Bárcenas', Pinal sería señalado por el exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos y el extesorero nacional del PP como la persona que había ayudado a financiar la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas y terrenos para el desarrollo de sus macroproyectos urbanísticos. No en vano, un informe de la Agencia Tributaria certificó que, bajo el mandato de Matas, el Govern balear había otorgado contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues S.A.

Pese al convencimiento del juez instructor, José Castro, de que la formación conservadora había “venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades”, las investigaciones cayeron en saco roto cuando la Fiscalía Anticorrupción reclamó el archivo. Si las confesiones de Rodrigo de Santos y Bárcenas no se vieron refrendadas por datos objetivos ajenos a las mismas, apostillaba el magistrado, se debía a que los autores del supuesto delito se habrían “afanado por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

En cuanto a la ejecución de la línea metropolitana, las obras, divididas en tres etapas, se repartieron entre varias UTE. Una de ellas, adjudicada por 35,4 millones, estaba liderada por Dragados, una de las principales filiales del grupo ACS. Al frente de la misma se encontraba Juan Antonio Esteban, entonces delegado territorial de la constructora y hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma. Su nombre apareció en uno de los grandes casos de corrupción impulsados contra Matas, el de Son Espases, a raíz de las irregularidades cometidas en la adjudicación del mayor hospital de Balears. En el marco de esta macrocausa, Rodrigo de Santos aseguró que el PP balear, bajo el mandato de Matas y con la connivencia del partido a nivel estatal, exigía un 3% en comisiones con cada adjudicación pública.

La concesión del hospital y de otros proyectos -siempre según el testimonio del exconcejal- sería otorgada a quien se comprometiera a abonar el soborno fijado en cada proyecto. Tras un largo proceso plagado de vicisitudes, la construcción y explotación del hospital fueron otorgadas, por 635 millones de euros, a la UTE formada por Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. Según señaló De Santos, Esteban le había trasladado que Matas había pedido dinero al presidente de ACS, Florentino Pérez. El representante de Dragados negó en su declaración como testigo que su empresa hubiese pagado comisión alguna, puesto que se trataba de una conducta cuya práctica habría sido “imposible” en la constructora. Nunca llegó a ser probado soborno alguno.

En paralelo, en una legislatura marcada por la abusiva externalización de servicios -en la que numerosos técnicos y empresarios tenían acceso a información de las distintas adjudicaciones y cuya trazabilidad resulta, aún hoy, difícil de reconstruir-, el Govern de Matas contrató a una consultora, Global PM, para realizar el seguimiento de las obras del metro. En colaboración con grandes firmas como Prointec, Global PM no fue un actor menor en las grandes adjudicaciones públicas de aquella legislatura, sino una pieza situada en el corazón de los procesos de decisión. Fue también, de hecho, la encargada de elaborar el informe que habría de influir en la valoración de ofertas para la construcción de Son Espases. Como declararían varios testimonios, la mercantil, con el empresario Jesús Peinado al frente, comenzó a operar en Balears de la mano del histórico dirigente del PP balear José María Rodríguez, quien durante años manejó los resortes internos del partido hasta convertirse, para lo bueno y para lo malo, en el principal hombre de confianza de Matas, con quien acabó compartiendo banquillo y condena.

En 2008, la que había sido consellera de Obras Públicas bajo el mandato de Matas, Mabel Cabrer -cuyo nombre, sin llegar a ser imputada ni condenada, apareció en varias investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de contratos públicos durante aquella legislatura, como el caso Over, que sacó a la luz la financiación ilegal del PP, ratificada por el Tribunal Supremo-, pidió disculpas por los “fallos” y “equivocaciones” detectados en las obras del metro, pero aseguró que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), encargada de la gestión de la infraestructura, siempre actuó con “total transparencia y la máxima legalidad”.

Un año después, en 2009, el pacte de progrés encabezado, por segunda vez, por el expresidente socialista Francesc Antich, denunciaba ante la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por el Ejecutivo de Matas por servicios de asesoría sin cobertura contractual que afectaban a Global PM. Según la documentación remitida, se detectaron facturaciones que podían implicar un cobro duplicado en trabajos relacionados con la supervisión del metro por un importe cercano a los 1,3 millones de euros. Desde la empresa, sin embargo, se trasladó a la Administración que la duplicidad respondía a un error y se ofreció a regularizar la situación mediante compensaciones en facturas pendientes.

La inauguración y el colapso: las inundaciones de 2007

Cuando faltaba poco más de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2007, finalmente echaba a andar la primera línea de metro de Palma, el proyecto que Matas había anunciado como símbolo de avance en la movilidad de la isla, convertido en una de las principales cartas de presentación de la legislatura en el momento en el que ésta encaraba su recta final. Junto al metro fue inaugurada otra gran obra, el velódromo Palma Arena: proyectado con el objetivo de albergar el Mundial de ciclismo en pista de ese año, el expresidente balear ofreció en estas instalaciones su principal mitin de campaña. En Eivissa, el PP presentaba otro de sus proyectos estrella, la autopista, cuya construcción encendió la espita de una de las mayores protestas medioambientales llevadas a cabo en la isla.

Sin embargo, la magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con Antich -que ya había liderado el primer pacte de progrés de la historia democrática balear- de nuevo en la presidencia. En paralelo arrancaba un periplo judicial repleto de escándalos que se alargaría durante prácticamente una década: contratos a dedo, cohechos y desvío de fondos públicos comenzaron a aflorar tras las obras colosales que el exlíder popular convirtió en su seña de identidad en su apuesta por un modelo de crecimiento rápido y electoralmente rentable.

La magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con el socialista Francesc Antich de nuevo en la presidencia

Las controversias en torno al metro no se limitaron a su ejecución. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) puso en evidencia, en 2019, los conflictos contractuales surgidos durante la obra. Entre otros problemas, el fallo revelaba el papel que desempeñó la consultora Global PM tras el colapso del sistema y las graves inundaciones de 2007: SFM tuvo que encargar auditorías técnicas y rehacer la liquidación de las obras. Para ello, recurrió de nuevo a la misma empresa que había brindado asistencia técnica durante la ejecución para que realizase, en esta ocasión, una nueva medición general de la obra.

Este detalle no es menor: significa que la misma estructura técnica que debía haber detectado los problemas durante la construcción fue la encargada después de recalcular y validar las obras ejecutadas en un contexto marcado por deficiencias graves. La resolución, consultada por este periódico, describe cómo, tras las inundaciones, la liquidación inicial -de más de 7,4 millones de euros- fue descartada y sustituida por una nueva propuesta basada en esos trabajos de medición.

Las cifras judiciales del proyecto

El fallo también pone cifras al volumen económico en disputa. La liquidación final aprobada por SFM para la fase I del proyecto ascendió a 6,43 millones de euros tras un complejo proceso en el que incluso se discutió judicialmente el pago de intereses por retrasos en el abono de las certificaciones. Las constructoras Tecsa, Matías Arrom Bibiloni y Dragados llegaron a reclamar 502.861 euros en intereses de demora por el pago tardío de la certificación final de obra que recogía el importe de la liquidación. Sin embargo, los tribunales rechazaron una parte sustancial de esas pretensiones al considerar que no estaban debidamente justificadas ni contaban con la preceptiva cobertura contractual, y solo reconoció parcialmente aquellas partidas acreditadas, evidenciando el grado de improvisación y conflicto que acompañaron a la obra.

Con el paso de los años, el metro de Palma fue consolidándose dentro de la red de transporte ferroviario de Mallorca, ampliando su alcance y convirtiéndose en pieza clave del transporte público de Mallorca. La línea M1 se mantuvo como el eje principal del servicio, con mejoras operativas y de frecuencia destinadas a reforzar su uso cotidiano, especialmente en horas punta y durante el curso universitario, siendo ampliada el año pasado hasta el centro tecnológico Parc Bit. En 2013 fue puesta en marcha la línea M2, cuya ejecución, a diferencia de la M1, no implicó la construcción de nuevos túneles, sino que aprovechó el trazado ferroviario preexistente para enlazar la capital balear con el municipio de Marratxí, ampliando la cobertura del metro de forma rápida y con menor coste. La M2 se integró así en la red como una solución híbrida entre metro y cercanías, reforzando la conexión metropolitana sin necesidad de grandes obras adicionales.

El Govern prevé ahora llevar el metro hasta el hospital de Son Espases, para lo cual contempla una inversión inicial de 230 millones, el inicio de las obras en 2029 y una demanda de tres millones de viajeros anuales. Aquella infraestructura nacida entre prisas forma parte hoy del día a día de miles de usuarios. Pero su origen continúa proyectando una sombra alargada: la de una obra concebida bajo presión política cuyos efectos, técnicos y económicos tardaron años en aflorar.

PP y Vox han tumbado la propuesta impulsada por el PSIB-PSOE de recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas en Balears hasta que los Consells de Mallorca, Menora, Eivissa y Formentera aprueben sus estudios de capacidad de carga, una herramienta clave para fijar los límites de visitantes que puede soportar cada isla. La iniciativa llegaba al pleno en un contexto marcado por el alcalce de máximos históricos: el archipiélago ha superado por primera vez los 19 millones de turistas -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia.

La Proposición No de Ley (PNL) defendida por los socialistas recoge, entre otras cuestiones, los datos de una encuesta elaborada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB) -dependiente del Govern- en octubre de 2024. El sondeo revelaba que un 80% de los residentes de las islas están a favor de reducir el número de turistas y de plazas turísticas y que la percepción de saturación había aumentado en 5 puntos entre 2022 y 2024.

Los datos respaldan, además, esa sensación de masificación: Balears cerró 2025 con la llegada de 19.053.592 turistas nacionales e internacionales, una cifra que representa un incremento del 1,73% respecto a 2024, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborada por el Ibestat; un 6,7% más que en 2023 -año en que cambió el color político en las islas- y un 16% más en relación a 2019, cuando recalaron en el archipiélago 16,45 millones de turistas.

Pese a ello, la mayoría que forman PP y Vox en las islas ha rechazado reinstaurar la moratoria aprobada en 2022, durante la pasada legislatura de izquierdas, en aras a congelar el crecimiento de plazas mientras se elaboraban los estudios de capacidad de carga por parte de las instituciones insulares, a las que el Govern otorgaba un plazo de cuatro años -hasta febrero de 2026- para definir esos límites. En abril de 2025, conservadores y extrema derecha levantaron la medida y el periodo de cuatro años dado a los Consells, dejando en el aire la elaboración de los estudios.

No solo eso. ambas formaciones dieron luz verde al decreto turístico que ha desbloqueado y blindado más de 90.000 plazas de alquiler turístico, cuyo auge, denuncian las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de una imparable gentrificación.

Durante la defensa de la PNL, el diputado socialista Llorenç Pou ha defendido la necesidad de volver a ese “parón” para evitar que el número de plazas continúe creciendo sin un techo claro. “Buscamos hacer un ‘téntol’, ya que ustedes no gobiernan”, ha reprochado, cuestionando el discurso de “contención” enarbolado por el Govern de Marga Prohens (PP). El parlamentario ha calificado la situación actual de “paradójica”: mientras no existe un límite fijado, la oferta sigue ampliándose, lo que podría obligar en el futuro a realizar recortes más drásticos si los estudios concluyen que se ha superado la capacidad de carga.

En esa misma línea se ha expresado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha recordado que Prohens había defendido inicialmente no levantar la moratoria sin contar con esos estudios. “Deberían reflexionar”, ha deslizado. Tanto ecosoberanistas como socialistas insisten en que la saturación ya está afectando a la experiencia turística y a la reputación del destino: “Si voy a un lugar en el que se vive la saturación que hay en Balears, no lo recomiendo”, ha señalado Apesteguia.

Desde Unidas Podemos, José María García ha vinculado el fin de la moratoria con la crisis de acceso a la vivienda, al considerar que el aumento de plazas y presión turística tiene efectos de forma directa sobre el mercado residencial.

En el bloque contrario, Vox ha rechazado la propuesta por considerarla una apuesta por el “decrecimiento económico”. Su diputada Patricia de las Heras ha manifestado que el turismo “no es el problema”, sino un sector que, a su juicio, la izquierda quiere conviertir en “enemigo”. El PP, por su parte, en boca de Maria Salomé Cabrera, ha acusado a los socialistas de intentar “blanquear” su gestión anterior, reivindicando que las políticas actuales están dando resultados en contención, lucha contra la oferta ilegal y mejora del valor turístico, a pesar de que la aprobación de la moratoria precisamente dirigida a fijar un techo al crecimiento y que formó parte de un giro regulador que también incluyó la aprobación de la ecotasa en 2016 y la ordenación del alquiler turístico.

Con la postura en contra de populares y extrema derecha, la votación ha dejado intacto el marco vigente: sin moratoria, sin calendario para los estudios de capacidad de carga y con el crecimiento turístico avanzando sin un techo definido, un escenario que, precisamente, la PNL trataba de revertir.

El gasto en viajes oficiales del Govern balear ha desatado este martes un duro enfrentamiento en el Parlament entre la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Estarellas, en un debate marcado por acusaciones cruzadas y cifras que evidencian el incremento de costes en los desplazamientos institucionales respecto a la pasada legislatura. En conjunto, el gabinete de Marga Prohens ha gastado 151.841 euros públicos en 25 viajes realizados en menos de tres años de lesgislatura, una cifra que contrasta con los 98.173 abonados en los 33 desplazamientos llevados cabo a lo largo de todo el mandato anterior por parte de la expresidenta Francina Armengol.

La polémica sobre el coste de los viajes de Prohens no ha surgido en el vacío. Llega precedida por su viaje institucional al Caribe, que ha desatado las críticas de la oposición en un contexto internacional convulso con la guerra de Irán en el foco. De ese desplazamiento, que ha provocado la ausencia de la presidenta balear durante dos semanas, ha quedado una imagen: la de Prohens bailando bachata en un restaurante de Punta Cana. El vídeo se viralizó rápidamente, siendo esgrimido por los grupos de izquierdas como metáfora de la gestión política del Govern y de una supuesta desconexión con la realidad de las islas en un momento de dificultades económicas.

“La gente que no llega a finales de mes y Prohens en el Caribe recibiendo clases de bachata a cargo de tus impuestos”, criticó el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, mientras desde el PSIB criticaban en la misma línea: “Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez baja los precios del combustible y hace frente a los efectos que sufrimos por la guerra en Irán, Prohens baila en el Caribe”. La presidenta balear salió al paso de las críticas asegurando que se trató de un gesto de cortesía hacia sus anfitriones y parte de una agenda institucional habitual.

Este martes, con Prohens de vuelta en su escaño, el PSIB-PSOE ha cuestionado el modelo del actual Ejecutivo. Lo ha hecho a través de Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica, con una pregunta directa: “¿El Govern está al servicio de sus altos cargos o de la ciudadanía de Balears?”. Acto seguido ha pasado a desglosar los datos publicados en el Portal de Transparencia del Govern sobre los costes gubernamentales en viajes. Entre ellos, los 26.000 euros que pagó el gabinete de Prohens por su viaje a la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) de 2025, un desplazamiento que llegó a movilizar a un total de 32 personas entre miembros de gabinete y Ejecutivo. La socialista lo ha contrapuesto con los 9.600 abonados por el Ejecutivo de Francina Armengol en la última edición de Fitur a la que asistió.

El patrón se repite en otros viajes. En la feria turística de Londres (WTM), el gasto del actual Govern se elevó a unos 20.000 euros, más del doble que en la etapa anterior, mientras que en la ITB de Berlín superó los 18.000. El contunto incluye desplazamientos a foros y actos más breves en Madrid, a pesar de lo cual Prohens se desplazó con varios miembros de su gabinete y de sus consellers, además de un desayuno informativo que alcanzó cerca de 4.000 euros, casi el doble que en el anterior mandato.

“La contención en el gasto de este Govern es exactamente el mismo que la contención turística de este Govern. Dicen que reducirán, pero en realidad lo que hacen es incrementar”, ha espetado la también vicepresidenta segunda del Parlament, para quien estos datos “lo que demuestran es que este Govern miente, como hace con todo”, denunciando en esta línea su “despilfarro” en viajes y comitivas. Del mismo modo, ha criticado la “incoherencia” del Ejecutivo del PP en cuestiones como el uso de servicios como Uber durante desplazamientos oficiales mientras, ha señalado, defiende públicamente al sector del taxi.

Por su parte, Estarellas, consellera de Presidencia, ha rechazado de plano las acusaciones y ha calificado de “totalmente falso” el relato de la diputada socialista. “Este Govern tiene un único compromiso: servir a los ciudadanos de estas islas”, ha apostillado. En su réplica, ha acusado al PSIB de realizar comparaciones interesadas y ha recordado que durante la etapa de Armengol los viajes institucionales también incluían comitivas similares. “Es prácticamente lo mismo que hacía la señora Armengol”, ha afirmado, a pesar de que las comitivas en esta legislatura son más amplias y el coste medio por viaje se ha incrementado notablemente. Aunque el número total de desplazamientos no difiere sustancialmente respecto a la legislatura anterior, el gasto por viaje es significativamente mayor.

La diferencia se explica, principalmente, por el tamaño de las comitivas. En algunos casos, el número de acompañantes del gabinete y del Govern duplica al de la etapa anterior, lo que eleva el coste total de cada desplazamiento. Así, mientras en la anterior legislatura la media rondaba los 1.000 euros por viaje para el gabinete de la presidenta, en la actual supera los 2.300 euros.

Desde el Govern justifican que, durante esta legislatura, Prohens ha ostentado la presidencia de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, lo que le ha llevado a realizar más desplazamientos. Asimismo, recuerdan que, en el marco del Comité Europeo de las Regiones, el Ejecutivo ha impulsado un dictamen sobre sostenibilidad con el que, como ya señaló en su momento el Govern, el archipiélago busca liderar la transformación del modelo turístico europeo.

También señalan que en la pasada legislatura hubo dos años de pandemia en los que se suspendió alguna de las ediciones de las ferias turísticas y que las conferencias de presidentes se celebraban de manera telemática. Respecto al despliegue de las 32 personas que acudieron el año pasado a Fitur, aseguran que no solo acudieron las mismas personas que la pasada legislatura, sino también el conseller de Turismo con su gabinete y el equipo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Debido a que durante la feria también se llevó a cabo una presentación cultural, también acudió el secretario autonómico de Cultura y Deportes, así como el de Agricultura, con parte de su gabinete, al incorporarse un espacio gastronómico en el stand de las islas para promocionar el producto local.

El conseller balear de Agricultura, Joan Simonet, ha responsabilizado al “mercado” del cierre de la empresa Agama, pieza clave de la industria láctea balear, justificando así que el Govern del PP no haya podido impedir el desenlace de la histórica central. “A veces las empresas cierran por la ley del mercado, porque simplemente no han querido innovar, por decisiones equivocadas o por circunstancias ajenas. Y aquí la Administración poca cosa puede hacer. Esto no es la Rusia soviética”, ha espetado, contraponiendo un modelo en el que “todo era del Estado” -y que, según su relato, “acabó como acabó”- y desplazando el foco desde la responsabilidad política hacia la empresarial.

Durante su comparecencia en el pleno del Parlament balear para abordar el cierre de Agama, Simonet ha incidido en que la administración pública no puede asumir el papel de las empresas privadas ni intervenir directamente en sus decisiones, incluso en un contexto de cierre como el de Agama. Pese a reivindicar en otras ocasiones el sector primario como elemento clave para la soberanía alimentaria, el equilibrio territorial y la diversificación económica de Balears, el conseller ha abundado en que “el Govern no puede poner vacas ni ordeñarlas”, defendiendo de nuevo que la continuidad de proyectos industriales depende de su viabilidad económica y del interés de inversores y productores.

Con todo, el titular de Agricultura ha aseverado que el Ejecutivo autonómico ha puesto “las herramientas” sobre la mesa a través de ayudas e incentivos, pero ha subrayado que corresponde al propio sector decidir hacia dónde quiere evolucionar. Al respecto, ha apuntado que algunos ganaderos ya están optando por modelos alternativos, como producciones más pequeñas o diversificadas -con cabras u ovejas- orientadas a productos de mayor valor añadido, defendiendo que estos pueden ser incluso más rentables que las grandes explotaciones.

En su discurso, el conseller también ha apelado a la necesidad de replantear el modelo productivo, cuestionando si es sostenible mantener grandes volúmenes de producción láctea o explotaciones intensivas. A su juicio, el sector agrario no puede entenderse como una estructura “estanca” al aseverar que éste evoluciona constantemente en función del mercado, los cambios sociales y las condiciones ambientales. Simonet ha insistido en que el Govern está “esencialmente para apoyar a iniciativas de futuro, con ayudas muy dotadas”, pasando a continuación a enumerar, entre otras, las líneas de inversión efectuadas por su departamento en materia de transformación agroalimentaria y comercialización. En este sentido, ha insistido en que, si los propios productores deciden no apostar por determinadas iniciativas, la administración no puede imponer un modelo concreto ni sustituir la iniciativa privada.

En este sentido, Simonet ha anunciado que el Govern destinará cinco millones de euros, con cargo al impuesto de turismo sostenible (ITS), para financiar nuevos proyectos estratégicos en el sector agroalimentario tras el cierre de Agama, una cantidad que el conseller ha enmarcado en una estrategia de transformación del modelo productivo y de refuerzo de la competitividad del sector primario. La partida, ha incidido, nada tiene nada que ver con las medidas que el Ejecutivo tiene previsto adoptar para ayudar al sector para hacer frente a las coyunturas económicas derivadas de la guerra en Irán y del contexto de conflicto bélico internacional.

Su intervención ha despertado las críticas de los grupos de la oposición, entre ellas las del portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, quien ha denunciado la falta de respuestas del Govern a pocos días del cierre de Agama. El socialista ha reprochado que, tras una comparecencia de casi una hora, Simonet no haya sido capaz de concretar qué ocurrirá con la leche producida en Mallorca ni qué alternativas existen para evitar la desaparición del sector. “¿Qué haremos a partir del día 31?”, ha insistido, subrayando la incertidumbre en la que, ha señalado, quedarán los productores.

En esta línea, Pons ha acusado al conseller de limitarse a afirmar que se están “buscando fórmulas” sin detallar ninguna medida concreta, lo que, a su juicio, evidencia la falta de planificación y anticipación del Ejecutivo. En este sentido, ha considerado que el discurso del Govern sobre la soberanía alimentaria queda “finiquitado” ante el cierre de toda la producción láctea en Mallorca sin una respuesta clara por parte de la administración, al tiempo que ha recriminado que traslade la responsabilidad al mercado o a las decisiones empresariales sin asumir el papel que le corresponde a la Administración.

El PSIB: “El Govern ha tirado la toalla”

El diputado ha advertido de que esta actitud supone, en la práctica, “tirar la toalla” y aceptar la desaparición del sector lácteo en la isla sin desplegar las herramientas pertinentes para evitarlo. Asimismo, ha denunciado la falta de liderazgo político y de coordinación entre Consellerias, apuntando especialmente a la ausencia de una estrategia conjunta entre Agricultura e Industria que permita dar una respuesta estructural a la crisis. Según ha recordado, el Govern se comprometió hace dos años a impulsar un plan agrario “pactado entre todos”. “Han pasado dos años, pero no nos han convocado más veces ni hemos sabido nada más”, ha lamentado.

El portavoz adjunto socialista ha contrapuesto esta situación con la gestión de la anterior legislatura, cuando, en plena pandemia, el Govern entonces presidido por Francina Armengol fue capaz de articular respuestas rápidas ante situaciones de crisis empresarial. “Centenares de empresas, con buena coordinación, recibieron una respuesta veloz”, ha subrayado, criticando asimismo las veces que Vox, socio de investidura del PP, “se ha rascado aquí las vestiduras en beneficio del sector o en defensa del sector primario”. Finalmente, Pons ha lamentado que la comparecencia de Simonet haya concluido sin haber ofrecido “ninguna explicación”: “Lo único que hemos visto ha sido su resignación hacia la muerte del sector lechero en Mallorca. Y esto, guste o no guste, marcará la legislatura del Govern de Marga Prohens”.

A principios de marzo, el Grupo Damm, que en 2017 adquirió Agama, comunicó a la plantilla su intención próxima de cerrar la empresa mallorquina, un anuncio que llegaba meses después de que la cervecera informase de que dejaría de comprar leche a las tres vaquerías mallorquinas que distribuyen a la lechera, encendiendo todas las alarmas entre trabajadores y ganaderos.

La incertidumbre de los 16 empleados de la plantilla

La compañía trasladó a la representación legal de los trabajadores el inicio de un procedimiento de despido colectivo conforme a la normativa vigente, aunque asegura que trabaja en un plan de recolocación para los 16 empleados de la planta de Palma en distintas empresas del grupo con el objetivo de minimizar el impacto laboral. Los empleados, por su parte, lamentan la decisión adoptada, aunque admiten que se trata de un anuncio que “se veía venir”.

Durante los últimos meses, los trabajadores han trabajado en una propuesta que consideraban viable: dejar Agama en manos de la plantilla mediante un puente financiero de 1,2 millones de euros, equivalente a los fondos públicos que Damm debe devolver si cesa su actividad, y que los trabajadores proponían reinvertir en dar continuidad a la marca bajo un modelo cooperativo. Sin embargo, el delegado de Personal y Prevención de CCOO de Agama, Jesús Ávila, lamentó en declaraciones a elDiario.es que no ha habido reuniones conjuntas que permitieran hacer realidad la propuesta, lo que ha impedido construir y defender de forma adecuada la iniciativa.

En 2017, Agama fue adquirida por el grupo cervecero y, tras años de subidas y bajadas, el pasado 26 de septiembre la empresa comunicó a las tres vaquerías de Mallorca que abastecen a la marca su intención de dejar de comprarles leche a partir de diciembre de 2026. “¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera? Si cierra Agama, será un atentado contra la soberanía alimentaria de Balears”, recriminaron entonces las asociaciones que representan a los payeses de Mallorca.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), se ha ausentado del pleno de este martes al encontrarse en Budapest para asistir a un encuentro del grupo ultra europeo Patriots -integrado por más de 80 eurodiputados ultranacionalistas y de extrema derecha- en apoyo al primer ministro Viktor Orbán de cara a las elecciones de abril en Hungría. Junto a Le Senne, tampoco ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien continúa de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico.

El máximo representante de la Cámara autonómica comunicó su ausencia sin detallar los motivos, si bien su presencia en el encuentro ha quedado acreditada a través de redes sociales con imágenes que él mismo ha difundido. “Es un honor que Vox me haya ofrecido la oportunidad de venir a Budapest a la reunión de Patriots en apoyo a Viktor Orbán antes de las trascendentales elecciones en Hungría”, puso de manifiesto a última hora de este lunes en X. “Este viaje me ha permitido darme cuenta una vez más de lo importante que es nuestra defensa de la verdad y el sentido común para la supervivencia de nuestra civilización”, ha deslizado, mientras tanto, en Facebook, en línea con el marco narrativo de la extrema derecha.

La ausencia de la líder balear y del máximo representante de la Cámara autonómica ha llevado al vicepresidente primero, el popular Mauricio Rovira, a ejercer temporalmente como máxima autoridad de las islas.

Entre otros dirigentes, también se han desplazado hasta Hungría el presidente de Vox, Santiago Abascal, la líder de Agrupación Nacional en Francia, Marine Le Pen, o el presidente de Lega en Italia, Matteo Salvini en una demostración de fuerza del bloque ultra europeo en un momento clave para el líder húngaro tras más de una década en el poder. El pasado mes de enero, líderes de la ultraderecha internacional ya se unieron para apoyar al primer ministro húngaro en un vídeo electoral.

La decisión ha provocado duras críticas desde los grupos de izquierda, quienes han cuestionado el hecho de que la segunda autoridad de Balears se ausente de un pleno para acudir a un acto de carácter partidista y alineado con la extrema derecha internacional. Durante el pleno, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado que Le Senne haya priorizado un “fachaencuentro” a sus funciones, mientras que el PSIB-PSOE ha recordado que Orbán se situó en el foco de una investigación que apunta a que su gobierno desplegó agentes de espionaje en Bruselas para recopilar información sobre las instituciones europeas y reclutar a funcionarios de la UE.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado el “abandono de funciones de la segunda autoridad de la comunidad autónoma”, una conducta que, a su juicio, “no se toleraría en ningún trabajador”: “Está utilizando tiempo institucional para intereses de carácter personal y partidista”.

Cabe recordar que el PP aupó en 2023 a Le Senne a la presidencia del Parlament a cambio de que los populares pudieran gobernar las islas en solitario -eso sí, con el apoyo externo de Vox-. El nombramiento del dirigente ultra, quien percibe 72.194,64 euros anuales, no fue indiferente a nadie. De inmediato, salieron a la luz sus controvertidas ideas xenófobas y negacionistas en forma de beligerantes publicaciones contra el cambio climático, el racismo y la violencia machista que durante los últimos años ha vertido en X.

Le Senne es, además, seguidor de algunas tesis vinculadas a grupos neonazis, como la teoría de “el gran reemplazo”, según la cual la población blanca y cristiana estaría siendo “sustituida” por pueblos no europeos, especialmente africanos, lo cual consideran que pone en “peligro” la cultura y civilización europeas. Una teoría racista, definida por grupos de supremacistas blancos ligados a grupos de extrema derecha -neonazis incluidos- que fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus y sostiene que existe una especie de conspiración liderada por una élite global para acabar con la población blanca, lo cual llaman “genocidio blanco”.

Desde su nombramiento, el dirigente se ha situado varias veces en el foco de la polémica, especialmente cuando, en pleno hemiciclo, desgarró la imagen de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca, y de las activistas Maria y Antònia Pascual, acribilladas a tiros por los fascistas la víspera de Reyes de 1937. Unos hechos por los que se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio. El estrechamiento de los vínculos de Le Senne con la cúpula de Vox llevó al Comité Nacional Ejecutivo del partido, a mediados de 2025, a designarlo presidente de la formación en las islas.

El Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y Vox, ha dado un paso más para blindar el mayor monumento franquista de Balears, el situado en el parque palmesano de Sa Feixina en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes, en plena ofensiva fascista, contra la población que huía de Málaga a Almería -más de 300.000 personas, según algunas invesigaciones-, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Los historiadores calculan que fallecieron entre 5.000 y 10.000 civiles. 

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este viernes la inclusión definitiva del monumento en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida que, de ratificarse en el próximo pleno municipal, le otorgará el máximo grado de protección patrimonial.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue erigido por el franquismo en 1947 para homenajear a los marinos del buque de guerra que protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias.

Un año después, el Crucero Baleares fue torpedeado por la flota republicana durante la batalla del cabo de Palos. El barco se hundió con más de 700 hombres a bordo, muchos de ellos reclutados en Mallorca. El régimen franquista lo erigió en emblema de heroísmo y martirio nacional y lo utilizó como herramienta de propaganda en todo el país, mientras las víctimas del bombardeo fueron abocadas al olvido.

El monolito, diseñado por los arquitectos Francisco Roca Simó y Antoni Roca Cabanellas, fue construido gracias a las abundantes donaciones de particulares y empresas que reunieron las 100.000 pesetas que costó su ejecución. Fue inaugurado en 1947 con la presencia del dictador Francisco Franco.

Aunque las fuerzas progresistas que gobernaban el Ayuntamiento lo 'resignificaron' en 2010, al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, con la retirada de la simbología franquista explícita, como la cruz laureada, las asociaciones memorialistas denuncian que su origen continúa ligado a la exaltación de los vencedores del golpe de Estado contra la Segunda República.

“Una piedra que glorifica la violencia contra la población civil”

Desde Més per Palma, su portavoz, Neus Truyol, ha denunciado que la decisión supone consolidar un símbolo “fascista” en el espacio público. “No puede haber neutralidad ante un símbolo franquista. O estás con las víctimas o estás con los verdugos. Y PP y Vox han elegido bando”, ha afirmado.

La formación ecosoberanista considera que la protección del monolito forma parte de una estrategia más amplia de la derecha para “blanquear el franquismo” en un contexto marcado por la derogación de la ley balear de memoria democrática y decisiones como la cancelación de actos de homenaje a víctimas del franquismo, como Aurora Picornell, conocida como 'la Pasionaria' de Mallorca y asesinada por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Se está blindando una piedra que glorifica la violencia contra la población civil mientras se abandona el patrimonio vivo de Palma”, ha criticado Truyol, quien ha recordado que existen más de 600 elementos patrimoniales en la ciudad pendientes de protección.

El proceso para catalogar el monolito arrancó el año pasado con su aprobación inicial en la Gerencia de Urbanismo. La votación definitiva está prevista para el próximo pleno municipal, donde previsiblemente saldrá adelante con la mayoría de PP y Vox.

“Exponente del 'art déco'”

El pasado mes de noviembre, ambas formaciones se opusieron en el Parlament balear al derribo del monumento. “Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco”, defendió entonces la diputada del grupo popular Cristina Gil. Aludía, en concreto, al documento elaborado por el historiador Jaume Llabrés, quien señala en su informe que el monolito “es la única construcción relevante” de este estilo arquitectónico en la capital balear. “Forma parte de una etapa muy significativa de la evolución de la arquitectura del siglo XX en Palma y, una vez desprovisto de toda su simbología original, merece ser preservado”, concluía.

Con su silueta de hormigón armado y su impronta monumental, el monumento de sa Feixina ha servido, además, de fondo para algunos los actos políticos de Vox. Desde su irrupción institucional en las islas en 2019, la formación de extrema derecha ha utilizado este lugar como escenario simbólico para sus manifestaciones en defensa de lo que denominan “la historia de España sin complejos”.

El 20 de noviembre de 2023, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, varios miembros del partido acudieron al lugar en una acción no oficial, pero ampliamente difundida en redes sociales. Fue además en esta zona donde el líder de Vox, Santiago Abascal, celebró en abril de 2023 el mitin principal de precampaña del partido en Balears. En otras ocasiones, Falange ha organizado ofrendas florales en el monolito como homenaje a los “caídos por Dios y por España”, mientras que la organización ultracatólica HazteOir ha convocado concentraciones en sa Feixina en varias ocasiones, especialmente en 2016 y 2017, cuando se intensificó el debate sobre la posible demolición del monumento.

Mientras PP y Vox velan en Palma por la protección del monolito, la Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en marcha un proyecto en la plataforma Goteo con el objetivo de recaudar fondos para levantar un monumento, por suscripción popular, en reconocimiento de los protagonistas de 'La Desbandá'. La escultura se levantará en el Campus de Teatinos, tal como se establece en el convenio firmado por la ARMH y la Universidad de Málaga, y contará con un diseño coherente con otras levantadas en pueblos del valle del Guadalhorce.

El PP ha movido ficha para apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears: la amnistía urbanística que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Ocho meses después de aprobar, con el apoyo de Vox, la más conocida como ley de liberalización del suelo, los conservadores han presentado enmiendas que, en la práctica, no alteran el fondo de una norma que ya ha abierto las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana,  el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El texto nació con el propósito inicial de liberalizar suelo y construir 20.000 viviendas en Palma, si bien los conservadores acabaron cediendo ante la extrema derecha en su pretensión de extender la aplicación de la norma a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para levantar más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

Una treintena de entidades así como 50 diputados de izquierdas decidieron impugnar el texto ante el Constitucional al considerar que supone “el ataque más grave” contra el suelo rústico de las islas y consolida un modelo que premia las construcciones ilegales e incrementa la presión urbanística sobre el territorio. El recurso, que abre un escenario de incertidumbre sobre las viviendas que ya se encuentran en proceso de ser regularizadas, fue admitido a trámite pero aún está pendiente de resolución.

Mientras el Alto Tribunal dirime sobre la constitucionalidad de la norma, el PP ha registrado ahora distintas correcciones con las que buscan enmendar algunos de los puntos más vulnerables desde el punto de vista jurídico. El principal radica en eliminar el silencio positivo, que permitía dar por aprobada la legalización si la Administración no resolvía en plazo, y sustituirlo por un silencio negativo.

Las enmiendas, sin embargo, amplían el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Como explica la formación en una nota de prensa, se trata de una medida que permitirá que ciudadanos y empresas puedan “ejercer derechos sin tener que esperar autorizaciones administrativas previas, sustituyendo trámites largos por procedimientos más rápidos y eficaces”. Los populares señalan en que este sistema “se basa en un principio de confianza con responsabilidad, similar al funcionamiento de la declaración de la renta”. “El ciudadano declara que cumple los requisitos, puede actuar de manera inmediata, y la Administración comprueba posteriormente”. En caso de falsedad o incumplimiento, subrayan, se establecen “consecuencias claras”, con un refuerzo e incremento del régimen sancionador y la posibilidad de suspender la actividad.

Otro de los puntos de la reforma pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Con estas modificaciones, el PP busca apuntalar la norma sin renunciar a su contenido esencial. No en vano, el núcleo de la ley permanece intacto: la norma posibilita legalizar viviendas fuera de ordenación en suelo rústico y cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas ubicadas en zonas de máxima protección. La regularización alcanza incluso a las edificaciones construidas sin licencia antes de 1991, año en que fue aprobada la ley balear de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

El Ejecutivo de Prohens presenta esta regularización como una herramienta para tratar de dar solución a la grave situación que atraviesan las islas en materia de vivienda, y defiende tajante que la medida no supondrá de ningún modo la ejecución de nuevas construcciones. Las formaciones de izquierdas y las entidades sociales y ecologistas consideran, sin embargo, que la legalización de estos inmuebles no llegará a alcanzar a las familias trabajadoras.

No en vano, los colectivos consideran esta iniciativa como “el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años” y una “bomba demográfica” dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. En esta línea, alertan del sesgo ideológico de la norma al poner el foco, denuncian, en la liberalización del suelo y en la reducción de controles públicos mientras deja de lado la urgencia de garantizar el acceso a una vivienda digna para la población residente.

En esta línea, critican que el Ejecutivo no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Según la entidad la entidad Mallorca per viure, no per especular, la ley de liberalización del suelo aprobada por PP y Vox abre las puertas a la construcción de más de 37.400 pisos en suelo rústico en Mallorca y a un crecimiento demográfico “sin precedentes”. Tras varios meses de investigaciones, el colectivo publicó un estudio que por primera vez cuantificaba el impacto territorial y demográfico del texto: según su diagnóstico: los siete municipios afectados por la norma podrían sumar 252.810 nuevas plazas residenciales, es decir, un 37% más de población respecto al censo de 2024. Para alcanzarlo, la ley permitiría levantar 37.432 nuevas viviendas en 1.246 hectáreas de suelo rústico hasta ahora protegido. La totalidad de hectáreas que pasarán a ser edificables será de 1.246, en su mayoría suelos agrarios y forestales.

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa es la posibilidad de que las llamadas Áreas de Transición (AT) -franjas que, como recuerda el estudio, hasta ahora actuaban como cinturón de contención alrededor de los núcleos urbanos- puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. La función de las AT era clara: frenar la expansión urbanística y reservar espacio para infraestructuras básicas. Pero la ley las convierte en urbanizables con densidades propias de ciudad dormitorio: hasta 225 habitantes por hectárea.

La 'Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo' es una bomba demográfica gráfica dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. El Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más 'vivienda social', pero la realidad es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma“, denuncian desde la plataforma ecologista.

El Govern de Marga Prohens ha reivindicado este martes en el Parlament balear su apuesta por los alojamientos de pequeño formato -los denominados coliving o cohousing- como una de las respuestas a la falta de vivienda principalmente por parte de trabajadores y estudiantes.

Lo ha hecho a raíz de la pregunta que ha formulado en el pleno la diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha recriminado que la “primera medida” impulsada por el Ejecutivo fuese promover la construcción de “minipisos” que, según ha aseverado, alcanzan precios medios de 250.000 euros en Mallorca y 350.000 en Eivissa. “Quien haya tenido la suerte de ahorrar 100.000 euros podrá comprar un minipiso de estos de 24 metros cuadrados”, ha deslizado, sacando a colación la indignación generada por el anuncio de una “casa de aperos” de 24 metros por 900 euros al mes que un particular anunció recientemente -y retiró poco después- en Idealista.

“¿Sabe lo que son 24 metros cuadrados, señor conseller? Su despacho es más grande que esos pisos”, ha espetado al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, lamentando a continuación que quien haya alquilado la vivienda “aún pensará que ha tenido suerte”.

“Mientras 25.000 familias sufren la angustia de no saber donde vivirán cuando acabe su contrato de alquiler, salen habitaciones compartidas en una caravana o un minipiso de 24 metros cuadrados. ¿Es consciente de lo que es que una familia viva en un piso de 24 metros cuadrados?”, ha insistido Garrido, vinculando las dimensiones de la vivienda anunciada con los “minipisos” que, a su juicio, constituyen parte del modelo de vivienda impulsado por el Govern.

Frente a estas críticas, Mateo ha defendido que no se trata de viviendas convencionales, sino de alojamientos temporales en formato coliving o cohousing, dirigidos especialmente a trabajadores, estudiantes o funcionarios. Según ha explicado, estos espacios se conciben con servicios compartidos y como una solución transitoria para facilitar el acceso a la vivienda. El conseller ha ido más allá, reprochando a los socialistas que critiquen ahora un modelo que, ha subrayado, ha sido incorporado por el Ayuntamiento de Inca, gobernado por el PSIB, en su normativa urbanística.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que llevamos trabajando desde el principio. Hablamos de 7.000 viviendas en planificación a precios asequibles para residentes y el decreto ley ya ha permitido que salgan al mercado viviendas de precio limitado”, ha remarcado.

En Balears, el impulso de este tipo de alojamientos para quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre ha abierto el debate sobre si suponen una solución real o la normalización de condiciones habitacionales mínimas. Se trata de un modelo a medio camino entre el alquiler residencial y el alojamiento temporal en inmuebles con zonas comunes pensado sobre todo para estancias de duración variable y con una rotación de inquilinos mucho mayor que la del alquiler tradicional.

Mientras sus defensores lo presentan como una forma de dar uso a edificios infrautilizados y ofrecer alojamiento en áreas bien conectadas, sus críticos advierten que el coliving no es más que una fórmula de “alquiler encubierto” que reduce la oferta de vivienda estable y contribuye a tensionar -aún más- los precios en barrios ya sometidos a la presión inmobiliaria.