La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha convertido este viernes el Consolat de Mar en el escenario de un nuevo choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La líder autonómica ha comparecido de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca de un informe policial que, según señaló Sánchez este jueves en el Congreso, aludía, días antes de la crisis de Ceuta, a la llegada de personas migrantes por vía marítima a la Península y a Balears. La dirigente del PP ha acusado al Gobierno central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y ha reclamado saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares.

“Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, ha incidido Prohens, quien, interpelada acerca de una posible ofensiva conjunta con otros presidentes autonómicos del PP, ha asegurado que todavía no ha hablado con sus homólogos de Murcia y la Comunitat Valenciana, aunque ha admitido que se trata de un problema que afecta a todo el arco mediterráneo.

En concreto, durante su comparecencia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma, si bien confirmó la existencia del informe y precisó que éste se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras.

El documento citado por el presidente se enmarca en la información elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, en los días previos a la crisis de Ceuta. Sánchez explicó que el organismo redactó notas los días 28 y 29 de julio y defendió que ninguna permitía anticipar lo que finalmente ocurrió.

Prohens, sin embargo, ha llevado más allá las palabras de Sánchez, interpretándolas como una confirmación de que Balears se encontraba bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de inmigración irregular que, a juicio de la líder autonómica, “compromete la seguridad de nuestras islas”.

La presidenta balear ha explicado que las manifestaciones de Sánchez acerca del informe provocaron en el Govern “primero sorpresa y después honda preocupación” por la posibilidad de que se les estuviera ocultando información. No obstante, ha reivindicado la singularidad de Balears por su condición insular, su proximidad a la costa africana y la limitación de sus recursos, y ha puesto como ejemplo la situación de Formentera, que, según ha denunciado, ha obligado al Govern a aportar más de 10 millones de euros para garantizar unos servicios que no son competencia autonómica. Sin esa ayuda, ha sostenido, el Consell de Formentera estaría “prácticamente en quiebra”.

Prohens ha avanzado que solicitará “por todos los canales de información, por todos los canales formales” información sobre las comunicaciones de la Policía Nacional, y también “directamente al presidente del Gobierno de España”. “También pediremos explicaciones sobre por qué no se nos ha informado debidamente, con transparencia y desde la responsabilidad y lealtad institucional que se debería requerir cuando hablamos de la protección y del control de nuestras fronteras y de la seguridad de los ciudadanos de Balears”, ha incidido.

La cuestión adquiere aún más relevancia, ha subrayado, teniendo en cuenta que Sánchez se reunió con ella en el Consolat de Mar el pasado 29 de julio, apenas un día antes de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta. “No solo no se nos informó, sino que dijo que las cifras de llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían”, ha insistido la líder conservadora.

En esta línea, Prohens ha subrayado que la cuestión fundamental ahora no es únicamente quién recibió esos documentos, sino qué respuesta dio el Gobierno central una vez que tuvo conocimiento de ellos. “¿Qué se hizo después de esta alerta? ¿Qué servicios extraordinarios, desde antes del 30 de julio, ahora a principios de septiembre se han puesto en marcha?”, se ha preguntado la presidenta balear, quien ha insistido en que quiere conocer si se activaron planes específicos, qué medios policiales fueron reforzados, qué recursos extraordinarios se pusieron a disposición de Balears y si se realizaron gestiones con los países de origen o tránsito para evitar nuevas llegadas. También ha planteado que se aclare si se activó Frontex en Balears y ha reclamado que la agencia europea tenga una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas.

Prohens: “Yo no acuso de nada”

Asimismo, preguntada sobre si el Govern estudia emprender algún tipo de acción legal contra el Ejecutivo central, Prohens ha rebajado el tono y ha centrado su respuesta en exigir información. “Yo no acuso de nada”, ha respondido, para insistir después en que lo que considera imprescindible es recibir los informes y conocer qué medidas se adoptaron después de la alerta. La presidenta ha definido el asunto como una cuestión que trasciende el enfrentamiento entre partidos y ha situado la seguridad de Balears en el centro de su reivindicación.

La dirigente popular ha reivindicado un plan específico para Balears, más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la activación de Frontex para el control de las fronteras marítimas, cerrando su comparecencia con una advertencia dirigida al Gobierno central: si se trata de proteger las fronteras y garantizar la seguridad de las islas, ha dicho, el Govern mantendrá “la mano tendida” para colaborar; pero “si se nos oculta información, si no se actúa, si se mira hacia otro lado mientras se arriesga la seguridad de nuestros ciudadanos, nos encontrarán enfrente”.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartado este miércoles cesar a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, pese a la acumulación de salidas en el equipo directivo del principal centro hospitalario público del archipiélago y a la reciente denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

Tras la presentación de un nuevo convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB), y preguntado por un eventual relevo de Granados, Ureña ha cerrado filas en torno a la gerente, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. El máximo responsable del IB-Salut ha defendido la trayectoria de Granados así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, ha incidido.

En esta línea, ha puesto en valor que, cuando viajan a otras comunidades autónomas, antiguos compañeros o subordinados de Granados se acercan a hablar de ella “con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos y con la sensación de que han aprendido mucho a su lado”.

La defensa pública de Granados llega en un momento de creciente controversia en torno a la gestión del hospital. La semana pasada, el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, comunicó su voluntad de dimitir tras aproximadamente un año y medio en el cargo. Su marcha se suma a una cadena de bajas en la estructura de Son Espases -tanto equipo en el equipo directivo de Granados como en la gerencia- desde la llegada de la actual gerente en septiembre de 2023, coincidiendo con el arranque de la actual legislatura del PP.

Al respecto, Ureña ha reconocido que en Son Espases “ha habido algunas salidas”, aunque ha tratado de relativizar su alcance al señalar que se trata del centro con “el equipo directivo más grande” y que algunas de las personas cuya marcha se ha publicado “formalmente no son directivos”.

“Ha habido salidas, algunas propuestas por la dirección y otras atribuibles completamente a circunstancias personales que evidentemente respetamos”, ha señalado. Ureña ha añadido que, al tratarse de un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales, un elevado presupuesto y numerosos servicios, “puede haber situaciones de tensión”.

La denuncia de “una superviviente de la gerencia de Son Espases”

Ureña se ha pronunciado, asimismo, sobre la denuncia pública efectuada este martes por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de comunicación de Son Espases, un escrito en el que llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí, aunque reconozco que con esta estrategia sí logró callarme, apagarme“, confiesa en alusión a la gerencia.

La extrabajadora relata una serie de episodios que, según su testimonio, se produjeron durante el año y medio que trabajó en el hospital, como el hecho de que, en varias reuniones semanales de la dirección y delante de unas 15 personas, recibiese en distintas ocasiones la frase “tú cállate que no tienes ni idea”. También señala que durante la Navidad fue apartada de la fotografía de familia de la dirección con la expresión “tú no, tú vete”.

Vidal, quien no identifica expresamente a Cristina Granados pero sí alude a la “gerencia”, asegura que la persona a la que atribuye estos comportamientos acudía “a menudo” a sus superiores para decir que ella “no le servía”, quería que le pidiera perdón para mejorar la relación y pretendía controlar “cada movimiento” que hacía. La veterana periodista asegura asimismo que fue apartada de reuniones, reprendida públicamente en cadenas de correos y desautorizada profesionalmente. “Me puenteó, me regañó en hilos de mails frente a nuevo público, me dijo que hacía mal mi trabajo sin leer mis informes…”, recuerda.

“Aprendí a sobrevivir”, escribe, antes de explicar que llegó a presentar proyectos a través de compañeros para evitar enfrentamientos. La exresponsable de Comunicación afirma que recopiló pruebas durante meses con la intención de denunciar la situación y asegura que se le indicó que el procedimiento adecuado pasaba por crear un grupo de investigación. Según su versión, la persona que debía dirigirlo o designarlo era la propia gerente. También afirma que solicitó un cambio de centro que finalmente le fue concedido.

La situación terminó afectando a su salud: relata que acudió a tres psicólogas, sufrió ataques de ansiedad, permaneció dos meses de baja y solicitó un traslado de puesto. Finalmente abandonó el IB-Salut. La conexión con Granados deriva de que el gabinete de Comunicación dependía directamente de la gerencia del hospital.

El IB-Salut asegura que no conocía el caso

Al respecto, el director general ha afirmado que no recibieron ninguna comunicación sobre el supuesto acoso ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni mediante el canal interno de denuncias de la organización. Ureña ha destacado que ese canal ha recibido este año unas 2.800 denuncias, avisos o reclamaciones.

El alto cargo ha rebajado el alcance del conflicto, señalando que lo que sí había detectado el IB-Salut eran “desavenencias técnicas a nivel profesional”, una lectura que contrasta con lo relatado por la comunicadora. Según la versión de Ureña, se ofreció a Vidal la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. “Esta persona cambió de hospital y estaba ahí ejerciendo cuando dejó el IB-Salut”, ha señalado. El máximo responsable del IB-Salut ha agradecido sus servicios y le ha deseado una pronta recuperación, al tiempo que ha situado “el bienestar de los profesionales” entre sus “máximas preocupaciones”.

Por su parte, el sindicato de enfermería SATSE ha reclamado la apertura extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud y de una Junta de Personal para abordar la situación denunciada por Vidal y determinar, si procede, la apertura de un expediente por acoso laboral. Asimismo, ha solicitado la presencia de Cristina Granados para que dé explicaciones no solo sobre la denuncia de la antigua responsable de Comunicación, sino también sobre la sucesión de dimisiones y ceses que se han producido en la estructura directiva del hospital.

La Junta de Personal está llamada a abordar la situación mientras el IB-Salut mantiene su respaldo a Granados y descarta por ahora cualquier relevo.

Cristina Granados llegó a Son Espases en septiembre de 2023 con un amplio currículum en gestión hospitalaria. Médica especialista en Admisión y Documentación Clínica, ha desarrollado buena parte de su carrera en puestos de responsabilidad en hospitales públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre ellos los de Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además del Hospital Universitario de Torrejón. Antes de incorporarse al IB-Salut también ocupó responsabilidades directivas en Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens destacó precisamente su experiencia al nombrarla gerente del principal hospital de Balears en sustitución de Josep Pomar.

Los otros conflictos de Son Espases

La polémica se suma a otros conflictos recientes en Son Espases, entre ellos las denuncias sindicales sobre la situación recurrente de colapso en el servicio de Urgencias. En este sentido, USAE denunciaba el pasado mes de abril “la insostenible situación que se vive diariamente en este servicio”, aseverando que habían llegado a concentrarse hasta 70 pacientes pendientes de ingreso que acumulaban hasta 118 horas de espera. USAE criticó que la gerencia del Hospital “continuase sin adoptar un protocolo de actuación” ante sus sistemáticas denuncias y la “nefasta gestión que se está haciendo de este servicio de urgencias”.

Asimismo, SATSE acusó en agosto al IB-Salut de “poner en riesgo” la seguridad de enfermeras y recién nacidos en Neonatología de Son Espases por la falta de profesionales. El sindicato alertó de que la unidad, con 12 plazas, había llegado a atender a 16 pacientes sin aumentar la plantilla, lo que había obligado en múltiples ocasiones a una enfermera a atender a tres pacientes de UCI neonatal, frente a la ratio habitual de dos.

SATSE denunció además turnos sin cubrir, acumulación de horas extraordinarias y un “agotamiento” de las profesionales, así como nueve plazas de matrona sin cubrir en el área materno-infantil. La entidad aseguró haber comunicado el riesgo al Comité de Seguridad y Salud y amenazó con trasladar el asunto a otros órganos, incluidos los judiciales.

Dos días antes, el Govern había puesto el foco en el incremento de recursos humanos de Son Espases. En un comunicado, la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

El propio Ejecutivo había difundido el 29 de julio una información específica sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de Neonatología, centrada en la incorporación de 27 sillones ergonómicos destinados a mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias. La comunicación, sin embargo, no hacía referencia a las ratios de enfermería ni a la cobertura de los turnos en Neonatología, que son precisamente algunos de los aspectos sobre los que SATSE alertó posteriormente al denunciar la falta de profesionales en la unidad.

En octubre de 2025, la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, clausuró en Son Espases el acto por el 15º aniversario del hospital y destacó ante sus trabajadores su “implicación, trabajo y esfuerzo”. La gerente participó también en la jornada y puso en valor los avances del centro, atribuyendo los hitos sanitarios alcanzados al trabajo de sus profesionales y asegurando que “cada uno de vosotros es necesario”. La consellera de Salud, Manuela García, definió por su parte Son Espases como un “hospital más humano” gracias al compromiso de sus trabajadores y situó a los profesionales como “el valor más importante” del centro.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de una medalla simbólica “a la dignidad profesional” de los policías locales y funcionarios municipales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace más de diez años para indagar las supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local con el objetivo de proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.

El reconocimiento se materializará este mes en un acto público de “desagravio” en el que Cort pretende expresar su reconocimiento a los afectados -unos 80 en total- y contribuir a “devolverles su honor”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, quien se ha referido a los homenajeados como “víctimas” que “sufrieron las consecuencias” de las pesquisas de la causa Sancus (como se denominó la operación policial que dio inicio al caso Cursach), al tiempo que ha defendido que el acto, que tendrá lugar en el cuartel de San Fernando, debería haberse celebrado antes como una forma de restablecer su honor.

La iniciativa llega después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios afectados para que el Ayuntamiento asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante la investigación. En julio de 2023, el pleno de Cort ya aprobó la celebración de un acto público de desagravio y reconocimiento, además de reclamar la restitución de los derechos de los empleados municipales afectados.

La demora en su ejecución llegó incluso a los tribunales: en 2025, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 300 euros a uno de los funcionarios afectados por vulnerar su derecho de petición al no responder a su solicitud para concretar el homenaje.

Casi un millón de euros en compensaciones

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la concesión de unos 140.000 euros para uno de los afectados, una cantidad que, según ha señalado Bauzá, se suma al casi millón de euros abonados en indemnizaciones y pagos a los policías y funcionarios. Tras la absolución de los investigados, el Ayuntamiento debía afrontar tanto los salarios dejados de percibir por funcionarios suspendidos de empleo y sueldo como sus gastos de defensa.

El reconocimiento municipal se produce tras el vuelco judicial sin precedentes que sufrió el caso Cursach. Las investigaciones, iniciadas a partir de un supuesto amaño de oposiciones de la Policía Local y posteriormente ampliadas a numerosas líneas de investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, llegaron a afectar a cerca de 70 policías locales, además de empresarios y funcionarios.

Una de las piezas más relevantes fue la relativa al supuesto amaño del concurso de la ORA de Palma. En octubre de 2016 fueron detenidos varios empresarios y los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación, además de familiares del entonces concejal del PP Álvaro Gijón. Las investigaciones contra ellos acabaron archivadas por falta de indicios delictivos.

El macrojuicio contra Cursach y otros acusados terminó finalmente con la absolución del empresario y del resto de procesado. El giro se acentuó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en noviembre de 2023 al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones durante la instrucción en relación con la pieza relativa al exconcejal Gijón. El tribunal consideró probado que ambos habían desplegado prácticas ilegales para apuntalar sus investigaciones y presionar a varios investigados.

La sentencia también condenó a tres policías del Grupo de Blanqueo que trabajaron con ellos, mientras que otro agente fue absuelto. Las penas contra Penalva y Subirán, no obstante, no son firmes, ya que fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.

El propio contenido del denominado chat Sancus, en el que participaban Penalva, Subirán y varios policías nacionales, fue una de las piezas centrales de la causa posterior contra los investigadores. En las conversaciones aparecieron mensajes que, según la acusación, evidenciaban una actitud de presión hacia algunos de los investigados y testigos. Con el homenaje, Cort pretende cerrar institucionalmente una de las etapas más conflictivas de la historia reciente de la Policía Local de Palma y reconocer a los funcionarios que fueron investigados y, en distintos casos, detenidos, encarcelados o apartados temporalmente de sus puestos y que finalmente quedaron fuera de las acusaciones.

El Govern está trabajando en la elaboración del techo de gasto y del anteproyecto de los presupuestos para 2027 con “total normalidad” y con la voluntad de sacarlos adelante.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que “intentará” que las cuentas autonómicas se puedan aprobar.

“Espero que lo podamos conseguir pero no dependerá exclusivamente de nosotros”, ha señalado, a la vez que ha defendido que tener presupuestos aprobados en tiempo y en forma es positivo para los ciudadanos de Balears.

De cara al próximo y último curso político antes de las elecciones de 2027, Costa ha reivindicado que el Ejecutivo continuará con su hoja de ruta establecida en el programa de gobierno del PP.

El Govern ha defendido este viernes sus políticas en materia turística en lo que va de legislatura y ha destacado ser “consciente del malestar”, ante la convocatoria de la cadena humana de este sábado contra la masificación turística.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el Ejecutivo ha limitado el número de plazas turísticas, se ha establecido un techo de plazas, se han eliminado pisos turísticos -con las sanciones más altas de la historia en oferta turística- y han limitado el número de cruceros y la entrada de vehículos en Eivissa y Formentera, algo que llegará también a Menorca y Mallorca durante este curso.

Respecto de las protestas contra la masificación turística, el Govern ha expresado su “respeto a la libertad de expresión siempre que las manifestaciones se produzcan de forma pacífica”.

Este sábado habrá una cadena humana para denunciar la masificación en la que los manifestantes podrán trasladar en papel, a través de voluntarios de la organización, sus reclamaciones al Govern. Costa ha destacado en este sentido el Ejecutivo “siempre atiende las demandas” y “lee los planteamientos” que les llega.

Por otro lado, Costa ha evitado valorar la acusación de siete manifestantes del 26J. En concreto, ha subrayado que las valoraciones que se pueden hacer son “mínimas” y ha derivado la responsabilidad a la Delegación del Gobierno dado que “la investigación policial se lleva desde ahí”.

El GOB ha denunciado públicamente la situación “inadmisible” del aparcamiento ilegal de Cala Llombards y ha reclamado a Costas y al Ayuntamiento de Santanyí que hagan efectivo su cierre “inmediatamente”.

La organización denunció ante las administraciones la ocupación de este espacio del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) hace cuatro años y un proceso administrativo y judicial confirmó sus evidencias, según ha señalado el GOB en un comunicado.

No obstante, ha lamentado que el Ayuntamiento de Santanyí no ha retirado la señalización del aparcamiento, tal y como ordenó la Demarcación de Costas, ni Costas ha adoptado las medidas necesarias para impedir que los coches continúen aparcando sobre la playa.

Los ecologistas llevan años advirtiendo de la degradación de la zona dunar de Cala Llombards, comenzando en 2018 cuando denunciaron la destrucción con maquinaria de una formación dunar de unos 300 metros cuadrados situada en la costa norte de la playa.

Posteriormente, la delimitación de una zona de protección permitió una recuperación para parcial de la vegetación. Sin embargo, han criticado, el mantenimiento del aparcamiento “ha continuado impidiendo la recuperación completa” del sistema dunar.

En mayo de 2022 el GOB volvió a denunciar ante Costas, el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio la existencia del aparcamiento y reclamó que, en caso de confirmarse la ilegalidad, fuera clausurado.

A raíz de esta denuncia, han explicado, el Servicio de Vigilancia de Costas inspeccionó el espacio. El expediente administrativo, reproducido ahora en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, subraya que el aparcamiento está en una superficie catalogada como playa.

“Por tanto, el estacionamiento y la circulación de vehículos están prohibidos de acuerdo con el artículo 72.2 del Reglamento General de Costas”, han remarcado los ecologistas, agregando que Costas constató que no había ninguna autorización para ocupar el dominio DPMT como aparcamiento.

La Demarcación de Costas pidió al Ayuntamiento que cerrarael aparcamiento y señaló que instalaría cartelería sobre la prohibición de estacionar.

El Ayuntamiento, siempre según ha relatado el GOB, interpuso un recurso defendiendo que disponía de una autorización concedida en 2018 para delimitar las vías de acceso y salida de la playa. Un argumento rechazado por el TSJIB el pasado mayo en una sentencia.

Para la organización, es “absolutamente injustificable” que tras cuatro años de requerimientos, expedientes y recursos judiciales, “la ilegalidad continúe materialmente sobre el terreno como si nada hubiera pasado”.

Con todo, ha reclamado al Ayuntamiento y a Costas que asuman sus responsabilidad y actúen “de forma inmediata”. “La protección del dominio público y de la zona dunar de Cala Llombards no necesita más expedientes ni más años de espera: necesita que las administraciones hagan cumplir de una vez la legalidad”, han concluido.

El Govern activará este sábado el plan Inunbal ante el inicio de la época de danas y tormentas “más virulentas, violentas y frecuentes” por el calentamiento del mar y el riesgo de inundaciones como las que se produjeron el año pasado en Eivissa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se han preparado distintos protocolos para que la ciudadanía sepa cómo actuar en diferentes ámbitos como comercios, centros escolares o campos de fútbol.

El plan se activará en fase de prealerta, lo que implica compartir información, analizar previsiones meteorológicas y revisar mecanismos de comunicación, de manera que, “si llega una situación adversa”, la respuesta sea “rápida y coordinada”.

Prohens ha destacado la importancia de “inculcar la cultura de la autoprotección” y de “ser conscientes del riesgo que tiene” vivir en Balears. En este sentido, ha señalado que el mayor peligro del archipiélago son las inundaciones.

Según ha explicado, esto se debe a que el mar está “muy caliente”, con una temperatura superior a los 30 grados, algo que “anticipa fenómenos más violentos”.

Con la prealerta del plan de Inunbal, el Govern ha solicitado información a los principales investigadores e instituciones científicas de Balears, como la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o el Consejo Asesor del Cambio Climático.

Prohens ha indicado que los expertos avisan que el calentamiento no solo afecta a la superficie, sino que se está produciendo cada vez a mayor profundidad, relacionado con olas de calor más intensas y prolongadas y con una aceleración de los efectos del cambio climático en el Mediterráneo.

Ante la llegada de la época de danas, tormentas y posibles inundaciones, Prohens ha añadido que “el riesgo cero no existe” y que el sistema ES-Alert está “perfectamente” implantado.

Limpieza de torrentes

Una de las actuaciones del Govern para evitar posibles inundaciones es el mantenimiento y la limpieza de torrentes. En concreto, el Govern ha actuado sobre 486 kilómetros de torrentes en las Islas.

Asimismo el Ejecutivo balear ha destinado una línea de 300.000 euros en ayudas a propietarios de fincas colindantes con torrentes para que puedan realizar la limpieza de sus tramos.

El ritmo de actuación también se ha incrementado este año. En concreto, mientras el año pasado a estas alturas se había actuado sobre 50 kilómetros, a finales del pasado mes de julio ya se había intervenido sobre 67 kilómetros.

Protocolos

Prohens ha indicado que se han desarrollado varios protocolos para la autoprotección de los ciudadanos. Uno de ellos, en centros educativos, que se comenzará a aplicar a partir del curso 2026-2027 y que define las actuaciones antes, durante y después de la emergencia.

También se pondrá en marcha 'Educación X Emergencias', que convertirá a Balears en la primera comunidad autónoma en desarrollar este modelo formativo de manera coordinada entre el sistema educativo y Protección Civil.

En el ámbito comercial, se ha elaborado una guía práctica ante lluvias intensas, tormentas e inundaciones, con indicaciones en un “cartel práctico” sobre cómo actuar antes, durante y después de un episodio adverso para proteger a las personas, los establecimientos y las instalaciones.

Por otro lado, Emergencias y la Federación Balear de Fútbol han desarrollado un protocolo de actuación en estadios ante alertas de protección civil. Prohens ha informado que este protocolo se prevé ampliar a otras modalidades deportivas que se practiquen al aire libre.

Finalmente, el Govern ha iniciado una nueva campaña institucional de concienciación y autoprotección bajo el lema 'La mejor protección empieza antes de la tormenta', que utiliza ilustraciones e infografías con un lenguaje sencillo y accesible para recordar a la ciudadanía qué medidas puede adoptar antes de que llegue un episodio meteorológico adverso.

“No podemos evitar que se produzcan estos fenómenos, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ofrecer la máxima protección y seguridad a los ciudadanos y minimizar sus efectos”, ha apuntado Prohens.

Ampliación de la red TetraIB

En cuanto a innovación y comunicaciones de emergencias, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) ha continuado ampliando la red pública de emergencias TetraIB, tras instalar 30 antenas.

Además, la Agencia cuenta con tres estaciones de comunicaciones transportables que pueden llevar cobertura a cualquier punto de las Islas en caso de emergencia.

Al inicio del proyecto, la cobertura en el archipiélago era del 83,7 por ciento y, con las actuaciones ejecutadas, la cobertura exterior alcanza el 91,2 por ciento del territorio y, en el caso de las zonas pobladas, el 98,6 por ciento.

El Partido Animalista Pacma ha celebrado este jueves los resultados de la campaña científica MobiMummy, que ha localizado 48 cachalotes al norte de la isla de Menorca, de los cuales cerca de un 20 por ciento eran crías.

“Esto confirma el extraordinario valor de estas aguas como zona de reproducción y crianza”, han subrayado desde la formación en un comunicado.

En este sentido, han subrayado que “la presencia de madres y crías exige reforzar la protección del área y garantizar la tranquilidad de los animales frente al tráfico marítimo y las actividades recreativas”.

“Una madre con su cría necesita tranquilidad, no embarcaciones persiguiéndola para conseguir una foto. Observar la fauna marina implica respetar su espacio y no alterar su comportamiento”, han señalado.

El partido ha recordado que el cachalote está catalogado en España como especie vulnerable y que la normativa establece un espacio de protección de 500 metros alrededor de los cetáceos.

También han indicado que está prohibido perseguir, tocar o alimentar a los animales, interceptar su trayectoria, atravesar un grupo, separar a una madre de su cría o bañarse y bucear en la zona de exclusión.

“Si los cetáceos se aproximan de manera inesperada, las embarcaciones deben reducir al mínimo su actividad y evitar cualquier maniobra que pueda molestarlos”, han explicado.

Pacma ha solicitado que “la relevancia científica del norte de Menorca se traduzca en medidas eficaces de conservación, mayor vigilancia e información para el sector náutico, turistas y usuarios de embarcaciones de recreo”.

“Menorca alberga un patrimonio marino excepcional. Disfrutarlo también significa asumir la responsabilidad de protegerlo”, han concluido.

La Fiscalía de Balears ha abierto diligencias contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y dirigente de Vox, Pedro Bestard, por el supuesto uso supuestamente fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular.

La investigación parte de una denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell centrada en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, tal como ha adelantado este martes el diario local Última Hora y han confirmado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

Los socialistas acusan al vicepresidente de haber utilizado de manera “sistemática y reiterada” varios vehículos del Consell para usos privados y, en determinados momentos, de haber dispuesto de ellos de manera exclusiva, generando gastos de combustible, mantenimiento y otros consumos con cargo a la institución y sin autorización.

No en vano, el conflicto estalló después de que trascendiera que varios de los coches oficiales utilizados por Bestard habían sido vistos estacionados en su domicilio particular. La presencia de los vehículos fuera de las dependencias del Consell abrió las primeras dudas sobre el uso que el vicepresidente hacía de los medios públicos. Bestard defendió entonces que no se trataba de un uso personal y justificó que, cuando su jornada terminaba tarde o tenía varios actos, se llevaba los vehículos a casa “por economía de recursos”. En su comparecencia posterior también reconoció que acudía con ellos a carreras hípicas y a reuniones que no figuraban en su agenda.

La denuncia reclama a la Fiscalía que investigue el uso que Bestard hizo de los vehículos adscritos a su departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes y que determine si los desplazamientos y gastos derivados de su utilización se ajustaron a la normativa. Asimismo, solicita que tome declaración a varios responsables del Consell, entre ellos la Secretaría Técnica del departamento que dirige Bestard, la Secretaría Técnica de Presidencia, el secretario general y la interventora de la institución insular.

También reclama que se incorpore a la investigación toda la documentación relacionada con los vehículos oficiales utilizados por Bestard, incluidos los expedientes administrativos, los registros de desplazamientos, los consumos de combustible, las facturas de mantenimiento y los sistemas de geolocalización. Los socialistas han pedido expresamente a la Fiscalía que requiera al Consell el registro de todos los desplazamientos realizados por Bestard con vehículos oficiales.

Al menos 20 desplazamientos fuera de agenda

La investigación del Ministerio Público se produce después de que el propio Consell encargara un informe interno para esclarecer el uso de estos vehículos. Ese análisis detectó al menos 20 desplazamientos realizados entre mayo de 2025 y abril de 2026 que constaban en los registros de los coches pero no aparecían en la agenda pública del vicepresidente, además de constatar que Bestard utilizaba de manera exclusiva tres vehículos adscritos a su departamento.

El informe interno concluyó que esa conducta “no es apropiada”, aunque consideró que no podía determinarse de forma categórica que hubiera existido un uso indebido de los coches. El Consell decidió finalmente no adoptar medidas contra el vicepresidente y anunció que regularía mediante una nueva instrucción el uso de los vehículos oficiales.

Ahora será la Fiscalía la que determine si existen indicios suficientes de responsabilidad penal y si los hechos denunciados por el PSOE pueden encajar en los delitos que plantea su denuncia.

Bestard, por su parte, ha defendido en anteriores comparecencias que nunca utilizó los coches oficiales con fines personales y ha atribuido los desplazamientos cuestionados a su actividad institucional. También justificó que en determinadas ocasiones los vehículos permanecieran en su domicilio cuando terminaba tarde su jornada “por economía de recursos” y reconoció que algunos desplazamientos no quedaban registrados en su agenda.

El Govern balear seguirá recurriendo a la vía judicial si el Gobierno decide incluirle en el reparto de los menores extranjeros no acompañados que accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos durante la entrada masiva de la semana pasada.

Lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, un día después del viaje a Palma del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

“El Govern no ha cambiado de opinión, no nos hemos movido ni un milímetro. Por descontado que cumplirá la ley, solo faltaría, pero la ley también nos da una serie de herramientas (...). El estado de derecho nos da las vías para recurrir y seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, usando todas las vías para oponernos a una medida que creemos que es contraria a los intereses de Balears”, ha dicho el también vicepresidente primero.

El archipiélago, desde que la reforma de la ley de extranjería permitió este mecanismo, ha acogido a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias después de que no prosperaran sus recursos. En la actualidad está pendiente de un quinto caso, también recurrido, y de tres propuestas de reubicación de las últimas semanas que todavía no son firmes.

Costa ha confiado en que el Gobierno no tenga intención de derivar menores extranjeros no acompañados al archipiélago después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, constatara durante un viaje a Mallorca que los centros están sobreocupados.

“Damos por hecho de que no nos enviarán ni un menor más. Si lo vio la ministra con sus ojos, no creo que cambie de opinión”, ha subrayado. Las tres propuestas de reubicación mencionadas, no obstante, llegaron después de la visita de Rego.

El posicionamiento del Govern llega después de que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, asegurara que los gobierno autonómicos del partido “cumplirán con la ley” en relación a los menores migrantes.

También de que Vivas se reuniera en Palma tanto con la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, como con el Rey Felipe VI. En su comparecencia posterior, dijo que la ciudad autónoma no renunciaría al reparto de menores migrantes y apeló a la solidaridad del resto de comunidades.

Sí que puntualizó, no obstante, que “no se le ocurriría” pedirle un esfuerzo a Balears dado que ya tiene sus servicios de atención de menores en una situación de saturación.

Preguntado por el contenido de la reunión entre Prohens y Vivas, el portavoz del Govern ha admitido que no se llegaron a elevados “niveles de concreción”, aunque sí sirvió para trasladarle apoyo al presidente ceutí.

“Balears y todo el Govern estamos a disposición de Ceuta en lo que podamos ayudar, que no es mucho, pero si podemos estamos dispuestos”, ha subrayado.

El Govern ha cesado este viernes a la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, cuando todavía no se cumple un año de su nombramiento al frente del departamento dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. Ferrer cobró relevancia pública el pasado mes de abril tras denunciar un intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario, una actuación por la que recibió entonces el respaldo y los elogios del Ejecutivo autonómico.

La destitución ha sido aprobada en el Consell de Govern, tal como ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómica, Antoni Costa, y llega en plena controversia por la gestión de varias concesiones del servicio de playas de Formentera. En su lugar, ha sido nombrado Joan Cristòfol Jaume, quien fue alcalde de Llucmajor entre 2011 y 2015 y ha desempeñado distintos cargos en el Consell de Mallorca.

Durante su comparecencia, Costa ha agradecido el trabajo desarrollado por Ferrer durante el último año y ha justificado la elección de Jaume en la apuesta del Ejecutivo por “reforzar” la Dirección General de Costas apostando por un perfil que “aporta una amplia experiencia en gestión pública e institucional” en una etapa que ha considerado “clave” para “consolidar las competencias autonómicas en materia de costas y litoral”.

Según informó este jueves Diario de Mallorca, el relevo respondería a la forma en que se tramitaron los expedientes de las concesiones del servicio de playas en la menor de las Pitiüses. El conflicto estalló después de que la Dirección General de Costas declarara la caducidad de varias concesiones de playas, una decisión que abrió un enfrentamiento con el Consell de Formentera y con los concesionarios afectados. La gestión de estos expedientes, que afectan a servicios como hamacas, sombrillas y otros equipamientos del dominio público marítimo-terrestre, ha generado un intenso debate político y administrativo sobre la tramitación de las autorizaciones y el futuro de la explotación de las playas de la isla.

Costa, sin embargo, ha evitado vincular expresamente el cese de Ferrer con un error de gestión o con las discrepancias mantenidas en los últimos meses con la Conselleria del Mar. Preguntado en varias ocasiones por los motivos de la destitución, se ha limitado a señalar que la Dirección General de Costas es “enormemente compleja” y que “cualquier cambio” que realiza el Ejecutivo persigue “garantizar un mejor servicio y una mejor atención a los ciudadanos y las empresas”. El también vicepresidente primero del Govern ha agradecido de nuevo “la enorme labor” realizada por la ya exdirectora general y ha vuelto a calificar de “ejemplar” su actuación cuando denunció el intento de soborno.

La Dirección General de Costas, “enormemente compleja”

El portavoz sí ha reconocido, no obstante, que la situación generada en Formentera ha pesado en la decisión. “Tenemos una situación en Formentera que no se había dado en ejercicios anteriores”, ha aseverado, señalando que ésta tiene “un impacto muy relevante” en referencia a la reducción del número de hamacas y sombrillas autorizadas en las playas de la isla. En este contexto, ha defendido el nombramiento de Joan Cristòfol Jaume dado que, a su juicio, su experiencia municipal y su perfil “dialogante” y “tranquilo” permitirán “reconducir esta situación”.

Interpelado, asimismo, sobre las informaciones que apuntan a discrepancias entre Ferrer y el conseller Juan Manuel Lafuente, Costa ha señalado que han podido existir “divergencias de criterio”, aunque ha rechado atribuirles un alcance mayor, negando que el Govern haya actuado por presiones relacionadas con el conflicto de Formentera. “No es una cuestión de presiones”, ha incidido, sino “una cuestión de preocupación” por una situación que está provocando “pérdidas de calidad en la prestación de servicios” en las playas de la isla. Asimismo, ha avanzado que el nuevo director general tendrá entre sus primeras prioridades resolver el conflicto de Formentera y el importante retraso acumulado en la tramitación de expedientes en el departamento de Costas.

La salida de Ferrer se produce apenas once meses después de asumir el cargo, al que fue designada el 22 de agosto de 2025. Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears y funcionaria de la Administración autonómica desde 1996, acumulaba más de 25 años de experiencia en funciones jurídicas, administrativas y de gestión dentro del Govern.

La denuncia por el soborno

Su nombre saltó a la actualidad el pasado mes de abril tras denunciar que un empresario dejó en su despacho una caja de bombones con 20.000 euros en efectivo para tratar de obtener su ayuda en la tramitación de unos permisos relacionados con sus negocios. La denuncia presentada por la directora general permitió la detención del sospechoso por parte de la Policía Nacional.

Tras conocerse aquellos hechos, el portavoz del Govern defendió públicamente la actuación de Ferrer y aseguró sentir “orgullo y satisfacción” por su comportamiento, al considerar que había actuado “como debe actuar cualquier funcionario o cargo público”.

Ahora, apenas unos meses después de ese respaldo institucional, el Ejecutivo prescinde de la responsable de Costas en medio de la controversia generada por las concesiones de playas de Formentera, un conflicto que en los últimos meses ha enfrentado al Govern con el Consell insular y con los concesionarios afectados.

La oposición: “Fracaso de la política de litoral”

Desde la menor de las Pitiüses, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, considera que el cese supone la “constatación del fracaso de la política de litoral del Govern de Marga Prohens”. Ferrer recuerda que el PP prometió que, con la creación de la Conselleria del Mar y la asunción de las competencias de Costas, mejoraría la gestión del litoral y ofrecería “un único interlocutor” a los concesionarios y al sector, pero sostiene que la realidad ha sido muy distinta.

En este sentido, recrimina que la gestión del Ejecutivo autonómico “ha provocado una grave crisis con las concesiones de hamacas y sombrillas, ha generado inseguridad y ha perjudicado a empresas, familias y trabajadores de Formentera”. Asimismo, asevera que “la responsabilidad no se puede limitar a una directora general”, sino que es una “responsabilidad política del Govern de Marga Prohens y del conseller Juan Manuel Lafuente”.

También ha acusado a Sa Unió de haber sido “incapaz de anticiparse, defender a Formentera ante el Govern del PP y evitar esta situación”, y ha reclamado a la presidenta balear que explique “por qué ha fracasado el modelo de gestión del litoral que prometió y qué solución dará ahora a Formentera”.

Por su parte, Ana Juan, consellera del PSOE en el Consell de Formentera, critica que el cese de la directora general de Costas“llega tarde, muy tarde” para la isla. A su juicio, la gestión del Govern en las concesiones de playas “ha causado un daño irreparable”, además de “perjudicar a los empresarios y trabajadores del sector”, ya que esta temporada no se ha podido disponer de todos los servicios previstos en las playas.

La dirigente socialista también ha atribuido la situación al equipo de gobierno de Sa Unió en el Consell de Formentera. Según señala, la falta de todos los servicios de playa “es una muestra más de la incapacidad de gestión del actual equipo de gobierno del Consell Insular de Formentera” y de su “incapacidad para dialogar y defender los intereses de nuestra isla ante el Govern de las Illes Balears”.

Asimismo, ha reclamado que la consellera de Medio Ambiente y responsable de Playas, Verónica Castelló, dé “muchísimas explicaciones”, al considerar que este cese “en pleno mes de agosto no soluciona nada” y que “esta temporada, en cuanto a la gestión y la concesión de servicios de playas, está perdida”.

El Consell de Govern aprobará este viernes un decreto ley para la equiparación salarial de las trabajadoras de les 'escoletes' integradas y no integradas.

Lo ha detallado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Xarxa 0-3, que han considerado “un paso muy importante” la aprobación de esta normativa.

En concreto, el decreto establece un complemento de concierto para esta etapa educativa, de modo que el Govern podría igualar todas las remuneraciones del personal 0-3 de los centros integrados y de los no integrados.

Desde la Xarxa 0-3, su portavoz, Noelia Jiménez, ha celebrado la “buena predisposición” de la Conselleria en dar respuesta a sus reivindicaciones.

Además del decreto ley, también ha subrayado el compromiso de Vera de sentar en la misma mesa de negociación a todas las partes implicadas, así como la modificación del decreto de mínimos.

El Tribunal Constitucional ha pedido a las abogacías del Estado y la Comunidad Autónoma y al letrado mayor del Parlament que expongan lo que consideren conveniente en relación a la derogación de la ley de memoria democrática de Balears.

En una diligencia, el tribunal de garantías ha señalado que a pocas semanas de cumplirse cinco meses de la derogación de la norma en la Cámara autonómica el pasado 24 marzo, se tiene que oír a las partes personadas.

Cabe recordar que el pasado 7 de julio la derogación quedó suspendida después de que el pleno del TC admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.

La suspensión de la vigencia y aplicación se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.

En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas.

Finalmente, en el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La comisión del eclipse del próximo 12 de agosto ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir refuerzos del Ejército para controlar los accesos y que se cumplan las medidas de seguridad.

Lo ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes al ser preguntado por esta posibilidad.

Según ha indicado, todavía no se ha materializado y, en todo caso, es la Delegación del Gobierno la que tendrá que tomar esta decisión. Así, no se ha hecho una petición formal, pero sí que se abordó en la comisión del eclipse.

“El Govern quiere que se cumplan las medidas, si para ello se necesitan recursos adicionales, confiamos en que se pongan encima de la mesa”, ha subrayado Costa.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha defendido este jueves ante el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, las políticas impulsadas por su Ejecutivo en materia de vivienda, aseverando que ha introducido la “prioridad absoluta” de los residentes en el acceso a un hogar y ha llegado a hacer suyas las reivindicaciones lanzadas durante la macromanifestación llevada a cabo el pasado domingo en Palma para reclamar un cambio profundo en el modelo económico, territorial y turístico que, denuncian los organizadores, están expulsando a la población local y contribuyendo al creciente deterioro de su calidad de vida.

“Nuestras políticas van en línea de los que se reclamaba en la manifestación: priorización de los residentes, prohibición del alquiler turístico en plurifamiliares, lucha contra la oferta ilegal”, ha aseverado, a pesar de que las demandas eran mucho más amplias y de que, durante esta legislatura, el Govern ha rechazado, entre otras medidas, recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas impulsada por el anterior Ejecutivo progresista. Además, PP y Vox han dado luz verde a un decreto que ha desbloqueado y blindado más de 90.000 plazas de alquiler turístico, cuyo auge, señalan las entidades sociales, ha contribuido a disparar los precios de la vivienda junto a la especulación inmobiliaria y la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo.

El archipiélago, además, ha alcanzado máximos históricos: a finales de 2025, las islas superaron por primera vez los 19 millones de turistas -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia. Con todo, Prohens ha señalado que su gobierno es el primero en ser consciente del crecimiento turístico “desbocado” que, ha incidido, “tocó techo” durante el pasado mandato, y ha asegurado haber trasladado a Sánchez que el Govern está aplicando medidas como la limitación de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la reducción del techo de cruceristas y la prioridad para los residentes en el transporte público.

Tras cerca de una hora reunida con Sánchez, la líder balear ha destacado el desarrollo de unas 10.000 viviendas a precio limitado (VPL). También ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha introducido la prioridad para residentes en el acceso a las futuras viviendas que, ha señalado, comenzarán a construirse antes de que finalice la legislatura. Durante esta legislatura, PP y Vox han rechazado declarar Balears zona tensionada y limitar el precio de los alquileres, como también han declinado regular la compra de inmuebles por parte de no residentes.

Por otro lado, Prohens, ha trasladado al presidente del Gobierno un “grito de auxilio” ante la presión migratoria del archipiélago y le ha reclamado un plan específico para Balears, la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y las islas y una mayor actuación contra las mafias y en los países de origen. Prohens ha asegurado que la crisis migratoria ha sido una “constante” en todas las reuniones mantenidas con el jefe del Ejecutivo y ha insistido en que se trata de una competencia exclusiva del Estado.

“Le he trasladado una vez más el grito de auxilio de las cuatro islas. El Gobierno no puede continuar de brazos cruzados ante una de las principales preocupaciones de los ciudadanos”, ha afirmado. La presidenta ha señalado que los datos “no han mejorado”, con la llegada de unas 11.000 personas en el último año y medio, y ha recordado que solo este mes se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas baleares, “la cara más dura de la crisis migratoria”.

Saturación de los centros de menores

Prohens también ha puesto el foco en la situación de los menores migrantes no acompañados. Según ha explicado, los Consells Insulars tutelan en la actualidad a 880 menores, una cifra que, a su juicio, supone una “sobreocupación inasumible”.

En este sentido, ha criticado que, mientras la ministra de Juventud e Infancia reconocía recientemente que no tenía sentido seguir trasladando menores a territorios saturados, Balears continúa recibiendo propuestas de derivación desde otras comunidades autónomas. La líder autonómica ha defendido que los recursos interpuestos por el Govern ante el Tribunal Supremo contra los decretos de reparto responde a la falta de diálogo con las autonomías y ha recalcado que el problema “no es una cuestión de solidaridad”, sino de capacidad real del sistema de protección.

“No estamos en condiciones de acoger con la dignidad que merece cualquier vida humana, sobre todo cuando hablamos de niños”, ha afirmado. En esta línea, ha añadido que las dificultades no se limitan a la financiación, sino también a la falta de espacios y de profesionales. Como ejemplo, ha citado el centro habilitado en Son Tous por el Consell de Mallorca y ha advertido de que no descartan que algunos menores abandonen esas instalaciones sin las garantías de protección propias de un centro de acogida.

Prohens ha incidido especialmente en la situación de Formentera, donde, según ha explicado, han llegado 1.800 personas en 118 pateras a una isla de poco más de 12.000 habitantes. “No puede ser que no se haga caso a Formentera, como si no formara parte de España”, ha reprochado. “Ya no sé cómo trasladarlo. Necesitamos que no se quede solo en palabras y empezar a ver una reacción y una política migratoria que no haga efecto llamada”, ha concluido.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que ha remitido una carta a la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de que el nuevo ‘hub’ para la lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en Mallorca -y más en concreto en la báse aérea de Son Sant Joan-. Von der Leyen anunció el año pasado que el centro se ubicaría en Chipre.

Durante su intervención ante los medios tras reunirse con el rey Felipe VI en el tradicional despacho que ambos mantienen cada verano en Mallorca, Sánchez ha reclamado a los ciudadanos extremar las precauciones ante las altas temperaturas que se esperan estos días y que se informen por los canales oficiales, obviando “los bulos y a la desinformación”.

En estos momentos, ha dicho, son diez los incendios activos en España, el último de ellos declarado en Zamora, mientras que en Ávila y la Comunidad de Madrid ya han comenzado los desconfinamientos y realojos. Con todo, ha señalado que la situación continúa siendo “crítica” y que las rachas de viento está provocando la propagación de los fuegos.

Respecto al 'hub', von der Leyen anunció en septiembre del año pasado la creación “herramientas” como ésta para combatir los incendios forestales, agravados por el cambio climático conforme los veranos se vuelven “más calurosos, más duros y más peligrosos”.

Contención de los flujos migratorios

Por otro lado, Sánchez ha explicado que durante su reciente viaje oficial a Argel trasladó al Ejecutivo argelino la necesidad de activar los mecanismos de repatriación de migrantes con el objetivo de reducir las llegadas irregulares por mar, una cuestión que afecta de forma directa a Balears.

Sánchez ha revelado que la cuestión migratoria ocupó un lugar destacado en el encuentro que la semana pasada mantuvo en Argel con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune. En esa reunión, ha dicho, planteó la necesidad de reforzar la cooperación bilateral para contener los flujos migratorios irregulares y reclamó la activación de los mecanismos de retorno.

El presidente ha defendido que su reciente visita a Argel marca “un punto de inflexión en la relación bilateral” entre ambos países y ha confiado en que ese acercamiento permita avanzar en la gestión de los flujos migratorios. En este sentido, ha insistido en que trasladó a las autoridades argelinas la necesidad de “activar los mecanismos de repatriación” para evitar que la llegada de migrantes irregulares “tensione a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela”.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno central abordará esta cuestión de forma coordinada con el Ejecutivo autonómico. “He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión”, ha afirmado Sánchez, quien ha defendido la cooperación entre administraciones para hacer frente al aumento de las llegadas de pateras a Balears.

El Govern balear rindió anoche homenaje al cerca de centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. El acto institucional, celebrado en la capital balear, tuvo lugar, sin embargo, apenas cuatro meses después de que PP y Vox derogasen la Ley balear de memoria democrática, cuyo contenido daba cobertura a este tipo de tributos y al reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.

A la ceremonia asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens (PP), y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido. Por su parte, el PSIB-PSOE criticó que el PP pretenda “dar lecciones de memoria” apenas unos meses después de haber derogado la norma que ampara los derechos de las víctimas y de “haber menospreciado a las familias y a las entidades memorialistas”.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 -unas 2.000 personas asesinadas- y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, ha defendido durante el acto que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

“No hablamos de víctimas colaterales. Hablamos de un ataque sistemático contra población civil, contra una isla que se encontraba indefensa con el único objetivo de minar la moral y de forzar la rendición de Mallorca que había quedado en el bando sublevado pero aislada”, incidió.

En otro momento, la presidenta se ha referido al muro inaugurado este lunes con los nombres de las víctimas, aseverando que la frase inscrita en él permitirá conservar “para siempre” el recuerdo de “las víctimas de los bombardeos republicanos en la ciudad de Palma”. Sin embargo, la inscripción colocada alude de forma genérica a las “víctimas de la Guerra Civil”, una formulación más amplia que la utilizada por la líder autonómica.

Prohens puso cifras a los ataques aéreos de los republicanos: entre julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos, de los que 25 afectaron directamente a Palma. Durante el conflicto se produjeron once ataques aéreos más, especialmente intensos en 1937. En total, dijo, los atentados causaron 97 muertes y 224 heridos en toda la isla. Entre los fallecidos había 32 mujeres y 17 niños.

La líder autonómica aludió asimismo al papel de la ley de fosas -cuya aprobación cumplió recientemente diez años-, una norma que, ha recordado, ha permitido recuperar “334 cuerpos e identificar a 67 víctimas”, sin mencionar en momento alguno que la muerte de éstas fue causada por la represión franquista, una violencia que, como señalan los historiadores, ya había sido planificada meses antes de la guerra civil y fue ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes incluso después de finalizar el conflicto bélico.

Pese a que la ley de fosas carece del alcance de la ley de memoria democrática, que también regulaba las políticas públicas de verdad, reconocimiento, divulgación, retirada de simbología franquista, régimen sancionador y garantías de no repetición, Prohens apeló reiteradamente a ella y la reivindicó como el principal instrumento de reparación de las víctimas, obviando la derogación del principal marco legal de memoria de las Islas.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

La alto cargo del PP ha aseveró que “la recuperación de las víctimas y de su memoria no debe ir de bandos”, insistiendo en que no se trata de “buscar culpables” ni de recordar los bombardeos “desde el odio o el revanchismo”, sino de “recordar con respeto a cada una de estas víctimas y recordar sus historias y sus vidas truncadas e interrumpidas por estos hechos” y de sacar del olvido un episodio que calificó como “uno de los acontecimientos bélicos más duros y a la vez más desconocidos de la historia tanto de Balears como de España”.

Avanzar “sin rencores, bandos ni divisiones”

En ningún momento de su intervención Prohens efectuó una condena expresa al golpe militar de 1936, a la dictadura franquista ni a la represión ejercida durante casi cuatro décadas. Sí apeló a la necesidad de avanzar “sin rencores, sin bandos y sin divisiones, siendo conscientes y teniendo presentes los errores del pasado”, en línea del discurso de populares y extrema derecha, que en otras CCAA también han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Muro de la Dignidad instalado este lunes en el Passeig Sagrera es una obra concebida, expone el Govern en una nota de prensa, “para transmitir la dualidad entre la destrucción representada por la guerra y la esperanza simbolizada por la memoria”. “La sombra evoca el dolor, las ausencias y la tragedia que dejaron los atentados, mientras que la luz representa la memoria permanente de las víctimas, su dignidad y el compromiso de la sociedad de no olvidarlas”, prosigue el comunicado.

La ceremonia dio comienzo con la lectura, uno a uno, de los nombres y las edades de las 73 víctimas civiles identificadas de los bombardeos republicanos sobre Palma. Tras la enumeración, los asistentes guardaron un minuto de silencio antes de que se recordara que el nuevo Muro de la Dignidad nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar la memoria de las víctimas y de sus familias para que sus nombres y sus historias perduren en el tiempo.

Acto seguido intervino el historiador Manuel Aguilera, impulsor de la investigación que ha permitido identificar a las víctimas, quien afirmó que con la inauguración del memorial se salda “una deuda histórica”. Recordó que las víctimas de los bombardeos sobre Palma no habían recibido “ningún homenaje ni durante los 40 años de dictadura ni en los 50 de democracia” y defendió que “en una democracia no puede haber silencios” porque “la verdad debe estar por encima de todo”.

Aguilera, autor del libro Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil, repasó además el contexto histórico de los ataques aéreos sobre Mallorca y señaló que Palma fue una de las primeras ciudades en sufrir bombardeos sistemáticos contra la retaguardia durante la Guerra Civil. Aunque los objetivos eran inicialmente militares, explicó, las bombas acabaron cayendo sobre barrios obreros y zonas comerciales, causando numerosas víctimas civiles. A continuación puso rostro a varias de las personas fallecidas relatando sus historias y agradeció la presencia de sus familiares, antes de concluir que actos como el celebrado constituyen “una forma de reparación”, ya que las consecuencias de la guerra “a veces perduran durante generaciones”.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha afirmado en una rueda de prensa concedida este lunes tras la histórica manifestación contra la saturación turística en Palma que las cargas policiales que tuvieron lugar al final de la protesta fueron “desmedidas y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes”.

Rodríguez ya había comentado en X -antes Twitter- que pediría explicaciones por la actuación de la Policía en la manifestación. Según ese mensaje en la red social, “hay imágenes que son inaceptables”. “Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a heridos”, había comentado.

El delegado del Gobierno se ha reunido con José Antonio Puebla, el jefe superior de la Policía Nacional en Balears, para analizar los hechos. En la rueda de prensa ha avanzado que ha reclamado Puebla que se elaboren dichos informes para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

“Si de estos informes que he solicitado se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer una sanción, en el momento oportuno se verá en qué consiste y quién tiene que tomar la decisión”, ha detallado. La elaboración de los informes internos, ha explicado, se llevará a cabo siguiendo los procesos internos de la propia Policía Nacional.

“Hay que recabar información, ver quién la analiza y la estudia, aportar las imágenes de los medios de comunicación y de los agentes... Y, a partir de ahí, la Policía llegará a algún tipo de conclusión que analizaremos desde la responsabilidad política que nos ampara”, ha subrayado el delegado del Gobierno.

La protesta se ha saldado con dos personas detenidas -una por un delito de altercados y otra por atentado contra la autoridad- y cuatro policías heridos, según el balace policial. Por su parte, el SAMU 061 contabilizó al menos ocho manifestantes heridos, la mayoría de ellos de carácter leve y de los cuales dos fueron trasladados a un centro hospitalario con pronóstico reservado. Uno de los heridos fue un fotoperiodista que se encontraba trabajando. Un agente le propinó un golpe con la porra que le provocó una herida sangrante en la cabeza que le dejó tendido en el suelo.

No dimitirá

Tanto el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, como el candidato de los ecosoberanistas al Ayuntamiento de Palma, David Pujol -ambos presentes hasta el final de la protesta-, han exigido la dimisión de Alfonso Rodríguez por una actuación policial que han considerado desproporcionada. También han pedido su “dimisión inmediata” los organizadores de la protesta, la plataforma 'Menys turisme, més vida', los cuales se concentrarán este martes a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno.

Rodríguez ha negado que vaya a dimitir: “Yo voy a seguir trabajando para esclarecer lo sucedido, para saber si hay que promover las mejoras necesarias y que esto no vuelva a suceder (...). Lejos de pensar en mi dimisión, sigo pensando en trabajar como he hecho para intentar que el derecho a la manifestación no se conculque y que la actuación policial se ajuste a ese derecho”.

De hecho, el delegado ha negado que él ordenara la actuación policial, dado que no estaba en el lugar “para tomar decisiones concretas en ese instante”. “Yo no mandato las cargas porque no dirijo el operativo. Si hubo alguna desproporción, hay que analizarlo y ver qué ha ocurrido”, ha apuntado.

Rodríguez ha asegurado que llevaba semanas trasladando a los mandos operativos de la Policía Nacional “directrices de contención, calma y seguridad para que la manifestación pudiera transcurrir en parámetros de tranquilidad”, algo que ha lamentado que no sucediese finalmente.

Prohens asegura que las imágenes son “impactantes”

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha calificado este lunes de “impactantes” las imágenes sobre las cargas policiales y ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno. Prohens, contra cuyo gobierno se manifestaban los protestantes por permitir normativas que van en contra del medio ambiente y permiten la especulación inmobiliaria en las Islas, ha mostrado su “comprensión” hacia la “inmensa mayoría” de personas que participaron en la protesta de forma pacífica y respetuosa, pero ha lamentado cómo terminó la movilización.

En una rueda de prensa, al ser preguntada sobre si considera desproporcionada la actuación policial, la líder autonómica ha evitado pronunciarse al asegurar que desconoce las circunstancias en las que se produjeron las cargas y las órdenes que se dieron durante el operativo. Prohens ha sostenido que corresponde al delegado del Gobierno dar explicaciones por lo sucedido, al ser, según ha afirmado, quien estaba “al frente” del dispositivo policial y quien daba las órdenes.

Desde la oposición, el PSIB-PSOE ha acusado a la Policía Nacional de “convertir” la manifestación “pacífica y ejemplar” de este domingo en un “escenario de violencia y miedo” y han calificado de “inaceptable e incomprensible” las cargas policiales que tuvieron lugar y que fueron “totalmente injustificadas”.

Según la secretaria de Coordinaciones y Relaciones Políticas de la formación, Mercedes Garrido, lo que se vio fueron “golpes de porra” a ciudadanos que se estaban expresando “con calma”. Además, ha pedido al PP que “deje de proteger a los especuladores inmobiliarios” y que revierta las políticas de decrecimiento turístico que “se pusieron en marcha” desde los mandatos de la expresidenta del Govern, Francina Armengol.

El Ayuntamiento responsabiliza a Delegación

El Ayuntamiento de Palma, gobernado también por el PP, ha negado haber puesto “trabas” a la organización de la manifestación, como han criticado los organizadores, y también ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno de cualquier incidente relacionado con la ubicación del final de la protesta.

'Menys Turisme, Més Vida' ha acusado a Cort, como se conoce al Ayuntamiento, de poner “numerosos impedimentos y trabas” a la celebración de esta protesta. En un comunicado, han explicado que después de que el Consistorio y la Delegación del Gobierno autorizaran la finalización de la manifestación en Ses Voltes, en el entorno de la Catedral de Palma, la Policía Nacional les comunicó dos días antes de la movilización que únicamente permitiría el acceso de 2.000 personas, “sin ofrecer ninguna alternativa”. Tras contactar de inmediato con el Ayuntamiento de Palma y ante su negativa a cambiar el espacio por falta de previsión, de acuerdo con su versión, se vieron obligados a mantener el final del recorrido en Ses Voltes.

Además de la “inacción de Cort”, explican que tampoco se habilitó el punto de electricidad solicitado al Consistorio para conectar el equipo de sonido, por lo que tuvieron que usar un generador propio. Finalmente, han criticado los “impedimentos” sufridos para celebrar actos en la vía pública. “Cambios de última hora sin alternativas, sin colaboración ni atención y negando escenarios y puntos de suministro eléctrico”, han lamentado.

Cargas policiales

La marcha, que ha congregado 25.000 personas según la Policía Nacional y 70.000 según los organizadores, ha avanzado de forma pacífica hasta el último punto del recorrido, la plaza de ses Voltes. Ha sido en este lugar en el que se han vivido los primeros momentos de tensión debido a que los agentes no permitían el paso a la gran mayoría de los manifestantes, a pesar de que el aforo del recinto era mucho mayor. Finalmente, se les ha permitido acceder entre gritos de celebración por parte de los asistentes.

Ha sido al término de la movilización cuando se han producido los episodios más convulsos de la jornada: la Policía ha comenzado a disparar pelotas de goma y a arremeter con las porras contra los manifestantes, quienes, tras ello, han vociferado “vergüenza me daría ser policía” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Según Europa Press, algunos de los participantes en la protesta han lanzado objetos contra el dispositivo policial y han sido recriminados por ello por otros integrantes de la marcha.

'Menys turisme, més vida' ha denunciado la “violencia desproporcionada” por parte de la Policía. Según su punto de vista, el dispositivo policial fue “sin precedentes y totalmente innecesario” y bloqueó los accesos a la zona de Ses Voltes, donde la organización contaba con autorización para celebrar el acto final.

Según añaden, la Policía alegó motivos de seguridad “pese a que el aforo del recinto no alcanzaba ni el 50% de su capacidad”. Además, la organización había comunicado que, en caso de llenarse el espacio, se ocuparían las rampas de acceso y las explanadas situadas sobre la muralla y bajo la Catedral, zonas a las que tampoco se permitió el acceso.

“La indignación de los asistentes fue en aumento al comprobar que el recinto de Ses Voltes estaba vacío mientras un cordón de la Policía Nacional impedía la entrada”, indican. Así, explican que las primeras cargas, de menor intensidad, se produjeron sobre la muralla cuando algunos manifestantes intentaron acceder a “unas Ses Voltes prácticamente vacías”. Posteriormente, la tensión se concentró en el paseo de acceso.

“Ante la negativa de la Policía a permitir el paso, se acordó leer el manifiesto en el lugar donde se encontraba concentrada la mayor parte de los asistentes. Mientras se realizaba esa lectura, un grupo de agentes llegó a la zona cargando sin motivo alguno contra las personas que escuchaban el manifiesto”, explican.

A partir de este momento, “se vivieron momentos de gran tensión” y, una vez concluida oficialmente la manifestación y tras celebrarse con dificultades los parlamentos y las actuaciones previstas, “la Policía inició las cargas más contundentes contra los manifestantes que permanecían en los alrededores”.

El Govern balear celebrará el próximo 27 de julio un acto de homenaje a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos efectuados sobre Palma el 24 de mayo de 1937. La asociación Memòria de Mallorca ha condicionado su asistencia al acto institucional a que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) renuncie públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, materializada el pasado 10 de marzo, se encuentra suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.

La entidad memorialista, que asegura haber recibido la primera invitación del Govern durante toda la legislatura para participar en un acto institucional, afirma que solo acudirá si, antes del próximo día 27, el Ejecutivo hace público su compromiso de mantener la vigencia de la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos y promueve que la Cámara autonómica vote revocar aquella decisión.

En un comunicado difundido este miércoles, Memòria de Mallorca expresa su “respeto, solidaridad y reconocimiento” hacia todas las víctimas civiles de los bombardeos y recuerda que fue la propia asociación la que propuso durante la anterior legislatura la elaboración de un estudio específico sobre estos ataques, incorporado finalmente al IV Plan de Fosas y Estudios de Memoria Democrática impulsado por el anterior Ejecutivo progresista.

La entidad considera, sin embargo, que resulta “profundamente contradictorio” que el mismo Govern que impulsó la derogación de la Ley de Memoria Democrática convoque ahora un acto institucional amparándose en unos principios que, a su juicio, emanan precisamente de esa norma. En este sentido, recuerda que la ley continúa vigente después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente su derogación al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.

Memòria de Mallorca también reprocha al Ejecutivo autonómico haber dejado al margen a la Comisión de Memoria Democrática -órgano del que forma parte como representante del movimiento memorialista- en la organización del acto. Según denuncia, la comisión no ha sido informada ni ha participado en los preparativos y únicamente ha sido convocada dos veces en más de tres años de legislatura, pese a ser el órgano previsto por la ley para coordinar las políticas públicas de memoria.

La asociación sostiene que otorgar legitimidad a una convocatoria institucional dedicada a las víctimas mientras se mantiene la voluntad política de eliminar la ley que garantiza sus derechos resulta “incoherente e inaceptable”. Por ello, ha remitido un escrito a la presidenta del Govern comunicándole que únicamente participará en el homenaje si el Ejecutivo rectifica su posición respecto a la normativa memorialista.

En el mismo comunicado, Memòria de Mallorca reitera su compromiso con “una memoria democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria de las víctimas”, e insiste en que los derechos de estas solo están plenamente garantizados cuando existe una ley que los protege, unas instituciones que la desarrollan y una voluntad política de cumplirla.

Una investigación del historiador Manuel Aguilera ha recuperado la identidad de, al menos, 86 víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca. Los bombardeos, dirigidos contra objetivos militares pero con graves consecuencias sobre barrios y zonas comerciales de Palma, dejaron decenas de muertos -entre ellos mujeres y menores- y permanecieron durante décadas en un segundo plano.

Meses antes de aquellos bombardeos, el 13 de septiembre de 1936, los ataques de la aviación fascista italiana establecida en Mallorca causaron muertos y heridos entre la población civil de Eivissa, además de importantes destrozos en el puerto y en distintos puntos de la ciudad. El 29 de mayo de 1937, una escuadra republicana bombardeó la isla pitiüsa en represalia por el ataque al crucero alemán Deutschland, provocando nuevas víctimas mortales entre los civiles. Menorca también sufrió, durante los últimos meses de la contienda, bombardeos aéreos y navales que afectaron igualmente a población inocente.

“Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos el centenar de víctimas civiles”, anunció Prohens el pasado mes de octubre. Tras ello, el 4 de febrero, el Parlament balear aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil.

La iniciativa, que salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

Derogación de la ley balear de memoria

Cabe recordar que, el pasado 10 de marzo, PP y Vox culminaron uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament supuso la eliminación de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936.

El archipiélago se sumó así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y a principios constitucionales como la seguridad jurídica.

El Govern ha condenado la “vandalización” de comercios en el marco de las protestas contra la saturación turística y ha pedido a quienes se manifiesten en Palma el próximo domingo 26 de julio que lo hagan de manera “pacífica”.

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada tanto por la protesta convocada por Menys Turisme, Més Vida como por la polémica suscitada a raíz de la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias.

“El Govern siempre defiende y seguirá defendiendo que todas las manifestaciones llevadas a cabo de manera normal, siguiendo las normas de convivencia y de manera pacífica son legales y legítimas”, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha expresado su “máximo respeto” por la protesta que recorrerá las calles de Palma, pero ha pedido que sea “pacífica” y que respete “el marco de convivencia y a todas las personas que están en las Islas”.

Pese a ser preguntada en diferentes ocasiones por la opinión del Govern sobre la detención de las dos activistas, quienes quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, Estarellas ha rehusado hacer valoraciones.

“No conocemos el detalle de la actuación”, ha dicho para justificar su negativa a valorar la proporcionalidad o no de la actuación policial. “Creemos que cualquier acción debe estar justificada, pero no conocemos los detalles”, ha insistido.

“Estas actuaciones son de la Guardia Civil y desde el Govern solo podemos expresar nuestro respeto. Máximo respeto, pero evidentemente el rechazo a cualquier acto violento, incitación a la violencia o vandalización de comercios”, ha señalado. “No se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”, ha añadido.