El Govern de Marga Prohens (PP) ha reivindicado la derogación de la ley balear de memoria y reconocimiento democráticos, aunque asegura acatará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional (TC) tras el anuncio del Gobierno central de recurrir la supresión de la norma, culminada el pasado mes de marzo por conservadores y Vox.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha manifestado este martes en el pleno del Parlament que el Ejecutivo autonómico defenderá la autonomía de la Cámara balear, aunque respetará el eventual pronunciamiento del alto tribunal. “Acataremos lo que diga la Justicia porque creemos en el poder judicial”, ha afirmado.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, anunció la semana pasada la interposición del recurso de inconstitucionalidad después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Ejecutivo balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

Durante el debate parlamentario de este martes, Estarellas ha reivindicado la actuación del Govern en materia memorialista a través de la ley de fosas, una normativa que permanece vigente y que ha permitido continuar con las tareas de localización e identificación de represaliados. Según ha detallado, durante esta legislatura se han abierto ocho fosas comunes y actualmente se trabaja en otras dos, con un balance de 24 cuerpos recuperados.

La consellera ha insistido en que el Govern todavía espera conocer el informe de la Abogacía del Estado sobre el recurso anunciado por Moncloa y ha defendido que la derogación de la ley de memoria fue una decisión adoptada de forma plenamente legítima por la mayoría parlamentaria. “Fue un acto democrático, no un asalto”, ha espetado.

Desde la oposición, la diputada socialista Pilar Costa ha dado por hecho que el Constitucional acabará suspendiendo cautelarmente la derogación, como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares impulsadas por gobiernos autonómicos de PP y Vox. En ese escenario, ha preguntado al Govern cómo piensa actuar cuando la norma vuelva temporalmente a estar vigente.

Costa también ha acusado al Ejecutivo balear de haber incumplido la ley de memoria cuando todavía estaba en vigor. A su juicio, el hecho de que Estarellas se remita exclusivamente a la ley de fosas evidencia que el Govern dejó de aplicar buena parte de las políticas públicas contempladas en la normativa derogada.

La ley balear de memoria, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. 

Su derogación ha seguido la senda de autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria democrática han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno ha recurrido la supresión de todas ellas mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura.

El Ejecutivo central considera que las normas de 'concordia' “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

Hasta cuatro de los 12 miembros del Govern de Marga Prohens (PP) no cumplen con la normativa de transparencia aprobada por su propio Ejecutivo –tras haber recortado la anterior– en el momento en que se publica esta noticia. La norma obliga a los cargos públicos del archipiélago balear a registrar las declaraciones de renta cada año, como se puede comprobar en el registro. Al menos así figura en la información que consta en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos.

Después de dos legislaturas con diferentes coaliciones progresistas encabezadas por Francina Armengol, el PP ganó las elecciones autonómicas de 2023. Prohens alcanzó el Consolat de Mar gracias a un acuerdo de gobernabilidad con Vox, que se mantiene fuera del Gobierno autonómico.  Este acuerdo trajo consigo la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Así, las Balears se convirtieron en la primera autonomía en eliminar un organismo anticorrupción –pese a todo, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la nueva ley promulgada por Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

Este cambio permite que solo se puedan consultar las declaraciones de la renta de 2023 y 2024 de un único miembro del Govern, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, como se puede comprobar en el registro. Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales.

Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, según aparece en el artículo 10.5.

La mitad de los consellers del Govern Prohens han registrado sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024, aunque en general no están disponibles. Por ejemplo, en el caso de la presidenta se puede consultar la de 2023, pero no la de 2024. La han registrado en ambos ejercicios, sin estar disponibles, los consellers Antònia Maria Estarellas (Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local), Jaume Bauzá (Turismo, Cultura y Deportes), José Luis Mateo (Vivienda, Territorio y Movilidad), Catalina Cabrer (Trabajo, Función Pública y Diálogo Social) y Juan Manuel Lafuente (Mar y Ciclo del Agua).

Qué consellers no cumplen

Antoni Costa (Economía, Hacienda e Innovación), Manuela García (Salud), Sandra Fernández (Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia) y Joan Simonet (Agricultura, Pesca y Medio Natural), no cumplen con la normativa aprobada por el Ejecutivo que los nombró consellers. El primero y el último solo registraron una de las declaraciones de la renta de los años 2023 y 2024. En el caso de Costa, la registró en 2024, pero no en 2023; en el de Simonet, en 2023, pero no en 2024. El resto no la depositó en ninguno de los dos años. Antoni Vera (Educación y Universidades) tampoco cumplía, pero ha subido sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024 después de haber sido consultado por este diario. “Ha sido un despiste personal. Ya están colgadas”, responden fuentes de su Conselleria.

Esta realidad incumple el artículo 4.4 de la Ley 2/2024, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Esta falta de transparencia contrasta con la situación que había en los años de las legislaturas anteriores (la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción entró en vigor en 2016), cuando las declaraciones estaban disponibles.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar también la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Una restricción “desproporcionada e injustificada”

Joaquín Meseguer, experto del Foro de Gobierno Abierto de España, explica a elDiario.es, sobre el “carácter reservado” de las declaraciones de bienes patrimoniales, que la normativa “establece una restricción desproporcionada e injustificada”. Lo razonable, en su opinión, sería “la publicación de estas declaraciones anonimizando aquellos datos que puedan afectar a categorías especiales de datos o pueda generar un riesgo para la seguridad personal o la integridad de su patrimonio”.

El experto explica que este es el procedimiento habitual en otras comunidades autónomas y que “no se conoce ningún caso en el que el acceso o la divulgación haya generado ningún perjuicio que debiera haberse evitado”. “Está claro que sobre quienes ejercen estas responsabilidades públicas debe existir un escrutinio social mayor que en cualquier otro caso”, detalla Meseguer.

Después de que PP y Vox aprobaran la nueva ley que sustituye la que regulaba la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, exdirector, explicó a este diario que veía con preocupación la deriva a la que se encamina Balears en materia de transparencia. Así, argumentaba que el organismo no solo se ocupaba de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.

“Todo esto se pierde”, lamentó Milán. Con la anterior norma, el registro de los bienes de los altos cargos era público y accesible a todo aquel que deseara consultarlo, al igual que la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears permite que el registro en el caso de los ayuntamientos también sea público. El portal de la Oficina contaba con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y con 9.300 declaraciones de IRPF que dejaron de estar disponibles con la nueva normativa. Milán argumentó que se trataba de un instrumento que permitía evitar incompatibilidades y conflictos de intereses. También que altos cargos pudieran contratar desde las administraciones públicas a una empresa en la que tuvieran acciones.

En una línea similar, Meseguer considera necesario poder acceder a las declaraciones de bienes patrimoniales de los cargos públicos, a través de los portales correspondientes, “preservando también esa esfera de intimidad y seguridad que la Constitución y las normas imponen”. El experto puntualiza que ambos derechos “tienen que ir de la mano y ese esfuerzo de conciliación, de engarce entre ambos, aunque complejo, es posible”. “El papel de los medios de comunicación como watchdog de la gestión pública es esencial para preservar nuestra democracia y solo es posible con un acceso razonable a la información pública”, añade.

Consultado sobre si la eliminación de la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción en Balears supuso un retroceso respecto al modelo anterior, o si se trataba de un órgano duplicado –cuyas funciones ya ejerce la Fiscalía Anticorrupción–, Meseguer responde que “claro que fue un retroceso y un verdadero varapalo para el control de las instituciones públicas”. “Ese mismo argumento se utilizó en México para la supresión del INAI, uno de los más importantes órganos garantes a nivel mundial de la transparencia y protección de datos, y ahora hay un bloqueo extraordinario del derecho de acceso a la información pública”, lamenta.

El experto matiza que es importante definir bien las competencias de estas instituciones, así como dotarlas de “medios adecuados” y establecer “canales de coordinación entre instituciones que coinciden parcialmente en su labor de control”. “Todas las instituciones tienen un coste de funcionamiento, no seamos ingenuos, pero lo que realmente nos sale caro es la corrupción”, afirma y añade que agencias autonómicas antifraude como la catalana o la andaluza “han demostrado sobradamente su eficiencia y razón de ser”.

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos, que ahora será enviada al Parlament para su correspondiente tramitación. El Govern balear, sin embargo, ha rechazado la propuesta del PSIB-PSOE de dar luz verde a la medida mediante decreto ley, una fórmula que permitiría acelerar la puesta en marcha de las restricciones ante la saturación de las carreteras de la isla. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha descartado esta posibilidad al considerar que supondría “un ataque” a la autonomía del Consell de Mallorca.

Durante el pleno extraordinario celebrado este viernes, el PP ha logrado sacar adelante su propuesta con el apoyo del PSIB, Més per Mallorca y El PI. Aunque estaba previsto que Vox fuera el único grupo que votara en contra de la norma, finalmente ha optado por la abstención al “reconocer el problema” del colapso circulatorio “pero no la receta del bipartidismo”.

Por su parte, Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, ha mostrado su rechazo al ofrecimiento de votos de los socialistas para sacar adelante la limitación por la vía del decreto ley. La diputada del PSIB, Amanda Fernández, defendió el pasado miércoles que este mecanismo facilitaría que la medida entrara en vigor esta temporada turística, aunque después tendría que ser convalidada por el Parlament. La formación sostiene que las carreteras están “colapsadas cada día” y que la medida “no puede esperar más”.

“Si quisieran, la limitación podría ponerse en marcha en las próximas semanas”, ha señalado, por su parte, la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, durante el pleno extraordinario que se está celebrando este viernes para aprobar la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos en la isla, que posteriormente será enviada a la Cámara autonómica para que continúe su tramitación ordinaria.

La iniciativa busca reducir la saturación de las carreteras mediante la fijación de límites a los coches procedentes del exterior, un techo para los vehículos de alquiler y la creación de una tasa con carácter disuasorio. Un estudio de capacidad de carga encargado por la institución concluyó que en 2023 llegaron a Mallorca unos 400.000 vehículos a través de los puertos, el doble que en 2017.

Mientras los socialistas defienden que el decreto ley evitaría una tramitación que podría prolongarse hasta la próxima legislatura, el PP alega que la limitación de vehículos debe aprobarse mediante una ley elaborada con el máximo consenso posible entre navieras, empresas de alquiler y sectores afectados, con el objetivo de blindarla jurídicamente y garantizar su continuidad.

En su intervención ante los medios, Costa ha esgrimido que la regulación corresponde al ámbito competencial de la institución insular y debe seguir el procedimiento impulsado por el Consell presidido por Llorenç Galmés (PP). Asimismo, ha acusado además al PSIB de actuar por intereses partidistas y ha calificado la propuesta como una “maniobra desesperada” por ser un gobierno del PP el que está impulsando esta regulación. Los grupos de izquierdas, por su parte, acusan a los conservadores de haber bloqueado iniciativas similares y de retrasar durante años una medida que ahora presenta como propia.

Los socialistas sostienen que la vía ordinaria elegida por el Consell retrasará durante meses la entrada en vigor de las restricciones. A su juicio, la futura ley deberá superar todavía varios trámites administrativos y parlamentarios antes de poder aplicarse, por lo que dudan de que llegue a estar operativa antes de que finalice la legislatura. Por ello, defienden que el Govern recurra a un decreto ley para acelerar la regulación y responder de forma inmediata a la creciente presión del tráfico en Mallorca.

El Parlament balear ha instado este martes al Govern de Marga Prohens (PP) a impedir que futuras reformas normativas permitan nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, si bien PP y Vox han rechazado extender esta prohibición a adosados, pareados y viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones.

La negativa de conservadores y extrema derecha ha impedido sacar adelante el punto más ambicioso de una iniciativa con la que el PSIB-PSOE pretendía blindar cualquier posibilidad de crecimiento de la oferta turística en tipologías residenciales que, según los socialistas, continúan funcionando en la práctica como conjuntos plurifamiliares.

Entidades como Terraferida llevan años alertando, además, de la expansión masiva de chalés y macrourbanizaciones en suelo rústico -muchos de ellos con piscina-, un proceso que, según los ecologistas, está transformando progresivamente la isla. Según el último inventario elaborado por la entidad, entre 2021 y 2024 se construyeron o ampliaron 846 viviendas de este tipo -cinco cada semana- sobre 546 hectáreas de suelo agrario y forestal. Terraferida alerta de que el fenómeno ya no responde al modelo tradicional de vivienda aislada, sino a grandes chalés de lujo con piscinas y jardines, muchos de ellos vinculados al alquiler turístico.

La propuesta partía de una crítica directa a las sucesivas excepciones introducidas por el Ejecutivo de Prohens a su compromiso de no permitir “ni una plaza turística más” en viviendas residenciales. Mientras la prohibición afecta a los edificios plurifamiliares -los tradicionales bloques de pisos-, PP y Vox han mantenido fuera del veto a los adosados, pareados y determinadas viviendas unifamiliares situadas en parcelas con otras edificaciones.

La izquierda sostiene que estas tipologías, aunque jurídicamente no sean consideradas plurifamiliares, cumplen en muchos casos una función residencial similar y podrían seguir incorporándose al mercado turístico, manteniendo abierta una vía para la creación de nuevas plazas en plena crisis de acceso a la vivienda.

En concreto, el Govern del PP dejó fuera de la prohibición de nuevas plazas turísticas a adosados y pareados a través del decreto turístico aprobado en abril de 2025. No solo eso. Con el apoyo de Vox, los populares ampliaron de forma encubierta esa vía al incluir, a través de su ley ómnibus, a las viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones. Una excepción que, para los socialistas, no es menor, dado que podría afectar a alrededor de 12.000 inmuebles en Balears.

Las novedades introducidas recientemente por los dos socios de investidura reservan además un 25% de las plazas de la bolsa temporal turística para alojamientos que se implanten en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o catalogados, tanto en suelo urbano como rústico. El porcentaje incluso podrá ampliarse o reducirse mediante una simple resolución del conseller insular de Turismo.

Los socialistas sostienen que estas modificaciones contradicen el discurso oficial de contención turística y pueden acabar trasladando más viviendas desde el mercado residencial hacia usos turísticos en un momento de máxima tensión habitacional. En la exposición de motivos de la iniciativa debatida este martes alertan de que cada vivienda que abandona el mercado residencial para convertirse en alojamiento turístico reduce las posibilidades de emancipación de los jóvenes, dificulta la contratación de trabajadores esenciales y agrava los problemas de acceso a la vivienda en un territorio sometido a una fuerte presión turística y urbanística.

La Cámara sí ha aprobado reclamar al Govern que garantice que ninguna modificación normativa permita nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, priorice el derecho a la vivienda frente al alquiler vacacional y refuerce la inspección y el control de la oferta turística ilegal.

Cultura sostenible

La comisión parlamentaria también ha dado luz verde a una amplia batería de medidas para impulsar una estrategia de cultura sostenible en Balears, una iniciativa defendida por la diputada socialista Malena Riudavets que ha contado con un amplio respaldo parlamentario. Vox, sin embargo, se ha quedado prácticamente solo en su oposición a buena parte de las propuestas, incluidas las dirigidas a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural de las islas en las políticas públicas.

La proposición no de ley insta al Govern a elaborar una estrategia balear de cultura sostenible con participación de consells, ayuntamientos, agentes culturales y profesionales del sector. La iniciativa también reclama incorporar criterios de sostenibilidad social, ambiental, territorial y de gobernanza en convocatorias públicas, programas y equipamientos culturales dependientes de la comunidad autónoma.

Entre las medidas aprobadas figuran además la elaboración de un mapa de equipamientos y proyectos culturales para mejorar la coordinación entre islas, la puesta en marcha de programas de apoyo a la movilidad interinsular de artistas y creadores, el impulso de redes estables de colaboración entre teatros, auditorios y centros culturales y la adopción de medidas para garantizar la accesibilidad universal y la inclusión cultural.

La Cámara autonómica también ha respaldado promover líneas de apoyo a la profesionalización y estabilización del sector cultural mediante el fomento de condiciones laborales dignas y la sostenibilidad de los proyectos culturales. Este punto ha salido adelante pese al voto en contra de Vox.

Uno de los aspectos que ha evidenciado mayores diferencias ha sido el relativo a la lengua catalana. El Parlament ha aprobado instar al Govern a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural material e inmaterial de Balears dentro de las políticas públicas culturales. La propuesta ha recibido doce votos favorables y el único rechazo de Vox, que ha vuelto a desmarcarse del consenso del resto de formaciones.

La extrema derecha también ha votado en contra de la elaboración de una estrategia cultural sostenible, de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la acción cultural pública, del mapa cultural balear y de las medidas destinadas a la profesionalización del sector, mientras ha optado por la abstención en cuestiones como la movilidad interinsular de artistas, la creación de redes de colaboración entre equipamientos culturales o las políticas de accesibilidad e inclusión.

El único punto de la iniciativa que no ha prosperado ha sido el que planteaba crear mecanismos de evaluación e indicadores de impacto cultural, social y territorial para medir los resultados de las políticas impulsadas por el Govern. La propuesta ha sido rechazada por los votos del PP y del diputado no adscrito Llorenç Córdoba, mientras que PSIB y Més per Mallorca han votado a favor y Vox se ha abstenido.

La comisión ha aprobado finalmente impulsar acciones de formación y sensibilización en materia de cultura sostenible dirigidas tanto a las administraciones públicas como a los profesionales y agentes culturales de las islas, una medida que ha vuelto a contar con la oposición de los de Santiago Abascal.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha salido en defensa de una de las medidas introducidas en su recién aprobada ley ómnibus: la que permitirá a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo ha insistido en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible y ha aprovechado para arremeter contra la 'okupación' a pesar de representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda: “No todos los que ocupan una vivienda están en situación de vulnerabilidad”, ha espetado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Durante el pleno de este martes, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar los problemas estructurales del mercado residencial balear: “En lugar de proteger a las familias, empeoran los problemas que ya tenemos de concentración de propiedades en pocas manos, especulación, fondos buitre y empresas que, con su reforma, podrán competir con las personas en el acceso a la vivienda”, ha reprochado durante una pregunta parlamentaria dirigida al conseller.

Rosa ha cuestionado especialmente que el Govern considere una mejora del acceso a la vivienda permitir que sociedades mercantiles puedan adquirir viviendas de precio tasado. En este sentido, ha recriminado al PP que haya asumido una lógica que ya ha provocado problemas en otros territorios. “Esperaría que diera la cara por las medidas que ha tomado, que dijera claramente que está de acuerdo con los fondos buitre y que le da igual que dentro de quince años empiecen los desahucios, que es lo que ha pasado en Madrid”, ha afirmado. “Son unos cínicos, se llenan la boca hablando de vivienda asequible para la 'gente de aquí' mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre”, ha aseverado.

A su juicio, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones. “Como si la solución para llegar a fin de mes fuera esperar a que se muera un familiar para poder pagar la luz o hacer la compra”, ha ironizado.

Mateo ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la modificación responde a la propia configuración jurídica de la vivienda de precio tasado. Según ha explicado, esta figura ya contemplaba el alquiler y el alquiler con opción a compra desde que fue regulada por el anterior Pacte. La novedad incorporada mediante una enmienda permite que la gestión de promociones completas pueda ser asumida por promotores o personas jurídicas que posteriormente alquilen las viviendas a quienes cumplan los requisitos establecidos. “Lo que conseguimos es que los ciudadanos puedan acceder a precios por debajo del mercado”, ha argumentado el conseller.

El debate se ha producido apenas unos días después de que PP y Vox aprobaran una ley ómnibus que, además de introducir cambios en materia de vivienda, endurece el acceso a determinadas ayudas sociales, flexibiliza el requisito de catalán en la función pública, reserva plazas de policía local para militares y crea una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal. Precisamente sobre esta cuestión, Mateo ha vuelto a alinearse con Vox al sostener que “no todas las personas que ocupan una vivienda de forma ilegal están en situación de vulnerabilidad”.

Durante una pregunta formulada por la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller defendió que tanto la ocupación como la denominada “inquiokupación” constituyen “un problema real” que contribuye a las dificultades de acceso a la vivienda. Mateo reivindicó la creación de una oficina antiokupación y aseguró que la legislación estatal deja a los propietarios “en clara indefensión”. Tras ser presionado por Vox, respondió de forma explícita que no todos los ocupantes ilegales se encuentran en situación de vulnerabilidad y reclamó cambios legislativos para reforzar la protección de la propiedad privada.

Hace dos años, PP y Vox convirtieron las Balears en la primera autonomía en eliminar un organismo público anticorrupción –únicamente Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la ley promulgada por Marga Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales. Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, como figura en el artículo 10.5.

En el caso de Triguero, presentó la declaración de bienes patrimoniales el 17 de junio de 2023, cuando tomó posesión como alcalde, como se puede comprobar en el registro. La última actualización sobre su patrimonio data del 12 de agosto de 2025, cuando publicó la declaración de la renta del ejercicio de 2024. En el portal de transparencia municipal, las declaraciones de la renta están mayoritariamente actualizadas al año 2022, según aparece en la web. Es decir, cuando el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) era todavía alcalde de Eivissa. En el caso de las declaraciones patrimoniales, están actualizadas al momento en que los concejales tomaron posesión o cesaron de su cargo, como se puede comprobar.

Por otro lado, si se buscan las declaraciones de la renta de otros cargos públicos –algunos de ellos muy importantes–, se puede comprobar que se han presentado, pero ya no son accesibles a través del nuevo Registro de Transparencia. Y no lo son porque la nueva norma indica claramente que tienen “carácter reservado”, a diferencia de la anterior.

En cualquier caso, la declaración de bienes patrimoniales de Rafael Triguero no está actualizada, pues en ella no figuran sus últimas operaciones inmobiliarias. Tras las consultas de este diario, el Ajuntament d’Eivissa responde que las declaraciones de bienes patrimoniales no quedan depositadas únicamente en el registro del Parlament, sino que “cada institución puede acordar publicarlo también en sus propios portales de transparencia”. Por ello, señalan que las declaraciones patrimoniales del alcalde y de los concejales del Gobierno municipal están publicadas. En este sentido, el Ajuntament no considera que haya habido un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto al modelo anterior.

Operación inmobiliaria

El alcalde de Eivissa está en el punto de mira por haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL), como informó elDiario.es. La estrategia habría consistido en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Ejecutivo autonómico para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que accedió este diario. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.

Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, aseguró Triguero. Tanto el Ajuntament d’Eivissa como la Conselleria de Vivienda del Govern defienden que no aprecian irregularidades hasta el momento en el modo en que Triguero ha reconvertido un local comercial en vivienda de precio limitado.

Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura firmada el 4 de junio de 2025. El inmueble, de casi 100 metros cuadrados, dispone además de una terraza descubierta de 45 metros cuadrados y otra con jardín de 76. Para adquirirlo solicitaron una hipoteca de 208.000 euros con vencimiento el 4 de junio de 2045. En caso de ejecución hipotecaria, el valor fijado para una eventual subasta asciende a 366.814 euros.

El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cedió el 50% del local a sus dos hijos menores mediante un pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Cada uno recibió el 25% de la propiedad. Meses después, el 19 de marzo de 2026, Triguero y sus hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda, según la documentación a la que accedió este diario. Pese a la cesión, Triguero mantiene el control sobre el inmueble. El pacto sucesorio le reserva “la facultad de disponer” y el derecho exclusivo de gestión hasta que sus hijos cumplan 35 años. Los menores no pueden vender, hipotecar, alquilar, donar ni dejar en herencia su parte de la propiedad.

El alcalde también es propietario de otro piso de 70 metros cuadrados en Eivissa, adquirido en 2012. El mismo día en que cedió parte del local-vivienda a sus hijos, realizó la misma operación con este inmueble, entregando el 25% a cada uno de ellos y reservándose las mismas facultades de control. Por su parte, la pareja de Triguero es propietaria al 100% de otra vivienda situada en el mismo bloque donde ambos compraron la oficina posteriormente convertida en vivienda. Se trata de un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12.

El local-oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026, según denunció el PSOE ante el IBAVI, dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas.

Qué dice la ley

La ley autonómica 3/2024 indica que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.

El local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. El 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde tiene el control total de ambos pisos.

Cuando se le pregunta al Ayuntamiento si, a raíz de las informaciones recientes sobre el alcalde, el nuevo marco normativo puede generar una percepción de menor control o sobre posibles conflictos de interés o situaciones patrimoniales de relevancia pública, responde que “el alcalde no es beneficiario de ninguna vivienda VPL”. “Es propietario, y de hecho aún no es ni una vivienda VPL porque aún está en proceso de registrarse y constituirse como tal, dentro de plazo”. “Beneficiario sería si viviera en ella” aseguran las fuentes y añaden que “no es el caso”.

Los argumentos que da el Ejecutivo local es que Triguero no es beneficiario de una VPL. “Él compró un local, y lo está transformando en vivienda”, afirman. Las fuentes consultadas añaden que el alcalde ya ha anunciado que, cuando se complete el procedimiento, la vivienda pasará al mercado de alquiler a precio limitado. “Es decir, técnicamente ha creado una vivienda nueva a partir de un local”, puntualizan. “Y esa vivienda estará en alquiler a un precio limitado por ley y para siempre”. “Lo que ha hecho realmente es aumentar la vivienda disponible a precio razonable en el municipio”, señalan. En conclusión, el Ayuntamiento cree que la actual legislación, con la que están cumpliendo, es suficiente para garantizar la transparencia y el control sobre el patrimonio de los cargos públicos.

Este diario también se ha puesto en contacto con fuentes del Govern, a quienes se ha consultado si el modelo actual supone un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, y qué mecanismos consideran actualmente suficientes para garantizar la transparencia y el control público sobre el patrimonio, una vez eliminada la Oficina Anticorrupción. Estas fuentes manifiestan que, desde el primer día, se han preguntado si la Oficina Anticorrupción “se dedicaba realmente a luchar contra la corrupción”.

“No vio nada en el caso del exalcalde de Sant Josep, que fue detenido por causas urbanísticas, por ejemplo”, señalan. Señalan, además, que la Oficina archivó “todas las causas que tenían que ver con el anterior Govern (progresista) de forma sistemática” y que este organismo público se utilizó “para atacar exclusivamente a miembros de lo que entonces era el principal partido de la oposición”, es decir, del Partido Popular. Del mismo modo, recuerdan que 13 de las 17 comunidades autónomas no tienen oficinas anticorrupción y que existe toda una legislación en materia de transparencia que “evidentemente cumplimos, además de la existencia del propio portal de transparencia”.

“Este Govern confía en la Fiscalía, la Intervención General y la Sindicatura de Comptes como organismos independientes y mecanismos de control para los ciudadanos y para las administraciones de las Illes Balears”, señalan las mismas fuentes.

La tensión crece en los servicios informativos de IB3. El comité de empresa de la televisión pública balear ha expresado en un comunicado su “preocupación” por varias decisiones adoptadas recientemente por la Dirección de informativos que, según consideran, afectan “directamente a la calidad, el rigor y la credibilidad del ente público”. La plantilla denuncia, entre otras cuestiones, presiones para no cubrir este fin de semana una manifestación antifascista celebrada en Palma y a la que asistieron 200 manifestantes y una amplia cobertura informativa de las corridas de toros por decisión editorial. 

Los trabajadores reclaman la creación de un Consell de Informatius independiente que garantice el respeto al código deontológico profesional y un buen funcionamiento del servicio público. Lo han hecho a través de una carta que el comité ha hecho pública en redes sociales y después de crear una Comisión de informativos para dialogar con la empresa, que “no ha querido formar parte” de la comisión, asegura Mercè Valero, vicepresidenta del comité. elDiario.es todavía no ha recibido respuesta por parte de IB3.

En el documento, la plantilla denuncia la “estocada” que están sufriendo los criterios periodísticos bajo la actual dirección, que ejerce desde febrero de 2025 Josep Codony. “Nos preguntan -desde la dirección de televisión, cuyo máximo cargo ocupa Juan Mestre- por qué reclamamos ahora y no en los 21 años que lleva funcionando IB3 un Consell de Informatius. La respuesta es que era, hasta ahora, prácticamente un suicidio profesional: estábamos subcontratados y nos jugábamos el puesto”, explica Valero.

Codony, que no es periodista pero sí exafiliado del Partido Popular (PP), fue nombrado director general de IB3 tras la dimisión del independiente Albert Salas y gracias a un acuerdo entre PP y Vox en el Parlament. No era la primera vez que dirigía la radiotelevisión pública balear, sino que ya ocupó el cargo durante el Govern de José Ramón Bauzà (2011-2015), antes de ser sustituido por Andreu Manresa. La Dirección de Informativos, por su parte, recae desde mayo de 2024 en Silvia Pol, designada por Salas.

Fue durante la etapa de Salas cuando se cerró un acuerdo en diciembre de 2024 con el comité de empresa para integrar a más de 300 trabajadores, que no aceptaron luego ni Presupuestos ni Función Pública. Los trabajadores se quedaron así -con el cambio de dirección- sin la regularización necesaria para que sus condiciones se equiparen al resto de empresas del sector público instrumental, detalla por su parte la directora del comité, Laura Fernández. “Hemos tenido que reanudar las negociaciones como si no hubiéramos conseguido nada en estos últimos tres años”, lamenta.

El retorno de las crónicas taurinas

Una de las preocupaciones que el comité ha manifestado en el comunicado público es el rumbo que ha tomado el ente público en cuestión de contenidos. Lamenta, en ese sentido, que en las emisiones se haya vuelto a dar cabida a las crónicas taurinas. La cobertura se ha retomado después de que la primavera pasada, la tauromaquia resucitara en Balears. 

El primer Govern Armengol (PSIB, Més per Mallorca, Podem), en julio de 2017, aprobó la 'Ley de Toros a la balear': sin rejones, banderillas ni estocada final, pero el Gobierno de Mariano Rajoy llevó el asunto al Constitucional y, más tarde, PP y Vox terminaron de tumbar los cambios progresistas que había hecho Armengol. Lo hicieron permitiendo que los menores (acompañados de un tutor legal) pudieran entrar de nuevo a las plazas. 

Se trató de una de las múltiples medidas que la extrema derecha logró incluir en el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP a principios de legislatura como canje para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. “Creemos que hay muchos argumentos para plantearse seriamente si es necesario ofrecer este tipo de información que, además, crea gran rechazo y controversia social”, sostienen desde el comité. 

La plantilla de IB3 ha considerado, además, “desafortunada” la decisión de reducir a la “mínima expresión” las protestas y movilizaciones frente a las plazas por parte de entidades antitaurinas. La última, hace apenas una semana frente a la plaza de toros de Inca, el primer municipio donde hace un año se volvió a celebrar la primera corrida de toros ‘a la antigua’ tras los cambios realizados por PP y Vox.

Por otro lado, el comité ha denunciado presiones, el pasado 24 de mayo, para que los servicios de informativos del fin de semana no diesen cobertura a una manifestación antifascista en Palma en la que participaron 200 personas y que finalmente sí se emitió porque el redactor que hizo cargo insistió en hacerse cargo. Sí se dio cobertura, por el contrario, a un acto organizado por el grupo ultraderechista Núcleo Nacional al que asistieron apenas 20 personas. 

La reivindicación de un Consell de Informatius

“Los trabajadores de informativos hace tiempo que reclamamos la creación de un Consell para poder aportar nuestro criterio profesional y hacernos oír”, recuerdan los informadores en el comunicado publicado en X. Representantes del comité han explicado a elDiario.es que, mientras en el Parlament no se acuerde la modificación de la Ley de IB3 para crear este órgano, han propuesto crear una comisión paritaria entre el comité de Empresa -ahora mismo, el único órgano representativo de los empleados de la radiotelevisión pública- y la Directiva de IB3. “Pero, una vez y otra, nos hemos encontrado con negativas”, lamentan. 

Los sindicalistas han recordado las dos décadas de experiencia que tienen la mayoría de informadores del ente a sus espaldas y han lamentado que no puedan, siquiera, disponer de un espacio de diálogo para abordar cuestiones que les “preocupan” desde su “opinión, criterio, experiencia y conocimiento”. 

Por otra parte, los trabajadores han valorado negativamente la creación de un nuevo cargo de subdirector de informativos, para el que no se requiere ni titulación periodística ni conocimientos de catalán (lengua en que se producen los contenidos de la cadena), y que ha supuesto la desaparición de una plaza de personal laboral. “Consideramos que hay muchos departamentos con carencias importantes para los que no hay tanta prisa por poner solución”, añaden desde la plantilla.

Mientras estos cambios se producen, los empleados continúan a la espera de que arranque la nueva negociación del convenio y de la Relación de Puestos Laborales (RTL, por sus siglas en catalán), donde se fijan las plazas de trabajo existentes y las retribuciones correspondientes. De momento, solo existe RTL de los periodistas que llevan en IB3 desde 2005 -cuando empezó a funcionar el ente público- y quedan por incorporar todos aquellos internalizados hace tres años.

El polémico nombramiento de Codony

El nombramiento de Codony, que se consideró una decisión “con tintes ideológicos” en un momento político clave, desencadenó varias dimisiones en IB3: la de la directora de Comunicación Corporativa, Marketing y Medios Digitales, Marisa Candia; la de la directora del área de Televisión, Mar Comín, y, por último, la de la gerente, Vanessa Cursach. 

La designación también provocó que la temporada pasada la cadena pública se convirtiera en un campo de batalla para el PP por los atrasos en mejoras laborales tras más de veinte años de protestas. El comité de empresa ya se plantó en mayo del año pasado para reclamar igualdad de condiciones -salariales y horarias- para los 320 de los 430 profesionales que sacaban en ese momento adelante el contenido producido por la radiotelevisión directamente (sin contratar a productoras externas). Ahora mismo, la plantilla cuenta con cinco empresas para alimentar la parrilla, cuatro de ellas subcontratadas y la quinta es la propia IB3. Entre las acciones para hacer presión al Ejecutivo autonómico se convocó una huelga y varias concentraciones frente a la sede del Govern, en el Consolat del Mar.

En junio, un mes después, las conversaciones entre los trabajadores y el Govern habían caído en saco roto y seguía sin haber una hoja de ruta clara para que la plantilla de la radiotelevisión pública balear avanzara hacia las garantías que exige para seguir trabajando. Entre los cinco puntos que exigían en la negociación estaban -y siguen estando- la integración en una sola plantilla y mejoras laborales como la armonización de los horarios y la retroactividad salarial. 

Ahora se ha vuelto a abrir la Mesa para dialogar de nuevo sobre estos puntos, aunque la dirección general, valoran desde el comité, no “está por la labor”. “Aún así, lucharemos y trabajaremos para que los informativos del ente público y la razón de ser de nuestra radiotelevisión pública no pierda el rigor y el prestigio que se merece la ciudadanía”, han aclamado.

Lo que comenzó hace apenas medio año como un decreto para acelerar proyectos estratégicos ha terminado convertido en una de las leyes más controvertidas de la actual legislatura en Balears. Con los votos de PP y Vox, el Parlament ha aprobado finalmente la norma impulsada por el Govern de Marga Prohens (PP) tras una tramitación exprés marcada por la incorporación de centenares de enmiendas que nada tienen que ver con el espíritu inicial del texto y que modifican de forma encubierta cerca de 70 leyes autonómicas.

No en vano, las negociaciones llevadas a cabo estos meses por conservadores y extrema derecha han multiplicado por cinco el texto original de la norma, convirtiéndolo en una macroley en la que han sido introducidas cuestiones tan alejadas de su esencia como la reserva de plazas de policía local a militares de tropa y marinería, la agilización de licencias urbanísticas y la externalización de sus controles, el endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas sociales, la flexibilización de los requisitos de la lengua catalana en el ámbito público, la creación de una oficina antiokupación -una de las grandes banderas discursivas de los de Santiago Abascal- y la recuperación del tiro al pichón y a la codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

El texto no modifica solo una o dos normas sectoriales, sino que acaba tocando numerosas disposiciones distintas de leyes, decretos, órdenes y reglamentos. La complejidad y el volumen alcanzado por la macroley, con la incorporación de transacciones acompañadas de latinismos como “sexies”, “quinquies” o “novoquadragies”, ha provocado incluso momentos de desconcierto durante la votación y ha obligado a suspender momentáneamente el pleno para aclarar cuál era exactamente el redactado que se estaba votando. Los diputados de PP y Vox han dado luz verde al texto definitivo cuando pasaban las 17.00 horas.

La polémica, sin embargo, no solo la suscita el contenido de las enmiendas, sino también la maniobra utilizada para incorporarlas. La oposición de izquierdas denuncia la utilización de leyes tipo ómnibus para introducir reformas estructurales “por la puerta de atrás”, evitando el debate y los informes específicos que requerirían cada una de ellas por separado y anulando la posibilidad de presentar enmiendas independientes por parte de los demás grupos. La fórmula permite, de este modo, modificar simultáneamente decenas de leyes bajo un único paraguas legislativo, reduciendo drásticamente los tiempos parlamentarios.

Durante el debate de la ley, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, en línea de los demás grupos, ha denunciado que el texto ha dejado de ser una norma para agilizar proyectos estratégicos para convertirse en un “auténtico cajón de sastre” utilizado para introducir reformas ideológicas sin debate específico, lo que, ha aseverado, sienta “un precedente muy peligroso”. El dirigente ecosoberanista ha acusado al Govern de Prohens de asumir progresivamente la agenda ideológica de Vox y convertir una ley de simplificación administrativa en una herramienta para impulsar cambios estructurales “sin debate público real”. “Las líneas rojas se han transformado en líneas rojigualdas de inspiración franquista”, ha espetado en alusión a los supuestos límites que los conservadores han asegurado en numerosas ocasiones haber impuesto a sus socios de investidura.

El portavoz de Més ha puesto el foco, además, en varias de las medidas incluidas en la norma que, ha advertido, favorecerán la entrada de grandes capitales inmobiliarios y fondos de inversión extranjeros en Balears en un momento de máxima tensión residencial al reducir controles y plazos administrativos, permitir excepciones a licencias municipales y crear mecanismos específicos para acelerar inversiones privadas. Asimismo, la macroley abre las puertas a que personas jurídicas -empresas, sociedades o fondos de inversión- puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al mercado del alquiler. La oposición alerta de que el nuevo marco allana el camino para que actores privados puedan llevar a cabo operaciones inmobiliarias y turísticas de gran escala en un territorio ya fuertemente tensionado por la turistificación, la presión urbanística y la compra de vivienda por parte de capital extranjero. “Será una autopista para la inversión especulativa”, ha incidido Apesteguia.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a PP y a Vox de haber “pervertido el procedimiento legislativo” y ha recriminado al vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa -encargado de defender la iniciativa legislativa-, que haya sacado pecho del “diálogo”. “Eso probablemente lo hacen en su despacho”, le ha espetado.

Con la aprobación de esta norma 'contenedor', el Govern de Prohens sigue la senda del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que también ha utilizado varias leyes ómnibus para modificar o derogar decenas de normas con incidencia en el urbanismo, la ordenación del territorio, el medioambiente y la agricultura.

Estas son las principales medidas aprobadas a través de la ley de proyectos estratégicos en Balears.

Restricción de ayudas sociales

La norma incorpora criterios más restrictivos a la hora de acceder a la red de protección social de la comunidad, una modificación que, en palabras de Vox, busca frenar el “efecto llamada”, elemento amplia y reiteradamente cuestionado por distintos estudios y especialistas en migraciones. Entre otros requisitos, el Govern exigirá un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), además de obligar a los solicitantes a haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cualquier otra prestación o subsidio al que pudieran tener derecho.

El nuevo redactado también endurece las obligaciones vinculadas a la inserción laboral: el Govern reclamará que las personas en edad laboral de la unidad familiar estén inscritas como demandantes de empleo y no hayan rechazado ofertas de trabajo ni abandonado voluntariamente un empleo durante los tres meses anteriores a la solicitud. La ley amplía además el régimen sancionador de estas ayudas, incluyendo periodos de prohibición de acceso de hasta 18 meses para toda la unidad de convivencia en casos considerados muy graves.

El giro restrictivo en el acceso a las ayudas sociales encaja con una estrategia política más amplia impulsada por Vox en distintos territorios bajo el concepto de “prioridad nacional”, consistente en limitar prestaciones públicas a la población migrante. En Balears, el PP evita asumir explícitamente ese marco discursivo y, en lugar de establecer diferencias directas entre ciudadanos españoles y extranjeros, articula las nuevas restricciones a través de requisitos administrativos y de residencia prolongada que, en la práctica, endurecen especialmente el acceso de la población más vulnerable a la principal red de protección social de la comunidad.

Entre las nuevas medidas figura también la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, que replica el modelo impulsado previamente por conservadores y extrema derecha en el Ayuntamiento de Palma. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiokupación dentro de la política autonómica, a pesar de que sindicatos de vivienda y entidades sociales llevan tiempo denunciando que la okupación representa una parte mínima del problema habitacional a nivel estatal y en Balears en particular.

Este apartado ha sido especialmente criticado por la izquierda. “Ustedes, PP y Vox, son un peligro para los derechos humanos”, ha espetado el diputado socialista Llorenç Pou. En esta misma línea, su compañera de bancada, Amanda Fernández, ha acusado a ambos socios de dejar “a los más desfavorecidos y vulnerables sin las necesidades más básicas cubiertas”. “Ustedes quieren economía sumergida pero sin derechos”, ha reprochado, denunciando que, en paralelo, los populares intenten bloquear la regularización de personas migrantes y alimenten un clima político basado “en el racismo y el odio”.

Agilización de licencias y externalización de controles

La Ley también profundiza en la filosofía de “desregulación” y simplificación administrativa que PP y Vox han defendido durante toda la negociación. En esta materia, las medidas incorporadas pretenden apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El nuevo texto permite eximir de licencias municipales determinadas obras públicas declaradas de especial interés estratégico y facilita que infraestructuras autonómicas o insulares se tramiten con procedimientos excepcionales y preferentes. No solo eso: la declaración de proyecto estratégico lleva implícita la autorización para contratar, firmar convenios e iniciar expedientes de gasto sin trámites adicionales del Consell de Govern. El nuevo marco crea incluso una Comisión y una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos encargadas de captar inversiones privadas y acompañar a empresas durante las tramitaciones administrativas.

Las enmiendas, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Ofensiva contra el catalán

Respecto a la lengua propia de Balears, el texto incorpora excepciones al requisito de catalán tanto para determinados puestos laborales de la Administración como para los nuevos directores de proyectos estratégicos, para quienes no será exigible acreditar conocimientos del idioma, algo que Vox llevaba tiempo reclamando bajo el discurso de acabar con la “imposición lingüística”: “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, expresó en su momento la portavoz parlamentaria de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas.

El PP y los de Santiago Abascal también eliminan la obligatoriedad de acreditar conocimientos del catalán a los trabajadores de los niveles 7 y 8 del personal laboral de la comunidad autónoma, vinculados sobre todo a tareas auxiliares, subalternas, de mantenimiento o servicios básicos. En este sentido, el diputado de Unides Podem José María García ha acusado al Govern “romper el consenso” alcanzado hace cuatro décadas con la Ley de Normalización Lingüística para alinearse con la extrema derecha. “Ustedes cambian cromos y se defienden como pueden cuando se les acusa de ir contra la lengua propia de Balears”, ha reprochado a los populares.

En línea de los demás grupos de izquierdas, ha recriminado que las modificaciones introducidas representan “un ataque directo” a la normalización lingüística. “El catalán sí está en recesión”, ha alertado el parlamentario de la formación morada, que ha defendido que la escuela debe compensar la posición de desventaja social de la lengua propia frente al castellano.

Militares en la policía local y pistolas táser

También han introducido un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales. A iniciativa de los de Abascal será modificada la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio -una medida que ya ha celebrado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)-, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial.

En paralelo, la macroley introduce cambios fiscales de enorme alcance. Entre ellos figura una bonificación del 100% en determinadas escrituras notariales para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes menores de 30 años o personas con discapacidad, siempre que cumplan requisitos económicos y de residencia previa en Balears. También se modifican normativas de comercio, turismo, residuos, actividades económicas y contratación pública, además de facilitar nuevas fórmulas para la cesión de suelo público entre administraciones y ampliar competencias de la Agencia Tributaria balear.

El PP: “Un texto más sólido y ambicioso”

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado, durante la defensa de la iniciativa legislativa, que, en contra del criterio de la oposición, aquélla no traspasa ninguna de las “líneas rojas” marcadas por el Govern. Según ha señalado, las nuevas medidas ayudarán a “cambiar la manera en la que la administración responde a las empresas y los ciudadanos” e impulsar la diversificación de la economía de Balears. El también vicepresidente primero ha defendido que las enmiendas introducidas “mejoran el texto” y permiten “dar cumplimiento” al acuerdo presupuestario firmado entre el PP y Vox hace ahora un año.

“El acuerdo presupuestario queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando ley a ley e iniciativa a iniciativa”, ha subrayado.

En esta línea, el diputado del PP Jorge López ha apuntado que la tramitación de la norma demuestra que “cuando existe voluntad política los acuerdos son posibles” y ha reivindicado el texto como una herramienta para “modernizar la Administración”, reducir burocracia y facilitar inversiones y proyectos empresariales en Balears. El parlamentario popular ha aseverado que el resultado final es “un texto más sólido, más ambicioso y más útil para los ciudadanos”. Según ha alegado, la ley combina “agilización administrativa con seguridad jurídica” y permitirá impulsar vivienda para residentes, medidas fiscales para jóvenes y familias y nuevas herramientas contra la oferta turística ilegal.

Frente a las críticas de la oposición por la utilización masiva de enmiendas inconexas, López ha apelado a la legitimidad democrática de la tramitación al contar con una mayoría parlamentaria. López ha aprovechado el debate para cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, que ha calificado de “improvisación” y “caos”. “Cuando veo que ustedes manipulan y mueven las reglas según les interesa es cuando uno pierde la credibilidad”, ha reprochado.

Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negado este martes ante la jueza las imputaciones de presunto amaño que pesan sobre él en relación a la contratación del chófer oficial de la líder autonómica y ha defendido que el procedimiento se desarrolló con “legalidad” y “transparencia”.

Pasadas las 9.15 horas, el número dos de Prohens hacía acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar como investigado por el presunto trato de favor a un familiar suyo -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia.

En su comparecencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, Jurado, quien únicamente ha respondido a preguntas de su letrado, Jaime Campaner, ha rechazado los hechos descritos en la querella interpuesta por un veterano chófer y funcionario de carrera y ha defendido que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern. De acuerdo con su versión, el sistema previsto legalmente para cubrir la plaza era el de libre designación, dado que se trataba de un puesto de confianza vinculado directamente a Presidencia.

El investigado ha asegurado que la convocatoria se publicó inicialmente “por error” como un concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación. Según su declaración, una vez revisadas las candidaturas se le trasladó una lista con quince aspirantes que cumplían los requisitos exigidos y fue entonces cuando él escogió al candidato que consideró más adecuado para el puesto.

La defensa de Jurado coincide además con la documentación remitida por el propio Govern al Juzgado. En un oficio firmado por la secretaria general de Presidencia, el Ejecutivo señala que, una vez elaborada la lista definitiva de los 15 aspirantes admitidos y revisados sus currículums, toda la documentación fue trasladada a la dirección del Gabinete de la Presidenta, que “propuso a la persona que consideró más idónea” para ocupar la plaza.

La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.

El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.

Durante su comparecencia, Jurado ha insistido en que el puesto era de “confianza” y que actuó dentro de las competencias propias de una plaza de libre designación. La defensa del jefe de gabinete mantiene así la misma línea argumental sostenida desde el inicio por el Ejecutivo autonómico, que siempre ha defendido la legalidad del procedimiento y ha expresado su “máxima y absoluta tranquilidad” respecto a la causa judicial.

El relato del querellante dibuja, sin embargo, una batalla mucho más profunda sobre el funcionamiento interno de Presidencia y sobre el choque entre los principios de mérito y capacidad y la discrecionalidad política en los puestos de confianza. La querella acusa directamente al entorno de Prohens de haber diseñado un “plan ilegal, injusto y arbitrario” para “facilitar un puesto de trabajo en la administración pública a un familiar”.

El denunciante, funcionario de carrera desde hace más de treinta años y chófer de varios presidentes autonómicos, asevera que fue apartado del servicio directo a Presidencia para ser sustituido por “un joven afín sin experiencia”, lo que deterioró gravemente su salud mental y derivó en un cuadro ansioso-depresivo que todavía arrastra.

En su querella, el veterano chófer subraya que el puesto de conductor adscrito a Presidencia no era una plaza menor dentro del Govern y que la propia relación de puestos de trabajo define el cargo como uno de “dedicación especial, peligrosidad, responsabilidad y dificultad técnica”, dado que implica el acompañamiento directo a la máxima autoridad política de la comunidad autónoma.

La querella convierte además el accidente del coche oficial en una pieza central del relato acusatorio. El denunciante sostiene que el siniestro constituye una prueba de que el conductor elegido “no reunía méritos, aptitudes ni actitudes” para desempeñar el puesto.

Preguntado en su día por el accidente, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, trató de rebajar la polémica asegurando que “una persona puede tener un accidente”. El Ejecutivo balear mantiene desde el inicio una línea de defensa cerrada sobre la actuación de Jurado y sostiene que el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa. El pasado viernes, Costa reiteró la “máxima y absoluta tranquilidad” del Govern después de que el denunciante ratificara judicialmente su querella.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha inadmitido a trámite el contencioso presentado por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), para tratar de impedir la colocación de la bandera LGTBI en la fachada de la sede de la Cámara autonómica. El caso se remonta a 2024, cuando Le Senne trató de frenar la aplicación de lo dispuesto en una proposición no de ley (PNL) aprobada un año antes que instaba a lucir la enseña con motivo del Día del Orgullo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un auto reciente, ha desestimado las pretensiones del también líder de Vox en Balears. El magistrado ni siquiera ha entrado a estudiar el fondo del asunto, ya que ha inadmitido el contencioso al entender que no es competente para resolver esta cuestión. La decisión judicial llega pocas semanas antes de la celebración de un nuevo Día del Orgullo y después de que los grupos parlamentarios de izquierda registraran un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, que preside Le Senne, para volver a colgar la bandera LGTBI de la fachada.

Enfrentamiento con el PP

La Cámara autonómica censuró a Le Senne por interponer una denuncia contra el despliegue de la bandera LGTBI en la fachada del Parlament. La iniciativa de colgar la enseña fue aprobada por PP, PSOE y los ecosoberanistas de Més per Mallorca, lo que llevó a Le Senne, quien votó en contra, a acusar a los conservadores de “traicionar” a la extrema derecha apoyando el izado de una bandera que tildó de “divisiva”.

“Las banderas oficiales representan a toda la población y otras banderas incomodan a una parte de la población”, opinaba Le Senne. “La decepción es absoluta y vamos a estudiar si legalmente podemos hacer algo para frenar el acuerdo. También estamos a tiempo de que la Mesa rectifique y emplazo al PP a rectificar”, manifestó el presidente de la Cámara autonómica.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, lamentó las formas con las que el presidente de la Cámara se dirigió a los conservadores: “No puede manejar el Parlament como si fuera su cortijo. Se tienen que respetar los acuerdos llevados a pleno y colgar la bandera con motivo del Orgullo es un acuerdo de pleno”.

Le Senne, abogado de profesión, quien se caracteriza en redes sociales por sus controvertidas posiciones sobre el cambio climático, el racismo y la violencia machista, consiguió auparse como la segunda autoridad de Balears gracias al pacto alcanzado entre Vox y PP a cambio de facilitar, con la abstención de la extrema derecha, la proclamación de la popular Marga Prohens como presidenta de Balears. Más allá de 'X' -antes Twitter-, el presidente de la Cámara cuenta con un canal de Telegram en el que difunde loas a Javier Milei así como bulos así como teorías conspiranoicas procedentes de perfiles falsos, principalmente en relación con la pandemia de la COVID. 

Cuando el coche oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), acabó convertido en un amasijo de chapa tras un accidente en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, el episodio parecía limitarse a un incidente incómodo dentro del parque móvil del Govern. Sin embargo, el siniestro terminó abriendo una grieta mucho mayor en el corazón del Consolat de Mar, sede de la Presidencia autonómica. Este martes, el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, está citado a declarar como investigado por presuntamente alterar las reglas de un proceso selectivo para colocar como chófer oficial a un familiar suyo: el hijo de su primo. El mismo que, apenas unos meses después de acceder al puesto, acabó estrellando el vehículo nada más dejar a la dirigente popular en la terminal.

Jurado no es un cargo secundario. Es la mano derecha de Prohens, uno de sus hombres de máxima confianza y una figura histórica del aparato popular balear. En concreto, la jueza le atribuye la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La querella interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público apunta también a un delito de tráfico de influencias. Junto a Jurado también está citado a declarar este martes el chófer supuestamente beneficiado.

El relato del denunciante, quien la pasada semana acudió al Juzgado para ratificarla, dibuja un proceso supuestamente manipulado desde dentro para garantizar que la plaza acabara en manos del pariente de Jurado. De acuerdo a la querella, en 2023 se convocó la cobertura de una vacante de chófer mediante concurso de méritos, pese a que el puesto figuraba como de libre designación. El veterano chófer acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del Boletín Oficial de Balears (BOIB), una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El nuevo chófer fue nombrado conductor personal de la presidenta sin contar siquiera con diez días de antigüedad, según la parte demandante. El 22 de diciembre de 2023, el director de gabinete de la Presidencia del Govern habría reunido a los cinco chóferes del departamento y comunicado que relegaba al denunciante y a otro trabajador. El 10 de enero de 2024 firmó el escrito que oficializaba el relevo, sin contar con el visto bueno de la representación de los trabajadores, de acuerdo a la denuncia.

Despedido y sustituido “por un joven afín sin experiencia”

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó entonces Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

Preguntado sobre esta cuestión tras trascender la interposición de la denuncia, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, admitió que el Ejecutivo sabía que se había producido un accidente con un vehículo oficial de la presidenta Prohens. “Es cierto que el vehículo quedó en situación de siniestro. Pero fue un accidente. Hubo un accidente. Sí. No tengo mucho más que añadir. Quiero decir: ¿una persona puede tener un accidente? Sí”, se limitó a señalar. “¿Habría sido deseable que no lo tuviera? Sí, pero como en cualquier otro caso”, justificó.

Es a partir de aquel suceso cuando, según sostiene el querellante, comenzaron las irregularidades. Añade, además, que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. El percance probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reunía los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

El denunciante incide en que las bases habrían sido modificadas posteriormente introduciendo criterios que favorecían específicamente al candidato finalmente seleccionado y describe una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” orientada a asegurar la contratación del familiar de Jurado. La jueza instructora ha apreciado suficientes indicios como para citar a declarar al máximo asesor de la presidenta balear como investigado.

El Govern, en defensa de la contratación

Desde el primer momento, el Govern ha defendido la legalidad del procedimiento. El pasado viernes, Costa expresó la “máxima y absoluta tranquilidad” del Ejecutivo después de que, el día anterior, el denunciante ratificara su querella. Desde el Ejecutivo autonómico remiten a estas declaraciones de Costra tras la petición de su versión por parte de elDiario.es.

Al ser preguntado por esta temática, Costa señaló que “el posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo”: “No ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad”. El pasado mes de diciembre, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Mercedes Estarellas, defendió que el procedimiento de sustitución del funcionario a través del bolsín siguió todos los cauces reglamentarios.

Petición de dimisión

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó en enero el cese inmediato de Jurado tras su citación judicial como investigado. El portavoz socialista, Rubén Castro, acusó además a la presidenta balear de intentar esquivar el escándalo. “Que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor y que dé explicaciones a la ciudadanía”, aseveró.

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, incidió Castro. Entre tales causas, aludieron a la investigación contra el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’.

El presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas a una funcionaria, en el marco del caso ‘La vida islados’, como figura en un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, consultado por elDiario.es.

Unos meses atrás, la Audiencia Provincial de Balears reabrió la causa después de que la magistrada estimara parcialmente el recurso de apelación presentado por María Ana Tur Díaz, interventora del Consell Insular, y revocara parcialmente la anterior decisión del juzgado, que había decretado el sobreseimiento provisional en diciembre de 2024. La Fiscalía de Eivissa, en cambio, volvió a solicitar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones el 9 de febrero de 2026.

La reapertura del caso se refiere estrictamente a la adjudicación del contrato para la producción y el rodaje de ‘La vida islados’, un corto que protagonizó Olivia Molina y para la que se asignó una partida de 249.018 euros que fueron a parar a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. Lo que se dejaba de lado era el resto del presupuesto asignado para desarrollar la campaña turística –un total de 745.000 euros– en la modalidad de tramitación de emergencia, es decir, 'a dedo', sin pasar por concurso público ni negociado.

La acusación particular, ejercida por la funcionaria María Ana Tur Díaz, solicita por un presunto delito de prevaricación la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de 12 años, así como para el ejercicio de sufragio pasivo. Por el delito de tráfico de influencias ha pedido otra pena de 12 años de cárcel y una multa de tanto al doble del beneficio –es decir, un total de 500.000 euros– e inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo durante siete años.

Respecto al delito de lesiones psíquicas ha solicitado dos años y medio de prisión y, por las coacciones, un año y seis meses de cárcel. Asimismo, la acusación reclama que Marí indemnice a la interventora con un mínimo de 80.000 euros en concepto de responsabilidad civil, además de los intereses legales correspondientes. 

En cuanto a la acusación popular, ejercida por el PSOE, ha solicitado el primer delito la misma condena que la acusación particular y, en cuanto al tráfico de influencias, el partido político ha pedido para Marí un año de prisión, una multa del tanto al duplo del beneficio obtenido –fijada en la cantidad de 500.000 euros– y la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Así como el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de siete años.

La fiscal se opone

La Fiscalía de Eivissa, en cambio, volvió a solicitar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones el 9 de febrero de 2026. En su escrito, la fiscal considera que no solamente fue adecuado el procedimiento de emergencia, de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público –posible incluso a través de la contratación verbal–, sino que “tampoco queda acreditada una actuación ilícita penal” en cuanto al contrato de 164.257 euros por la campaña promocional de ‘La vida islados’.

Además, la fiscal argumenta, en relación a Marí, que no ha quedado acreditado que las resoluciones fueran “injustas o arbitrarias”, ya que “fueron revisadas por varios técnicos” y los decretos administrativos devinieron firmes sin que fueran recurridos. El Ministerio Fiscal, por tanto, considera que no ha quedado acreditado que el presidente del Consell Insular “impusiera o influyera en la elección de una y otra empresa en los funcionarios” de la institución para llevar a cabo la campaña de promoción turística, ni tampoco que tuviera relación con la empresa Fuera de Escena Ibiza SL, ni con Republicana de Cine.

Asimismo, argumenta que es la empresa Fuera de Escena Ibiza SL la que figura en el expediente de contratación, no Republicana de Cine, que solo figura “cuando se solicita un informe a otra empresa para valorar precios del mercado” y añade que el Consell Insular –que sería la administración perjudicada económicamente en la causa– no se ha personado y ha indicado que “no hay perjuicios a la Administración”. Por último, en base a las diligencias practicadas, la fiscal no considera acreditada la existencia del delito de coacciones ni lesiones psicológicas ni tampoco el delito de acoso hacia la funcionaria María Ana Tur Díaz.

Entre sus argumentos, la fiscal afirma, en cuanto a la posposición de su nombramiento como interventora, que la querellante manifestó en sede judicial que presentó la solicitud de la plaza de interventora cuando gobernaba el PSOE (2015-2019) y reconoció que había hablado con los responsables, a quienes instó que dejaran firmado su nombramiento antes de que llegara Vicent Marí, que había ganado las elecciones. 

Cuando fue nombrado presidente, ella le habría contado a él que había “un defecto formal” que impedía su nombramiento como interventora. Por otro lado, A. R. B., secretario general del Consell Insular, aseguró en su declaración judicial como testigo que la funcionaria fue nombrada interventora una vez que se cumplieron “los requisitos legales”. Y que esos requisitos no dependían del investigado, sino de recursos humanos.

La funcionaria denunció “presiones”

Durante el pleno ordinario del Consell, celebrado el 25 de septiembre del 2020, el presidente anunció la decisión adoptada por su Ejecutivo en cuanto a continuar con la campaña turística ‘La vida islados’, pese al reparo de Intervención, y criticó duramente a la viceinterventora que había realizado el informe, aunque sin nombrarla directamente.

Cuando el caso llegó a la Oficina Anticorrupción, el organismo público balear –hoy día ya extinta después de que el Govern de Marga Prohens (PP) la eliminara– decidió ponerse en contacto directamente con María Ana Díaz Tur, quien afirmó en la sede del ente público que sufrió “presión laboral, amenazas de despido y presiones” por parte de Marí. Unos episodios que se habrían producido, según la funcionaria, durante el periodo en el que ella trabajaba en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), cuando Vicent Marí era alcalde del municipio.

El presidente afirmó que desconocía la situación de acoso laboral que narró la funcionaria a la Oficina Anticorrupción y negó tal extremo, si bien el organismo público afirma tener en su poder “informes médicos donde hay constancia de la presión a la que se veía sometida por causas laborales”, a los que Marí no pudo tener acceso en su momento. El 9 de octubre de 2020, “el especialista diagnosticó a la señora Tur lesiones en codo y ambas piernas de aparente origen psoriásico por carga emocional (estrés)”, comentaba la Oficina Anticorrupción en su informe.

El parte médico, recogido por la Oficina, aportaba que “la paciente presenta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a problema laboral, con ansiedad flotante, sensación de ahogo, taquicardias, opresión en el pecho, tensión muscular, pérdida de confianza en sí misma, tristeza y exacerbación de síntomas somáticos como alopecia y la psoriasis”. “Se siente descalificada y presionada. Tiene miedo a las represalias por realizar correctamente su trabajo”, aseguraba el documento.

Reapertura de la causa

El juicio oral se abrió en marzo después de que la acusación particular, que ejerce la interventora, pidiera un impulso procesal a la causa. Según lo defendido por la Fiscalía, que por su parte también presentó en marzo un escrito tras la apertura, no hay ninguna pena que imponer al presidente del Consell.

Por su parte, la acusación particular ya había enviado otro escrito en febrero solicitando una pena de seis años para el presidente por los delitos que se le acusan. El juzgado otorga tres días a los acusados para confirmar su defensa legal y otros diez para presentar sus alegaciones ante la Audiencia Provincial de Palma, donde responderán a las acusaciones y propondrán sus propias pruebas para el juicio. Fuentes del Consell Insular afirman que Marí todavía tiene que presentar la defensa y recuerdan la posición de la Fiscalía.

Anteriormente, elDiario.es informó de que la Audiencia Provincial de Palma había reabierto la causa que investigaba al presidente del Consell Insular d’Eivissa por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’. La magistrada estimaba así parcialmente el recurso de apelación presentado por María Ana Tur Díaz, interventora del Consell Insular, y revocaba parcialmente la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, que había decretado el sobreseimiento provisional en diciembre de 2024.

La jueza apreció que se podrían haber vulnerado los criterios de control mínimos que deben establecerse, incluso en los contratos adjudicados por la vía de emergencia. En cuanto a la parte recurrente, sostiene que podría existir un delito de prevaricación por la adjudicación del contrato mediante un procedimiento de emergencia que. según lo que objetan. no era aplicable en ese momento.

El juez en su auto de archivo, sin embargo, consideró que la actuación no constituye delito porque existe un debate jurídico y técnico sobre si el procedimiento de emergencia estaba justificado. En el caso concreto, algunos informes sostienen que no era legal usar este procedimiento, mientras que otros aseguran que sí era apropiado, dadas las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19.

La Sala, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, argumentaba que no toda decisión administrativa incorrecta es prevaricación. Para que exista este delito, la actuación debe ser claramente arbitraria, injustificable según el derecho, y realizada con dolo directo, es decir, con intención de perjudicar o beneficiar a alguien de forma manifiestamente injusta. 

Además, en la administración pública es común que surjan interpretaciones discutibles de la ley debido a la complejidad de los procedimientos o a informes técnicos contradictorios. Por eso, el error de interpretación puede excluir la responsabilidad penal si no hay intención clara de actuar de manera ilegal.

En el caso analizado, el Juzgado de Instrucción número 4 concluía, antes de la reapertura, que la actuación del presidente del Consell Insular, Vicent Marí, no fue arbitraria ni injustificada, sino que se movió dentro de un margen legal discutible. Por ello no apreció delito de prevaricación y la denuncia fue archivada. 

La magistrada de la Audiencia Provincial de Palma consideró que estos argumentos son aplicables en cuanto a la posibilidad de utilizar el procedimiento de emergencia para la adjudicación del contrato. Es decir, que se trata de una interpretación que debió ser resuelta ante la jurisdicción competente, la vía contencioso-administrativa.

El Govern balear del PP ha elevado su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y solicitará al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la medida mientras resuelve el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo autonómico prevé presentar en los próximos días.

El anuncio lo ha realizado este viernes el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, que ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Balears sigue así la senda de la Comunidad de Madrid, que, junto a Vox y organizaciones de ultraderecha, también ha recurrido la medida entre vaticinios acerca de un supuesto impacto sobre los servicios públicos.

En contra del criterio de distintos estudios y organismos públicos que cuestionan el relato de la derecha y la extrema derecha según el cual la migración estaría directamente relacionada con la sobresaturación de la red asistencial pública, el Govern de Marga Prohens sostiene que la regularización -que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a permisos de residencia y trabajo- tendrá un coste “significativo” y “sustancial” sobre los sistemas sanitario, educativo y social de Balears, aunque ha evitado concretar cifras.

“Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento”, se ha limitado a señalar Costa, reprochando al Ejecutivo central que no haya previsto mecanismos de compensación económica para las autonomías. “La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos”, ha recriminado, reprochando, asimismo, que el decreto se aprobase sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una memoria económica que cuantifique su impacto sobre los servicios públicos.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España tras varias reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, la última de ellas en marzo de este año. La modificación corrigió algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. 

El único cambio relevante que traerá la regularización es que, una vez dadas de alta en la Seguridad Social, estas personas deberán recibir la correspondiente tarjeta sanitaria mediante un procedimiento administrativo simplificado que ya contempla la propia web autonómica. Se trata, por tanto, de una modificación más cualitativa que material: al tener ya reconocido el acceso a la asistencia sanitaria, no se prevé un incremento significativo del gasto público ni una situación de urgencia administrativa, dado que estas personas ya cuentan con atención médica asignada.

Por otro lado, el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 concluye que la población extranjera no comunitaria utiliza menos los servicios sanitarios que la población española y presenta, en términos generales, una estructura demográfica más joven, lo que reduce su presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Contribución a las cotizaciones fiscales

En materia económica, diversos análisis académicos subrayan que las personas migrantes contribuyen de forma neta al sostenimiento del Estado del bienestar a través de cotizaciones e impuestos, especialmente en sectores con falta de mano de obra. En esta línea, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indica que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.

Pese a ello, Costa ha insistido en el posible “efecto llamada” que podría provocar la medida, un argumento recurrente en el debate migratorio pero cuestionado por especialistas y entidades sociales, que sostienen que no existe evidencia concluyente de que las regularizaciones extraordinarias provoquen un aumento automático de llegadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha vinculado la oposición del Ejecutivo autonómico a su estrategia de “transformación del modelo de crecimiento” de Balears. Preguntado por el respaldo que organizaciones empresariales han mostrado al proceso de regularización ante la falta de trabajadores en sectores como la hostelería o los cuidados, Costa ha defendido que “se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra”.

La iniciativa judicial se suma al endurecimiento del discurso migratorio impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP en los últimos meses, en un contexto marcado por el auge de los postulados de extrema derecha y la intensificación de las críticas a las políticas migratorias del Gobierno central. En Balears, este discurso emerge además en un escenario de fuerte crisis habitacional derivada del encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la saturación derivada del modelo turístico y la precarización laboral.

Un juez de Palma ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente del Parlament balear Balti Picornell a raíz de una querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos después de que el exdirigente de Podemos se refiriera a él en redes sociales como “puto nazi”.

La citación, que tendrá lugar el próximo 11 de junio en la Sección de Instrucción número 8 del Tribunal de Instancia de Palma, la ha dado a conocer el propio Picornell a través de su cuenta en X. El exparlamentario ha tratado de rebajar el alcance del caso y ha ironizado sobre la investigación: “Dejo esto por aquí antes de que los medios fachuzos empiecen a esparcir mierda. Tranquilidad, no estoy involucrado en nada del expresidente Zapatero. Como dije ayer, una fotografía, una historia y mucha piel fina por parte de un personaje de la ultraderecha española ha acabado en esto”, escribe.

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2024, el propio diputado de Vox comparó la gran manifestación celebrada días antes en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder.

Campos también señaló en otra publicación a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió. 

Picornell presidió el Parlament entre 2017 y 2019, durante el segundo mandato de la socialista Francina Armengol. Durante su etapa al frente de la Cámara autonómica trató de proyectar una imagen austera e institucional, marcada por la cercanía a los movimientos sociales y por gestos simbólicos contra los privilegios asociados al cargo. Entre ellos, renunció a utilizar el coche oficial y defendió una presidencia más próxima a la ciudadanía y menos ligada a la solemnidad tradicional de las instituciones.

Tras abandonar la primera línea política, también renunció a continuar en la dirección orgánica de Podem y se fue alejando progresivamente de la actividad institucional. En los últimos años ha mantenido, sin embargo, una intensa actividad en redes sociales, especialmente marcada por sus críticas a la extrema derecha y a Vox.

El coordinador general de Més per Mallorca y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha expresado públicamente su apoyo al expresidente de la Cámara balear. “Siempre en el equipo de Balti Picornell. Da igual cuando leas esto, porque entre la buena y la mala gente nunca nos debemos equivocar de bando”, ha escrito en redes sociales.

El discurso ultra de Jorge Campos

La trayectoria de Jorge Campos está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática. En septiembre de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, le reprochó que en una intervención en el Parlament balear vinculase la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”. “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Antes de dar el salto a la primera línea política, Campos se dio a conocer en Balears como presidente y principal rostro visible de la asociación Círculo Balear, una entidad de carácter ultraconservador fundada en 1999 y centrada en combatir lo que denominaba “pancatalanismo”. Desde esa plataforma impulsó durante años campañas contra las políticas de normalización lingüística, la enseñanza en catalán y el uso institucional de la lengua propia de las islas. En contra del consenso académico y de las evidencias filológicas, Círculo Balear defendía que en las islas no se habla catalán, sino una lengua diferenciada, el llamado “balear”, considerando los dialectos insulares como idiomas independientes y no como variedades del catalán.

Junto a Santiago Abascal, Campos celebró el mitin principal de precampaña de Vox de 2023 en el parque de sa Feixina, en Palma, donde se alza uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma: el monolito de Sa Feixina, erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra 'la Desbandá', la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista. 

PP y Vox han introducido un nuevo paquete de medidas a la ley balear de proyectos estratégicos que va mucho más allá del objetivo inicial de la norma. Entre las medidas se encuentra la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, una de las grandes banderas discursivas de la formación de extrema derecha, además de nuevas deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF en respuesta al “invierno demográfico” que, según la retórica de los de Santiago Abascal, “amenaza” a la población española.

La utilización de una ley ómnibus para introducir este tipo de cambios permite al Govern de Marga Prohens (PP) acelerar la aprobación de reformas muy heterogéneas bajo un único paraguas legislativo. Se trata de una fórmula que reduce los tiempos parlamentarios y evita que cada modificación tenga que tramitarse mediante una norma específica con debates y dictámenes diferenciados, reduciendo con ello el margen para el escrutinio político y jurídico. La oposición acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar la ley de proyectos estratégicos como un “cajón de sastre” para introducir reformas de gran calado aprovechando una tramitación mucho más rápida.

La creación de una oficina antiokupación no es una idea nueva dentro de los acuerdos entre ambos socios de investidura. El Ayuntamiento de Palma ya presentó en 2025 una Oficina Integral de Vivienda y Antiokupación fruto del pacto entre ambas formaciones, una iniciativa que desató las protestas del Sindicat de l’Habitatge y críticas de la oposición, que acusó a Cort de “criminalizar la pobreza” y convertir la okupación en un eje político pese a representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda.

Ahora, PP y Vox pretenden extender ese modelo al conjunto de Balears mediante la creación de una Oficina autonómica de Atención a la Okupación que, según defienden, servirá para asesorar a propietarios afectados. La medida encaja además con la estrategia de los de Abascal de introducir, como denuncian desde la izquierda, estructuras institucionales con fuerte carga ideológica a través de acuerdos presupuestarios y enmiendas legislativas, aprovechando la tramitación acelerada de la ley de proyectos estratégicos para incorporar reformas ajenas a su contenido original.

A través de enmiendas pactadas durante la negociación parlamentaria, ambas formaciones han incorporado cambios en materias tan diversas como fiscalidad, vivienda, okupación ilegal, función pública, lengua catalana, renta social, sanidad o policía local, una fórmula que permite modificar numerosas leyes de manera simultánea y con un debate mucho más limitado que el que tendrían reformas tramitadas por separado.

Entre las medidas también figura la flexibilización del requisito lingüístico en la función pública, que Vox define directamente como “el principio del fin de la imposición lingüística en el empleo público”. También prevén incorporarse nuevas deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF que alcanzan los 900 euros por el primer hijo, 1.200 por el segundo, 1.500 por el tercero y hasta 1.800 euros a partir del cuarto.

El paquete pactado entre PP y Vox también incluye rebajas fiscales vinculadas a la compra de vivienda habitual, bonificaciones para viviendas de precio limitado y ventajas para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, así como modificaciones en la renta social garantizada, medidas para agilizar proyectos comerciales mediante entidades colaboradoras urbanísticas, cambios en las bolsas educativas y la incorporación de psicólogos generales sanitarios al sistema público.

Las propuestas han sido reivindicadas por los de Abascal como “una batería de logros” arrancados a los conservadores durante la negociación de la ley ómnibus. En una nota de prensa, Vox asegura que “las medidas aprobadas comparten una misma filosofía: libertad frente al intervencionismo, seguridad frente al caos, propiedad privada frente a la ocupación, igualdad frente a la imposición lingüística y servicios públicos eficaces frente a la burocracia”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.

El PSOE Palma reclamará en el próximo pleno la dimisión del director general de Proyectos Culturales, Gori Vicens Heredeia, y que se auditen y hagan públicos detalladamente los gastos relacionados con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Tal y como avanzó en exclusiva elDiario.es, el PP gastó el triple de lo declarado para que la ciudad de Palma fuera candidata a capital europea de la cultura.

En el pleno de este mes de mayo, según ha trasladado la formación en una nota de prensa, los socialistas pedirán igualmente la reprobación del regidor de Cultura, Javier Bonet, por su gestión de la candidatura -Més per Palma ha pedido, por su parte, la dimisión-. Para la regidora del PSOE Silvana González, “el fracaso de la candidatura de Palma 2031 es el fracaso de un método y de una promesa electoral del gobierno del Partido Popular”.

A su criterio, como informó elDiario.es, el jurado internacional “ha puesto negro sobre blanco” aquello que “desde hace meses advertían” creadores, entidades y profesionales de la cultura: una candidatura “basada más en una metodología turística que en una estrategia cultural clara, con falta de participación y excesivamente orientada a la promoción turística”.

“También han hecho florecer las carencias estructurales de la acción política municipal en materia de cultura que los y las socialistas desde hace meses denunciamos”, ha agregado González. En este sentido, ha exigido “responsabilidad política y transparencia” sobre los recursos destinados a la candidatura.

La moción reclama una redefinición de las políticas culturales municipales basada en el diálogo, la participación y la transparencia, e insta al equipo de gobierno a convocar el Consejo Municipal de la Cultura para “definir un modelo cultural consensuado”. Asimismo, los socialistas han reclamado un modelo basado en la proximidad, la innovación, el apoyo a la creación local, la transparencia y la participación ciudadana, que “apueste por la cultura como elemento de transformación, cohesión social y territorial”.

El Govern balear ha decidido ampliar a grandes propietarios y viviendas turísticas el programa público 'Alquiler seguro', una iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) con el objetivo de captar viviendas vacías y sacarlas al mercado residencial. Mientras el Govern defiende que esta apertura es necesaria para incrementar la oferta de alquiler “asequible”, la izquierda y los colectivos sociales llevan tiempo cuestionan el enfoque del programa al considerar que prioriza la concesión de incentivos a los propietarios mientras los precios continúan fuera del alcance de buena parte de la población trabajadora.

Se da la circunstancia de que Balears es una de las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: a finales de 2024, la cifra ascendía a un total de 26.061 viviendas -el 4,53% del parque total del archipiélago-, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro. De todas ellas, 6.672 pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles.

Pese a negar el “fracaso” de una medida presentada como una de las piezas centrales del plan de choque autonómico en vivienda -apenas ha conseguido incorporar 82 inmuebles en todo el archipiélago frente a las entre 2.000 y 3.000 viviendas previstas inicialmente-, el Govern ha decidido ampliar el programa de 'Alquiler Seguro': el nuevo diseño del programa permitirá que se adhieran titulares de múltiples viviendas, personas jurídicas, pisos turísticos, viviendas afectadas por okupaciones o desahucios por impago e incluso inmuebles pendientes de reforma, al tiempo que se refuerzan las garantías económicas para los propietarios y se abre la puerta a adelantos públicos de hasta 50.000 euros para rehabilitar viviendas privadas.

La iniciativa mantiene, asimismo, uno de sus requisitos más polémicos: solo podrán acceder a estas viviendas quienes acrediten al menos cinco años de residencia en Balears, una condición que el Govern ha extendido a otras medidas y que deja fuera a una parte significativa de la población migrante y recién llegada a las islas pese a trabajar y residir en ellas.

A partir de ahora, los propietarios con licencia de alquiler vacacional podrán ceder sus inmuebles al 'Lloguer Segur' aunque no lleven seis meses vacíos, como se exigía hasta ahora. El Govern sostiene que pretende así facilitar el retorno de pisos turísticos al mercado residencial, a pesar de que las rentas máximas previstas continúan muy por encima de lo que numerosos colectivos consideran alquileres realmente asequibles.

En Mallorca y Menorca, el Ejecutivo pagará a los propietarios hasta 1.500 euros mensuales por vivienda -2.100 euros en Eivissa y Formentera-, de modo que los precios a pagar como máximo por los inquilinos se sitúan en 1.050 euros en Mallorca y Menorca, y en 1.470 en Eivissa y Formentera, unas cifras, con todo, alejadas de la capacidad económica de trabajadores, jóvenes y familias expulsadas del acceso a una vivienda digna.

El Govern también permitirá incorporar viviendas procedentes de desahucios por impago y casos de ocupación ilegal sin necesidad de acreditar que llevaban meses vacías. El Ejecutivo justifica esta decisión en la necesidad de ofrecer “seguridad jurídica” a los propietarios e incentivar que vuelvan a poner sus inmuebles en alquiler. Además, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) podrá adelantar hasta 50.000 euros para financiar reformas o rehabilitaciones, cantidad que posteriormente se descontará de las rentas futuras percibidas por el propietario.

Otro de los elementos más cuestionados es el papel protagonista otorgado al sector inmobiliario en la gestión del programa. El 'Lloguer Segur' cuenta como entidades colaboradoras con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) y el Colegio de Administradores de Fincas de Balears (CAFBAL), encargados de participar tanto en la captación de viviendas como en la gestión y seguimiento de contratos.

Una de las formaciones más críticas ha sido Més per Menorca, que considera “inconcebible que una presunta política de vivienda consista en subvencionar a quienes ya están en condiciones de acceder a una vivienda sin ayudas y, en cambio, excluya a quienes tienen mayores dificultades -por no decir imposibilidad- de acceder si no es con el apoyo de la administración”. Los ecosoberanistas critican, en este sentido, que mediante este programa se destinen “ingentes cantidades de dinero público a subsidiar la especulación de las clases rentistas” en lugar de impulsar medidas más intervencionistas para movilizar vivienda vacía sin depender de transferir recursos públicos al sector inmobiliario privado.

La medida se inscribe, además, en la estrategia del Ejecutivo de Prohens de apostar por estímulos tributarios o liberalizar suelo mientras rechaza declarar las islas como zona tensionada o regular la compra de viviendas por parte de no residentes. En marzo del pasado año, PP y Vox impidieron con sus votos que el Parlament balear tomase en consideración una proposición de ley del PSIB-PSOE dirigida a declarar, en medio de la actual emergencia habitacional, zonas de mercado residencial tensionadas en el archipiélago y topar con ello los precios de los alquileres. Del mismo modo, en abril, ambos socios de investidura volvieron a rechazar una moción de Podemos dirigida a instar al Govern a declarar como zona tensionada todos los municipios de Balears y considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas.

La especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización son algunos de los factores que han empujado a cientos de personas a la precarización habitacional. En enero, el precio medio del alquiler era un 70,2% más alto que en 2021 en Balears frente a una demanda que ha alcanzado niveles extremos: 147 personas se interesan por cada vivienda disponible en apenas diez días, casi diez veces más de lo que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En Palma, sus residentes deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com. En este contexto, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados.

Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, está bajo el foco mediático después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). La estrategia consistiría en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Govern de Marga Prohens (PP) para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.

Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, explicó Triguero en una comparecencia de urgencia en la que no aceptó preguntas de los periodistas. Tras las preguntas de elDiario.es, el Ajuntament d’Eivissa se remite a las declaraciones del alcalde, así como a las valoraciones de la Conselleria de Vivienda del Govern, que no aprecia irregularidades hasta el momento.

Como adelantó La Voz de Ibiza y ha comprobado elDiario.es, Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura a fecha del 4 de junio de 2025. Se trata de una oficina de casi 100 metros cuadrados que posee una terraza descubierta de casi 45 metros cuadrados y una terraza con jardín de 76 metros cuadrados. Para ello, solicitaron una hipoteca de 208.000 euros, que vence el 4 de junio de 2045. Si la pareja dejara de pagar y el banco tuviera que vender el inmueble en una subasta pública, se fija un valor de 366.814 euros.

El alcalde y su mujer compraron una oficina de casi 100 metros cuadrados, con 45 de terraza y 76 de jardín

El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cede el 50% de su local en favor de sus dos hijos menores, según los documentos a los que ha accedido elDiario.es. Cada uno de ellos recibe el 25% de la propiedad mediante el pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Además, Triguero y sus dos hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda el 19 de marzo de 2026.

Pese a que el alcalde cedió el 50% de la propiedad a sus dos hijos menores, Triguero sigue manteniendo el control total sobre la vivienda debido a las cláusulas que se impusieron. En este sentido, mediante el pacto sucesorio se reservó “la facultad de disponer”, es decir, el control y derecho sobre él, sin que los hijos puedan intervenir en esas decisiones. Además, el alcalde –o su pareja, en caso de que él fallezca– posee el derecho exclusivo de gestionar el inmueble hasta que sus hijos cumplan los 35 años. Los hijos tienen prohibido venderla, hipotecarla, alquilarla, donarla o dejarla en herencia.

Pese a que el alcalde cedió el 50% de la propiedad a sus dos hijos menores, Triguero sigue manteniendo el control total sobre la vivienda debido a las cláusulas que se impusieron

Triguero también es propietario de otra vivienda situada en el mismo municipio. Un piso de 70 metros cuadrados. La escritura se materializó el 30 de noviembre de 2012. En ese momento, el alcalde tenía el 100% de su titularidad. El 22 de diciembre de 2025, el mismo día en que cedió el 50% del local-vivienda a sus dos hijos, hizo la misma operación mediante el pacto sucesorio con su otro piso, cediendo el 25% a cada uno de ellos. 

Se utiliza la misma fórmula que en el caso del local convertido en VPL: Triguero mantiene el poder sobre la vivienda con la imposición de las mismas cláusulas. Por otro lado, la mujer del alcalde es propietaria al 100% de una vivienda en el mismo bloque donde el alcalde y ella compraron la oficina que más tarde convirtieron en vivienda mediante un cambio de uso. Es un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12 metros cuadrados.

Qué dice la ley

La ley autonómica 3/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, indica en el punto cinco del artículo 2, como uno de los requisitos legales, que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.

Cabe recordar que el local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. Por este motivo, el 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde sigue teniendo el control total de ambos pisos. La oposición ha criticado que esta operación se hizo para “dar apariencia de cumplir con la legalidad”.

La ley establece que una persona que disfruta de una VPL no puede ser titular de más de un 50% de otra vivienda. En el momento de adquirirla, el alcalde y su mujer poseeían el 100% de otro piso, por lo que el primer edil recurrió a la herencia en vida para repartir el local y su otra vivienda a sus dos hijos menores

El PSOE asegura que Triguero vivió en la casa

Por otro lado, la oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026 –unas dos semanas antes de solicitar el cambio de uso–, según denunció el PSOE ante el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas. A juicio del PSOE, se trata de “una clara maniobra de adquirir un inmueble para reconvertirlo en VPL sin cumplir los requisitos” y con el objetivo de “obtener un beneficio económico, alquilando sus viviendas en propiedad y ocupando el nuevo local oficina ahora convertido en vivienda VPL”.

En segundo lugar, como presunta irregularidad, se describe la falta de inscripción en el Registro Autonómico de VPL, como exige la legislación autonómica en su artículo tercero. La vivienda, sin embargo, no ha sido inscrita en este registro, que se debe producir previo paso a la ocupación efectiva de la vivienda. Entre las obligaciones, la ley indica que se debe registrar la primera inscripción de las viviendas de precio limitado, “una vez obtenida la licencia de primera ocupación, y como requisito previo a sus transmisiones posteriores, arrendamientos u otras modalidades de transmisión de cualquier derecho o cesión de uso admitido en derecho”, como figura en la disposición adicional decimosegunda. 

En tercer lugar, tampoco se habría realizado, según los socialistas, la declaración responsable ante la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, que ahora dirige José Luis Mateo tras haber sustituido a Marta Vidal, la ideóloga de las últimas modificaciones en materia de vivienda. En el punto seis del artículo 2 se establece que “el cumplimiento de las condiciones de acceso se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable” tanto en la primera transmisión como en las posteriores, del beneficiario ante la consejería competente en la materia, en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato cuando proceda, sin perjuicio de la comprobación por parte de los servicios de inspección competentes en materia de vivienda.

Asimismo, la declaración responsable deberá adjuntar “la escritura acreditativa de la propiedad o el contrato de alquiler, en la que se hará constar, además del cumplimiento de las condiciones establecidas y el destino como domicilio habitual y permanente de la vivienda, la identidad de las partes intervinientes, la superficie útil, el precio y la modalidad de uso de la vivienda de precio limitado”, describe la normativa.

Por otro lado, el Ajuntament d'Eivissa aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2023, cuando Triguero ya era alcalde, los criterios para aplicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda limitando a ocho barrios del municipio la posibilidad de convertir locales de negocio en viviendas, y entre esos ocho barrios se encuentra el de Can Misses, donde se sitúan los inmuebles afectados.

La polémica llega al Parlament

Este martes, en el pleno del Parlament, la diputada socialista Irantzu Fernández interpeló al conseller de Vivienda, José Luis Mateo. En su intervención, criticó la política de vivienda del Govern, que resumió en tres aspectos: el “fracaso absoluto” que está siendo, a su juicio, el programa de ‘Alquiler seguro’; la negativa del Govern a declarar el archipiélago balear como “zona tensionada”, lo que permitiría poner topes en los precios del alquiler y la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que incluyó la figura de las viviendas a precio limitado.

“Ya denunciamos que esta ley permitía la especulación urbanística. ¿Y sabe quién se dio cuenta también? El alcalde de Eivissa, el señor Triguero. (...) Un chollazo en su misma finca. Un local que llevaba 20 años vacío y al que solo le hacía falta que el Ajuntament aprobara, en esa misma zona –donde no había ningún otro local más–, que se pudiera hacer la reconversión”, criticó Fernández. “¿Se puede tener más cara que hacer maniobras ficticias con las propiedades?”, se preguntó. “Señor conseller, ¿piensa que había alguien en Vila –ciudad, en catalán– que no supiera que el alcalde llevaba mes y medio viviendo en la VPL?”, le interrogó.

En su respuesta, Mateo aseguró que la denuncia había sido recibida en el IBAVI y que iba a ser “tramitada y respondida” desde la Dirección General de Vivienda y Arquitectura “como todas las demás”. El conseller de Vivienda afirmó que el Ejecutivo autonómico había creado la figura de la VPL “para generar más vivienda asequible para los residentes en nuestras islas”. “Está permitiendo que ciudadanos con un mínimo de cinco años de residencia puedan acceder a una vivienda”, insistió.

Del mismo modo, Mateo destacó que la reconversión de locales es “una de las figuras de mayor acogida entre los municipios”. Veintiún ayuntamientos han aprobado acuerdos en el pleno “para regular esta medida”, según el conseller, quien añadió que estas delimitaciones se pueden aplicar en zonas residenciales, pero no en zonas comerciales: “Es de cajón”. “Lo aplican así todos los municipios que lo han regulado, entre ellos algunos de izquierdas, como Inca, Pollença, Maó y Manacor”, argumentó el conseller.

Tras el turno de Mateo intervino Pilar Costa, también diputada socialista en el hemiciclo. “Ustedes quedan absolutamente inhabilitados para cualquier debate sobre vivienda mientras tengan implicado a la máxima autoridad municipal de la isla por presunta corruptela en la obtención de una VPL de forma fraudulenta”, insistió.

La parlamentaria describió la siguiente línea cronológica: el Govern aprueba un decreto ley de vivienda en 2023, que un año después se aprueba definitivamente. Durante este intervalo, el Ajuntament d’Eivissa aprueba una zonificación. “Fue uno de los primeros en hacerlo: en unos pocos días hizo una delimitación en los lugares en los que se podía realizar la reconversión y uno de los barrios era el del propio alcalde. Supongo que también es casualidad que el alcalde se compre un local, se autoconceda la licencia de primera ocupación, lo convierta en VPL, se vaya a vivir allí y alquile su casa anterior a precio de mercado”, criticó Costa. “Son maquinaciones para perpetrar un fraude de ley”, insistió, y preguntó al conseller si podía aclarar en qué situación se encuentra el expediente.

“Para ustedes todo vale en su desesperada y, desde luego, muy poco edificante labor de oposición”, respondió Mateo, quien volvió a repetir la versión que está dando estos días tanto el Ajuntament como la Conselleria de Vivienda. “Vierten acusaciones en un procedimiento que como ya explicó el propio alcalde de Eivissa y como también ha manifestado el Govern desde el primer momento se encuentra abierto en tramitación, por tanto, en plazo, y sobre el que se revisarán todos los requisitos como en todos los casos”, repitió.

En este caso, el conseller insistió en que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, hasta la fecha, no había recibido la documentación para la inscripción de la vivienda en el registro autonómico de VPL, ni tampoco para el posterior registro de sus futuros beneficiarios. A partir de ahí, explicó, se revisará toda la documentación y el cumplimiento de los requisitos “cuando la documentación sea aportada”, como en cualquier otro caso. Por ello, “no se puede considerar incumplimiento en un procedimiento que aún se encuentra en tramitación”, argumentó.

En este sentido, Mateo afirmó que cuando un local se convierte en VPL se debe inscribir en el Registro Autonómico “a partir del momento en que se haya obtenido la licencia municipal de primera ocupación”. Según la información de la que el Govern dijo que disponía, “este caso está en plazo”. “Está en el periodo en que puede realizarse esa inscripción”, insistió. En cuanto a los beneficiarios, posteriormente, “se deberá hacer la inscripción de beneficiarios de VPL mediante la oportuna declaración responsable”. “En este caso, el alcalde ya ha manifestado públicamente su intención de que una vez finalice la tramitación pondrá esa VPL en el mercado del alquiler”, detalló Mateo, por lo que serán “los futuros inquilinos, mal que a usted le pese, quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a la VPL como beneficiarios”.