La dirección del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, en la Carretera Carmona, ha pedido este lunes “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación” policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar, pero el colegio no activó no el protocolo de acoso, como ha afirmado la Consejería de Desarrollo Educativo.
La dirección del centro se había mantenido en silencio desde que la Junta de Andalucía anunció el pasado jueves que iba a derivar el caso a la Fiscalía, hasta que este lunes ha publicado un comunicado en sus redes sociales, pidiendo que “cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio”.
“Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad”, recuerdan desde el centro en el que estaba escolarizada Sandra, antes de añadir: “Nuestra prioridad es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado”. Asimismo, la dirección explica en el escrito que el equipo de orientación y de bienestar emocional están atendiendo “de manera especial” a los estudiantes.
Por otro lado, recalca, “estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido”. A este respecto, explica: “El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso”.
Esta misma jornada, la Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes de que el colegio podría perder el concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave” del mismo. “Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería”, añaden.
A partir de ahí, “en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.
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