Una manifestación como grito de alerta para que el Guadalquivir no acabe como una “cloaca” de residuos tóxicos mineros
Hartos de hacer públicos estudios científicos que alertan de los riesgos, de acudir a la Fiscalía y también de llamar a las puertas del Gobierno andaluz sin éxito alguno, los colectivos sociales, ecologistas y ayuntamientos ribereños que llevan un tiempo avisando del peligro que supone para el Guadalquivir la actividad minera han decidido dar un paso más. La fórmula elegida es una manifestación convocada en Sevilla a las puertas de San Telmo con el lema No a los vertidos mineros para el sábado 17 de octubre, con la que se quiere insistir en que hay una “amenaza inminente” y real de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”.
Así se ha denunciado este lunes, cuando portavoces de las entidades que hacen el llamamiento se han plantado de nuevo en San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, para insistir en que el riesgo sigue ahí por mucho que las autoridades miren hacia otro lado y el mensaje de alerta “no tenga la repercusión que debería tener”, en palabras de Carmen Pozo, delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Este consistorio es uno de los que está detrás de la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena en Cádiz y Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Coria del Río en la provincia de Sevilla.
Los impulsores de la protesta reclaman “una respuesta masiva y unánime de la sociedad civil” ante lo que se considera un problema no sólo ambiental, sino también de salud pública ya que la última investigación publicada alerta de niveles de “récord mundial” de metales tóxicos en peces del Guadalquivir. Estos datos apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.
Riesgo ecotóxico y sanitario
También se han identificado niveles de arsénico y cadmio superiores a los registrados tras la catástrofe del vertido de Aznalcóllar en 1998. A todo esto las empresas mineras, por su parte, vienen reiterando el mensaje de que cuentan con todos los parabienes ambientales oficiales y que nunca han sido ni advertidas ni sancionadas por el Gobierno andaluz, la administración competente.
Esto “supone un riesgo ecotóxico y sanitario alarmante que las administraciones no pueden seguir ignorando”, se ha insistido. “El río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”, ya que a un estado que no es precisamente el mejor se une que la Junta “ha autorizado un vertido de aguas contaminadas con metales pesados de unos 130.000 millones de litros”, fruto de la acción conjunta de la nueva fase de Cobre Las Cruces y la inminente reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Los Frailes.
La convocatoria del 17 de octubre arrancará a las 12 horas de San Telmo, discurrirá paralela al río durante un tramo y acabará en las Setas de la Encarnación. “Es hora de que la sociedad hable alto y claro”, ha reivindicado Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, que ha reiterado las dos peticiones básicas que se vienen haciendo desde hace ya unos años: que una comisión científica independiente analice el estado del río y el impacto de los nuevos vertidos previstos, además de que se aplique una moratoria a estos proyectos hasta que se conozcan sus conclusiones.
“Esto es sumar más riesgos”
A lo anterior, las Mareas Blancas sanitarias añaden que se declare una “alerta sanitaria” en base a los estudios que reflejan el mal estado del Guadalquivir. Su portavoz, Sebastián Martín Recio, ha reiterado la “preocupación” de su colectivo por el “impacto en la salud de los metales pesados”, una petición que por ahora no ha sido atendida.
Entre los convocantes también están Salvemos el Guadalquivir y Ecologistas en Acción, además de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, Facua y COAG Andalucía. Por esta organización agraria ha hablado Noelia Márquez, que ha apuntado que “agricultores y pescadores están preocupados” por estos vertidos, “como si ya no fuesen pocos los problemas del Guadalquivir”. “Esto es sumar más riesgos”, ha apostillado, ya que –a la vertiente ambiental y en la salud pública– se añade el posible impacto económico en unas actividades tradicionales que “mantienen la población rural aguas abajo y generan empleo”.
De la buena salud del Guadalquivir depende también la de Doñana, se ha recordado, y ya en la actualidad el río “presenta signos de contaminación por metales pesados” que estos colectivos achacan a la actividad minera desde 2009. Así se denunció en una carta entregada al Gobierno andaluz hace año y medio, y desde entonces la principal novedad –nuevos estudios científicos al margen– es que se anunció la reapertura de la mina de Aznalcóllar para dentro de un par de años.