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Nou, un cadáver del PP

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El anuncio del cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha caído como un jarro de agua fría. No puedo decir que no era de esperar, se veía venir. La anulación del Expediente de Regulación Empleo decretado por el Tribual Superior de Justicia (TSJ) que obligaba al ente a readmitir a más de mil trabajadores no es la causa, solo es la punta del iceberg, la excusa, junto a los 1.200 millones de euros de déficit que soportaba justo antes de la reestructuración.

Vaya por delante toda mi solidaridad y apoyo a los 1700 profesionales que se han visto afectados por el cierre de la radiotelevisión pública valenciana. Ellos no tienen la culpa. Pero no solo ellos y sus familias son las víctimas, también todas las empresas privadas que prestaban servicio a RTVV, toda una industria que se verá seriamente afectada a partir de hoy.

Lo ocurrido con la radiotelevisión autonómica valenciana es el ejemplo de la mala gestión del Partido Popular, de cómo no se deben hacer las cosas. Habían creado un monstruo a medida que, ahora, se les ha ido de las manos y todo apunta a que no será el único. Sin duda, es fácil gestionar en momentos de bonanza, pero la economía es cíclica, y hay que estar preparados para los momentos críticos, esto en el caso del PP es sinónimo de privatización de los servicios públicos, pero la decisión judicial finalmente trastocó sus planes.

La Generalitat valenciana ha optado por el camino fácil, echar el cierre, dejar a cientos de familias sin un sustento económico, acabar con industria audiovisual y dejar a miles de valencianos sin el necesario servicio público que indudablemente prestan los canales autonómicos. Han cavado la tumba del sector audiovisual de esta comunidad y de parte de su historia.

El PP había dibujado una tele y una radio sobredimensionada, con una plantilla que costaba cada año a los valencianos 72 millones de euros. Para que se hagan una idea, el presupuesto total de la Radio Televisión Pública Canaria para 2013 apenas superó los 33 millones de euros y en ése contemplan todos los capítulos, mientras que en 2012 la Generalitat destinó 150 millones de euros a los canales de radio y televisión públicos y este mismo año 86 millones de euros.

Sin duda, era insostenible y el Partido Popular lo sabía. Hoy se escudan en que deben primar los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales, plenamente de acuerdo, pero el problema lo crearon ellos antes y lo han vuelto a crear ahora. Como decía anteriormente, entre los planes contemplados por el Gobierno de Alberto Fabra antes de la decisión del TSJ estaba privatizar determinadas franjas horarias de la programación. Una salida a todas luces fácil, pero que trazaba una delgada línea roja entre el servicio público y el interés privado.

Está claro que no se pueden establecer comparaciones entre Nou y RTVC. La radiotelevisión pública de los canarios es relativamente joven y puede presumir de un déficit cero. Por tanto, no arrastra deuda. Pero es que, además, desde sus inicios trabajó con una estructura externalizada que, finalmente, es el modelo por el que también han optado otras comunidades autónomas para sus canales autonómicos como Murcia, Aragón, Asturias y Baleares.

En RTVC se ha reducido el presupuesto paulatinamente en los últimos años, pasando de los 67 millones de euros en 2007 a los 33 millones de euros del presente ejercicio. Todo ello ha supuesto ajustes, en mayor medida en las empresas que prestan servicio al ente, pero en todo caso, se hicieron atendiendo a los necesarios recortes, cumpliendo la normativa y de acuerdo con los sindicatos y el comité de empresa.

Lo que hoy le pasa a la RTVV no es una buena noticia, no es un motivo de alegría, pero era irremediable a la vista de lo mal que se ha gestionado. Solo un dato a tener en cuenta, las dos cadenas más vistas en España, Telecinco y Antena 3, suman prácticamente la misma plantilla que soportaba el ente valenciano. Me gustaría saber ahora cómo denominarían la gestión de sus compañeros de partido de Valencia los dirigentes del PP de Canarias, porque está claro que si hay que hablar de chiringuitos, ellos son los más adecuados.

Esto nos da una señal de la magnitud de los errores cometidos por un PP que ha intentado salir del paso demonizando, poniendo en duda la importancia de los canales públicos, que en el caso de las televisiones y radios autonómicas cumplen una función social, cultural y vertebradora vital, además de la informativa, por lo que su utilidad como servicio público es incuestionable en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Galicia pero, sin duda, donde más se justifica es en Canarias, por la singularidad del Archipiélago y la fragmentación del territorio.

La RTVC es la única televisión con presencia en todas las Islas, con capacidad de contar en tiempo real lo que ocurre en cada una de ellas. La única que ofrece a los ciudadanos 24 programas informativos a la semana. Por tanto, no es un capricho, es una necesidad. No podríamos decir lo mismo de Televisión Española en Canarias que mantiene toda una estructura y sus dos centros de producción para emitir solo un informativo al día.

La necesidad de la RTVV es, por tanto, incuestionable como lo es que fuera el propio abogado que defendía al ente autonómico en el caso de los ERE el que reconociera que defendía a un canal que era un desastre, un auténtico agujero negro donde se dilapidaban recursos sin fin hasta llegar a los 1.200 millones de euros de deuda, pero qué podemos esperar de un gobierno, la Generalitat, que ha tirado millones de euros de todos los españoles en un aeropuerto, el de Castellón, en la que nunca ha aterrizado un solo avión; que destina millones de euros para financiar a los clubes de fútbol de élite, y que ahora dicen, ha decidido primar los servicios públicos esenciales. Sea o no esta la razón, habrá que esperar a ver si el cierre de Nou responde a un hecho aislado o a una cruzada del Partido Popular contra los canales autonómicos. Tiempo al tiempo.

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