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La legalidad y el Sáhara

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Descartaré otra discusión paralela sobre la orientación de la política exterior con respecto al Magreb, como esa manía de confundir el interés nacional con el empresarial, la necesidad de ganarse el favor de Mohamed VI para desbancar la influencia francesa, el acuerdo pesquero ilegal, la inmigración, la reciente venta de armas, los créditos FAD, el saqueo complaciente de los recursos saharauis. Ni siquiera apelaré a esa renuncia vergonzosa a defender los derechos humanos en los territorios ocupados y a denunciar como partido de Gobierno a los torturadores de las fuerzas de ocupación. O a pedir explicaciones acerca del tratamiento que Madrid solicita a la Unión Europea en defensa de los intereses del Majzen, que de nuevo confunde con los intereses del pueblo marroquí, la ausencia de representantes canarios en la delegación española, las responsabilidades históricas de la ex potencia colonial y demás. Renuncio a tantos temas, insisto, para evitar distracciones y dirigirnos a lo esencial, la necesidad de aplicar la legalidad internacional al Sáhara Occidental. Hasta este viaje, la diplomacia española salvó la cara porque aceptaba de palabra las resoluciones de la ONU para resolver lo que sigue caracterizándose como un proceso de descolonización, que debe finalizar con la celebración de un referéndum democrático. El plan Baker II fue el último esfuerzo diplomático (cuatro años de autonomía y colofón democrático), pero las autoridades de Rabat lo rechazaron. La diplomacia marroquí anunció posteriormente una propuesta sobre la autonomía del territorio. El esquema de la propuesta se paseó por París, Madrid, Londres, Moscú, Pekín y Washington, y empaquetada, supongo, hacia el Consejo de Seguridad. Lo nuevo no consistió en la apuesta por la autonomía, también incluida en el último plan Baker, sino en la negativa explícita a la realización del referéndum democrático. La autonomía no formará parte del trayecto hacia el fin del proceso de descolonización, sino que es el final inmodificable del mismo. Desaparece el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Rompe la baraja y las reglas. Por si Zapatero estaba aquejado de sordera, el primer ministro marroquí Dris Jettu se lo contó así de claro y bastante alto: “Lo esencial es que estamos defendiendo nuestro país, la integridad de nuestro territorio. La propuesta autonómica trata de encontrar una solución consensuada que respete la integridad territorial de Marruecos y su soberanía, en el marco de la ONU”. Este latiguillo sobre el famoso “marco de la ONU” encontró amplio eco en Zapatero y en Moratinos. Tanto, que recomendaron el estudio de la propuesta marroquí y su debate a las partes interesadas. Comprendo la demagogia de Jettu, pero resulta ridículo que los dirigentes españoles se suban al carro de esta impostura, tratando de vendernos la misma burra ciega a nosotros La propuesta marroquí revienta el marco de la ONU o, como gusta decir a Zapatero, sus principios. Liquida la legalidad internacional (tan apreciada en el caso de Irak) con la ayuda española en lugar de encauzarse dentro de ella. Es incompatible con todas las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Dejen de disimular. El Gobierno español ya no está en condiciones de mantener cierta neutralidad dentro de ese marco de la ONU que saltaría por los aires sin prosperara la operación marroquí. España se ha pasado a las posiciones coloniales de Mohamed VI. Una vergüenza, una cobardía y un peligro.

Rafael Morales

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