El PSOE plantea levantar la moratoria renovable

Efe

El PSOE ha planteado que la normativa por la que se suspendieron las primas para las nuevas instalaciones renovables quede derogada para las plantas que se construyan en los sistemas eléctricos extrapeninsulares: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Ésta es una de las enmiendas que ha introducido el grupo socialista al proyecto de ley para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los archipiélagos, Ceuta y Melilla, donde se ha incluido el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Industria y el Gobierno canario para modificar el texto original.

Junto a esto, el grupo socialista pide que el Ministerio de Industria, previo acuerdo con Canarias, pueda establecer cupos específicos de instalaciones de régimen especial en esta comunidad autónoma, así como cupos concretos para eólica y fotovoltaica en Baleares.

El PSOE también propone una serie de medidas para reducir los costes variables de combustible en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Entre estas medidas, plantea que las empresas con instalaciones en estos territorios remitan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo copia de los contratos de aprovisionamiento de combustible desde 2009 y las facturas necesarias para determinar estos costes.

Asimismo, establece que la Comisión Nacional de Energía (CNE) realice, en el plazo de un año, un informe con “posibles actuaciones estructurales” para rebajar estos costes, así como una propuesta que vincule la retribución de Red Eléctrica por operación de estos sistemas a mejoras en su gestión.

En este sentido, propone que Industria establezca objetivos mínimos de eficiencia, calidad de suministro y medioambiente en estos sistemas para periodos vinculantes de cinco años.

En base al cumplimiento estos objetivos podrá rebajarse hasta un 10% la retribución anual de Red Eléctrica.

Junto a estos puntos, el PSOE rechaza que se use esta normativa para “dar cobertura legal” a las técnicas de fracturación hidráulica o fracking y pide al Gobierno que desarrolle, en el plazo de seis meses, una regulación que favorezca el autoconsumo y el balance neto.

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