La Audiencia investigará el atentado de Líbano y prohíbe incinerar los cuerpos

Grande-Marlaska ha aplicado el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de los tribunales españoles “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española”, como delito de terrorismo, entre otros. La decisión del juez, según las mismas fuentes, no afecta al traslado a Colombia del cadáver del soldado Jefferson Vargas, previsto para este mismo martes, que podrá ser enterrado en su país de origen, pero no incinerado.

Los otros cinco militares españoles muertos el pasado domingo a consecuencia de la explosión de un coche-bomba en el Líbano, donde participaban en la misión de la fuerza de interposición de la ONU, son Johnattan Galera, Juan Villora, Manuel David Portas, Jeyson Castaño y Yhon Edisson. Según las primeras investigaciones, fue la explosión de una furgoneta Renault Express, cargada con 50 kilos de explosivo, provista de placas de matrícula falsas y con el número de bastidor manipulado, la que acabó con la vida de los seis cascos azules españoles cuando viajaban en un blindado BMR sin inhibidores de frecuencia.

El 4 de diciembre de 2003, después del atentado que el 29 de noviembre de ese año había costado la vida a siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu también decidió abrir una investigación sobre lo sucedido. Las diligencias fueron archivadas el 13 de febrero de 2004 en vista de que los hechos estaban siendo investigados “por las autoridades de las fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona” y de que se desconocía la identidad de las personas responsables del “ataque armado” a los funcionarios españoles.