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El Supremo fija una indemnización de 1 millón por un requiso de la Guerra Civil

PSOE E IU SE CONCEDEN TRES DÍAS DE ''REFLEXIÓN'' SOBRE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

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El Estado tendrá que indemnizar con más de un millón de euros al hijo de un ciudadano al que confiscaron alhajas hace 71 años en virtud de un decreto de la II República para hacer frente a los gastos de la Guerra Civil y que fueron depositadas en el Banco de España. Así lo acuerda la sala de lo civil del Tribunal Supremo (TS) en una sentencia en la que desestima el recurso que interpuso el abogado del Estado contra un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2000 fijó tal cantidad.

En 1937 el Gobierno republicano dictó un decreto por el que obligaba a todos los ciudadanos a que entregasen las piedras y metales preciosos, perlas, alhajas y joyas que tuviesen en su poder, como tributación obligada al Estado. Según el decreto, los que se negasen a entregar estos objetos de valor podían ser acusados de un delito de contrabando, además de incurrir en responsabilidades políticas por desobediencia al Gobierno.

En cumplimiento del decreto, el 8 de septiembre de 1937 Alejandro G. efectuó veinte depósitos de alhajas en las oficinas centrales del Banco de España y recibió los correspondientes recibos firmados. El hijo solicitó por escrito en diciembre de 1984 la devolución de las joyas, y el Banco de España le comunicó que no le iba a devolver nada, por lo que decidió llevar este asunto a los Tribunales.

La Audiencia de Madrid absolvió al Banco de España y a la Administración en 1991, lo que fue recurrido por el denunciante ante el TS, que en 1994 decretó la responsabilidad del Estado por la no devolución de los referidos efectos, mientras que la cantidad indemnizatoria debía fijarse en ejecución de sentencia. Posteriormente, un juzgado fijó en 188.012 euros la cantidad que tenía que ser abonada, pero la Audiencia la elevó a 1.091.072 euros por el valor de las alhajas y los beneficios dejados de percibir por el padre del demandante, decisión que fue recurrida por los servicios jurídicos del Estado.

El TS argumenta que el abogado del Estado intenta una rebaja indemnizatoria "carente de toda justificación y que no procede ser acogida". Según el auto, "se trata de beneficios acumulados que no ingresó el actor -titular de un establecimiento de joyería abierto al público- al no disponer del capital de las alhajas en depósito obligado en el Banco de España, por lo que evidentemente se le privó de su reparación y revalorización de los precios alcanzados de su venta".

Límite de una semana

Por otro lado, los grupos parlamentarios de IU-ICV y del PSOE se han dado un período de "reflexión" que abarcará hasta el próximo lunes para analizar las discrepancias que aún mantienen respecto a las enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Histórica.

Así lo explicó el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, al ser preguntado este jueves en rueda de prensa por los avances en la negociación. El portavoz socialista, Diego López Garrido, también auguró en otras declaraciones que "previsiblemente" no habrá novedades durante el fin de semana.

El límite para que el acuerdo sea viable en función de la tramitación parlamentaria del proyecto parece estar en la próxima semana, aunque ninguna fuente se atreve a dar una fecha concreta. En cualquier caso, si la ponencia no se reúne en los próximos días para aprobar las enmiendas es muy difícil que dé tiempo a cumplir los plazos reglamentarios del Congreso y el Senado, puesto que en diciembre se disolverán las Cortes.

La discusión de IU-ICV con el PSOE se centra en varios aspectos, de los cuales el más complicado es la declaración de ilegitimidad de los juicios sumarísimos de la etapa franquista, pero de una manera que permita a las víctimas un resarcimiento judicial. El acuerdo parece más cercano en cuanto a la condena del régimen franquista en la exposición de motivos de la Ley y también en la eliminación de los símbolos franquistas de todos los edificios públicos, exigida también por el PNV, y la intervención pública en la recuperación de restos y apertura de fosas comunes.

Joan Herrera subrayó que su grupo seguirá intentando un acuerdo "pese a que no las tenemos todas de poderlo conseguir, porque partimos de puntos de vista muy diferentes", reconoció. Insistió en que IU-ICV quiere "que haya una ley, y que la ley se aceptable" y anticipó que, si sale adelante, "no será lo que cada uno de nosotros quisiera" pero tampoco será "la ley del Gobierno" tal y como salió del Consejo de Ministros.

Aunque el grupo parlamentario presidido por Gaspar Llamazares reconoce que en los últimos días ha habido "avances", también se queja de otros "retrocesos" en la negociación de las enmiendas. Por su parte, Diego López Garrido señaló que espera que la semana que viene se pueda cerrar un acuerdo con los grupos para que haya una "mayoría parlamentaria" que permita sacar adelante la ley.

En este sentido, el PSOE mantiene contactos con los nacionalistas del PNV y de CiU para tratar de pactar los cambios planteados por ambos grupos, que en cualquier caso tendrían que ser avalados por Izquierda Unida, una vez apartada ERC de las negociaciones.

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