Barrios pide responsabilidades patrimoniales
La concejal de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, propone al grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria que analice si se puede repercutir en los concejales que tomaron la decisión de construir la Biblioteca Pública del Estado “el daño económico y la indemnización” que haya que abonar a los vecinos, tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
Nardy Barrios entiende que los concejales, que formaron parte la Comisión de Gobierno, “deben responder con su patrimonio a las indemnizaciones, ya que aprobaron ceder un suelo para la realización de un proyecto edificatorio que contaba con tres informes técnicos” que desaconsejaban dicha actuación. “Por ello, no es justo que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tengan que responder de esa actuación”, afirma en un comunicado.
La edil de Compromiso señala que en 1997 en Las Palmas de Gran Canaria había muchos terrenos para cederle al Ministerio de Cultura para la construcción de la biblioteca, “pero el Ayuntamiento gobernado por José Manuel Soria entregó un suelo, con una orografía que dificultaba la construcción de un edificio apto para los discapacitados, que tenía la mitad de su superficie calificada como zona verde y un proyecto que tapaba totalmente las vistas de unas viviendas al mar, perjudicando a los propietarios de las mismas.
Competencias
En ese momento, recuerda Nardy Barrios, la competencia la tenía la Comisión de Gobierno (aún no se había aprobado la Ley de Grandes Ciudades) que conociendo la existencia de tres informes técnicos que desaconsejaban dicha actuación y advertían de las repercusiones sancionatorias y económicas que podrían dar a lugar, hizo caso omiso de los mismos.
“A pesar de que los vecinos afectados intentaron que el Ayuntamiento no siguiera adelante con esta actuación no fueron escuchados y se les conminó a que acudieran a los tribunales de Justicia, que les ha dado la razón en tres ocasiones”, manifiesta la presidenta de Compromiso por Gran Canaria.
“Ahora, trece años después y tras la sentencia del Tribunal Supremo, el grupo de gobierno socialista pretende solventar la situación intentando negociar el pago de una cuantiosa indemnización a los propietarios de las viviendas con cargo a unas diezmadas arcas municipales, en lugar de repercutir los daños económicos a los causantes de los mismos, concluye Nardy Barrios.
