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El Cabildo grancanario, condenado a pagar 250.000 euros por despidos nulos

OBLIGADO A READMITIR A CUATRO EMPLEADOS DESTITUIDOS COMO ''REPRESALIA''

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El Cabildo de Gran Canaria continúa sin afrontar el pago de más de 250.000 euros y la readmisión de cuatro trabajadores objeto de un despido nulo, según diferentes resoluciones judiciales, la última de enero de 2007. La Corporación insular despidió a los trabajadores poco después de que éstos presentaran una reclamación salarial.

La lucha de los cuatro empleados afectados -que trabajaban para la institución insular desde el 11 de octubre de 2000- comenzó tres años más tarde, en octubre de 2003. El Cabildo solicitó en 2000, al entonces Icfem, una subvención de casi 200.000 euros que permitía la contratación de once agentes de empleo y desarrollo local durante un año. En el contrato laboral se establecía que "el contrato de duración determinada se celebra para la prestación de sus servicios en la sexta Agencia de Empleo y Desarrollo Local y se extiende desde en día 11-10-2000 hasta la finalización de la misma".

Después de solicitar dos prórrogas anuales para continuar contratando a los once trabajadores, cada una con 198.333,99 euros de importe, éste se vio reducido en septiembre de 2003 a 72.121,44 euros para la contratación de sólo cuatro. Ese mismo mes, apenas dos semanas antes, se notificó a nueve asalariados por parte de la administración demandada que el 10 de octubre "quedará extinguido el contrato de trabajo".

Todas estas decisiones fueron tomadas después de que en mayo de 2003 los cuatro demandantes reclamaran al Cabildo las diferencias salariales entre las retribuciones percibidas y el 100% de las señaladas en su convenio colectivo, el IV del Cabildo de Gran Canaria, que incluía una Disposición Adicional Única que ordenaba aplicar a efectos retributivos el 75% de la tabla salarial, disposición posteriormente dejada sin efecto por resolución judicial.

Los cuatro empleados, que pretendían la nulidad del despido, vieron como una sentencia de mayo de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas de Gran Canaria les otorgaba la razón, declarando su despido nulo y ordenando la readmisión "de forma inmediata". El órgano consideró que los despidos tuvieron "por móvil la represalia" ante la reclamación previa de los trabajadores, "lo que constituye una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española" (tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos).

Contrato realizado en "fraude de ley"

Ante esa resolución, el recurso del Cabildo fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sentencia de julio de 2005, citando además el Alto tribunal canario jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que "las irregularidades en las contrataciones temporales producidas por las Administraciones Públicas pueden determinar que la relación jurídica se convierta en indefinida". También acude el TSJC a las Órdenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para concluir que "el contrato de trabajo ha sido celebrado en fraude de ley", al no acreditar suficientemente la Administración la temporalidad de las tareas. El TSJC recuerda que "la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos".

La reacción del Cabildo de Gran Canaria -Ernesto Pérez era entonces y es hoy en día el consejero insular de Empleo y Desarrollo Local- atendió la decisión y ejecutó la sentencia, pero sólo de manera formal, al contratar a los trabajadores, por decreto de mayo de 2004 dictado por el Consejo de Gobierno Insular, "para obra o servicio determinado por un periodo que va desde la firma de cada contrato hasta el 28 de octubre de 2004". El Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas de Gran Canaria, de nuevo, en resolución de diciembre de 2005, estimó que el proyecto denominado Agencia de Empleo y Desarrollo Local "no cumple con las previsiones exigidas legalmente para hacer uso de la contratación temporal", dando la razón a la parte actora pero calificando el despido improcedente y no nulo, lo que permite a la empresa, en este caso pública, pagar al empleado y despedirlo.

Esta decisión judicial fue recurrida nuevamente ante el TSJC, que valoró que "la Corporación demandada vino a dar un cumplimiento meramente formal a la sentencia (?) incumpliendo lo declarado en los fallos judiciales (?), incurriendo en fraude de ley y abuso de derecho" para revocar, el pasado 17 de enero de 2007, la sentencia número 570/05, de diciembre de 2005, emitida por el Juzgado de lo Social número dos, y volviendo a declarar el despido nulo, condenando al Cabildo a la readmisión inmediata de los trabajadores, con abono a los mismos de los salarios dejados de percibir.

Aparte de las demandas de estas cuatro personas para recuperar sus empleos, interpusieron junto a otros siete compañeros una reclamación de cantidades, para recuperar el dinero que debía pagarles el Cabildo. En sentencia de abril de 2006, el Juzgado de lo Social número cinco consideró que "existe una desigualdad de trato retributivo sin razones objetivas que lo justifiquen, de manera que la conducta del Cabildo resulta contraria al artículo 14 de la Constitución Española" (Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social).

Así, la sentencia declaró "el derecho de los actores a ser retribuidos conforme a las normas generales de convenio colectivo aplicable a percibir el 100% de las tablas salariales con exclusión de la Disposición Adicional Única". La cantidad aproximada, incluyendo el 10% de intereses recogido en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, que el Cabildo está obligado a pagar desde enero, que sigue sin satisfacer, se acerca a los 250.000 euros.

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