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María Australia Navarro esquivó la impugnación del Plan Especial del Canódromo

EL 'PLAN PERFECTO' DEL PP, AL DESCUBIERTO

María Australia Navarro, como consejera de Presidencia y Justicia en 2004, obvió una resolución que ordenaba impugnar el Plan del Canódromo.

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La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias ocultó en 2004 una resolución de la Consejería de Política Territorial que solicitaba "la impugnación jurisdiccional" del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que aprobó el Plan Especial del Canódromo.

María Australia Navarro, José Manuel Soria y Josefa Luzardo, de izquierda a derecha, en una imagen de 2005. (CANARIAS AHORA)

María Australia Navarro, José Manuel Soria y Josefa Luzardo, de izquierda a derecha, en una imagen de 2005. (CANARIAS AHORA)

Aparentemente, se trata de una actitud contradictoria por parte del Gobierno de Canarias, sin embargo comprensible si se ponen nombres y apellidos a los responsables. El citado acuerdo plenario lo aprobó el Partido Popular con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, regía la Corporación capitalina Josefa Luzardo. Presidencia y Justicia estaba dirigida, por entonces, por María Australia Navarro.

La sentencia del TSJC publicada esta semana que anula las licencias de obra, en base a que el plan ya había sido anulado, menciona las modificaciones en la clasificación y calificación del suelo que llevaron a cabo las corporaciones del PP de José Manuel Soria y Josefa Luzardo.

La resolución de Política Territorial la firmó el viceconsejero de Ordenación, Fernando González. Éste etectó defectos en la modificación del uso del suelo que hizo el Partido Popular. Evidenció la ausencia de informes del Consejo Insular de Aguas que debía avalar la necesidad de trazar un túnel de drenaje para el barranco. También solicitaba la impugnación por el incumplimiento de la directriz general en cuanto a prevención de riesgos. El PP hizo caso omiso y siguió adelante con el plan que había iniciado su presidente regional cuando ocupaba la Alcaldía.

La resolución fue remitida el 7 de abril de 2004 a la Viceconsejería de Administración Pública dirigida entonces por Francisca Sarmiento, persona de confianza de María Australia Navarro, si bien hasta pocos días antes la había comandado Fernando A. Martín-Mönkemöller, concejal del PP en el Ayuntamiento entre 2001 y 2003, en pleno proceso de tramitación del convenio con Urbacán y del Plan Especial del Canódromo.

Según los letrados consultados, Francisca Sarmiento debía haber puesto el caso en manos de los tribunales, o bien haber emitido un informe contradictorio que justificara la no actuación del Ejecutivo canario como medida para no incurrir en un posible delito de "prevaricación por omisión".

El silencio como respuesta

La Viceconsejería de Administración Pública quedó en silencio y no hizo ninguna de las dos cosas. No deja de ser subrayable que una Consejería del Gobierno de Canarias en manos del PP decidiera desatender una resolución que podía llevar a sus compañeros de la capital grancanaria a los tribunales.

Pero, además, esta contradictoria actitud del Ejecutivo regional adquiere tintes más preocupantes si se tiene en cuenta que, no sólo no se recurrió el Plan del Canódromo como recomendaba Ordenación Territorial, sino que, cuando los vecinos de la zona, abanderados por la asociación Avecalta, impugnaron ante los tribunales el Plan Especial del Canódromo y, en consecuencia, el PGO de 2000 y su modificación de 2005, el Gobierno de Canarias se presentó voluntariamente como parte demandada en contra del recurso de los vecinos.

La clave de la cuestión, según apuntaba ya el TSJC en su sentencia, está en determinar si, en el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno municipal de Soria y la inmobiliaria, "los beneficios obtenidos por el promotor superan con creces el estándar o límite constituido por 'la búsqueda de la mejor ordenación posible en aras del interés general". Esto es, contestar a dos preguntas: ¿Qué beneficio obtuvo la promotora del convenio urbanístico? Y, ¿qué beneficio obtuvo la ciudad? Para posteriormente ponderar ambos parámetros.

De momento, conocido es que la empresa Urbacán se hizo con, al menos, nueve millones de euros limpios tras la operación. Mientras, la ciudad obtuvo una pequeña biblioteca y un parque urbano, construido sobre los terrenos del antiguo Canódromo y en el que la inconsistencia del suelo se ha ido manifestando en forma de baches e irregularidades desde su construcción.

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