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Zerolo convoca un pleno extraordinario para recurrir la sentencia del Supremo

EL DECRETO QUE SOMETE A VOTACIÓN NO INCLUYE LA PROVIDENCIA DEL TSJC

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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha convocado un pleno extraordinario, que se celebrará este viernes a partir de las 10 de la mañana, con el objetivo de someter a la ratificación del órgano municipal un decreto de la Alcaldía que dispone, basándose en cuestiones formales y con la finalidad de promover la suspensión de la sentencia, "la interposición de recursos no ordinarios frente a la sentencia de 3 de mayo del Tribunal Supremo", que anula el contrato de compraventa de varias parcelas del frente de playa de Las Teresitas.

El decreto al que se hace mención en el orden del día del pleno extraordinario lleva fecha de 4 de junio, es decir, del pasado lunes, cuando este diario informó de la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que se instaba al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia del Supremo, lo que equivale a solicitar a Inversiones Las Teresitas SL la devolución, en un breve plazo de tiempo, de los 52,5 millones de euros que pagó el consistorio por varias parcelas del frente de Playa de Las Teresitas.

No obstante, desde que se notificara la sentencia del Supremo a las partes, el 14 de mayo, el Ayuntamiento como parte demandada disponía de 20 días, según el informe jurídico municipal, para promover el incidente de nulidad que argumentó el grupo de gobierno en el último pleno.

De hecho, el decreto del alcalde de 4 de junio que se someterá a ratificación del pleno se basa prácticamente en el informe expuesto en el pleno del pasado sábado por el concejal Bruno Piqué y cuya autoría corresponde a la Asesoría Jurídica Municipal. En el citado informe, se considera que la Coordinadora El Rincón recurrió el convenio urbanístico y los acuerdos de 18 de julio de la Gerencia de Urbanismo y el acuerdo plenario del 23 de julio de Ayuntamiento de Santa Cruz, no el acto de compraventa.

Sin embargo, ya el Supremo acoge parte de las alegaciones relativas a las ilegalidades en torno a la compraventa presentadas en su momento por la Coordinadora El Rincón contra la decisión inicial del TSJC de no admitir el recurso contencioso interpuesto. En la propia sentencia del Supremo, en su punto noveno, se establece: "las partes están de acuerdo en que estamos en presencia de un contrato privado de compraventa, llevado a cabo por una Administración Pública", que debe regirse por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El decreto de Zerolo

Según este decreto de la Alcaldía, en primer lugar el Ayuntamiento promoverá incidente de nulidad de actuaciones ante la Sala Tercera del Supremo que anuló la compraventa de las parcelas "dentro del plazo de veinte días siguientes a la notificación de la sentencia, denunciando la incongruencia producida e invocando expresamente la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la indefensión".

En segundo lugar, y en caso de que la Sala del Supremo no admita o desestime la incidencia de nulidad, en el decreto del alcalde se incluye la decisión de interponer "recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que haya puesto fin al incidente de nulidad".

En el tercer punto, se insta expresamente, al interponer el incidente de nulidad de las actuaciones, o en su caso el recurso de amparo, la suspensión de la sentencia objeto de impugnación.

El punto cuarto del decreto del alcalde implica que el ejercicio de la representación y defensa del Ayuntamiento en dichas acciones se verificará de conformidad con el artículo 551.3 de la Ley 6/1985 del Poder Judicial y disposiciones del Reglamento de Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz. El decreto viene firmado por el alcalde ante Ángeles Negrín Mora, directora de la oficina del secretario de la Junta de Gobierno.

No se informa de la providencia del TSJC

Ni en el informe jurídico ni en el decreto del alcalde se hace mención alguna a la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 1 de junio por la que se ratifica la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo y se insta al alcalde a ejecutarla, esto es, a solicitar a la empresa Inversiones Las Teresitas la devolución del dinero pagado por las 11 parcelas, junto con los intereses.

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