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Cobas denuncia a mandos de la Policía Autonómica

ACCIÓN SINDICAL TRAS LA OPERACIÓN LADRILLO

Comisiones de Base acusa al cuerpo de los delitos contra la libertad sindical, la integridad moral de varios agentes y prevaricación administrativa.

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El sindicato Comisiones de Bases presentó el miércoles una denuncia por la vía penal contra varios miembros de la cadena de mando de la Policía Autonómica. Según informaron fuentes del colectivo, la denuncia argumenta la posible comisión de delitos contra el ejercicio de la libertad sindical, delito continuado de prevaricación administrativa y delito continuado contra la integridad moral de las personas, con independencia de que durante la investigación puedan surgir otros.

Según ha explicado la portavoz de Cobas Canarias, Meri Pita Cárdenes, "la cadena de mando viene infringiendo un trato vejatorio y denigrante a la práctica totalidad de la Unidad de Seguridad Ciudadana, y lo hace desde que en febrero de este año sus miembros intervinieran en la denuncia de lo que se ha dado en llamar la operación Ladrillo, es lo que marca un antes y un después".

Según las mismas fuentes, la cadena de mando inicia entonces una actividad contra los agentes y delegados sindicales, cuyo único delito fue defender sus derechos y denunciar lo que entendieron como prácticas irregulares. Esa relación causa-efecto queda sobradamente probada en las transcripciones de las llamadas telefónicas que se interceptaron en la investigación de la operación ladrillo, y en donde los propios mando hablan literalmente de que "se van a cortar varias cabezas", y "es lo que están haciendo, con total impunidad además y con toda la prepotencia de su superioridad en el cargo", denuncia Cárdenes.

A juicio de Cobas, hay otro síntoma claro de lo que está ocurriendo en el cuerpo de seguridad, y es el hecho de que se haya llegado a registrar un 89% de la plantilla de esta Unidad de Seguridad Ciudadana con bajas por depresión o ansiedad, cifra que actualmente supera el 60%. El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, negó esas cifras afirmando a renglón seguido que tampoco conocía los datos exactos.

Sin embargo, los datos suponen un síntoma claro del maltrato que se está dando en esa unidad y "si los gestores políticos ni saben ni controlan, si no quieren atender lo que está pasando, habrá que pedirles también responsabilidades", ha advertido la portavoz.

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