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El TSJC prohíbe la distribución de los 'polvos de Meléndez'

ESTÁN OPERATIVAS LAS MEDIDAS CAUTELARES DE ALERTA

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado un auto favorable al Gobierno canario por el que prohíbe distribuir los conocidos como polvos de Meléndez, unos productos elaborados por Enrique Meléndez-Hevia para diferentes patologías.

El TSJC ha resuelto así un recurso interpuesto por el bioquímico Enrique Meléndez-Hevia contra la medida cautelar de suspensión de la prescripción, dispensación y suministro de los factores I y II (glicina y ácido aspártico), adoptada por el Ejecutivo autonómico, informó este lunes el director general de Farmacia, Alberto Talavera.

La medida cautelar fue establecida por el Ejecutivo regional durante el procedimiento de expediente sancionador al catedrático en Bioquímica de la Universidad de La Laguna, que decidió recurrirla, aunque la Justicia ha considerado finalmente que "no cabe lugar suspender la prohibición de dispensación del Gobierno regional".

Talavera afirmó que, por tanto, "sigue en vigor que esos factores no pueden ser dispensados".

En este sentido, recordó que también están "totalmente operativas las medidas cautelares de alerta" adoptadas por la Agencia Española de Medicamento, que considera ilegales estos medicamentos, y también la resolución de la Dirección del Servicio Canario de Salud para prohibir la prescripción.

Los productos son compuestos de glicina y ácido aspártico que Meléndez- Hevia prescribe para enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión e "incluso cáncer", resaltó Talavera.

Meléndez interpuso el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de incoación de expediente sancionador y solicitó la suspensión de la medida adoptada por entender que la medida adoptada por el Gobierno "no se ajusta a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que pretende realizar".

Sin embargo, según el director general de Farmacia del Ejecutivo regional, las medidas preventivas tomadas por la administración "son proporcionadas a la gravedad de la situación y conforme a derecho para garantizar la salud de las personas".

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