Nosotros también estamos convencidos de la inocencia de José Miguel Ruano. Nos lo ha dicho mirándonos fijamente a los ojos con cara de corderito degollado. El pobre dice que no paga el punto de encuentro familiar de Las Palmas de Gran Canaria porque su consejería, responsable de las relaciones con la Administración de Justicia, no tiene dinero. Debe ser que las partidas dedicadas a este servicio, fundamental para los niños cuyos padres separados tienen medidas judiciales, se han agotado en sus homólogos de Guía de Gran Canaria (ayuntamiento de CC) y Santa Cruz de Tenerife (ciudad también gobernada por CC). El Cabildo (gobernado por el PSOE y NC) lo venía advirtiendo desde julio pasado, y el Gobierno de Canarias (gobernado por CC y el PP, en la oposición en el Cabildo) ha permitido que se consume este atropello, con el silencio irresponsable de los jueces, el Colegio de Abogados y el resto de operadores jurídicos. Les resumimos la historia de este nuevo dislate.