“Los periodistas no agotaron la diligencia debida profesionalmente para la comprobación de la veracidad de lo que publicaban” y llegaron a llamar “mafiosos” a las dos personas que demandaron a Editorial Prensa Canaria y a varios de sus periodistas. En total, los demandantes reclamaban 90 millones de pesetas de los de antes (540.000 euros), pero la sentencia de primera instancia, ratificada luego por la Audiencia Provincial y finalmente por el Supremo, cifró la condena en 60.000 euros para cada uno de los afectados. La sentencia firme tiene fecha de junio de 2004, si bien los hechos se remontan a octubre de 1999. Hay otras condenas, menos suculentas, pero no por ello menos llamativas, como la de difundir una conversación ajena grabada de modo ilegal en un locutorio del hotel Mencey, que le costó a La Provincia 1.100.000 pesetas. Lo dicho, todos estamos sujetos a recibir condenas. Hablemos ahora de las nuestras.