Desconocemos a estas alturas de la película si Marcelino Rodríguez habló el viernes, ante la comisión de Presupuestos del Parlamento, a título individual o en nombre de la institución que preside. Si fue en calidad institucional, Rodríguez ha hecho algo realmente llamativo: asegurar lo que todavía nadie se ha atrevido, que no hubo delito cuando falta hasta el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, cuya fiscalía está tardando en pronunciarse. Si habló a título particular, le rogamos que deje bien claro, para lavar el nombre de Amorós, qué fue de los 966.000 euros que aparecen acreditados como intereses bancarios de la Comunidad Autónoma que jamás cobró. O el 1.200.000 de sanción e intereses que impuso la Agencia Tributaria a la Dirección General del Tesoro por su cabecita loca. Por cierto, ¿y qué dicen los letrados del órgano auditor? ¿Comparten los criterios absolutorios de su presidente?