La principal asociación empresarial del sector de academias, Acacef, está que se sube por las paredes por la falta de respuesta a sus reclamaciones sobre asuntos que consideran primarios. El que más duele ahora es el de la justificación de los gastos de los cursos del llamado Plan FIP, porque si en un principio les dijeron desde el Servicio Canario de Empleo que aplicaran la normativa vigente antes de la nueva ley del 15 de octubre, ahora van y les indican que deben tirar las auditorías y hacerlas de nuevo. Las academias dicen que sí, que vale, pero que esos gastos adicionales los pague el tal Claudio Rivero o el SCE, que tuvo tiempo suficiente para contestar correctamente a los empresarios, para prestarles asesoramiento y hasta para facilitarles en soporte informático los formularios que pretendían tener. El caos, como ven, no se aleja del antiguo Icfem. Ni de los alrededores de la señora Montelongo.