Penas de inhabilitación amenazan al alcalde de Mogán por vulnerar derechos de la oposición
El alcalde de Mogán, Francisco González (PP), podría enfrentarse a penas de inhabilitación para empleo o cargo público que suman hasta 19 años en el peor de los casos, por vulnerar de manera sistemática derechos cívicos de los grupos de la oposición en el consistorio del Sur de Gran Canaria.
Un juez del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana ha apreciado presuntos delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa del primer edil, al impedir de manera continuada a los portavoces de la oposición expresarse en los plenos, contraviniendo las normas que rigen a las entidades locales.
El magistrado Julio Luis Wood, titular de Instrucción 2, ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas 2988/2014 en procedimiento abreviado, por si los hechos imputados a González estuvieran tipificados en los artículos 542 -contra los derechos cívicos- y 404 -prevaricación administrativa-, ambos en relación con el 74 -aplicación de penas en su mitad superior-, con penas que oscilan de 1 a 4 y de 9 a 15 años de inhabilitación, respectivamente.
El auto fechado el 9 de abril pasado se fundamenta en tres sentencias de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha dado la razón a concejales de la oposición en los últimos dos años, al ver vulnerados sus derechos en diferentes plenarios del Consistorio.
En una de ellas, de 3 de junio de 2013, se constata que el alcalde infringió el Real Decreto que regula el funcionamiento de las entidades locales, ya que en un pleno de enero de 2012 Paco González retiró la palabra a la concejal Isabel Santiago, de Nueva Canarias, cuando exponía una moción con derecho a cerrar el debate con un segundo turno de palabra. No sólo no lo permitió sino que, recoge aquella sentencia, “fue el propio alcalde quien se explayó con su discurso”.
Los modos antidemocráticos de Paco González en los plenos han sido reiterados y sonados -incluso con expulsiones de concejales-, y al menos judicialmente han quedado acreditados en otras dos sentencias de lo contencioso en el mismo sentido. En un pleno de octubre de 2013 el concejal afectado por no poder ejercer sus funciones como representante público según el reglamento del Real Decreto 2568 / 1986 fue Mencey Navarro, de Ciuca, al negarle el alcalde su derecho a ser el último en intervenir como ponente de la moción.
También en septiembre de 2013 sucedió una situación similar, sin la intervención final del ponente, de nuevo el concejal Mencey Navarro. El juez instructor entiende que de estas actuaciones, denunciadas en la vía penal por el concejal de Ciuca, hay indicios de los delitos indicados, dando traslado al ministerio fiscal y a las acusaciones particulares personadas para formular sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa.
