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La defensa de Zerolo reincide en que la compraventa "fue beneficiosa para la ciudad"

El abogado Jorge Muñoz sostiene en su alegato final que la operación estaba previsto que resultara a coste cero para el municipio con la venta o explotación de la parcela hotelera y del centro de talasoterapia

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Los acusados en el caso Las Teresitas, de espaldas, durante el juicio que se ha reanudado este viernes

Los acusados en el caso Las Teresitas, de espaldas, durante el juicio, este viernes CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

Jorge Muñoz, el abogado del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, ha sostenido este viernes que el convenio que permitió la compra en 2001 del frente de la playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia por 52,2 millones de euros fue beneficioso para la ciudad.

Este convenio fue favorable porque con él se pretendía que los empresarios no construyeran en el frente de la playa y, además, resultaría a coste cero para la ciudad con la venta o explotación de la parcela hotelera y el centro de talasoterapia, ha destacado Jorge Muñoz en su alegato final en el juicio oral del caso Las Teresitas, en el que se juzga la compraventa por el Ayuntamiento de los terrenos de la playa en 2001 presuntamente por el triple de su valor.

Zerolo también defendió desde el primer día que comenzó el juicio en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 9 de septiembre, que el acuerdo por el que el Ayuntamiento compró bajo su mandato los terrenos de Las Teresitas fue "beneficioso" para la ciudad y consiguió el propósito "que todos querían": que no se construyera en el frente de la playa.

Sin embargo, la Fiscalía pide ocho años de prisión más 30 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para Zerolo, acusado de prevaricación y malversación.

El letrado ha señalado que "no existe ni el más mínimo indicio" de que el anexo b pueda formar parte del informe y que este anexo "no reúne ninguna de las características procesales para admitir este documento".

En el anexo b, que no figura en la copia del informe de tasación que remitió al juzgado el Ayuntamiento, la Sociedad de Tasación precisaba que el precio de la playa bajaba a 18,5 millones debido a los condicionantes que pesaban sobre el aprovechamiento hotelero de las parcelas del frente de playa por cuestiones como el deslinde marítimo terrestre, las cesiones de aprovechamiento, la moratoria turística, la consolidación del suelo o la modificación del plan general.

Respecto a la moratoria, ha agregado que no se podía considerar porque no estaba en vigor en el momento en el que pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife votó a favor de la compra de los terrenos del frente de la playa.

Ha opinado que el actual consistorio de Santa Cruz de Tenerife no quiere quedarse con los terrenos, "solo hay que ver su posición civil", ha precisado el abogado.

Estas declaraciones se producen después de que este jueves Miguel Losada, letrado del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, corporación que se presenta como actor civil, haya insistido en que el consistorio quiere recuperar los 52,5 millones de euros, más intereses, y que los terrenos vuelvan a manos de los empresarios.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Canarias valoró los terrenos en un precio muy similar al que el Ayuntamiento finalmente pagó, al tiempo que ha negado que hubiera un acuerdo previo con los empresarios para fijar el precio de la playa.

Juan Manuel Fernández del Torco, abogado del exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, ha asegurado que no era competencia de su representado la custodia del expediente del convenio de compraventa que el Ayuntamiento suscribió en 2001 con los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

En el expediente administrativo es donde se tendrían que haber incluido los tres informes que valoraban el precio de las parcelas en una cantidad muy inferior a la pagada.

Fernández del Torco, que expuso ante el tribunal su informe final, ha dicho que en ningún caso ve que José Tomás Martín haya prevaricado ni malversado, de lo que le acusa la Fiscalía, que le pide cuatro años de prisión.

El letrado ha lamentado que José Tomás Martín esté sentado en el banquillo de los acusados por intentar "aclarar la situación y saber más que los demás".

También ha señalado que el gerente de urbanismo es un cargo de libre designación, lo que hace que este puesto de trabajo no sea "un instrumento en manos del político que te ha nombrado".  Por ello, se ha preguntado: "¿Qué interés tenía José Tomás Martín en el expediente?, ¿qué obtenía de ventaja?", y ha reclamado la libre absolución de José Tomás Martín.

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