Arcila requerirá por vía judicial el convenio con Sacyr-Vallehermoso
Sí se puede ha reclamado de nuevo al Ayuntamiento de Santa Cruz el acceso del concejal de su grupo municipal Pedro Fernández Arcila al expediente y los informes jurídicos del convenio firmado el pasado 25 de marzo entre la corporación y la multinacional Sacyr-Vallerhermoso en el que se detalla el plan de inversiones para la obra de ampliación de la desaladora.
El citado plan acuerda “la devolución a Sacyr de los 31 millones de euros del coste de esa instalación, infringiendo la cláusula quinta del contrato administrativo”, recuerda la organización ecosocialista en esta nueva solicitud de documentación.
“Si en diez días no nos entregan el expediente, vamos a los tribunales”, advierte Arcila. Así figura en el documento presentado, en el que Sí se puede anuncia al Ayuntamiento su intención de formular “recurso contencioso administrativo por vulneración del derecho fundamental a la participación pública, entre otros”, en el caso de que en el plazo previsto por la ley no se facilite a su portavoz los documentos requeridos y las copias necesarias para su estudio detallado.
“Dámaso Arteaga, concejal de Servicios, no entrega la información para ocultar la operación hecha por el alcalde, José Manuel Bermúdez, con Sacyr en plena campaña electoral, que además contaba con informes negativos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento”, asegura Arcila, quien señala al citado concejal “por ser responsable del área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos”.
El Ayuntamiento está obligado por el procedimiento administrativo a haber entregado la documentación demandada el pasado 6 de junio, cinco días después de la presentación por escrito de la primera solicitud por parte de Sí se puede. Además, la ley refuerza esta obligación por silencio administrativo. El derecho a obtener esa información está protegido por la ley y es imprescindible para el ejercicio de las funciones de fiscalización de las acciones del grupo de gobierno municipal.
Según Sí se Puede, la multinacional pretende basarse en este convenio para reclamar a la empresa de servicios municipales de agua Emmasa, que se encarga de gestionar, los 31 millones de euros más los intereses destinados a esta obra. Los contenidos de este acuerdo han sido denunciados en la causa penal en la que este aprtido ejerce la acción popular por un presunto delito de malversación de fondos públicos y el juzgado que instruye el caso está informado de la solicitud de documentación promovida por la organización ecosocialista.
