¿Podremos seguir viviendo aquí? La crisis de la vivienda en Andalucía

Hay decisiones que creemos íntimas hasta que miramos cuánto cuesta un alquiler. En Andalucía, emanciparnos, formar una familia, separarnos, cambiar de trabajo o seguir viviendo en el lugar donde crecimos depende cada vez más de algo tan básico como poder pagar una casa.

No hace falta que haya un desahucio. A veces basta con que termine un contrato, llegue una subida que no podemos asumir o descubramos que los pisos disponibles cuestan mucho más de lo que permite nuestro sueldo.

Entonces entendemos algo incómodo: no hace falta que nos echen de una casa para que nos expulsen de un lugar.

Cuando trabajar ya no basta

Durante décadas asumimos una secuencia más o menos sencilla: estudiar, encontrar un trabajo y, tarde o temprano, independizarse. Para buena parte de las clases medias y trabajadoras, esa secuencia se ha roto.

En Andalucía, apenas alrededor del 12% de las personas menores de 29 años estaban emancipadas en 2025. Detrás de esa cifra hay jóvenes que trabajan y siguen viviendo con sus padres y madres, parejas que posponen irse a vivir juntas y personas que comparten piso durante mucho más tiempo del que habían imaginado.

El problema tampoco termina a los treinta. Afecta a quien se separa y descubre que no puede pagar una vivienda o a quien encuentra trabajo en una ciudad pero no puede permitirse vivir en ella. Para algunas personas queda la posibilidad de volver a casa de su familia. Para otras, ni siquiera eso.

Porque “volver a casa” presupone una red familiar, una habitación disponible, una relación que permita regresar o, simplemente, tener a alguien cerca. Para muchas personas migrantes, jóvenes extuteladas, personas LGTBI que no pueden recurrir a sus familias o quienes han crecido en hogares precarios, esa puerta de emergencia no existe.

Y para quienes sí la tenemos, la certeza de que siempre habrá un techo al que volver empieza a parecerse demasiado a un privilegio.

La vivienda está dejando de ser el escenario donde desarrollamos nuestro proyecto de vida para convertirse, demasiadas veces, en aquello que lo condiciona.

Y no condiciona a todo el mundo igual.

Dos personas con el mismo salario pueden tener posibilidades radicalmente distintas si una cuenta con una vivienda familiar, una herencia o unos padres capaces de ayudar con la entrada de una hipoteca y la otra paga alquiler mientras intenta ahorrar. La desigualdad patrimonial heredada se convierte así en una frontera entre quienes pueden construir cierta estabilidad y quienes empiezan siempre unos pasos por detrás.

La vivienda también habla de clase. No solo de cuánto ganamos, sino de con qué patrimonio, apoyos y redes partimos. El derecho puede ser el mismo. Las posibilidades materiales de ejercerlo no lo son.

La casa también es donde cuidamos

Hablar de vivienda es hablar también de cuidados. Una vivienda no está aislada de aquello que la rodea. Vivimos cerca de una madre que recoge a sus nietos del colegio, de una hermana que puede acompañarnos al médico, de una vecina que tiene nuestras llaves o de un centro de salud al que podemos llegar sin invertir una hora en el trayecto.

En muchos pueblos y barrios andaluces, buena parte de la vida cotidiana se sostiene precisamente en eso: en la proximidad, en los vínculos y en esas redes de apoyo que no aparecen en ningún contrato ni en ninguna estadística.

Cuando alguien tiene que abandonar su barrio porque ya no puede pagar el alquiler, no desplaza únicamente sus muebles. Rompe una red de cuidados construida durante años.

Y esas desigualdades también tienen género y clase. Muchas de las mujeres que limpian casas, atienden a personas mayores o cuidan criaturas trabajan en barrios donde ellas mismas no pueden permitirse vivir. Si el precio de la vivienda las expulsa cada vez más lejos, a la jornada laboral se suman horas de transporte y menos tiempo para sus propias familias o para sí mismas.

Quienes hacen posible que otras personas concilien tienen cada vez más difícil conciliar sus propias vidas. La vivienda no crea las desigualdades de género, clase u origen. Pero las amplifica.

Una Andalucía deseada en la que cuesta quedarse

Somos un territorio al que millones de personas quieren venir: para pasar unos días, estudiar, jubilarse, comprar una segunda residencia, invertir o comenzar una nueva vida.

Ese atractivo genera actividad económica y oportunidades, pero plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un lugar resulta extraordinariamente atractivo para quien viene y cada vez más difícil de habitar para quien ya vive y trabaja en él?

No sucede igual en toda Andalucía. Málaga representa quizá el caso más extremo, pero la presión sobre la vivienda alcanza también a Cádiz, Sevilla, Granada y numerosos municipios costeros. En otras zonas rurales aparece una paradoja distinta: existen casas, pero muchas están vacías, deterioradas o fuera del mercado residencial.

Los datos ayudan a ver la contradicción. Andalucía supera los 4,7 millones de viviendas y más de 1,3 millones no son residencia principal. El Censo contabilizó además 641.437 viviendas vacías, el 13,7% del parque de viviendas de aquel momento, y a finales de 2024 la Junta registraba 139.163 viviendas de uso turístico.

Eso no significa que todas puedan convertirse mañana en alquiler residencial. Una vivienda vacía en un pueblo despoblado no resuelve el problema de una familia que busca casa en Málaga, ni una segunda residencia es por sí misma la causa de la crisis.

Pero los datos obligan a ampliar la pregunta. No basta con preguntarnos cuántas viviendas necesitamos construir. También debemos preguntarnos qué uso estamos haciendo de las que ya existen.

Muchas veces nos expulsan sin desahucio

Durante años asociamos el desahucio a una familia que no podía pagar su hipoteca. Hoy el alquiler tiene mucho más peso.

En 2025 se practicaron 3.782 lanzamientos en Andalucía, la segunda cifra más alta del país. El CGPJ habla técnicamente de “lanzamientos”, que no equivalen exactamente al número de familias desahuciadas. Aun así, el dato muestra un cambio claro: casi siete de cada diez estuvieron vinculados al alquiler.

Pero esas cifras solo cuentan lo que llega a los juzgados. No incluyen a quien abandona un piso porque sabe que no podrá asumir la nueva renta. Ni a quien se muda a una habitación. Ni a quien se aleja de su trabajo porque es lo único que puede pagar. Ni a quien encadena contratos temporales sin saber dónde vivirá dentro de seis meses.

También existe una expulsión sin desahucio.

Tener una vivienda es un derecho, no una promesa

Precisamente por eso, Amnistía Internacional insiste en que la vivienda no puede abordarse únicamente como un problema de mercado.

España cuenta con un parque de alquiler social equivalente aproximadamente al 1,71% del parque residencial, frente a alrededor del 9% de media europea. Amnistía reclama ampliar de forma sostenida la vivienda social y asequible, regularlos precios del alquiler allí donde se han vuelto inaccesibles y garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables ante un desalojo.

Las instituciones tienen obligaciones para que el acceso a una vivienda adecuada, segura y asequible no dependa exclusivamente de nuestra capacidad para competir en el mercado.

Porque esa capacidad tampoco empieza de cero. Depende de nuestro salario, pero también de la familia en la que nacemos, del patrimonio que heredamos, de nuestras redes y de las desigualdades que atravesamos.

Los derechos pierden sentido cuando solo puede ejercerlos plenamente quien puede pagarlos.

¿Podremos seguir viviendo aquí?

Cada vez somos más quienes vemos cómo la vivienda condiciona decisiones que deberían ser nuestras.

Esto ya no le pasa solo a “otra gente”. Afecta a jóvenes, familias, personas mayores, a quienes viven solas, a quienes cuidan y a quienes no tienen una red a la que recurrir.

Por eso la vivienda no puede seguir tratándose como un problema individual que cada cual resuelve como puede. Necesitamos políticas públicas que garanticen que vivir en nuestros pueblos, barrios.