De 'niños de la polio' a mayores vulnerables: Andalucía avanza en la atención sanitaria sin una visión global
Andalucía da los primeros pasos para atender a las personas con poliomielitis cuatro años después de que la Ley de Memoria Democrática las reconociera como víctimas del franquismo. Una adaptación del circuito asistencial que conllevará la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tiene como fin dar respuesta a las más de 10.000 personas afectadas en la comunidad, el mayor número del país. Sin embargo, los llamados 'niños de la polio' piden más rapidez y una respuesta integral acompañada por los servicios sociales para apoyar con todos los recursos posibles a una población ya altamente envejecida.
“El reconocimiento está hecho, pero en la práctica no hay nada”, cuestiona Pedro Varo, presidente de la Alianza por la Polio y la Postpolio en Andalucía (APPA). “El colectivo, ahora ya mayor, está sufriendo los síntomas de la postpolio, que es como si te pegara por segunda vez, por lo que pedimos investigación y que nos favorezcan para entrar en la Ley de Dependencia”. Para conmemorar el Día Mundial de la Poliomielitis, la APPA, perteneciente a la federación española, vuelve a pedir este 24 de octubre una ley de Apoyo, Asistencia y Atención Integral a las víctimas de Polio en Andalucía.
En este sentido, el pasado 8 de octubre, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS emitió una instrucción específica para abordar el tratamiento de los pacientes de polio, aunque aún hay lagunas en la forma en la que está planteada para la asociación.
“La persona con secuelas de polio o síndrome pospolio no tiene un interlocutor único y debe peregrinar por siete ventanillas distintas para cubrir necesidades que son simultáneas y relacionadas entre sí”, como ocurre con la rehabilitación y cronificación, la dependencia, la investigación que piden que haya sobre la enfermedad, o el censo estatal que aún no está confeccionado. “Es especialmente grave, porque hablamos de una población envejecida, con multimorbilidad y un síndrome que trae nuevas deficiencias décadas después de sufrir la polio aguda”, sostiene.
La Consejería de Sanidad indica, en respuesta a este medio, que el objetivo será “unificar criterios de derivación, definir competencias, identificar necesidades formativas e implantar un circuito asistencial homogéneo en todo el SAS”. Así, se analizará caso por caso las secuelas de la enfermedad y el impacto en su actividad diaria y, para quien lo requiera, se organizará un plan personalizado. “Se establecerán circuitos de derivación y seguimiento para evitar duplicidades y demoras innecesarias”, detallan, potenciando la cooperación entre la atención primaria y las especialidades hospitalarias como medicina física y rehabilitación, neurología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia.
“Se considera comprensible la preocupación expresada”
Una serie de actuaciones que ya ponía sobre la mesa la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que recogía la ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. Un avance que aún carece de una perspectiva holística, tal y como se desprende de un informe al que ha tenido acceso este medio.
Fechado en octubre de 2025 pero entregado a los afectados el pasado 15 de octubre como respuesta a una reclamación, el SAS especifica que hay 8.783 personas con diagnóstico de poliomielitis aguda, secuelas y síndrome pospolio registradas en la sanidad andaluza. A tenor de la cifra, y “mientras se diseña e implanta el circuito”, los centros atenderán a los pacientes conforme a las recomendaciones de la Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad.
El SAS asume la asistencia sanitaria, la rehabilitación, la fisioterapia y la planificación de sus recursos humanos. Por contra, responde que el registro estatal de personas afectadas excede a sus competencias, aunque admite que podría colaborar con la información disponible aún “con la limitación conocida de la infranotificación en historia clínica”, apuntan. En este sentido, se admite que “se considera comprensible la preocupación expresada por las personas afectadas respecto a los plazos, dado que se trata de una población de edad avanzada”.
En esta línea, el informe descarta dar atención relativa al programa de termalismo social (prestación que lleva el Imserso), la regulación de la situación de dependencia y su valoración, para lo que se ajusta a la emisión del informe de salud que se incorpora a la valoración final; así como la investigación, cuestiones que, recalcan, “corresponden a otras administraciones u órganos”. En el documento, no se menciona la posibilidad de crear un aparato integral para dar una respuesta única en vez de dejar a la suerte del paciente los trámites de forma disgregada cuando se trata de individuos con graves problemas de movilidad y dolor crónico.
“Déficit absoluto y relativo” de médicos rehabilitadores
El análisis pone de relieve que la plantilla de facultativos especialistas de área en Medicina Física y Rehabilitación (MFR) tiene “una presión asistencial elevada”, con 1 millón de entradas en consultas durante 2025 y más de 86.000 pacientes pendientes de primera consulta en mayo de 2026, frente a una plantilla de 310 plazas y una ratio media de 3,60 FEA por 100.000 habitantes. Para ello, los presupuestos históricos de 2027 contemplan la creación de 144 nuevas plazas entre 2027 y 2032 dado “el déficit absoluto y relativo” en los hospitales. Así, “esta incorporación amplía la capacidad de atención para las personas con discapacidad funcional crónica, entre ellas las afectadas por secuelas de polio y síndrome postpolio, y facilita el tratamiento rehabilitador pueda continuar en su centro de salud”.
En cuanto los servicios de fisioterapia, el SAS añade que dentro de los planes de contratación se incluirán 29 nuevas plazas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Andalucía. “Aunque su destino es el paciente crítico, constituye el punto de partida autonómico para el refuerzo de esta categoría en el ámbito hospitalario”, excusan. Aún así, reiteran: “La incorporación de estas plazas está sujeta a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2027, y los incrementos posteriores se concretarán en la programación de los ejercicios siguientes”.
Por otra parte, la podología se dirige a la diabetes y al pie diabético, observando que en el caso de la polio se remitirá a la ortoprotésica, así que no se contempla un seguimiento clínico.
“Deja al colectivo sin respuesta operativa”
Una vez conocida esta información, la Asociación Alianza por la Polio y Postpolio en Andalucía cuestiona la capacidad de la administración: “El informe reconoce el problema, pero no lo aborda”. Varo recalca que “no hay ni un solo compromiso concreto, cuantificado y específico para las secuelas de polio y el síndrome pospolio”, aparte de que tampoco hay calendarios ni indicadores para evaluar el plan. Asimismo, apunta a que el reconocimiento de la falta estructural de profesionales “no se traduce en una respuesta proporcionada” siendo el horizonte 2030, ¿cuántas personas mayores podrán entonces disfrutar de ello?
“Se diagnostica la enfermedad y se prescribe un tratamiento a seis años vista, sin garantía de que se dispense”, ya que este incremento de plantilla viene condicionada por los presupuestos autonómicos y el desarrollo de los recursos asistenciales. A ello, añade que “el informe se limita a señalar lo que es suyo sin tender puentes, por lo que deja al colectivo sin respuesta operativa”, para lo que pide mecanismos de coordinación entre las administraciones.
Andalucía, a la cabeza con más afectados
La polio fue negada por la dictadura franquista entre 1950 y 1960 pese a que ya campaba por toda Europa, lo que impidió que se administrara en el país la primera vacuna a la población. Una década perdida con más de 2.000 casos y unas 200 muertes al año que afectó especialmente a la infancia, pero no sería hasta 1963 cuando se produjo la primera campaña de vacunación. Sin registros oficiales de la época, el Ministerio de Memoria Democrática publicó en mayo de 2025 el Informe de comisión de personas expertas en las personas afectadas por la poliomielitis, efectos tardíos de la polio y el síndrome postpolio, donde se recoge que hay 43.782 españoles afectados.
Andalucía cuenta con 10.259 pacientes con polio, seguida por Cataluña (6.538), Madrid (6.162) y Comunidad Valenciana (4.843), según los datos que se extraen del Imserso de 2023. Del total nacional, se estima que hay un 64% de esta población con un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65%, detalla el informe. Seguidamente, hay un 27% con más del 65%; y el 8% se sitúa en el grado del 33%. A pesar de estas cifras, el informe recoge que a un 67% de este grupo no se le encuentra el certificado de dependencia, pese a las secuelas.
Una batalla en la que el tiempo corre en contra debido a que la mayor parte de estas personas son de avanzada edad: 20.172 personas tienen entre 60 y 70 años; y otras 17.377 ya cumplen más de 80 años. “Esta espera se hace insufrible para los pacientes, que tienen una media de 70 años, ¿cuánto más van a esperar”, cuestiona Antonio David Sánchez, médico traumatólogo y autor del libro La poliomielitis: una negligencia del franquismo.
“La dictadura negó la epidemia en un momento en el que había mucho miedo. Los síntomas se manifestaban a los tres o siete días y aparecía como fiebre y una debilidad extrema, no podían levantarse de la cama o se caían al suelo”, cuyas secuelas físicas principales son la atrofia muscular, las deformidades esqueléticas o la dificultad para respirar, entre otras. Sánchez ha recibido a pacientes de toda Andalucía y contempla el daño que produce el síndrome pospolio: “Muchos de ellos se refieren a él como si volvieran a coger la polio por segunda vez”.
“Años después”
A día de hoy, no existe un tratamiento farmacológico para las personas con polio y, para las nuevas generaciones, la vacunación en lactantes es superior al 98% en Andalucía, según los datos trasladados por la Consejería de Sanidad, mientras que la dosis de vacuna a los 6 años, implantada desde el 2023 por indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una cobertura consolidada superior al 93%.
“Lo que sí se ha demostrado es que los pacientes con polio tendrían que ser llevados en consultas multidisciplinares, con estudios rehabilitadores y tratamientos fisioterapéuticas”, indica el especialista, medidas acompañadas por los aparatos ortopédicos necesarios para su movilidad. No obstante, hasta sustituir un aparato por otro puede ser un obstáculo: “Tienes que convencerles para que lo utilicen, porque hay ocasiones en las que cambiar de ortesis les provoca muchos dolores, y prefieren la suya, aunque esté en peores condiciones”.
El especialista recibió la orden del SAS, pero subraya que viene “años después”. Años de esfuerzos y trabajo conjunto de las asociaciones que persisten frente al sistema. El pasado 23 de septiembre, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) relativa a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la poliomielitis. Cuatro años después de la ley de Memoria Democrática y casi 50 años después de que sus afectados la contrajeran. Un largo camino por recorrer si la administración continúa dilatando los tiempos.