El TSJA permite continuar el derribo del edificio de Correos en Zaragoza mientras sigue el conflicto por su valor patrimonial
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la demolición del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos, en el entorno del Portillo de Zaragoza, solicitada por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). La resolución, fechada el pasado 8 de octubre y difundida este miércoles por el Ayuntamiento de Zaragoza, permite continuar los trabajos, aunque no supone una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio ni resuelve el conjunto de las controversias patrimoniales y urbanísticas que acompañan a la transformación de este espacio.
El Gobierno municipal ha recibido el auto como un respaldo a su actuación y ha aprovechado para cargar contra Apudepa, a la que atribuye una “estrategia de bloqueo político” y un supuesto afán de “paralizar el progreso de la ciudad”. Sin embargo, las reivindicaciones que han mantenido tanto esta entidad como la Asociación Vecinal Joaquín Costa y otros colectivos ciudadanos van más allá de la conservación de un edificio: incluyen la protección de la arquitectura contemporánea, la creación de equipamientos públicos y un modelo de movilidad que reduzca el protagonismo del tráfico en el futuro entorno del Portillo.
El portavoz municipal, Víctor Serrano, ha asegurado que la resolución demuestra que los proyectos del Ayuntamiento “cuentan con todas las garantías legales, técnicas y urbanísticas”. También ha reprochado a Apudepa haber recurrido a los tribunales cuando el destino del inmueble estaba previsto desde hacía dos décadas y ha considerado que la protección del patrimonio no puede convertirse en un “subterfugio” para impedir el desarrollo de Zaragoza.
La defensa del edificio se había articulado en torno a un manifiesto promovido por Apudepa y respaldado, entre otros colectivos, por la Asociación Vecinal Joaquín Costa, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), CGT de Correos, la Urbanización Parque Roma, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Delicias y Zaragoza No Se Vende.
Las entidades defendían el valor arquitectónico, histórico y social del antiguo centro postal, proyectado entre 1970 y 1972 por el arquitecto José Luis González Cruz. Consideraban que constituía un ejemplo significativo de la arquitectura contemporánea zaragozana, con características vinculadas al Movimiento Moderno y al brutalismo, y reclamaban su conservación frente a la demolición prevista en el proyecto de urbanización.
Entre sus argumentos figuraba la inclusión del inmueble en los registros de la Fundación Docomomo Ibérico, dedicada a documentar y conservar la arquitectura del Movimiento Moderno. También invocaban las valoraciones de especialistas en patrimonio y arquitectura, aunque este reconocimiento documental no supone por sí mismo una figura de protección legal.
Las asociaciones reivindicaban, además, la memoria social de un edificio que durante décadas estuvo vinculado al servicio postal y al trabajo de numerosas personas. Frente a su desaparición, proponían estudiar su rehabilitación y reutilización para equipamientos públicos, entre ellos instalaciones educativas y culturales que pudieran atender necesidades pendientes de la ciudad.
La movilización había conseguido reunir 2.142 firmas hasta el 10 de febrero de 2026, según los datos difundidos por las propias entidades.
Apudepa solicitó el 21 de enero de este año la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o, subsidiariamente, como Bien Catalogado. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón rechazó posteriormente su protección, apoyándose en informes técnicos que cuestionaban la singularidad arquitectónica del inmueble y su adscripción al brutalismo.
El conflicto por Correos forma parte de un debate más amplio sobre la transformación de los antiguos terrenos ferroviarios del Portillo, una operación urbanística largamente esperada que debe permitir la creación de nuevas zonas verdes, equipamientos y conexiones entre barrios.
En mayo de 2025, la FABZ y distintas asociaciones vecinales presentaron alegaciones al proyecto de urbanización, con especial atención al diseño de la movilidad y al impacto del tráfico sobre las zonas residenciales próximas.
Entre sus principales objeciones figuraba la ampliación de la capacidad de la calle Escoriaza y Fabro, donde el proyecto contemplaba tres carriles de circulación, así como los efectos de la reorganización de Anselmo Clavé. Las entidades advertían de que estas actuaciones podían incrementar el tráfico en el entorno del futuro parque y reclamaban aprovechar la intervención para avanzar hacia un modelo urbano menos dependiente del vehículo privado.
También planteaban la necesidad de mejorar las conexiones peatonales, atender las demandas de equipamientos públicos y garantizar que la recuperación del Portillo beneficiase realmente a los barrios colindantes.
Estas alegaciones evidencian que la controversia no se ha limitado a la conservación del antiguo Correos. Las organizaciones vecinales han reclamado la transformación del espacio ferroviario, pero han cuestionado algunas de las soluciones elegidas para llevarla a cabo.
Reproches del tribunal
Según los extractos del auto difundidos por el Ayuntamiento, el TSJA considera relevante que el edificio estuviera fuera de ordenación desde la modificación del planeamiento aprobada en diciembre de 2005, cuando ya se contemplaba su demolición.
La resolución señala que existieron distintas oportunidades para cuestionar los instrumentos urbanísticos o solicitar la protección del inmueble y reprocha que se dejara transcurrir un periodo tan prolongado antes de acudir a la vía judicial.
“La diligencia del interesado a la hora de pretender la tutela judicial debe ser relevante, y cuanto mayor haya sido su desidia, menos razones hay para concederlas”, recoge el comunicado municipal al reproducir el razonamiento del tribunal.
El TSJA también se apoya en los informes técnicos que descartan el carácter excepcional del edificio y cuestionan su clasificación dentro del movimiento brutalista. Según esos informes, se trataría de una construcción funcional propia de su época, sin valores singulares suficientes para justificar su protección.
En su ponderación de los intereses afectados, el tribunal tiene en cuenta las consecuencias de paralizar unas obras que afectan a la avenida de Anselmo Clavé y que se prolongarán durante varios años. También recoge la estimación de Zaragoza Alta Velocidad, que cifró en casi 1,8 millones de euros el perjuicio económico derivado de una eventual suspensión de los trabajos.
El auto rechaza las medidas cautelares sin imponer las costas procesales a Apudepa.
El Ayuntamiento interpreta la resolución como un nuevo respaldo judicial a su política urbanística, después de que otra decisión judicial reciente rechazara las pretensiones cautelares de Apudepa relacionadas con el edificio número 12 de la calle Estébanes.
Serrano ha defendido que el Gobierno municipal continuará impulsando los proyectos de transformación urbana y ha acusado a quienes recurren estas actuaciones de pretender mantener Zaragoza “inmovilizada y anclada en el pasado”.
Por el momento, la decisión del TSJA permite mantener el calendario de las obras del Portillo, pero no pone fin al procedimiento judicial principal ni elimina las discrepancias sobre el valor patrimonial del antiguo Correos y el modelo urbanístico previsto para este enclave.