Aguas, un engaño confirmado

En efecto, el vicepresidente primero en unas jornadas sobre medios de comunicación celebradas el 11 de noviembre en Madrid, señaló que “nunca vamos a comunicar cambio normativo alguno porque no lo va a haber”, expresando que el Ejecutivo estatal no va a trasladar nada a las instituciones que velan por el cumplimiento del Derecho de Mar en la línea de modificar el carácter de aguas internacionales que existen entre Tenerife y Gran Canaria, y entre Gran Canaria y Fuerteventura. Sus palabras coinciden con las anteriores declaraciones del entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseverando que el acuerdo alcanzado entre Zapatero y Rivero “no cambia para nada la posición de España en materia de aguas internacionales”.

Rigor jurídico

Moratinos y Rubalcaba conocen perfectamente que lo firmado entre Zapatero y Rivero carece por completo de rigor jurídico y que el procedimiento para alcanzar el reconocimiento de las aguas archipielágicas como propias es bien distinto. Por tanto, se trata de una mera denominación formal de “aguas canarias” sin el menor valor jurídico. Como se recordará en el referido Acuerdo presupuestario y de estabilidad se incluye un apartado referente a las aguas canarias en el que se presenta una proposición de Ley, con tres puntos y tres disposiciones, que debería entrar en vigor antes del 31 de diciembre; y que destaca por su ambigüedad y claro carácter contradictorio.

Con la misma no queda en modo alguno claro que “las aguas entre Tenerife y Gran Canaria dejarán de ser internacionales y pasarán a ser aguas canarias”, tal y como señaló a bombo y platillo el presidente Rivero tras la ratificación del acuerdo. Y es que la disposición adicional referida al derecho internacional dice, nada más y nada menos, lo siguiente: “el trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”. Por tanto, mientras el Gobierno español no declare como aguas jurisdiccionales españolas las actuales aguas internacionales interinsulares y se someta al arbitraje multilateral de los organismos del vigente Convenio Internacional del Mar no habrá cambios en este asunto. Y Rubalcaba ha dejado claro cuál es la voluntad del Ejecutivo de Zapatero al respecto: no hacer nada.

El centralismo, representado por el PSOE o por el PP, se ha opuesto sistemáticamente a esa reivindicación histórica. Se trataría de que el Gobierno español cumpliese con su propia legislación. En este caso, desarrollando la Ley 10/77 sobre Mar Territorial o Aguas Jurisdiccionales, que señala que para toda la costa, incluida la de los dos archipiélagos, se aplicará su delimitación, en nuestro caso mediante lineas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes del Archipiélago; y notificar consecuentemente a los organismos de Derecho del Mar a nivel internacional. Y la Ley 15/78 sobre Zona Economica Exclusiva, que asevera que España comenzará a aplicarla a todas sus aguas con una longitud máxima de 200 millas, quedando supeditada a acuerdos bilaterales con otros estados cuando existe proximidad con la zona económica de otras naciones, como en nuestro caso, aplicándose entonces la mediana según señala la Convención de Montego Bay.

Ejemplos que acreditan que se puede delimitar el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva en el caso de archipiélagos de Estado, como es Canarias, los encontramos en las Islas Houtman (Australia), Islas Feroe (Dinamarca), Islas Spipzberg (Noruega), Islas Galapagos (Ecuador) y, geográficamente más cercanos, en las portuguesas Azores y Madeira.

No se amplían competencias

Por otra parte, el acuerdo Zapatero-Rivero tampoco amplía las competencias canarias sobre ningún ámbito marítimo adicional, ni siquiera sobre las actuales aguas jurisdiccionales españolas, Lo deja claro el segundo apartado de la Proposición: “El ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente”. En consecuencia, tendría que modificarse el Estatuto de Autonomía y ampliar el ámbito territorial de la comunidad autónoma a las aguas de jurisdicción española, e incorporar nuevas competencias acordes con esa nueva realidad territorial, las 12 millas de aguas jurisdiccionales.

Una vez más, el Gobierno de Canarias queda en ridículo ante la ciudadanía tratando de apuntarse una victoria que el Ejecutivo central se encarga de presentar en términos bien distintos. Rubalcaba y Moratinos han desmontado el espectáculo de ATI-CC respecto a un asunto de trascendente importancia para las Islas y restan más credibilidad a un presidente que se caracteriza por “vender humo” (con el empleo, con el autogobierno, con el desarrollo sostenible, con la renovación de la planta obsoleta o en este caso, con las aguas) e incumplir una tras otra sus promesas.

Román Rodríguez