Combatir la violencia machista

El repunte en el periodo reciente de los asesinatos de mujeres por parte de hombres que son o fueron sus parejas supone un enorme fracaso como sociedad. La violencia de género es una lacra de enormes dimensiones de la que los crímenes son la punta del iceberg de una situación que afecta a millones de mujeres en todo el mundo que sufren cotidianamente todo tipo de maltratos psicológicos o físicos infligidos por quienes mantienen relaciones supuestamente afectivas con ellas. Modificar esta grave situación no es fácil. No basta con leyes, por justas y avanzadas que sean. No basta con castigar a los culpables. Se trata de la titánica tarea de reducir el machismo en la sociedad, de extender las ideas de igualdad entre mujeres y hombres, de superar el supremacismo masculino, de rechazar la violencia como forma de resolver los conflictos.

Pese a las modificaciones legislativas y las campañas de concienciación realizadas en las últimas décadas, las cifras continúan siendo estremecedoras. Solo en el tercer trimestre del pasado 2022, las denuncias por violencia de género en Canarias crecieron un 5% respecto al mismo periodo de 2021, pasando de 2.439 a 2.562, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Media estatal

Además, Canarias registra la quinta tasa más alta del Estado español de violencia machista, con 23,1 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000. Por delante se encuentran solo Baleares (35,2), Murcia (25,8), Valencia (25,4) y Andalucía (23,8), mientras que la media estatal fue de 19,8, es decir, 3,3 casos menos que en nuestro archipiélago.

En el ámbito estatal, a finales de diciembre de 2022 más de 43.000 mujeres contaban con algún tipo de protección policial, de ellas 744 por riesgo extremo o alto. Amnistía Internacional señala que según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, “el 11% de las mujeres de 16 y más años han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual de sus parejas o exparejas. Ese porcentaje equivale a 2,2 millones de mujeres. Y la cifra llega al 24,4% (4,9 millones de mujeres) cuando los agresores incluyen además a otros hombres sin esa vinculación sentimental”. Amnistía recuerda, asimismo, el papel de la violencia vicaria, “una forma de violencia contra la infancia que, además, usa el agresor para castigar a la mujer haciendo daño a sus hijos/as”.

En el año 2003, siendo presidente del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias aprobó la ley Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, que muchos y muchas consideran muy avanzada “al reconocer como víctimas no solo a las mujeres que sufren esta violencia en el ámbito de la pareja o expareja. Incluye otras formas de violencia como la paterno-filial o semejante, situaciones de violencia laboral o social hacia las mujeres”, como señala en un análisis reciente la periodista Jennifer Jiménez.

En el Estado español distintas iniciativas legislativas -entre ellas la Ley de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, en cuyo proceso de debate y votación participé como diputado en el Congreso por Las Palmas-, han incidido en la batalla contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. La última la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, dirigida a ofrecer más protección a las víctimas de delitos sexuales, y que ha levantado polémica con relación a su impacto en la reducción de las penas.

Pese a los avances legislativos que se han experimentado en el Estado español y en Canarias, queda mucho camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres. En el plano económico, lo denuncian de forma reiterada tanto los sindicatos como las asociaciones feministas, las mujeres continúan cobrando menos que los hombres. Y en el desgarrador asunto de la violencia siguen produciéndose de forma cotidiana esos atentados contra la libertad, la dignidad y la vida de las mujeres. Casi 1.200 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003, primer año en el que se cuenta con estadísticas oficiales de víctimas mortales de violencia de género.

Detrás de esos comportamientos se encuentra la desigualdad entre hombres y mujeres y la consideración de propiedad que todavía numerosos varones mantienen sobre las mujeres; no soportando que éstas avancen en autonomía personal o que decidan poner final a una relación. Resulta muy preocupante que muchos de esos comportamientos se den entre gente joven, educadas en democracia y que reproducen los patrones de comportamiento machistas, justificando el control sobre la manera de vestir, el trabajo, los estudios, el ocio, y las amistades de sus compañeras; e incluso disculpando la violencia física o psicológica.

Negacionismo

Situación que se retroalimenta gravemente con el negacionismo en torno a la violencia machista que práctica la extrema derecha. Sí, la misma que niega la crisis climática y sus consecuencias para el planeta y para la humanidad. Y que es negacionista también de la democracia, de sus valores y reglas, como hemos visto recientemente en Brasil o dos años antes en Estados Unidos. La extensión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de las ideas liberticidas de la extrema derecha, sin ninguna cortapisa, supone un enorme peligro para el avance de las mujeres en el mundo. Son racistas y xenófobos, sí, pero también contundentes en su guerra contra el feminismo y los avances en los derechos de las mujeres. Es esencial combatir sus mentiras, bulos y manipulaciones, su desprecio a la democracia, sin ambigüedades ni blanqueamientos políticos ni mediáticos.

La Comunidad Canaria ha multiplicado en esta legislatura las ayudas que se conceden a las mujeres víctimas de violencia de género y es pleno el compromiso del Ejecutivo en la ampliación de recursos para combatirla. Lo que exige una actuación integral, desde los ámbitos sanitario, educativo, judicial, policial, mediático... Todo el esfuerzo que se haga es poco. Evaluando el funcionamiento de las actuales medidas policiales, judiciales o los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia de género -insuficientes como se ha demostrado reiterada y dramáticamente-, para ofrecer una mejor respuesta por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Incrementando los recursos humanos y materiales. Incidiendo en la importancia de la educación en valores y en el compromiso colectivo de toda la sociedad -con una imprescindible mayor implicación masculina a favor de la igualdad y contra la ola reaccionaria antifeminista- en la lucha contra esta violación flagrante de los derechos humanos. Aislando sin ambages y no siendo cómplices de quienes niegan la violencia de género.