Contabilidad de los partidos

Los partidos políticos deberían tomarse muy en serio sus cuentas. Es también una forma de recuperar la credibilidad, o mejor dicho, de impedir que se agrande la brecha de desafección hacia la política que algunos hechos de los últimos tiempos han propiciado hasta generar en muchos casos una auténtica repulsión. Los partidos son la columna vertebral de la democracia. La Constitución les reserva un papel preponderante para su funcionamiento. Luego, no todo tiene que reducirse a proselitismo, candidaturas y diatribas orgánicas.

El Tribunal de Cuentas ha emitido ya su informe, del que se hace eco la agencia Europa Press, relativo a las elecciones municipales de mayo del año pasado. Participaron dos mil setenta y cinco partidos que están obligados a presentar y justificar sus contabilidades ante la citada institución. Novecientos tres -una cifra elevada, desde luego- no las remitieron. Movieron los partidos 56,4 millones de euros, 1,4 de los cuales presentaban deficiencias. El Tribunal de Cuentas concluye que, a la vista de los expedientes analizados, procede a reducir la subvención a novecientas diez formaciones políticas por dos razones principales: no ofrecer los datos exigidos o exceder el gasto legal inicialmente asignado.

Por completar los datos contables del Tribunal: de los 56,4 millones de euros movidos por los partidos para financiar sus campañas, 29,1 procedían de créditos bancarios; otros 14 millones, de adelantos de subvenciones electorales; 9,8 millones, de aportaciones de las propias organizaciones políticas y 3,4 millones, de aportaciones privadas. El organismo fiscalizador, al detectar que los gastos de más de un millón ciento sesenta mil euros no son de naturaleza electoral o no han sido debidamente justificados en tiempo y forma, advierte que no podrán ser financiados con subvenciones electorales. En total, por este concepto, novecientos tres partidos se han visto afectados, aunque la mayoría de implantación territorial reducida, prácticamente ceñida a una sola circunscripción municipal.

Independientemente de las acciones que los partidos políticos entablen tras conocer las resoluciones del Tribunal de Cuentas, es positivo que éste haya cumplido con su deber en un tiempo razonable - pensemos que después de aquella convocatoria electoral, ha habido otras dos- y que las organizaciones sean consecuentes para no aparecer como incumplidoras de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Mil ciento setenta y dos partidos -cuarenta y ocho de ellos, fuera de plazo- sí atendieron sus obligaciones legales en el sentido de presentar sus respectivas contabilidades electorales.

Y como sería favorable para el funcionamiento del sistema que sea tomada en cuenta otra consideración del Tribunal incluida en este informe: adoptar medidas oportunas para equilibrar el desfase advertido entre el límite máximo de gastos -fijado a partir del número de habitantes de los municipios- y el importe de las subvenciones electorales a percibir.

Pero hay que insistir: para hacer que la transparencia sea un principio aplicable, para frenar esa crítica incontenible de amplios sectores de la sociedad y para ajustarse con el máximo realismo a sus actuaciones de campaña, los partidos políticos deberían tomarse muy en serio sus cuentas. Les vendría mejor a todos. Y a la democracia.