Cultura, de la planificación a la acción

El Parlamento de Canarias ha acogido, desde el 14 de marzo, la Comisión de Estudio sobre el estado de la cultura en Canarias y su aportación al desarrollo económico y social del Archipiélago. Al margen del debate que podemos abrir sobre la utilidad de la actividad parlamentaria, a estas alturas resulta innegable que dicha comisión no sólo ha servido para colocar la cultura en el debate de la Cámara Legislativa, sino que ha sido una importante oportunidad para visibilizar a un sector que recorre desde hace demasiados años el seco y gris camino de la desidia institucional.

Desde un primer momento, los integrantes de la Comisión tuvimos clara la necesidad de escuchar a las profesionales o personas expertas en la materia y que estas comparecencias debían ser el eje medular de esta comisión. Para ello se planificaron las sesiones y han sido casi 30 las interesantes exposiciones que pusieron sobre la mesa las potencialidades de la cultura como elemento estratégico e indispensable para nuestro desarrollo socioeconómico.

Teniendo en consideración la extensa diversidad de significados que aborda el término “cultura”, resulta bastante complejo enmarcar parte del estudio dentro de los parámetros puramente económicos y aunque encontramos varios modelos de relación entre cultura y economía, corremos el riesgo de limitar el campo de análisis a consideraciones mercantilistas: la cultura como producto de consumo. Esto es un error que sólo pueden permitirse los economicistas más mediocres. En esa tarea de análisis económico comprobamos que, según nuestro PIB, los sectores culturales y creativos han podido resistir mejor que otros el periodo de recortes y crisis económica, consolidando un 3,2% del PIB, aún siendo el más maltratado presupuestariamente. A pesar de ello, con 12 millones de euros genera mejor impacto en nuestro PIB que otros sectores que reciben cientos de millones, revirtiendo cada euro de inversión pública en 9,5€ para nuestro sistema productivo. Esto pone de manifiesto dos cuestiones: por un lado, el potencial del sector y su capacidad de innovar permanentemente, y por otro, que esa consolidación en época de recortes se debe a la precarización laboral. Es decir, la asalarización de la pobreza.

En Canarias los profesionales de la cultura, salvo contadas excepciones, tienen enormes dificultades para vivir de su trabajo, teniendo que compaginar su labor artística con cualquier otro tipo de empleo o por el contrario estar obligado a vivir en riesgo de exclusión social. En el estudio presentado este mismo año por la consejera María Teresa Lorenzo, “El valor económico de la cultura en Canarias y análisis de las posibilidades de promover un modelo de crecimiento regional basado en la cultura y la creatividad”, en el apartado sobre la situación del mercado de trabajo de los sectores culturales y creativos, los datos de desempleo en la subactividad “Actividades Culturales y Creativas y Servicios Culturales”, se sitúan por encima de los 10 puntos con respecto a la media estatal. A partir de dicho estudio, y según los datos del Censo 2011, en Canarias hay 27.195 personas trabajando en actividades relacionadas con la cultura, lo que suponía, en ese año, un 3,6% de la población activa, por debajo de Aragón, la Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. Por no hablar de la distancia que esa cifra nos sitúa de aquellas comunidades que superan el 6% de la población activa, como Madrid o Cataluña.

En el estudio sobre el valor económico de la Cultura se determina lo siguiente: “lo que hoy ya sabemos de manera cierta es que la concentración de actividades culturales y creativas en un determinado territorio cambia la lógica y el funcionamiento de sus dinámicas económicas de una forma más profunda y compleja de lo que habíamos supuesto hasta ahora, a través de la propensión a la innovación, y sabemos también que el ”campo cultural“ exporta hacia el resto de los campos socioeconómicos un conjunto de valores que implican un replanteamiento ético y que encajan mejor con el concepto de desarrollo sostenible”.

Sin embargo, a pesar de la pretendida búsqueda de una mayor diversificación económica y de encargar y presentar valiosos informes y planes, el Gobierno de Rivero primero y el de Clavijo después (en algo se parecen, no crean) han recortado un 86% del presupuesto autonómico para Cultura y no han puesto en marcha las políticas necesarias para activar la planificación encargada. Esta falta de voluntad y consideración por parte de los últimos gobiernos, han derivado en una situación insostenible para muchas entidades culturales. Este empobrecimiento presupuestario se traduce en la fuga de talentos, en la pérdida de capacidad, creatividad y por tanto de innovación y diversificación económica, limitando enormemente nuestro desarrollo y disminuyendo la reputación de Canarias hacia el exterior, haciéndonos menos atractivos para captar inversión. En este punto no puedo dejar de recordar que para el Gobierno de Canarias nuestro mayor atractivo no radica en la identidad, patrimonio histórico o cultural, lo establece entre nuestra condición geográfica, la baja fiscalidad y los bajos costes laborales del personal cualificado. Gobernar un país como si fuera una multinacional.

Esta incongruencia entre teoría y práctica la encontramos también en otro de sus informes, este último, sobre la desigualdad, pobreza y cohesión social en Canarias, concluye que: “la pobreza en el Archipiélago no es un problema meramente coyuntural, consecuencia de la crisis económica, sino que se trata de una situación estructural derivada del actual modelo productivo, con bajos niveles de ingresos, rentas, gastos y también de productividad”.

Sin embargo, al contrario de lo que indican sus propios análisis e informes, las estrategias del gobierno tienen como prioridad el fomento de la construcción y la capacidad alojativa, es decir, continuar con el mismo modelo productivo que se señala como causante de la pobreza estructural. Prueba de ello es la prisa que ha tenido para eliminar las barreras normativas que entorpecen su camino con el proyecto de Ley del Suelo o la reciente reforma de ley turística para las llamadas islas verdes.