Se ha despreciado a la enseñanza pública, llevándola a unos niveles de fracaso escolar intolerables para una autonomía con el potencial y el nivel de gasto de Canarias.Se ha despreciado el derecho a saber, a exigir responsabilidades, con el pacto de “no agresión” que ha descafeinado las comisiones creadas para los casos Amorós