Lo que nos espera

A mitad de octubre el presidente de la CEOE ?fuerte ejemplo de empresario que lucha para sacar adelante a su patria- se adelantó y se lanzó a pedir más horas de trabajo y menos sueldo para salir de la crisis. En estos días las declaraciones o presiones indisimuladas se han sucedido unas tras otras, a modo de ráfagas de metralleta. El primero en pronunciarse fue el banquero Botín -el mismo que ha visto aumentar su fortuna en el último año en un 50% según Forbes- quien exigió al Gobierno ampliar las reformas “de fuerte calado” en pensiones, mercado laboral y sanidad, entre otros sectores, y más velocidad en la reestructuración de las cajas, para después apurar su privatización y comérselas con papas. Ese mismo día, 26 de octubre, Mariano Rajoy en el Congreso de la Empresa Familiar, cuyo presidente y dueño de Mango había pedido en la jornada anterior que pudiera despedirse a los funcionarios públicos, se desmelenó y dejó entrever su perfil más neoliberal proponiendo menos Estado -esa es la clave- y la continuidad de las privatizaciones que inició Aznar en 1996 (eléctricas, telefónica, banca pública, etc.) sólo que esta vez con los puertos, aeropuertos y trenes y lo que se le ponga por delante. Y para colmo anuncia medidas como las adoptadas en Reino Unido por Cameron que ha decidido despedir a 500.000 funcionarios y poner en marcha disposiciones de ajuste económico cuestionadas por un amplio sector de la sociedad inglesa que denuncia que con ellas sólo se consigue castigar más a los más pobres. También por esos días pasó por España el Premio Nobel de Economía de 1995 Robert Lucas, miembro de la Escuela de Chicago y servidor de los intereses del gran capital, para decirnos que la gente no quiere trabajar porque es vaga por naturaleza, que los sindicatos tienen demasiado poder y que España debería dar un paso atrás en el Estado del bienestar.

Por esas mismas fechas, Valeriano Gómez, flamante ministro que había acudido el 29 de septiembre a la manifestación convocada en Madrid por la huelga general y que en junio de este año escribió en El País de los Negocios que “aquellos que reclaman reformas radicales, lo que realmente pretenden es alterar el equilibrio social”, nos dice ahora que con las reformas ya no hay marcha atrás y que toca ir a por las pensiones: “las reformas no se pueden detener y en democracia el Gobierno no tiene que pedir perdón cuando gobierna”. Menos mal que el pobre, tentado por viejas reminiscencias sindicalistas, anunció la continuidad de la ayuda de los 426 euros para los parados a partir de febrero, pero llegó la ministra Salgado y mandó parar, dejándole claro que de eso no hay nada en los presupuestos.

No hay duda de quién nos gobierna y qué pretende. Es el mayor ataque a la democracia, a la equidad y la igualdad desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se sentaron en Europa las bases del Estado social que hoy vemos desmoronarse. Lo ha expresado perfectamente Miguel Martín, presidente de la asociación Española de Banca: “El Gobierno está haciendo esfuerzos ante la pérdida de credibilidad de España, pero serán los mercados los que decidan si son los necesarios y suficientes”. Más claro, agua.

Mientras, y a pesar de que se nos dijo que la reforma era para crear más empleo, resulta que el desempleo de larga duración roza en estos momentos el 40% del total de casi cinco millones de parados en España; que más del 60% de la población trabajadora es mileurista y el peso de la masa salarial en el PIB, según Doménech, Raventós y Buster no ha hecho sino retroceder en las últimas décadas a favor de los beneficios empresariales y de las rentas improductivas, financieras e inmobiliarias; que en dos años se ha duplicado el número de ciudadanos que piden ayuda a Cáritas y que 800.000 personas andan sumidas en la pobreza más absoluta; estamos a la cabeza del desempleo en Europa, con un 19,4%, incluso por encima de Letonia (18,8%), Estonia (17,5%) y Lituania (15%) y no digamos nada de Canarias donde nos acercamos al 30%; nuestra tasa de paro juvenil triplica el porcentaje mundial situándonos en un 40% o un 52% en Canarias; en estos momentos se han quedado fuera del subsidio de 426 euros los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares, que quedan al albur de las ayudas sociales, que también disminuyen de manera preocupante?

Al tiempo, y para cumplir con el mandato de la reducción del déficit , se eliminan las ayudas para la creación de empleo, se corta de raíz la inversión pública y otras políticas productivas (renovables, atención social, investigación, etc.) y se destina un capítulo importantísimo de los presupuestos a subvencionar los despidos, en contra de la opinión de expertos como el Premio Nobel Krugman (“reducir drásticamente el gasto cuando todavía estamos padeciendo un paro elevado es muy mala idea. (Parece) que lo responsable es hacer que los parados sufran” o la presidenta del Consejo de Asesores Económicos de EEUU Christina D. Romer (“Irlanda, Grecia y España han experimentado un aumento del paro tras empezar a recortar el déficit. Tomar ahora medidas presupuestarias que hagan subir aún más el paro no solo sería cruel, sino también corto de miras”).

La clave la ha dado Robert Lucas: demasiado Estado del bienestar. Se trata de crear precariedad, miedo, inseguridad. Como dice Ignacio Ramonet, “el problema es que ahora la derecha tiene política y la izquierda no, por lo menos en el terreno decisivo: el económico”. Francisco Longo en El Periódico afirma que para los que gestionan el presupuesto la prioridad deben ser aquellos que, al mismo tiempo que su trabajo corren el riesgo de perder su carta de ciudadanía y cita al profesor Leonardo Morino: “la democracia desigual incrementa la probabilidad de transformarse en democracia no legítima”. Es lo que nos espera si no reaccionamos.

Para las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, que afirman que el ajuste económico ha aumentado la pobreza y la desigualdad de género, todos nosotros “como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia”. Pero los mercados han decidido otras cosas.

Antonio Morales