Sin Estatuto que valga por Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)

En ese tortuoso reformatorio el Estatuto ha fenecido y no ha llegado a Cortes. No podía ser de otra manera. El texto que recientemente se ha quedado paralizado en la antesala del Congreso es un collage hecho de los retales, remiendos, añadidos, alteraciones y supresiones con que los diferentes partidos en diversos momentos han intervenido en su confección.

La reforma de la reforma de la reforma del Estatuto está hecha de derrubios y adolece de inestables fundamentos. El Estatuto carece de consenso, llegó a Madrid sin haber sido antes debidamente explicado y expuesto a debate en la sociedad canaria, y mucho menos pasó por el tamiz del referéndum autonómico. Mientras la posibilidad del referéndum quedó reservada a sociedades de mayor desarrollo político, como la andaluza o catalana, los canarios parecen necesitar de la tutela de una clase dirigente que bien se cuida de mantenerlos alejados de responsabilidades decisorias.

Algo hizo el Gobierno Autónomo por impulsar la reforma de la reforma estatutaria: una costosa campaña publicitaria en la que se explicaba a los canarios, por si no lo sabían, que lo suyo es decir gofio y no harina, y gaveta en vez de cajón. Pero fue más lo que no hizo: exponer pormenorizadamente los motivos que lo movieron a reformar los artículos reformados, o propiciar el debate en los medios de comunicación para que los ciudadanos pudieran identificar con claridad qué modificaciones eran impulsadas por qué partidos, y cuáles eran sus argumentos a favor o en contra. Tampoco supo el Gobierno Autónomo transmitir a la sociedad canaria lo que de trascendental tenía este momento de reforma democrática.

Está claro que, cuando en España se ha abierto un periodo de revisión general de las normas que rigen las autonomías, de Canarias debería procurar asumir más competencias detraídas del Estado. Pero también está claro que no sólo de competencias viven los canarios. El Gobierno Autónomo ahora tiene poderes en materias de Sanidad, Educación y Justicia, y a la vista está que a pesar de esas transferencias, Canarias ocupa el furgón de cola de España y padece uno de los peores sistemas sanitarios, uno de los índices de fracaso escolar más elevados, un deplorable índice de pobreza, uno de los más lentos sistemas judiciales, y otras lindezas sin cuento como la sempiterna de ostentar una de las más altas tasas de paro.

El Gobierno Autónomo no puede desaprovechar el actual momento histórico y limitarse a acrecentar sus competencias, también debe enmendar esos aspectos tan importantes del articulado del Estatuto que se refieren a la organización del poder, al funcionamiento de su estructura administrativa y a su sistema electoral. Antes que arrogarse nuevos poderes, que en sí nada son si no van acompañados de una gestión eficaz y de una garantía de control por el ciudadano, el nuevo Estatuto tendría que afrontar la reforma de su Sistema Electoral, y no por medio de una Ley Parlamentaria que no se sabe en qué momento ni en qué circunstancias se desarrollaría, sino por la modificación de su articulado.

Hay que insuflar más democracia al sistema y eliminar las trabas que impiden a los electores verse debidamente representados. Para ello es de necesidad acometer tres reformas básicas: a) reducir el máximo permitido por las leyes las restrictivas barreras electorales y situarlas, como mucho, en el 3 por ciento autonómico y el 5 por ciento insular, b) crear una circunscripción regional añadida a la insular que permita elaborar una Lista Autonómica que pueda ser votada por todos los ciudadanos de Canarias independientemente de la isla en que residan, y c) asignar a cada isla un número de diputados más acorde con su demografía fijando un número mínimo por isla y el resto de acuerdo al último censo disponible en el momento de la convocatoria electoral.

Demócratas para el Cambio en su día añadió otra propuesta dirigida a corregir la falta de equidad en el reparto del poder en Canarias que, desde 1982, una parte importante de los ciudadanos percibe como constante factor desestabilizador y como un elemento que acrecienta la desconfianza entre territorios. Esa propuesta se refiere a la modificación del Estatuto para que reconozca la doble capitalidad de Canarias y la dote de contenido con criterios de estricta equidad y no de titubeantes equilibrios. Más claro: el poder ejecutivo (Gobierno con Presidencia y Vicepresidencia) y el legislativo (Parlamento) deben tener sedes en ambas capitales y ejercerse alternativamente en cada una de ellas en las sucesivas legislaturas y de manera no simultánea.

También cabría abordar otras modificaciones que inyecten democracia en el Estatuto: a) que las reformas estatutarias sean aprobadas por referéndum, b) que las iniciativas legislativas populares cuenten con el apoyo de medios públicos, formales y económicos, y c) que se regule de manera generosa la participación ciudadana en el control de las estructuras administrativas y del poder.

Hay muchos ciudadanos hastiados del funcionamiento territorialista de su Autonomía; hartos de escuchar que gracias a ella se ha vivido el mayor progreso y el mejor periodo de la historia de Canarias; cansados de comprobar cómo su decisión en las urnas se ve con excesiva facilidad adulterada por un sistema electoral que parece ideado para que todo siga como está per secula seculorum. Demócratas para el Cambio propone sus reformas, pocas, pero de calado, y lo hace pensando en el conjunto del archipiélago, de manera clara y específica, con mentalidad práctica y civismo democrático.

(*) El presente artículo lo firman también Gloria Arteaga Ortíz, Manuel Roríguez González, José Brito López y la adhesión de ciento cuarenta y nueve simpatizantes más

http://democratasparaelcambio.blogspot.com

Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)