En defensa de la presencialidad en la ULPGC

En estos días, la ULPGC se ha visto envuelta en una cierta polémica debido a la solicitud de algunos estudiantes, fundamentalmente de una única Facultad, de obviar los protocolos de la universidad y solicitar que los exámenes se realicen de forma virtual, siempre poniendo como excusa la emergencia sanitaria. Se trata de una petición hecha con abundante bombo mediático, pero que no parece corresponderse a un sentimiento general del estudiantado y que desde luego no es reflejo de la situación que se vive en el día a día de la universidad, ni siquiera de la de esa Facultad.

Es cierto que estamos en una situación de alerta, pero no lo es menos que esa emergencia afecta al conjunto de España, y que la Conferencia de Rectores ha recomendado, de forma general, la vuelta a la actividad presencial. ¿Es que la Universidad ha sido un foco de expansión de la pandemia?, ¿hay una incidencia masiva en las aulas de la Universidad? No lo parece, o al menos no es eso lo que se desprende de los datos de incidencia del Gobierno de Canarias. Además, la totalidad de universidades públicas (incluida la UNED) y privadas han programado sus exámenes de forma presencial. ¿Cómo quedaría la imagen de la ULPGC plegándose a una petición de este carácter, que hace sólo un sector de estudiantes, y separándose del conjunto de las universidades españolas? 

Hay que recordar también que la COVID es una enfermedad de declaración obligatoria por lo que, en el caso de que se hubieran producido esas supuestas oleadas de contagios que ahora se publicitan, y si los estudiantes, o sus representantes, o los profesores a los que se alude hubieran tenido conocimiento de ellas y no hubieran informado a los organismos de Sanidad del Gobierno de Canarias, estaríamos al menos ante una grave irresponsabilidad por su parte, o incluso ante un acto punible.

Por supuesto que ha habido casos entre universitarios, como los ha habido entre cualquier otro colectivo de nuestra sociedad, pero lo que no ha habido son focos identificables como originados en la propia institución. Por eso parece un agravio comparativo que, mientras los demás colectivos docentes del Archipiélago y de la Península vuelven a la presencialidad, un grupo quiera mantener una situación de privilegio para evitar que sus exámenes sean presenciales. El mismo grupo que, curiosamente, ha hecho bandera de la lucha contra cualquier medida de control en la docencia virtual para asegurar la fiabilidad de los exámenes realizados durante el confinamiento. Es un hecho fácilmente comprobable que la docencia y las evaluaciones virtuales, en las épocas en que la no presencialidad era necesaria ya que no había vacunas y la presión hospitalaria era una amenaza para el conjunto del sistema sanitario, supuso un relajamiento en los procesos de control en las evaluaciones. Parece que hay quien añora esas épocas y quiere hacer de esas medidas transitorias un estado permanente en la Universidad y transformar esta en un tosco remedo de una academia. 

La Universidad en general, y la de Las Palmas de Gran Canaria en particular, ha hecho, desde el comienzo de la pandemia, un gran esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias, y también lo está haciendo en esta ocasión para facilitar procedimientos de evaluación seguros, de acuerdo a los protocolos sanitarios; pero la ULPGC es una institución presencial en la que docencia virtual debe ser una excepción y no la norma. Por eso creo que también es bueno preguntarse qué hay detrás de esto, o, como decía el adagio latino ¿Qui prodest?, ¿a quién beneficia esta serie de rumores? Desde luego no a la imagen de la ULPGC, ni a su calidad docente, ni a la fiabilidad de las evaluaciones, ni a la consideración que tendrán los futuros egresados de la ULPGC en el mercado laboral, especialmente la de aquellos que si están en condiciones de superar las pruebas independientemente del formato en que se hicieran. 

Puede argumentarse que, al igual que la obligación de un prisionero de guerra es intentar fugarse, la de un estudiante debe ser buscar que sus exámenes sean lo más sencillos posible, pero esto no debería ser así a cualquier coste. Dañar gratuitamente la imagen de la institución y poner en duda la responsabilidad de sus dirigentes ante esta grave situación nos perjudica a todos: a los que trabajamos en ella, a los que van a ostentar en su currículum un título con su nombre y a la sociedad que le da nombre y la sostiene con sus aportaciones. Aprovechar el drama que han vivido y viven miles de personas por un interés puntual parece algo reprobable, y este conflicto ético es algo que, a mi juicio, deberían tener en cuenta los que dicen querer amparar y proteger esta institución antes de emprender este tipo de campañas mediáticas.

Rafael Pérez Jiménez, catedrático de Universidad en la ULPGC