Lío y tirantez

El lío se acentúa porque los representantes cabildicios amenazaron con llevar el asunto a los tribunales, pues recelan del vicepresidente económico del Gobierno de Canarias. Eso sí: quieren agotar las posibilidades de arreglo y salvación de algo más que unas perritas, tal como andan de mermadas las arcas, por lo que han pedido entrevistarse con el presidente. Al planteamiento se han unido los municipalistas de modo que, conjuntamente, han solicitado una clarificación que, de no materializarse, puede tensar aún más la cuerda interinstitucional.

“No tienen razón, presidente, esa cantidad no es correcta”, habrá dicho Soria, un suponer, seguro de que Rivero también recela. No querrá el presidente contrariedades a estas alturas de la legislatura pero aquí se ve en el ojo del huracán, tal es la desautorización de la interlocución que obliga a una suerte de funambulismo para saldar el trance. Pero la sombra de una mala presupuestación se cierne irremediablemente.

Dialogar y transar, ha consignado Spínola desde las filas de la oposición, consciente de que hay que ser coherentes no sólo con las formas que se predican desde aquéllas sino con el fondo de la necesidad de estabilizar todos los criterios que incidan en la financiación de las haciendas locales, principalmente si terminan plasmándose en la denominada “tercera descentralización” que ya figura como asignatura pendiente de todos para la próxima legislatura. Y es que del trabajo de unas comisiones ad hoc se deduce que poco o nada se ha avanzado.

En cualquier caso, las divergencias entre los representantes de cabildos y ayuntamientos, integrados en sus respectivas federaciones, han enrarecido más el ambiente político, hasta el punto de que el propio portavoz socialista habla de “crisis institucional”, la más grave, según él, en los últimos diez años. Y aunque en Canarias vivimos acostumbrados ya a colisiones de ese tipo y a incertidumbres que son carne de titulares periodísticos, no es bueno ni positivo que, dadas las circunstancias que concurren -el desempleo ha alcanzado ya en las islas el 27%-, los responsables de las instituciones anden a la greña, da igual las cantidades en litigio, porque no es la liquidación de los recursos del REF la única reivindicación que cabildos y ayuntamientos trasladarán a Rivero: también reclaman unos 14,5 millones de euros resultantes del pago de la primera de las cuatro cuotas del presente año referidas a la devolución de la compensación del desaparecido Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. “¿Qué hago con esto, José Manuel?”, se habrá preguntado Rivero.

Por cierto, hablando de descentralización, de ambiente enrarecido y de instituciones públicas enfrentadas: en Gran Canaria promueven un nuevo Estatuto de Autonomía cuyo articulado plasme un nuevo modelo de la autonomía recuperando el papel ejecutivo de los cabildos insulares, por supuesto, con otro sistema electoral para las islas. O sea, por si fueran pocos los problemas y numerosas las dudas de cómo está funcionando la cosa, surge esta iniciativa para revisar la estructura político-administrativa de una Comunidad que, entre anquilosamiento, productividad hipersubvencionada y poco preparada para las exigencias de los tiempos que corren, efluvios de independentismo, casos de corrupción, merma de credibilidad de la clase política y agotamiento de ideas y proyectos, parece cada vez más confusa y desconcertada y, a su vez, menos vertebrada y menos cohesionada.

A ver cómo resuelve el Gobierno esa tirantez entre las instituciones. Y a ver cómo riega Rivero el jardín en el que se metió Soria para que éste pueda salir y frenar su erosión. Pero, sobre todo, y mucho más importante, a ver cómo los partidos políticos encaran el porvenir de este archipiélago teniendo en cuenta el escepticismo galopante de su cuerpo social y problemas como los reseñados, algunos de los cuales, desde luego, son muy preocupantes. Esos sí que son el ojo del huracán.