Mejorar la sanidad canaria

Tanto usuarios como profesionales son muy críticos con la negativa evolución que se ha producido en la sanidad canaria en los últimos años. Lo explicitan las reiteradas denuncias de diferentes colectivos vinculados al mundo sanitario. Lo confirman, además, numerosos estudios que nos sitúan a la cola del Estado español en la valoración que los ciudadanos y ciudadanas hacen del sistema sanitario. Frente a ello no cabe la parálisis ni dar por sentado que no se pueden cambiar las cosas. La sanidad pública, con más recursos, con la adecuada planificación, con una organización y gestión eficiente, con participación y transparencia, puede superar su actual y crítica situación.

En primer lugar, urge sacar a la sanidad de la bronca política en la que la ha metido el propio presidente del Gobierno. No es de recibo que se la utilice para ajustar cuentas entre los que hasta hace poco eran socios en el Ejecutivo canario, con filtraciones y graves acusaciones, generando desconfianza entre la población y afectando negativamente a sus profesionales.

Nuestro sistema sanitario incrementa su crisis, incumpliendo la tardía y escasa planificación, abandonando la atención primaria y, por tanto, la imprescindible educación y prevención, y manteniendo listas de espera intolerables. A lo que se suma el malestar de sus trabajadores, el colapso de las urgencias y los retrasos en la puesta en marcha de infraestructuras y equipamientos pendientes.

No se puede perder un minuto más sin que se aborden los actuales problemas sanitarios. Si el Gobierno ha sido incapaz de hacerlo, la oposición, que ahora somos mayoría, debe aunar fuerzas, tomando la iniciativa en el Parlamento, para imponer cambios consensuados que contribuyan a revertir con rigor la realidad de deterioro progresivo de este servicio público.

Las políticas de austeridad y recortes supusieron un duro golpe para la sanidad en el Estado y Canarias. Con consecuencias directas en la pérdida de recursos humanos y materiales que han llevado a un notable retroceso en la calidad del servicio, como evidencian los distintos estudios.

Universalidad, financiación y autogobierno

Tenemos un sistema sanitario público, universal y gratuito, financiado con impuestos desde la aprobación de la Ley General de Sanidad (y no con cotizaciones) impulsada por Ernest Lluch. En el que hay que definir claramente su cartera de servicios, es decir, las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas, en condiciones de equidad.

Así como una financiación suficiente, sostenible y que reconozca las especificidades de Canarias que, como competente en la materia, debe gestionarla adecuadamente, con recursos que se deben destinar de manera finalista a la sanidad, priorizando el gasto en las necesidades de la gente y no desviándolo a temas menos importantes y urgentes.

La financiación constituye, sin duda, uno de los graves problemas de la sanidad y del conjunto de los servicios públicos. Las decisiones que los gobiernos toman o dejan de tomar en materia fiscal son determinantes para avanzar, estancarse o retroceder. En Canarias podríamos haber dispuesto de 250 millones de euros más para la sanidad, lo que habría ayudado a resolver muchos de los problemas y déficits actuales.

En primer lugar, se pudo y se debió utilizar el dinero procedente del extinto Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) –que son recursos de la financiación autonómica- en potenciar los servicios públicos fundamentales, tal y como Nueva Canarias (NC) planteó en una enmienda a las cuentas públicas. Con esos 160 millones de euros se podrían reducir notablemente las listas de espera y la saturación de las urgencias. Sin embargo, el Gobierno canario prefirió usar estos recursos para el clientelismo político y la compra de voluntades. Ni un euro para sanidad.

Además, el Ejecutivo viene aplicando políticas fiscales conservadoras y al servicio de las minorías. En el presupuesto de la comunidad canaria para 2017 se dejan de ingresar casi 100 millones de euros: 77 millones por la bonificación indiscriminada del impuesto de Sucesiones y Donaciones y otros 21 millones de euros por la bajada del IGIC a los perfumes y a los cosméticos.

Lo hizo a sabiendas de la infrafinanciación que padece la sanidad en las Islas. El presupuesto inicial de 2017 está por debajo del real de 2016 en 150 millones de euros. En ejercicios anteriores se produjo una circunstancia similar. Pudiendo priorizar el bienestar de los hombres y mujeres de esta tierra, CC y su Ejecutivo prefirieron optar por el partidismo más estrecho, más alejado del interés general.

Envejecimiento

Es preciso, además de lo apuntado, impulsar decididamente los programas educativos y de prevención, la promoción de hábitos saludables (alimentación, ejercicio físico, reducción del tabaquismo…) esenciales frente a enfermedades como la diabetes o las cardiovasculares.

Reorientando los servicios sanitarios ante las nuevas patologías asociadas a una mayor longevidad (en poco más de una década las personas mayores serán el 26% de la población). Haciendo más partícipes a pacientes y familias del sistema sanitario. Impulsando decididamente la atención domiciliaria aprovechando, además, el aporte de las nuevas tecnologías. Integrando la atención primaria y la especializada. Potenciando los servicios sociales y rompiendo con la desconexión entre estos y el sistema sanitario.

Así como desarrollando adecuadamente el Plan de Salud de Canarias (buscando sinergias entre la Consejería de Sanidad y los departamentos de Educación y de Servicios Sociales) y el correspondiente de Urgencias.

Desde Nueva Canarias seguiremos defendiendo, firme y consecuentemente, el modelo de sanidad pública y universal. Mejorándolo y haciéndolo más eficiente. Garantizando una adecuada financiación a través de los presupuestos, mediante una fiscalidad progresiva. Priorizando este servicio sobre gastos superfluos o de mucha menor relevancia en la vida de las personas. Ese es el camino y no el de la descapitalización emprendido por la derecha gobernante, en España y en Canarias, poniendo en crisis al sistema público y favoreciendo las corrientes privatizadoras.