El negocio de privatizar la medicina canaria por Mario Borges

El premio fue otorgado por la fórmula de coordinar a todos los hospitales públicos y sus centros concertados a través de una aplicación informática en la que se incluye todo lo relativo a la tarjeta sanitaria. Otro despilfarro más, puesto que la tarjetita azul, tan bonita con sus islas canarias y todo, no te sirve para nada si sales fuera del Estado, con lo que tienes que sacarte otra para poder coger vacaciones.

Ayer me mosqueó que el director de Programas Asistenciales del SCS, Javier del Campo, pudiera abandonar su cargo si se materializa la aprobación de su cese en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebraría en la capital grancanaria. Hasta incluso iba a escribir algún articulo al respecto. La verdad que el tema me dejó con el “reconcome” de que algo más iba a suceder entre las filas de los que mal gestionan la sanidad publica canaria.

¡¡Bingoooo!! Hoy salta la liebre, los podencos (metafóricamente hablando) de la sanidad privada ya están preparados para la caza de los 118,2 millones de euros para la sanidad concertada (casi 20.000 millones de las antiguas pesetas). Cosa que extraña cuando el Hospital Dr. Negrín ?su construcción? supuso aproximadamente esa inversión. Mientras tanto en el des-servicio que preside Mercedes Roldós y apoya Paulino Rivero, el nuevo presidente online, la inversión para el Dr. Negrín es una maquinita de números (como el que va a la carnicería) para lograr una silla de ruedas, ya que este Hospital no cuenta con el número suficiente de sillas para atender a los que pagamos la sanidad publica, cuando el costo de una silla de ruedas del modelo más sencillo esta sobre los 300 euros.

¿Es una casualidad el cese del director de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud si tan bien lo estaba haciendo? Lo que está claro es que vamos hacia una sanidad privatizada a pasos agigantados, llenando los bolsillos de cuatro caciques, en deterioro de la salud y economía de los trabajadores canarios. Poniendo la salud de los ciudadanos en manos de especuladores de la salud privada, tocándoles el gordo de la millonaria.

Mientras el PP y su consejera Mercedes Roldós venden nuestra sanidad publica, Paulino Rivero y su consejera Inés Rojas “echan una manita” con la Ley de Dependencia, declarando en su día (por supuesto en elecciones) que acabará con la pobreza en Canarias “en la presente legislatura” gracias a la “plena aplicación de la Ley de Prestación Canaria”.

Las cifras de pobreza en Canarias rondan el 20%, y el modelo económico que se nos presenta (con peores condiciones laborales, más privatizaciones de servicios públicos, etc.) no hace presagiar que ese porcentaje vaya a mejorar en los próximos años, sino todo lo contrario. Y bloqueando la ley de dependencia, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda achaca el retraso en el cobro de las prestaciones a que «el Estado aún no ha publicado el decreto por el que se regula la capacidad económica del dependiente». Pero la realidad es que si esta consejería no paga no es realmente por ese motivo, pues...

La Ley de la Dependencia aprobada el 14 de diciembre de 2006 establece en la exposición de motivos “un nivel mínimo de protección definido y garantizado por la Administración General del Estado. Asimismo, como segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración Central del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios”. El nivel mínimo de protección se aprobó el 11 de mayo de 2007 en el Consejo Interterritorial de la Dependencia, fijando las cuantías mínimas en 258,75 euros para los grandes dependientes grado III nivel dos. Y de 175,95 euros para los de Grado III nivel uno.

Por tanto, los grandes dependientes isleños tienen garantizada desde el pasado mes de mayo una ayuda económica mínima. Además, el artículo 9 de dicha ley establece que esta protección mínima será para “cada uno de los beneficiarios del Sistema (...) como condición básica de garantía del derecho”. Además en el artículo 3 de la misma ley se establece “la universalidad de todas las personas en situación de dependencia en condiciones de igualdad efectiva”.

El pasado 14 de febrero la consejera Inés Rojas aseguró que “en quince o veinte días” se aprobaría el decreto de procedimiento para comenzar a pagar las ayudas. Un mes después el decreto no se ha aprobado y las ayudas siguen sin llegar. No sé si es que estos gobernantes creen que el pueblo es tolete o no han aprendido la lección que este pueblo soberano le ha dado a Coalición Canaria, desde aquí y con la oportunidad que tengo del soporte que me brinda Unidad del Pueblo, insto a este pueblo a que no se encierren en sus casas, que se impliquen mas es defender sus derechos sociales, que salgan a la calle, que se nos oiga y no pisen nuestros derechos como ciudadanos.

El bienestar nuestro y de nuestros hijos está en la lucha que podamos ganar nosotros ahora.

Mario Borges