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Panorama desde el puente

Salvador García Llanos / Salvador García Llanos

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Esta vez nadie se quejó de filtraciones del caso Arona. Ni alguien apuntó que, bueno, también vigilan a los que mandan. El nombre del subdelegado del Gobierno aparece en la transcripción de una conversación que sostiene con concejales de la localidad sureña, a propósito de una solicitud de residencia por arraigo. O sea, que el trabajo del subdelegado, correctamente ejecutado -desde la atención a los representantes de la voluntad popular a la resolución final suya desestimatoria por incumplimiento de requisitos del extranjero peticionario-, también era cuestionado. Menos mal que la puntual aclaración de la Delegación puso las cosas en su sitio. Pero, resulta inevitable la pregunta: ¿no tenía la filtración la intencionalidad clara de desviar la atención de otra conversación más comprometedora y así 'socializar' las pérdidas?

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había anulado la privatización de EMMASA. Por un simple defecto de forma, alegan los responsables. Pero las consecuencias de esa decisión -aunque prospere la apelación- tienen indudables repercusiones políticas, tal como de revuelto anda el patio en el consistorio capitalino, no cubierto de gloria, precisamente, en el presente mandato. Si la determinación de vender la empresa y el proceso que la envolvió ya fueron controvertidos, esta resolución judicial ha venido a recomendar que estas operaciones o se saldan con todo bien amarrado, jurídicamente hablando, o puede pasar lo indeseable: que al final aparezcan turbias las aguas.

Infeliz respuesta la del presidente Rivero en sede parlamentaria a cuenta de la recomendación de un familiar en unas pruebas. Para decir eso, al cabo del tiempo, hubiera sido preferible reconocer humildemente el desacierto y pedir públicas disculpas.

Y mientras compañeros de su propia formación política reprochaban al presidente del Parlamento un desconocimiento del reglamento o una aplicación inapropiada, otra sentencia de un juzgado de Las Palmas ponía en evidencia ciertos afanes del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, desestimada su denuncia contra dos periodistas y condenado en costas. El tenor literal de la resolución bien merece una pieza separada, o sea, otro artículo más específico: eso de emprender acciones para mermar o condicionar la propia libertad de opinión, sí que es positivo.

Ya doblando el ecuador de la 'gloria', confirmado un importante recorte presupuestario en sanidad y educación, surgen dos episodios merecedores de reflexión: la moción de censura en Arucas -sin entrar análisis de porqués- es una demostración de ética de Froilán y quienes le secundaron que sirve para constatar la fractura de CC en Gran Canaria. Como la coherencia no abunda en la política canaria, decisiones como ésa, deben ser destacadas.

Y el otro episodio: en Lanzarote, después del terremoto que significó la operación Unión, las réplicas y contrarréplicas, en un putrefacto clima político, concluyeron en un todos contra el PSOE digno de pasar a los vericuetos de la política más surrealista que jamás Espinosa y Perdomo pudieran haber imaginado. Nadie entiende nada. Mejor dicho: todos entienden lo principal.

En medio de este desconcierto -por ser benevolente- tan poco edificante, los jueces y fiscales en Canarias terminaron la semana invocando su independencia y pidiendo respeto a sus decisiones, lo que no deja de ser una insinuante crítica al poder político. Bueno, tal como evolucionan las cosas, una manifestación de sensatez como es ésa -a sabiendas de que tampoco son intocables- hay que darla por bienvenida.

Qué panorama desde el puente. A falta de gloria? ¿Qué hacemos?

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