En su afán por librar a sus amigos paramilitares de juicios por crímenes atroces contra la humanidad, Uribe realizó una jugada con apariencia de legalidad. Permitirle salir de la clandestinidad a un verdadero ejército de bandas criminales encargadas de asesinar a los opositores y a campesinos indefensos, apoderarse de sus tierras, defender a los terratenientes, asesinar a líderes sindicales por órdenes de empresas nacionales y multinacionales extranjeras, actuar como brazo disimulado del ejército. Esta gente llegó a controlar hasta el 35% de los diputados, la policía militar, muchos tribunales, y sostuvo la primera campaña electoral de Uribe. A la base de tanto poder existe una amplia trayectoria de connivencia con el narcotráfico que fue creciendo desde los poderes locales hasta alcanzar repercusiones en todas las instituciones nacionales. Un tercio de la población ha estado durante años bajo el control terrorista de los paramilitares... o bajo su protección, basada en los beneficios del narcotráfico y la compra de tierras con el dinero obtenido gracias a la cocaína. Uribe está intentando asegurarle la impunidad a los paramilitares. La farsa jurídica consiste en que si entregan las armas y declaran algunos de sus delitos, recibirán a cambio la libertad o penas de risa. Se quedarán con las tierras robadas. Seguirán ejerciendo su influencia con la cara descubierta tanto en las instituciones como en la sociedad. Semejante farsa, pensaba Uribe, detendría las críticas internacionales sobre la vigencia de los derechos humanos, acabando con las reservas del Congreso norteamericano a seguir financiando el ruinoso Plan Colombia y/o apoyar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que Bogotá busca desesperadamente. Pero la jugada le salió mal. Apenas empezaron los jefes paramilitares a contar algunos de sus crímenes, salió a la luz los bajos fondos de la “parapolítica”, es decir, la relación concreta y precisa entre sus crímenes, el narcotráfico y destacados líderes políticos del oficialismo. Desde congresistas a familiares de una ministra, la titular de Exteriores, quien debió de presentar su renuncia. Rodeado Uribe por todas partes, el senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, señaló las conexiones de la familia Uribe con los paramilitares durante su gestión como gobernador de Antioquia. No sólo protegían sus tierras, desde ellas lanzaban operaciones contra los campesinos.Los gringos torcieron el gesto, pero el presidente amplió la cortina de humo. Ahora promete la liberación de guerrilleros a cambio de la libertad de secuestrados por las FARC. Pero todo el mundo sabe que ese intercambio será imposible mientras no establezca un territorio con garantías de seguridad. Pues bien, tampoco los liberados eran en su mayoría guerrilleros, aunque tal gesto aparentemente amable, dirigido a la opinión pública exterior, puede servirle de cobertura para decretar cierta amnistía que ponga también en libertad a los líderes políticos encarcelados por su participación en la parapolítica. Su penúltima maniobra, esconder el fracaso de su gestión ante el G-8. Esperaba una condena de la guerrilla y obtuvo una recomendación para negociar con las FARC. Descontento con el resultado, consiguió que el diario El Tiempo y la revista Semana ofrecieran una traducción falsificada del texto del G-8. A este personaje se le acoge muy bien en la prensa española. Ella sabrá por qué. ¿Quizás porque protege los intereses de las 136 empresas españolas que operan en Colombia, entre ellas firmas de postín como el BBVA, el grupo Prisa o Unión Fenosa? Rafael Morales