Penurias sociales

En este sentido, los ediles y los responsables de los servicios sociales de las corporaciones locales habrán recibido con evidente desazón la noticia de que los fondos previstos para el denominado Plan Concertado se han reducido en un 12% en los Presupuestos Generales del Estado: de 97 millones de euros a 86. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha hecho suya la que debe ser una demanda unánime del municipalismo para enmendar la consignación y tratar de restituir o volver a la cantidad reducida. No va a ser fácil pero lo va a intentar: seguro que no faltarán grupos parlamentarios aliados con la causa. Los profesionales del ramo, directores y gerentes, integrados en una Asociación Estatal, se han sumado a la reivindicación de la FEMP, conscientes de que sobre ellos recaerá la gran presión de los ciudadanos más necesitados. Hablan de lo que supone la pérdida de unas ochocientas mil horas de ayuda a domicilio y de la misma destrucción de empleo en su gremio profesional.

El Plan Concertado, con una trayectoria de más de veinte años, sirve para atender necesidades básicas de las personas que acrediten su imposibilidad de afrontar gastos de alimentación, por ejemplo, cuando no el abono de recibos de suministros de servicios (luz, agua) o el de las entregas hipotecarias en situaciones de paro sobrevenido. Los ayuntamientos, de todo signo político, con gran esfuerzo han venido tejiendo una red de protección social para ayudar en esos trances de apuro y delicados -a los que no falta alguna dosis de picaresca- pero los agujeros empiezan a ser más grandes a medida que se extiende el grado de vulnerabilidad y crecen las demandas. En un primer cálculo, se ha estimado que, de consumarse estos recortes del Plan, desaparecerán unas mil plazas de alojamiento de personas sin hogar y alrededor de quinientos puestos de trabajo.

A este problema se añade, en la esfera municipalista, el de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta norma había despertado importantes expectativas en orden a dignificar la asistencia a las personas que realmente la necesitan pero, al cabo de tres años de su aplicación, con las experiencias que se van acumulando, y más allá de la instrumentalización política, se hace necesario un replantamiento o una revisión no sólo de los modos de interpretación sino de los recursos sociales y sanitarios, partiendo de que suprimirlos puede significar un retroceso de muy difícil reparación.

Una simple aproximación a estos problemas, auténticas penurias sociales, siembra la incertidumbre. Con razón, algunos autores se están preguntando si está en peligro el Estado del Bienestar -determinante en un proceso de cohesión social- a la vista de los limitadísimos recursos con que se cuenta a medida que, por ejemplo, aumenta el número de pensionistas.

Esta controversia, desde luego, que ya asoma algo más que la cabeza, sí que es merecedora de atención y de análisis.