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Perú, un año con Alan García

Rafael Morales / Rafael Morales

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Los tres grandes datos económicos ofrecen un panorama alentador. La tasa de crecimiento presenta casi un 8% para 2007, la inflación está controlada y el desempleo afecta al 8.5% de la población activa, según la CEPAL. Aquí acaban las satisfacciones del presidente. La tarta crece, como de costumbre, y, como de costumbre, para beneficio exclusivo de algunos sectores privados nacionales e internacionales. Que aportan casi nada a las finanzas del país. Lejos de repartirse el crecimiento, la mitad de la población permanece en la pobreza. Según el economista Humberto Campodónico, los salarios suman 6.000 millones de dólares menos al año y las empresas ganan 7.000 millones más respecto a 1991. El mismo profesor define la realidad económica como un “crecimiento apartheid”. Hay sectores beneficiados, sin duda, pero quedan excluidas millones de personas con empleos precarios y salarios miserables que, cuando se trata del mínimo, no alcanza para la mitad de la cesta de la compra.La actual ola de protestas y huelgas afecta por distintos motivos a maestros, mineros, campesinos, indígenas y otros. Las reivindicaciones incluyen aumentos salariales, el reconocimiento de derechos laborales burlados, beneficios fiscales ahora liquidados para pequeños productores, defensa del medio ambiente afectado por las corporaciones mineras, amenazas al empleo de los maestros y el rechazo de los campesinos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que amenaza a la producción agrícola local con el ingreso masivo en el país de productos gringos subsidiados. Alan García descarta cualquier cambio de su política económica. El malestar social no tiene algo que ver con una orientación más bien salvaje, sino con “pequeños grupos preocupados por sus privilegios. El país no está convulso como pretenden algunos y no nos torcerán la mano”, declaró García. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, fue más explícito: “De ninguna manera el gobierno va a aceptar que gente con ideologías extrañas a Perú o enemigas del avance y el progreso pretendan impedir el desarrollo normal de las actividades”. Estas palabras intentan una justificación para que el ejército mantenga el orden durante 30 días. Si se trata de grupos sin importancia, ¿qué necesidad hay de esta medida de emergencia? Ya veremos los resultados de semejante decisión. El Gobierno peruano tendrá que explicar también otras cuestiones que las fuerzas armadas no podrán solucionar. Por ejemplo, los índices de apoyo para Alan García a un año de iniciar su mandato. Según el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, su popularidad cayó este mes al 35% y un 59% desaprueba la gestión presidencial, mientras el rechazo alcanza el 80% en el interior de Perú. Eso sí, el desarrollo económico aparece sólido… para algunos.

Rafael Morales

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