La RIC, el zorro y las gallinas

De acuerdo. Pero también los desempleados canarios tienen más problemas para moverse a otra comunidad a encontrar empleo que los que residen en la Península Ibérica, y los trabajadores isleños tienen menos posibilidades de presentarse a unas oposiciones para un puesto público en el Estado si hay que desplazarse a Madrid, y les sale más caro afrontar la movilidad laboral en las empresas.

Con la Reserva de Inversiones de Canarias aprobada en 1994, heredera del particular Fondo de Previsión de Inversiones se pretendió estimular el crecimiento de las empresas ubicadas en Canarias. Las empresas pueden ahorrarse hasta un 90% del Impuesto de Sociedades si utilizan ese dinero para la autofinanciación, comprando bienes que supongan la mejora tecnológica y el respeto al medioambiente, o comprando deuda pública a las administraciones. Además el dinero ahorrado de los impuestos debe invertirse en un plazo de tres años, que en la práctica se convierten en cinco años.

Gracias a la Reserva de Inversiones de Canarias en los últimos 14 años hemos visto crecer a algunas empresas isleñas vinculadas sobre todo al sector turístico y al de la construcción. Muchas inmobiliarias anunciaban la venta de viviendas con la coletilla “apta para la RIC”. Con estos datos podemos imaginar que aquel objetivo de “respetar el medioambiente” se quedó como frase bonita dentro de la ley. Durante la negociación de la RIC el entonces portavoz de CC, José Carlos Mauricio, nos contó en por lo menos una decena de ruedas de prensa que tenía que vincularse la materialización de la RIC a la creación de empleo. Con ese argumento consiguió el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO. Pero la intención se quedó sólo en las declaraciones periodísticas.

Nada más asumir el cargo, los primeros viajes oficiales que hizo el actual consejero de Economía y Hacienda del gobierno de nuestra gente a Bruselas fueron para pedir a Europa que mantenga las rebajas fiscales de la RIC. En diciembre pasado viajó a Madrid para pedirle al ministro de Economía que diera una prórroga de un año más a los empresarios que se acogieron a la RIC en el año 2004. PP Manuel Soria hizo de chico de los recados de la patronal tinerfeña, que emitió un comunicado diciendo que por la crisis económica los empresarios no habían podido ejecutar la RIC ¡del año 2004! El ministro Solbes no le hizo caso a Soria y de los 1.168 millones de euros que los empresarios se ahorraron en impuestos, deberán devolver y pagar los intereses de demora por el dinero que no se haya ejecutado.

En lugar de ir a Madrid a pedir la prórroga, el consejero de Hacienda podía haber convencido a los empresarios para que ejecutaran la RIC en deuda pública, y así las administraciones canarias tendrían más ingresos en este año complicado. Aunque resulta curioso ese privilegio empresarial de no pagar impuestos por sus beneficios y encima prestarle ese dinero que no pagaron a las administraciones públicas y cobrarles intereses. Pero Soria ni siquiera se molestó en cumplir con su deber de vender deuda pública. PP Manolo prefirió hacer de recadero de la patronal. Es como si unos vecinos llevan cuatro años sin pagar la cuota de la comunidad, y el presidente de la comunidad en lugar de acudir a los juzgados para defender los intereses de todos los vecinos y denunciar a los morosos, se presenta ante el juez como abogado defensor de los que no pagan la comunidad. Parece un chiste, pero en Bananaria seguirán ocurriendo estas cosas mientras tengamos a los zorros cuidando las gallinas.

Juan García Luján