Sanidad: ¿pública o privada?

Nuestra sanidad y los sanitarios están considerados como de lo mejor en nuestro entorno geográfico y social. Pero presenta, también, graves problemas que le impiden mantenerse y da muestras de fallos y mermas graves en sus ofertas. Todo, fundamentalmente, por la alta y gran politización de su gestión y control, en manos de los grupos políticos gobernantes y de los directivos puestos a dedo, en vez de ser dirigida por profesionales cualificados. Existe una obsesión enfermiza por parte de la administración política de intervenir en los asuntos sanitarios, sin que exista consenso alguno entre las distintas facciones que nos han gobernado y nos gobiernan, en aras de una puesta en marcha futura y de largo plazo en referencia a la salud y la sanidad de los ciudadanos, queriendo dirigir, a golpe de decretos, leyes o normas, diseñando el modelo que quieren aplicar y someter a los ciudadanos con aquel, haciéndonos responsables a los profesionales sanitarios de situaciones poco éticas y deontologicamente reprochables.

La gestión del Sistema Nacional de Salud, especialmente en los últimos tiempos, no parece adecuada ni deseable ya que se basa en criterios economicistas y en aplicación de fundamentos políticos, y por tanto ideológicos, que no responden a razonamientos profesionales ni científicos. Uno de estos nuevos criterios son los importantes recortes económicos que sufre la sanidad en este, casualmente oportuno, contexto de crisis internacional. Porque con estos argumentos y en aplicación de los recortes presupuestarios, se esconde un desmantelamiento clarísimo del sistema público, abandonando a su suerte a los centros sanitarios, en los que se realiza una gestión insatisfactoria, retrotrayendo recursos, externalizando servicios, para demostrar que no funcionan, haciendo lo posible para que no lo hagan y, de ese modo, poder argumentar que lo mejor es privatizar la gestión y los centros.

La sanidad debe mantener su característica de universal, equitativa y pública porque así lo quieren los ciudadanos y porque así la hemos desarrollado y conservado durante décadas, como un logro social que ha costado consolidar. Y esto los políticos deben respetarlo y no cambiarlo en aplicación de sus criterios ideológicos. Creo que casi todos los sanitarios estamos convencidos y apostamos por un modelo y sistema público que hay que mantener a todas luces. Y nadie debe ni puede cambiarlo, aplicando reformas sin consensuar y estando en contra de los profesionales.

El modelo privado de la sanidad debe ser un modelo complementario, compartido con el público, pero nunca como el predominante, porque no es cierto su mayor abaratamiento ni calidad ya que, por definición, el ánimo de lucro siempre estará en su argumentario y sus pretendidas bondades no aparecen por ningún sitio.

Decir que la sanidad privada es más eficiente y más barata encierra medias verdades. Y es que no trata patologías graves y de largas estancias, porque no disponen de todos los servicios especializados ni de los recursos para atender todas las patologías; porque no oferta todas las pruebas diagnósticas ni soporta un número suficiente de personal, ni de camas para cubrir una demanda asistencial; porque sus servicios quirúrgicos no cubren trasplantes ni cirugías protésicas de reemplazo, ni todas las urgencias, ni servicios de cuidados intensivos; ni dispone de medicaciones para enfermedades auto-inmunes u oncológicas. Por tanto, tratan a poblaciones más sanas, con menos carga de enfermedad, siendo más barato tratar patologías leves que graves sin olvidar que, incluso las complicaciones que aparecen en pacientes tratados en lo privado, finalmente terminan por resolverlos los centros públicos. Son este tipo de pacientes de alto coste, que no asumen los centros privados, y que sí lo hace el sistema público de salud.

Creo que los convenios que amparan a estos centros privados hay que cambiarlos para evitar esos graves colapsos que mantienen, crónicamente, los centros públicos y que tan alto coste social y humano están creando con sus urgencias bloqueadas, escasez de camas, listas de esperas quirúrgicas que aumentan y pruebas diagnósticas y consultas que se eternizan.

Hay que buscar un cambio en el modelo de gestión del sistema público para dar lugar a una rentabilidad y servicio mejor al ciudadano, con el apoyo de los profesionales, de las sociedades y asociaciones científicas, con implicación social directa de los usuarios, con transparencia absoluta en la gestión que se realiza. Es hora de que los políticos den paso a otros que puedan solucionar lo que ellos no han sabido hacer y donde han fracasado.