Un Sistema Electoral atado y bien atado por Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)

En ese año los representantes políticos de los canarios se tuvieron que enfrentar a la tarea de crear una Comunidad que encajara en la nueva España de las Autonomías. Aunque se trataba de conformar un Gobierno y un Parlamento representativos del archipiélago en su conjunto, aquellos políticos se dejaron lastrar por el sempiterno islario y por la rivalidad de las capitales, y forzaron el encaje del insularismo y del provincialismo en un Estatuto de Autonomía que debía abandonar las ideas de provincia y de isla y dar paso a la idea de una única comunidad canaria. El Estatuto no dotó a Canarias de una auténtica personalidad autonómica, de región unitaria, y lo que podía haber sido el inicio de un gran proyecto para superar definitivamente la historia del insularismo y del provincialismo se vio reducido a la contrahecha realidad de un Estatuto al que ahora, veinticinco años después de su creación, se hace imprescindible no sólo reformar, sino refundar e insuflar de verdadero sentido autonómico.

En lugar de mantener un contrato de lealtad entre todos los ciudadanos e intentar preservar la paz y la equidad entre territorios alcanzadas tras 1927, los políticos de 1982 no creyeron en el archipiélago en cuanto una única realidad política bien diferenciada e hicieron suyas las antiguas formas del centralismo administrativo regional. No sólo frustraron la creación de una genuina Autonomía Canaria, también entorpecieron el desarrollo de la bicapitalidad --que no se dotó nunca de contenido-- y favorecieron el férreo control insularista del ciudadano a través de un Sistema Electoral configurado para que todo quedara atado y bien atado --frase de inquietantes reminiscencias-- al señorío de cada isla.

El Sistema Electoral del Estatuto de 1982 no tiene parangón con ningún sistema electoral de ninguna de las Comunidades Autónomas de España. La Canaria es la única Comunidad Autónoma en la que hay que superar dos barreras o topes electorales para poder concurrir al reparto de escaños; en el resto del Estado español sólo se exige una barrera. Y no sólo la Canaria es la única Comunidad Autónoma con dos barreras, sino que también es la única que dispone de barreras tan elevadas, una del 6 y otra del 30 por ciento, cuando las barreras máximas en el resto de España no superan el 5 por ciento. Para dificultar aún más una mayoría absoluta que ya de por sí es casi imposible, el Parlamento Canario es el único que en España tiene un número par de diputados, con lo que al menos se precisa de una diferencia de dos para alcanzar dicha mayoría (también Navarra tiene un Parlamento par, pero Navarra es uniprovincial). Dejando a un lado las Comunidades uniprovinciales y el caso del País Vasco (donde, sin embargo, el reparto de escaños se hace a tres partes iguales de 25 diputados por cada una de sus tres provincias), Canarias es también excepcional en el sistema de asignación de diputados, pues en todas las Comunidades se asigna al menos una parte de los diputados a cada territorio de forma proporcional a su población. Por si estas excepcionales características del Sistema Electoral canario fueran poco, si se pretendiera modificar el Sistema Electoral por una Ley del Parlamento, su aprobación requeriría nada menos que del acuerdo de 2/3 de la Cámara (lo que sólo ocurre en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que exige algo menos, 3/5 partes).

El Sistema Electoral canario pone de manifiesto que el Estatuto nunca tuvo una visión de conjunto del Archipiélago y nunca consideró de manera cabal la idea de región, país, autonomía, o comunidad. El Estatuto fue reo de la mentalidad insularista y uniprovincialista a la antigua usanza y a ella sucumbió en su totalidad, a pesar de que ya en parte de su articulado se contemplaba la transferencia competencial a los Cabildos y su participación en la Cámara. El Estatuto primó a las islas que, con la artificiosa maquinaria de la triple paridad del Sistema Electoral, han podido hacer de la capa de los electores el sayo que con sus partidos insularistas tanto anhelaban.

Pero que quede claro que la triple paridad es una cortina de humo que sólo favorece intereses localistas, una suerte de biensonante concepto de justicia sin contenido real, pues ni las dos provincias son iguales en términos demográficos, socioeconómicos o territoriales, ni lo son las islas capitalinas respecto de las no capitalinas (baste señalar que aunque el 87% de la población vive en Gran Canaria y Tenerife, las dos islas sólo disponen del 50% de diputados del Parlamento), ni siquiera lo son las islas no capitalinas orientales y occidentales (según el Padrón de 2006 Fuerteventura supera hoy a La Palma en población, sin embargo tiene un diputado menos que La Palma, tal y como se le asignó en 1982). Todo lo más que existe en el Sistema Electoral es cierta paridad entre las islas capitalinas, el resto no son sino paridades de fuegos de artificio hechos con la pólvora mojada de un legislador ilusionista.

De aquellos lodos, estos pantanos. Afortunadamente, no está todo tan bien atado. Hay ciudadanos que quieren ser libres y protagonistas de sus destinos, y que desean tener la capacidad y el poder real de quitar y poner a los representantes políticos que consideren oportunos. Lo primero será escapar del cepo del Sistema Electoral vigente. Demócratas para el Cambio viene proponiendo su reforma desde el 14 de junio, y desea contar con la adhesión de todos los ciudadanos, sea cual fuere su procedencia ideológica y territorial. Preocupados por el déficit democrático del Sistema Electoral canario, Demócratas para el Cambio considera que es insuficiente una mero retoque del Estatuto y que es necesaria una genuina Refundación de la Comunidad Autónoma de Canarias, basada en dos pilares: el desarrollo práctico de una Ley de Bicapitalidad y una reforma del Sistema Electoral en profundidad, que establezca mayor justicia y equidad entre todos los ciudadanos y territorios del archipiélago.

(*) El presente artículo lo firman también Gloria Arteaga Ortíz, Manuel Roríguez González, José Brito López y la adhesión de ciento cincuenta y tres simpatizantes más

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Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)