Situación actual del sector turístico en Canarias

Intersindical Canaria celebró el 29 de junio pasado su IV Congreso Insular de la Federación de Hostelería, celebrado en el Hotel Hacienda del Conde, en el municipio de Buenavista del Norte, con la asistencia de 52 delegados y delegadas.

El congreso tuvo como lemas: Mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, sí; moratoria turística, ecotasa y regulación de la vivienda vacacional, también.

A continuación, se reproduce el análisis preparado y leído en esa convocatoria sindical en relación con el momento actual que vive el turismo y sus trabajadores y trabajadoras en Canarias, un texto que llevó por título el siguiente: La situación actual del sector turístico en Canarias y su más que discutible repercusión en la mejora de la calidad de vida de la población que reside o trabaja en Canarias.

1) Los datos más relevantes

Tras la pandemia y sus consecuencias sobre la actividad económica, confinamiento y cero turístico, Canarias ha cerrado un año 2023 con cifras récords en cuanto a llegada de turistas, con 16,2 millones en el año 2023, entre extranjeros y peninsulares, con una facturación turística de 19.565 millones de euros en 2023 (31,3% superior al año 2019), cifra jamás antes alcanzada, e iniciando el año 2024 con datos de recepción de turistas en enero (se reciben 1,5 millones de turistas, un crecimiento del 10% respecto al buen mes de enero del año pasado) y febrero de 2024 que superan claramente los registros de esos meses en el año anterior.

Recientemente, hemos podido comprobar la plena ocupación turística en Semana Santa, a pesar de los altos precios de los establecimientos alojativos y de novedades como las diversas emergencias declaradas por el Gobierno de Canarias y algunos cabildos: climática, energética, hídrica y habitacional, por ahora.

Hay que señalar también que los datos de crecimiento de la economía canaria en términos de Producto Interior Bruto (PIB) confirman plenamente la recuperación macroeconómica: año 2021, 8,5%; año 2022, 9,7%, y año 2023, entre el 3 y el 3,5%.

2) Los datos que contrastan con la tan aplaudida recuperación macroeconómica

2.1) Desempleo

El desempleo en Canarias: datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024:

El desempleo registrado a 30 de abril de 2024, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

2.2) Salarios: en Canarias se pagan los salarios más bajos de España, a excepción de Extremadura

2.3) Pobreza: Canarias es la segunda comunidad de España con la mayor tasa AROPE de riesgo y la primera entre las peores en tasa de pobreza infantil.

2.4) Incremento poblacional: la población de Canarias se incrementa en 550.000 personas en lo que llevamos de siglo XXI (un 36% frente al 16% del conjunto de España), de los que 440.000 vienen de fuera. Este crecimiento brutal de la población está en la base del alejamiento del PIB per cápita de Canarias frente el PIB per cápita de España.

2.5) Emigración: los jóvenes canarios, los más preparados de la historia, tienen que emigrar ante las escasas posibilidades de conseguir un puesto de trabajo digno.

3) El boom de las viviendas vacacionales, el escandaloso encarecimiento de los alquileres, la absoluta carencia de viviendas de primera necesidad y los problemas medioambientales

La vivienda vacacional en Canarias ha crecido un 25,7% en el último año, alcanzando cerca de 50.000 establecimientos con un número de plazas alojativas por encima de las 205.000. Este brutal crecimiento, junto con la carencia de una política pública de vivienda que atienda las necesidades de la población, ha provocado el encarecimiento escandaloso de los precios de los alquileres y la concentración de la oferta hacia el negocio de las viviendas vacacionales.

Los empresarios se quejan porque no encuentran trabajadores en las islas ni para la construcción ni para la hostelería, pero callan ante las condiciones de trabajo que ofrecen y ante las enormes dificultades de las personas trabajadoras para desplazarse hasta las zonas turísticas debido al colapso del tráfico en las carreteras, o para acceder a una vivienda de alquiler cerca de los lugares de trabajo.

Junto con esto, sectores importantes de la población isleña no pueden acceder a una vivienda, incluso teniendo trabajo y, sin embargo, hay 211.000 viviendas vacías en el archipiélago. Los extranjeros, tanto residentes como no residentes, adquieren una de cada cuatro viviendas a la venta en Canarias.

Además, la Comisión Europea sanciona a la comunidad autónoma por la continuación de los vertidos de aguas fecales al mar sin depurar. Y nuestros espacios naturales protegidos se hallan masificados y carentes de protección frente a las cada vez más numerosas infracciones a su regulación.

En cuanto a Tenerife, debemos hacer referencia a que el Cabildo de Tenerife declara la emergencia hídrica y algunos ayuntamientos plantean ya la reducción del consumo de agua, las colas colapsan las carreteras de Tenerife todos los días, el Ayuntamiento de Arona aprueba 9.000 nuevas camas en el Plan Parcial de El Mojón (Los Cristianos), sin tener previsto ni vías de acceso, ni servicios de abastecimiento (agua, energía, basura, etcétera), ni servicios sanitarios y educativos para atender a esta nueva población; mientras, en Costa del Silencio (Arona), 210 personas vulnerables son desahuciadas por orden judicial de un edificio y no tienen a dónde ir.

4) Canarias, una economía de servicios que depende más que nunca del turismo

4.1) El sector servicios en Canarias genera el 80% de los puestos de trabajo y en los últimos 15 años ha ganado 4,4 puntos en el conjunto global del mercado laboral, un periodo en el que la construcción, la industria y la agricultura han perdido peso al emplear al 13%, el 5,1% y el 2% de los trabajadores, respectivamente, según datos de la EPA del primer trimestre de 2024.

Dentro del sector servicios se incluyen la hostelería y el turismo, el transporte y las comunicaciones, la administración pública y los servicios públicos, los servicios financieros y los seguros, etcétera.

4.2) La dimensión económica y laboral de la actividad turística en Canarias. El turismo representa el 35% del PIB (Producto Interior Bruto) y el 40% del empleo en Canarias.

El PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un ejercicio anual en una determinada economía. El año 2022, último dato oficial, el PIB de Canarias suponía 49.021 millones de euros. En el año 2023, se ha estimado un incremento del 3%, con lo cual el PIB estaría en 50.491 millones de euros. Sobre esta última cifra, la actividad turística supone la cifra de 17.672 millones de euros.

En términos de PIB, Canarias es la octava economía del país, pero en términos de PIB per cápita (el cociente de dividir la riqueza generada en Canarias durante el año 2023 entre la población residente), ocupa el puesto dieciséis, siendo su PIB per cápita de 22.303 euros, frente a los 30.320 euros de PIB per cápita en España. 

La conclusión evidente es que los habitantes en Canarias tienen un bajo nivel de vida en comparación con la media de España.

4.3) ¿Qué parte del PIB de España es turismo?

El turismo es el principal sector productivo del país: en 2022 aportó el 11,6% del PIB y el 9,3% del empleo.

5) Algo se mueve en Canarias

El desarrollismo urbanizador obsesionado en seguir incrementando la planta alojativa para la actividad turística, la proliferación de las compañías aéreas de bajo coste y la aparición de plataformas tecnológicas que pusieron en el mercado miles de viviendas de uso turístico (Airbnb, Booking, Trivago, Tripadvisor, Kayak, entre otras) han desordenado el ritmo de crecimiento y provocado numerosos problemas. En Canarias se ha disparado el índice de irritabilidad turística, un factor que expresa el comportamiento de las poblaciones locales ante el turismo masivo y que puede ser la antesala de la turismofobia o el rechazo más o menos extendido hacia el modelo turístico actual.

Promovidas por un conjunto de organizaciones ecologistas que actúan en Canarias, se convocaron manifestaciones para el día 20 de abril en la totalidad de las islas, bajo el lema Canarias tiene un límite, lo que ha provocado el nerviosismo y la preocupación de las organizaciones patronales y del actual Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, pues resulta evidente que entre amplios sectores de nuestra sociedad crece el descontento y el malestar hacia el irracional modelo económico que se ha consolidado en Canarias y provoca que la riqueza que genera el crecimiento del turismo no revierte en beneficio del conjunto de la sociedad canaria y, además, causa un enorme impacto sobre los recursos naturales, el territorio y el medioambiente, afectando a una pérdida evidente de calidad de vida en las islas, incluyendo el deterioro de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, tan necesarios para  una adecuada protección social.

En Tenerife, la manifestación superó la cifra de 100.000 personas, algo nunca visto desde la protesta contra el proyecto de tendido eléctrico de Vilaflor.

6) ¿Qué se propone desde Intersindical Canaria para cambiar el actual modelo turístico?

6.1) Una moratoria turística que limite temporalmente la construcción de nuevos establecimientos alojativos, algo que es perfectamente compatible con las Directrices de Ordenación del Turismo aprobadas en abril de 2003, cuyas conclusiones apuntaban ya a preocuparse más por la calidad que por el crecimiento y más por la renovación de los alojamientos y núcleos existentes que por producir masivamente nueva planta turística, y también con la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias que en su artículo 3.a) establece como finalidad de la ley “ordenar y modular, dentro de parámetros sostenibles, el crecimiento de la oferta turística vinculándolo a la mejora de la calidad de la planta disponible y a la implantación de nuevos equipamientos complementarios”.

6.2) La suspensión de nuevas autorizaciones de viviendas vacacionales en tanto no se apruebe la ley autonómica que regule esta actividad. En las dos últimas legislaturas autonómicas, nada se ha hecho por los gobiernos de Canarias en orden a la adaptación de nuestra legislación turística en relación con esa nueva actividad económica que ya se anunciaba con fuerza: la irrupción de una nueva oferta turística como es la vivienda vacacional. Ello a pesar de que ya se contaba con el Decreto 113/2015 como primer intento de regulación del nuevo fenómeno y de la polémica social que lo ha acompañado.

Este problema también se presenta en Barcelona, uno de los principales destinos vacacionales de España, hasta el punto de que el actual alcalde de la ciudad ha anunciado que “Barcelona eliminará para noviembre de 2028 las licencias de los 10.101 apartamentos actualmente aprobados como alquileres a corto plazo”.

6.3) La puesta en marcha de una ecotasa o tasa turística por cada día de estancia de los turistas en Canarias, lo que permitiría disponer de recursos públicos hoy inexistentes para invertir en la renovación de las infraestructuras y la modernización de los núcleos turísticos y para dar impulso a un turismo sostenible, a la preservación de los espacios y recursos naturales, a la recuperación del patrimonio histórico y al mantenimiento del paisaje agrario, que son parte de nuestro atractivo turístico.

Este impuesto turístico ya se aplica en ciudades como Roma (desde 2011), Berlín (2014), París (2015) y también en países como Austria, Croacia, Portugal, Bélgica y Hungría. Y en España, en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, así como en Baleares (Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca), sin que ello afecte a la competitividad de esos destinos turísticos.

La potencialidad de este impuesto es tan fuerte que, suponiendo solo 1 euro por noche, con una estancia media de 7 días y un mínimo de 16 millones de turistas que recibimos en 2023, se podrían obtener unos 112 millones de euros/año de ingresos.

7) La negociación colectiva en la provincia de Tenerife

Las concretas condiciones de trabajo en el sector turístico están relacionadas en buena medida por los sucesivos convenios colectivos que se han venido firmando en los últimos quince años. Se trata de acuerdos de amplia duración, como ocurre con los dos últimos que se han firmado para los periodos de julio de 2018 a junio de 2022 y de julio de 2022 a junio de 2026, dando satisfacción a las patronales que ponen la paz social en primer lugar de sus prioridades, es decir, que durante largos periodos las reivindicaciones laborales estén bloqueadas por la duración de los convenios.

Por otro lado, la negociación colectiva se ha convertido en un coto cerrado entre la dirigencia sindical mayoritaria y las cúpulas patronales, sin la menor participación de las personas trabajadoras, pues se huye de cualquier proceso participativo en la información y toma de decisiones de los miles de afectados sobre lo que se negocia. Nada de asambleas, nada de consultas, nada de información, hasta después de la firma. Esto ha generado el desinterés y la consiguiente indiferencia hacia unas organizaciones sindicales por parte de quienes son sistemáticamente ignorados a la hora de establecer sus condiciones salariales, la jornada y los horarios de trabajo, la regulación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de la defensa de la seguridad y salud en el trabajo, las mejoras sociales, etcétera.

Antes con CCOO y UGT y ahora con Sindicalistas de Base, la negociación colectiva se halla secuestrada por una dirigencia sindical más preocupada por mantener y ampliar su hegemonía en el sector, con la evidente complicidad de las cúpulas empresariales, que en promover la participación y la toma de decisiones de quienes dicen representar y, sistemáticamente, ignoran. En ese sentido, es particularmente grave la ausencia de la necesaria unidad de acción de los sindicatos en torno a una plataforma reivindicativa común elaborada mediante la participación e información para afrontar la negociación colectiva.

En estas fechas, se ha hecho pública la batalla judicial que se está dirimiendo en la jurisdicción social debido a la iniciativa de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, planteando una demanda de conflicto colectivo en materia de impugnación del Convenio Colectivo Provincial 2022-2026, iniciativa a la que se adhiere posteriormente la Federación Canaria de Servicios de CCOO., celebrándose el juicio el pasado día 9 de julio en el Juzgado de lo Social nº 7, ante la falta de acuerdo con las asociaciones empresariales firmantes del Convenio Provincial.

Ese procedimiento judicial tiene por objeto impugnar el actual artículo 36 del Convenio Provincial, que regula el complemento de antigüedad, por considerar que establece un trato retributivo discriminatorio entre las personas trabajadoras en función de la fecha de ingreso en la empresa, situación esta que se mantiene en el sector desde que en el año 1995 se firmó un Convenio Provincial por parte de CCOO -posteriormente suscrito también por UGT-, que en su artículo 28 establecía: “1) Por medio del presente convenio se acuerda suprimir el histórico concepto de complemento personal de antigüedad, tanto en naturaleza como en cuantía. 2) A los efectos de que el personal actualmente en plantilla de las empresas no vea mermado su salario, el importe que, en concepto de antigüedad vinieran percibiendo en fecha de 31/12/1994, quedará congelado en su cuantía actual y se denominará ”complemento personal“ con ese mismo carácter y no absorbible. 3) El importe del concepto suprimido y que queda congelado merecerá la adecuación única siguiente: excepcionalmente, los trabajadores afectados por este convenio, verán congelada la antigüedad en el vencimiento siguiente al tramo que disfrutaban a 1 de enero de 1995. Aplicado el vencimiento de antigüedad expresado, esta congelará en el sentido indicado en el apartado 2 de este artículo”.

Contrariamente a la congelación pretendida, en todos los convenios colectivos posteriores, el nuevo “complemento personal” se ha revisado en su cuantía con los mismos incrementos anuales pactados sobre los salarios. Ello ha dado lugar a una doble escala salarial entre las personas trabajadoras que vulnera el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución española, pues discrimina a quienes han sido contratadas a partir del 1 de enero de 1995 ya que no percibirán cantidad alguna en concepto de “complemento personal”, es decir, lo contrario de quienes habían sido contratados antes de la citada fecha.

La valoración más objetiva que cabe hacer sobre aquel convenio es que fue una lamentable y vergonzosa concesión a los empresarios, protagonizada por los dirigentes sectoriales de CCOO, con el posterior respaldo de los dirigentes sectoriales de UGT, sin consulta alguna ni respeto hacia el evidente rechazo que ese cheque en blanco provocó entre las personas trabajadoras. Y no podemos ignorar que parte de aquella cúpula sindical de CCOO, tan proclive a pactos irresponsables como el de la antigüedad, está hoy al frente de Sindicalistas de Base, organización sindical que en hostelería no solo se nutre de los colectivos laborales que formaban parte de la estructura de CCOO, sino que prolongan y perpetúan el mismo sindicalismo de estrecha colaboración y complicidad con el empresariado, significando hoy en día lo mismo que antaño significó CCOO.

Una segunda conclusión evidente es que aquel cheque en blanco entregado al empresariado se ha convertido en un factor determinante de los bajos salarios de hoy en día.

El complemento salarial de antigüedad que se suprime con efecto desde el 1 de enero 1995 supone los siguientes porcentajes sobre el salario de convenio de cada categoría profesional: a los 3 años, el 3%; a los 6 años, el 8%; a los 9 años, el 16%; a los 14 años, el 26%; a los 19 años, el 38%, y a los 24 años, el 45%.

Para hacernos una idea, un camarero o una camarera de piso contratados después del día 1 de enero de 1995 y que hoy tenga 14 años de antigüedad ha dejado de cobrar el 3% de su salario base entre el tercer y quinto año de trabajo; el 8% entre el sexto y el octavo año; el 16%, entre el noveno y el decimotercer año, y el 26%, a partir del decimocuarto año. Así, con los salarios base de 2024, un camarero de restaurante o bar en un hotel de cuatro o cinco estrellas deja de percibir como mínimo 4.784,26 euros cada año entre los 14 y los 18 años de antigüedad; una camarera de pisos deja de percibir como mínimo 4.751,04 euros cada año en el mismo periodo.

Y una tercera conclusión igual de evidente es que ante este conflicto judicial las estrategias del empresariado y de Sindicalistas de Base son coincidentes: ambos están plenamente de acuerdo en que no debe abrirse lo que se cerró en el año 1995 con aquel vergonzoso acuerdo. Esperemos que la justicia no les dé la razón.