Más vivienda pública

El Gobierno del Estado acaba de dar a conocer una serie de medidas que formarán parte de una nueva ley que pretende regular los precios de los alquileres de viviendas. Sin duda, es necesario y urgente actuar ante una situación que se agrava en los entornos urbanos, en las grandes y medianas ciudades, así como en las zonas turísticas, donde para buena parte de la población la compra de una casa es absolutamente prohibitiva por sus elevados precios y no lo es menos un alquiler que en muchos casos se lleva una parte sustancial del salario.

Considero positivo el gesto del Gobierno PSOE-UP, aunque tiene algunas lagunas importantes que pueden dejar la propuesta en más efectista que efectiva. Por un lado, por quedar condicionadas muchas de las medidas a la voluntad de ayuntamientos y comunidades; y ya el PP ha expresado su intención de no aplicarlas. Hubiese sido razonable, en todo caso, elaborar y consensuar la ley con las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias exclusivas en esta materia, así como contar con la opinión de las corporaciones locales. Con toda seguridad se precisa un salto cuantitativo en la construcción de vivienda pública, máxime cuando el Estado español tiene el parque de vivienda social más reducido de Europa, pese a que soporta necesidades extraordinarias.

Esta nueva norma estatal, que no sería efectiva hasta dentro de dos o tres años, plantea un impuesto a las viviendas vacías y controlar por ley el precio de los alquileres de los grandes tenedores, aunque estos solo representan un 4% del total y con casi el 25% concentrados en Madrid, Barcelona y Valencia. Pudiendo los ayuntamientos reducir los precios de los alquileres de los grandes propietarios (aquellos con más de diez viviendas) en las zonas consideradas tensionadas. En el caso de los pequeños propietarios, el 96%, la vía es la congelación de precios y la implantación, para compersarlos, de incentivos fiscales que favorezcan las bajadas de los contratos. En uno y otro caso, su eficacia genera muchas dudas entre las plataformas de afectados y entre los expertos.

Al margen de esta ley quedan las ayudas al alquiler dirigidas a los jóvenes, que se incluyen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Un bono de 250 euros mensuales para aquellos cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM, es decir por debajo de los 23.725 euros/año. De las que se calcula que se beneficiarán en el Estado español unos 40.000 jóvenes de entre 18 y 35 años. Y también genera dudas sobre su posible efecto en una subida de los precios. Demasiadas dudas y con una aplicación en diferido de las medidas anunciadas, cuando lo que se necesitan son certezas e inmediatez.

Canarias

En nuestra Comunidad la situación de la vivienda resulta muy preocupante. Los gobiernos de las legislaturas anteriores fueron absolutamente incapaces de promover viviendas públicas, cuando en otras etapas Canarias había actuado de forma consecuente, reduciendo sustancialmente el chabolismo y dando un notable impulso al acceso a un hogar digno. Por el contrario, durante la última década no se produjeron actuaciones respecto a la vivienda pública, pese a que era y es un problema social de primer orden que afecta a miles de familias.

Muchas son las organizaciones y entidades que alertan de la emergencia habitacional que viven miles de canarios. Siendo especialmente sangrante las familiares monomarentales con menores a su cargo. La carestía de las viviendas supone hoy en Canarias uno de los factores más graves de riesgo de exclusión social. Este problema se agudiza en nuestras grandes urbes y en los municipios turísticos, donde el mercado está muy tensionado y es prácticamente imposible acceder a un alquiler o a la compra de una vivienda digna.

Rompiendo con años de absoluta desidia gubernamental en este asunto, esta legislatura ha supuesto un cambio significativo respecto a las políticas de vivienda. Primero, con el pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias, alcanzado por todas las fuerzas parlamentarias junto a los colectivos ciudadanos pro vivienda, ONG, empresarios, sindicatos, FECAM, FECAI y colegios de arquitectos.

Tiene entre sus objetivos, “facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos y fomentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas”. Así como incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio de impulso económico del sector, y de la creación y mantenimiento de empleo estable; facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación del espacio público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y patrimonial.

 Tras el Pacto, el Gobierno de Progreso puso en marcha el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que desarrollará el Ejecutivo a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.  Tiene seis ejes estratégicos: garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social; fomento y control de las viviendas de protección públicas; favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades; la rehabilitación como elemento clave para mejorar las condiciones de las viviendas, con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente; la mejora de los procedimientos de adjudicación y los requisitos de acceso a las viviendas protegidas; y, por último, crear redes de colaboración que permitan un funcionamiento en red del conjunto de agentes que operan en el ámbito de la vivienda (particularmente los ayuntamientos), favoreciendo la gestión y coordinación.

Plan de Vivienda

Con el Plan de Vivienda 2020-2025, financiado con 664 millones de euros, se prevé incrementar en 6.000 el parque de viviendas protegidas para destinarlas al alquiler social. Este reto corresponde sacarlo adelante al departamento gubernamental responsable en colaboración con otras administraciones. De ellas, 3.634 serían de nueva construcción, el 63,70% en régimen de alquiler público y el 36,30%, en régimen de alquiler privado. Además, otras 2.337 viviendas corresponderían a diferentes programas, entre ellos el Plan estatal de 20.000 viviendas, con 894 en el Archipiélago; el de fomento de promoción de la VPO en régimen de arrendamiento, con 450 hogares; y el de Viviendas Vacías, con un objetivo de 600. Asimismo, el Plan de Vivienda 2020-2025 incluye el apoyo a más de 10.000 iniciativas de rehabilitación y programas de apoyo al alquiler que beneficiarán a unas 72.000 personas. Y, también, otras destinadas a las cooperativas de cesión de uso o a la autoconstrucción. Considero que para alcanzar esos objetivos deben jugar un papel importante VISOCAN y las empresas públicas de vivienda municipales, especialmente en las grandes áreas metropolitanas de Las Palmas de Gran Canaria-Telde y Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Además, los fondos europeos van a suponer una importante contribución a las políticas de vivienda en Canarias, con 136,3 millones de euros para rehabilitación y 45,9 millones destinados a promoción de vivienda social.

Por otra parte, debemos reflexionar sobre la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas, un fenómeno que distorsiona el mercado, dificultando aun más el acceso a la vivienda a la población residente. Según recientes informes del Colegio de Registradores de la Propiedad, Canarias es la segunda comunidad en adquisición de viviendas por extranjeros. En el segundo trimestre de 2021, Baleares acumuló el 29,8% de las compras, seguida de Canarias (23,9%) y Comunidad Valenciana (19,5%). Comienzan a producirse reacciones a este fenómeno en el ámbito internacional. Nueva Zelanda ha comenzado a tomar medidas restrictivas para evitar la especulación y proteger a su población local. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, un dirigente liberal, también lo ha planteado recientemente.

En definitiva, en el próximo periodo hay que insistir en las políticas de vivienda, un elemento clave en el bienestar de la ciudadanía; y en el que las administraciones públicas deben intervenir para eliminar abusos especulativos y controlar distorsiones. Y, sobre todo, buscando suelo y poniendo todos los recursos disponibles para ampliar significativamente el parque público de viviendas, como se hizo en Canarias en los años noventa y a comienzos de este siglo, facilitando que el derecho a una vivienda digna en condiciones razonables deje de ser una utopía. Permitiendo su acceso a trabajadores y trabajadoras, especialmente en las áreas e islas de intenso desarrollo. Posibilitando la emancipación de los jóvenes, pero también con alternativas dirigidas a nuestras personas mayores. Cumpliendo con un derecho Constitucional y estatutario claramente vulnerado.