Xenofobia a la italiana

El asesinato provocó una reacción xenófoba contra los rumanos, cuyo país ingresó en la Unión Europea a principios de este año. El barrio de chabolas donde vivía Mainat fue desarbolado por la policía, encapuchados apalearon en la calle a varios rumanos, se aceleró la expulsión de grupos de supuestos delincuentes de aquella nacionalidad. El escándalo promovido por los medios de comunicación asustó a Prodi, que pretende frenar la ola xenófoba con su decreto. El impacto político fue inmediato y la derecha trata ahora de minar un Gobierno con dificultades para mantener disciplinada su coalición.

El presidente de la fascista Alianza Nacional, Gianfranco Fini, declaró la necesidad de expulsar a unas 250.000 personas, aunque sabe que las expulsiones masivas son ilegales e inhumanas. Como Silvio Berlusconi quiso aprovechar la crisis, añadió la urgencia de cerrar la frontera con un miembro de la Unión Europea. Un ejercicio de hipocresía, porque cuando él ejerció como primer ministro estimuló el ingreso en Italia de mano de obra rumana. La prensa de Bucarest, por su parte, defendió a los trabajadores que salieron hacia Italia y España durante estos últimos meses, desviando convenientemente la xenofobia hacia otra dirección: algunos delincuentes quizá sean rumanos, pero de origen gitano.

Prodi tendrá que enfrentarse también con su ala izquierda. Está preparando la expulsión de miles de ciudadanos peligrosos, entre ellos quienes carezcan de suficientes medios de subsistencia. Pero será la policía quien determine la peligrosidad social de los afectados que, según el jefe de la policía italiana será determinada “por su nivel de vida, y, por lo tanto, por su capacidad de mantenerse”. Dicho de otra manera, los más pobres pagarán la factura de la xenofobia italiana. Se supone que podrán delinquir al poseer escasos recursos. Sin embargo, entre la sospecha y el delito hay un trecho. Nadie puede verse condenado a la expulsión de ningún país por suposiciones policiales. Si este decreto llega a aplicarse, representará tanto la violación de derechos fundamentales de ciudadanos europeos como del artículo 13 de la Constitución italiana referida a las libertades personales. Además de un precedente que cuestiona el principio de la libre circulación de los ciudadanos europeos dentro de los países miembros de la Unión.

Un diario italiano escribió lo siguiente el martes pasado: “Si las fuerzas de izquierda, o que así se consideran, dan vía libre a este decreto mata inmigrantes, querrá decir que estamos ante una crisis de la democracia italiana, cercanos a un fascismo en lo sustancial aunque no declarado. Se nos objeta: si las fuerzas de izquierda votan en contra del decreto podrá caer el gobierno Prodi y se abrirá el camino para el regreso de Berlusconi. Este riesgo existe, pero quizá sea preferible el retorno de Berlusconi a una 'berlusconización” de nosotros mismos“. Imaginar que se detendrá la campaña xenófoba de esta gente con un decreto violador de los derechos humanos constituye un espejismo político. Y muy peligroso.

Rafael Morales