La paz eléctrica a punto

“Todo se aprende” como le dijo Solbes a Elena Salgado. Miguel Sebastián que había sacado pecho con el Boletín Oficial del Estado en la mano ha aprendido con el fracaso que es el mejor maestro.

Y es que las eléctricas no tienen BOE pero se saben muy bien su negocio y su enorme poder disuasorio cuando insinúan el riesgo de quiebra que pondría en peligro 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, la amenaza del gran apagón y la consecuente impotencia inversora si no se satisfacen sus demandas.

Recuérdese que cuando llegó Sebastián a Industria estableció unilateralmente una “tarifa social” que en teoría representaba una bajada del 10 por ciento en el recibo de 4. 5 millones de hogares, los que contrataron con una potencia inferior a tres kilovatios.

Ellos no tendrían que pagar por potencia instalada sino solo por lo que consumieran. La tarifa social ya existía aunque con la denominación poco cálida de “tarifa 1.0”, pero solo afectaba a 135.000 consumidores. Sin embargo fueron muchos menos ? no más de 10.000 familias - los que se acogieron al invento del ministro.

Sebastián, que de tonto no tiene un pelo, llegó a la conclusión de que lo mejor era entenderse con el sector que proponía como compensación a unas tarifas “realistas” y la titulización del “déficit de tarifa” un bono social tal como funciona en el Reino Unido y en Italia.

Ayer el Ministerio de Industria envió un proyecto a la Comisión Nacional de la Energía que puede considerarse histórico para el sector: El Estado reconoce el déficit de tarifa y avala las emisiones de deuda de las compañías que hasta ahora no han podido financiar y que alcanza los 9.000 millones de euros.

Desde el año 2000, cuando reinaba Aznar, las eléctricas han ido haciendo unas cuentas con lo que denominan “déficit de tarifa” que es un eufemismo maravilloso. Este concepto se define como la diferencia entre los costes de generación y la tarifa oficial que en la actualidad es según las compañías de 14.000 millones de euros.

Aceptar este concepto es asumir por parte del Estado la invalidez de sus decisiones tarifarias y delegar tal potestad a las eléctricas, una formula que, por otra parte, tampoco gustaba a estas según declaró en su día el presidente de UNESA, Pedro Rivero.

Obviamente el Estado no podía aceptar semejante privatización del Boletín Oficial del Estado, pero tampoco podía mirar para otro lado pues lo que si es cierto es que todos los Gobiernos han decretado unas tarifas políticas que no responden a la realidad. Finalmente las compañías parecen haber convencido al ministro de la urgencia de la cuestión.

Con este gran esfuerzo del Estado se pondría el contador a cero y se daría a luz, finalmente, a la liberalización, a la transformación de tarifas por precios, con la excepción de la Tarifa de Último Recurso (TUR), otro eufemismo admirable, que a partir de 2009 regulará las potencias de la mayor parte de los usuarios domésticos.

Dentro del TUR habrá un segmento subvencionado para los ciudadanos con renta más baja- cuatro millones de clientes entre los 26 millones de usuarios - que podrán disfrutar de una cantidad fija sufragada por las compañías para lo que tendrán que aportar entre 800 y 1000 millones de euros al año. Este bono que podría alcanzar los 200 euros por consumidor tendría en cuenta aspectos como la renta de los consumidores, su situación de parados y el tamaño de la familia.

*Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político en elplural.comelplural.com José García Abad*