Mientras se descubren estas cosas en las familias de los mandarines, los trabajadores públicos de a pie van alimentando su cabreo. El retraso en el pago de las nóminas de abril se ha unido al malestar reinante en el colectivo tras los últimos anuncios de Paulino Rivero y José Manuel Soria sobre la condición de funcionario. Rivero ha lanzado un aviso a navegantes, advirtiendo que el puesto no es “para toda la vida”, olvidando que a la función pública se accede por oposición y que los que no lo hayan hecho por esa vía habrán de pasarla en algún momento para consolidar su plaza (ver interinos de Educación). Pero siendo grave esa advertencia, a los trabajadores públicos les ha cabreado soberanamente la medida establecida en la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, por la que se suprime discrecionalmente la garantía de la plenitud de los derechos económicos a los funcionarios que se encuentren en situación de incapacidad temporal para el trabajo (ILT), justificada por causas médicas, a partir del tercer mes de baja. Hasta la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria ha publicado una nota oficial en la que descalifica semejante medida antisocial.